Resolución sobre el Procedimiento de Solución Amistosa sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito

OEA/Ser.L/V/II.62
doc. 26
16 mayo 1984
Original: español

RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA SOBRE
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN
NICARAGÃœENSE DE ORIGEN MISKITO

Aprobado por la Comisión en su sesión 814a del 62º período
de sesiones celebrada el 16 de mayo de 1984

Conclusiones

1. Con respecto al reclamo de Misurasata y de otras organizaciones indígenas, según el cual le corresponden a los grupos étnicos de Nicaragua una serie de derechos que van más allá de los que se otorgan a todos los ciudadanos nicaragüenses, los que especialmente comprenden el derecho de libre determinación (autonomía política), su identidad cultural y al uso de su propio idioma y religión, la Comisión entiende que en el estado actual del Derecho Internacional se ampara solamente el reclamo en cuanto a la preservación de su cultura, la práctica de su religión y el uso de su propio idioma, pero ello no se extiende al derecho a la libre determinación o autonomía política.

Resolución sobre el Procedimiento de Solución Amistosa sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito
Caso Nº 7964 (Nicaragua)

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. La denuncia presentada por la organización Misurasata en la que pone en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se habrían producido diversas y graves violaciones a los derechos humanos imputables al Gobierno de Nicaragua, a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar en las comunidades de pobladores miskitos de la zona del Río Coco, en el mes de diciembre de 1981 y enero de 1982.

2. La invitación cursada por el Gobierno de Nicaragua el día 22 de febrero de 1982 para que la Comisión visitara ese país a fin de conocer en el terreno la situación de los nuevos asentamientos de las minorías étnicas que habitan la zona atlántica.

3. La observación in situ realizada en Nicaragua por una Comisión Especial de la CIDH del 1º al 6 de mayo de 1982, la cual fuera complementada con una visita efectuada por una Subcomisión Especial al campamento de refugiados de Mocorón, en Honduras, del 7 al 9 de mayo de 1982.

4. Las Recomendaciones Preliminares entregadas por la Comisión Especial a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional al término de la visita in situ a Nicaragua.

5. El Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Indios Miskitos en Nicaragua adoptado por la CIDH el 26 de junio de 1982, el cual fuera transmitido al Gobierno de ese país.

6. La respuesta del Gobierno de Nicaragua del 24 de agosto de 1982 en la cual analiza las conclusiones y recomendaciones del referido Informe Especial y propone a la Comisión que asuma la función de órgano de solución amistosa en ese asunto.

7. La aceptación de la CIDH para actuar como órgano de solución amistosa, comunicada al Gobierno de Nicaragua por nota del 20 de septiembre de 1982.

8. La nota cursada por la CIDH al Gobierno de Nicaragua el 22 de noviembre de 1982 en la cual precisa las modalidades que debería asumir su función conciliadora, el procedimiento a seguirse y las medidas que deberían adoptarse por parte del Gobierno a fin de contribuir a crear las condiciones de distensión indispensables para que esa función pudiera ser ejercida eficazmente.

9. Las visitas realizadas por personal de la Secretaría de la Comisión a Honduras en mayo de 1983 y a Nicaragua en junio de ese mismo año, con el propósito de actualizar las informaciones con que contaba la CIDH.

10. Las comunicaciones cursadas con posterioridad en las cuales la CIDH solicita al Gobierno de Nicaragua informes sobre la manera en que el mismo había venido dando cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y las respuestas formuladas por el mismo.

11. La nota del 30 de septiembre de 1983 en la que la CIDH comunica al Gobierno de Nicaragua su intención de realizar un último esfuerzo para alcanzar una solución amistosa para lo cual le solicita adoptar un conjunto de medidas que considera imprescindibles para continuar con su función de órgano de solución amistosa, especialmente el indulto o amnistía de todos los miskitos detenidos con motivo de los sucesos ocurridos a partir de diciembre de 1981 y la celebración de una conferencia con amplia participación de los líderes miskitos representativos de los diferentes sectores de esa población.

12. La respuesta del Gobierno de Nicaragua del 14 de noviembre de 1983 en la que manifiesta que, debido a las condiciones que vive Nicaragua, resulta imposible dar cumplimiento dentro de la fecha fijada por la CIDH a la amnistía solicitada y recusa la participación en la conferencia propuesta de algunas de las personas mencionadas en la nota de la Comisión.

13. La nota del Presidente de la Comisión al Ministro del Exterior de Nicaragua del 29 de noviembre de 1983 dando por finalizada la actuación de la CIDH como órgano de solución amistosa y la remisión, en esa misma fecha, del Informe aprobado por la Comisión.

14. El cablegrama del mismo 29 de noviembre de 1983 dirigido por el señor Ministro del Exterior de Nicaragua al señor Presidente de la CIDH en el cual informa, como ampliación de la nota del 14 de noviembre, que el Gobierno de ese país ha decretado una amnistía general en beneficio de los miskitos e invita al Presidente de la Comisión al acto de anuncio de la amnistía.

15. El cablegrama del Presidente de la Comisión al Ministro del Exterior de Nicaragua en el que expresa la satisfacción que produce el haber decretado la amnistía solicitada.

16. El cablegrama del 28 de abril de 1984 del Ministro del Exterior de Nicaragua en el que pone en conocimiento del Presidente de la CIDH el acuerdo en principio del Gobierno de ese país en celebrar una conferencia como la propuesta por la Comisión, aun cuando considera que, por el clima de convulsión que conoce la región centroamericana, no estima posible que ella pueda ser llevada a cabo en lo inmediato y reitera la recusación de ciertos líderes para participar en la misma.

17. Lo dispuesto por los artículos 48.1.f. y 49 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por los artículos 42 a 45 del Reglamento de la CIDH.

CONSIDERANDO:

1. Que en los problemas suscitados entre el Gobierno de Nicaragua y la población miskita de ese país, es necesario distinguir aquellos que han persistido secularmente en la sociedad nicaragüense, de otros que se generaron en el curso de 1980 y 1981, agudizándose al final de este último año.

2. Que tanto los problemas seculares como los recientes se han interrelacionado en el contexto de una situación conflictiva con claras repercusiones internacionales, configurando un estado de gran tensión social en el marco de la que se produjeron serias violaciones de los derechos humanos imputables al Gobierno de Nicaragua.

3. Que con el objeto de lograr una tutela efectiva de los derechos humanos de un sector de ciudadanos nicaragüenses de origen miskito, la Comisión, en base a las denuncias recibidas, inició el trámite del caso respectivo, dirigiéndose con ese motivo al Gobierno de Nicaragua.

4. Que el Gobierno de Nicaragua primero invitó a la CIDH a realizar una observación in situ a fin de comprobar el estado de la situación y luego le solicitó que asumiera la función de órgano de solución amistosa en los problemas planteados con la población miskita, a fin de resolverlos sobre la base del respeto de los derechos humanos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y siguiendo el procedimiento por ella establecido.

5. Que el análisis de las recomendaciones hechas por la Comisión y las respuestas dadas por el Gobierno de Nicaragua permite una evaluación objetiva de los resultados obtenidos a través del procedimiento de solución amistosa.

6. Que en dicha evaluación debe tenerse en cuenta tanto la presencia de diversas circunstancias que condicionan el grado de cumplimiento del Gobierno en relación a ciertas recomendaciones de la Comisión, como la naturaleza misma del problema a ser resuelto a través de las acciones recomendadas.

7. Que la materia del procedimiento de solución amistosa, las recomendaciones de la Comisión respecto a ella y las acciones realizadas por el Gobierno de Nicaragua, han sido las siguientes:

a) A partir del desplazamiento forzado de las comunidades miskitas aledañas al Río Coco hacia el interior del territorio de Nicaragua, la Comisión recomendó al Gobierno de Nicaragua que declarara que el traslado constituía una medida transitoria por lo cual garantizaría el regreso a sus lugares originales de quienes quisieran hacerlo una vez superada la emergencia. El Gobierno de Nicaragua cumplió con esta recomendación de la CIDH.

b) En vista del traslado a Honduras de un elevado número de pobladores miskitos por las circunstancias indicadas en el Informe, la CIDH recomendó al Gobierno de Nicaragua que facilitara la repatriación voluntaria de los miskitos que se encuentren refugiados en otros países, contribuyendo a la reunificación familiar, a fin de respetar de esta forma el derecho de residencia y tránsito de esa población. El Gobierno declaró su voluntad de cumplir esta recomendación de la CIDH y creó, durante el mes de enero del presente año, una comisión para promover y facilitar la repatriación de los miskitos en la que participan representantes de instituciones religiosas y de organismos internacionales.

c) Ante las negativas condiciones físicas en que se encontraban los miskitos detenidos por el Gobierno de Nicaragua a raíz de los acontecimientos mencionados, la Comisión recomendó mejorar las condiciones de detención. La Comisión pudo comprobar posteriormente que esta recomendación había sido cumplida por el Gobierno de Nicaragua en lo referido a los miskitos detenidos bajo el régimen de granjas abiertas pero no en lo que respecta a los que se encontraban en la cárcel de la Zona Franca.

d) Frente a numerosas y graves irregularidades registradas en los juicios seguidos a los detenidos miskitos, la Comisión recomendó respetar las normas del debido proceso legal en esos juicios, lo cual incluía, entre otras cosas, suprimir la práctica de la tortura comprobada en algunos casos, eliminar las presentaciones por televisión de los inculpados efectuando confesiones mientras se llevaba a cabo el juicio, prestar debida asistencia legal a los acusados y revisar las sentencias condenatorias dictadas por el juzgado de Puerto Cabezas. El Gobierno de Nicaragua dio cumplimiento a lo recomendado por la Comisión, lo cual incluyó la revisión y anulación por la Corte Suprema de Justicia de gran parte de las sentencias dictadas y la destitución del juez responsable de las irregularidades cometidas.

e) Ante la detención de que habían sido objeto algunos pastores moravos de la Costa Atlántica, la Comisión recomendó indultarlos, lo cual fue cumplido por el Gobierno.

f) Teniendo en cuenta la disposición establecida por el Gobierno de Nicaragua que impedía el regreso a la Costa Atlántica de numerosos religiosos, la Comisión recomendó que dicha prohibición quedara sin efecto. El Gobierno dio cumplimiento a lo recomendado por la Comisión.

g) Frente a dolorosas situaciones de separación familiar originadas por el traslado forzado y la búsqueda de refugio en Honduras por parte de la población miskita, la Comisión, basada en consideraciones de carácter humanitario, recomendó al Gobierno de Nicaragua que creara las condiciones para que se agilizara el intercambio de correspondencia entre los campos de Tasba Pri y Mocorón. El Gobierno dio cumplimiento a esta recomendación trabajando en conjunto con el Comité de la Cruz Roja Internacional.

h) Ante la destrucción por parte de agentes del Gobierno de Nicaragua de las casas, cosechas y poblados en general, así como el sacrificio del ganado de las poblaciones miskitas, justificado por ese Gobierno aduciendo la necesidad de privar de recursos a los grupos armados que operan en la zona, la Comisión recomendó compensar económicamente a los miskitos cuyas propiedades hubieran sido destruidas por acción del Gobierno. Éste no ha dado cumplimiento a esta recomendación de la CIDH argumentando que los gastos incurridos por el otorgamiento de vivienda, comida, atención médica, tierras e instrumentos de labranza a las poblaciones ubicadas en los nuevos asentamientos constituye compensación suficiente.

i) Teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales del entredicho suscitado entre el Gobierno de Nicaragua y la población miskita es el referido a los reclamos de ésta en relación a sus tierras ancestrales por considerar que el Gobierno está violando sus derechos a las mismas e introduciendo perjudiciales modificaciones al sistema de tenencia y explotación de esas tierras a través de la Reforma Agraria, la Comisión recomendó al Gobierno otorgar una solución justa al problema de las tierras ancestrales reclamadas por la población miskita. La Comisión no ha advertido hasta ahora una manifestación clara de la voluntad del Gobierno de Nicaragua de cumplir esta recomendación.

j) Frente a los reclamos de los miskitos de que no están participando de manera adecuada en la administración de la zona atlántica, la Comisión recomendó conceder esa participación a las poblaciones de dicha región. El Gobierno no ha dado cumplimiento a esta recomendación de la CIDH aunque ha informado que se encuentra adoptando las medidas que permitan superar el problema aludido.

k) Ante la disolución por parte del Gobierno de Nicaragua de la organización Misurasata, la detención de sus dirigentes y la posterior liberación y exilio de éstos, la Comisión recomendó a ese Gobierno autorizar el funcionamiento de Misurasata o de otra institución que represente auténticamente a la población miskita, permitiendo el regreso a Nicaragua de los líderes de la mencionada organización. El Gobierno no ha cumplido esta recomendación por considerar que los líderes de Misurasata están implicados en acciones que afectan la seguridad interna e internacional del Estado nicaragüense, aun cuando ha informado que se encuentra en proceso la constitución de una nueva organización representativa de la población miskita de Nicaragua, con miras a lo cual ha garantizado la vigencia del derecho de asociación en lo aplicable a este caso e invitado a la Comisión a presenciar el proceso a través del cual se está gestando la nueva organización.

l) Con motivo de graves violaciones al derecho a la vida por parte de soldados del Ejército Sandinista, producidas en la localidad de Leimus en diciembre de 1981, la Comisión recomendó al Gobierno de Nicaragua investigar las muertes acaecidas en dichas localidades y sancionar a los responsables. El Gobierno no ha cumplido esta recomendación de la CIDH pues si bien tuvo lugar un juicio seguido contra los presuntos responsables, ellos resultaron absueltos a pesar de que la Comisión considera que existen pruebas suficientes para condenarlos.

m) Con miras a crear un ambiente favorable para la solución amistosa de los problemas existentes entre el Gobierno de Nicaragua y la población miskita, la Comisión recomendó a aquél conceder una amplia amnistía a todos los miskitos detenidos. El Gobierno ha cumplido esta recomendación de la CIDH al conceder la amnistía solicitada el 1º de diciembre de 1983, aun cuando todavía queda un reducido número de miskitos detenidos que no están amparados por la mencionada amnistía.

n) Con miras a resolver los problemas que aun subsisten entre el Gobierno de Nicaragua y la población miskita, muchos de los cuales requieren una consideración detallada y un diálogo sereno entre las partes, la Comisión recomendó la celebración de una conferencia con amplia participación de los líderes miskitos, aun de aquellos acusados por acciones subversivas. El Gobierno de Nicaragua ha dado su acuerdo, en principio, a la celebración de la conferencia pero ha estimado que, dado el clima de tensión existente, no sería posible que ella se llevara a cabo de inmediato y ha reiterado su negativa a dialogar con los dirigentes que considera involucrados en acciones contrarias a la seguridad del Estado.

o) Teniendo en consideración que el clima de conflicto existente en la región afecta de manera directa la observancia de los derechos humanos, la Comisión recomendó al Gobierno de Nicaragua buscar una solución pacífica a los problemas suscitados con Honduras. Con posterioridad este asunto fue incorporado a la agenda de las negociaciones realizadas en el marco de los esfuerzos de paz del Grupo de Contadora.

8. Que a todo lo largo del proceso de solución amistosa se han obtenido significativos avances en el logro de una adecuada vigencia de los derechos humanos, pero quedan aun pendientes de solución importantes problemas que deben ser resueltos en el futuro. Entre ellos, algunos dependen de la efectiva voluntad del Gobierno de Nicaragua en superarlos, como es el caso del castigo a los responsables de las muertes acaecidas en Leimus. Otros problemas por resolver se refieren a materias que, a pesar de la negativa inicial del Gobierno de Nicaragua, pueden aun ser objeto de reconsideración en el marco de soluciones imaginativas, como es el caso de la compensación económica a los miskitos que han perdido sus propiedades por acción de agentes del Gobierno, pues de no cumplirse esta condición, se estarían levantando obstáculos que desvirtuarían, en los hechos, la declarada voluntad del Gobierno de Nicaragua de permitir el regreso de los miskitos a sus lugares originales una vez superada la emergencia. Otros problemas permanecen aun abiertos a la discusión y la CIDH espera que ellos se irán resolviendo en el futuro; tal es el caso de las tierras ancestrales y de la adecuada participación de la población miskita en la administración de la zona de la Costa Atlántica de Nicaragua.

9. Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la representación de la comunidad miskita y de mantener de inmediato un diálogo sereno entre los grupos interesados, no es posible continuar el procedimiento de solución amistosa.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1. Dar por finalizado el procedimiento de solución amistosa seguido en los asuntos que afectan los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen miskito.

2. Dejar constancia que en tal procedimiento no ha sido posible lograr una

solución amistosa debido, en parte, a circunstancias ajenas al control del Gobierno de Nicaragua.

3. Expresar su aprecio por las facilidades otorgadas a la Comisión por el Gobierno de Nicaragua para el cumplimiento de las funciones de órgano de solución amistosa y por el cumplimiento que ha dado a algunas de las recomendaciones formuladas.

4. Expresar su decidida disposición a continuar colaborando con el Gobierno de Nicaragua y con todos los sectores afectados, en la búsqueda de una solución pacífica y duradera a los problemas pendientes que aun afectan a un considerable número de nicaragüenses de origen miskito.

5. Aceptar la invitación formulada por el Gobierno de Nicaragua para que la Comisión observe el proceso a través del cual se está gestando la nueva organización que agrupará a los miskitos que habitan ese país.

6. Publicar el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de origen Miskito que fuera transmitido al Gobierno de Nicaragua el 29 de noviembre de 1983.

7. Enviar este Informe, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, al Decimocuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, a los efectos del artículo 52, letra f de la Carta de la OEA.

a. Antecedentes mediatos

Además, el relativo desarrollo económico y social que se inició en el país a fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, nunca llegó al litoral Atlántico. Los gobiernos de liberales y conservadores que rigieron al país desde la reincorporación de la Reserva Miskita hasta julio de 1979, concentraron su atención en el resto del país, especialmente en la región del Pacífico. Así, la zona atlántica fue, por una parte, marginada del proceso general de desarrollo del país y, por otra, sometida a la explotación económica y a la dominación cultural.

Los recursos naturales de esa región –principalmente minerales, forestales y pesqueros—fueron explotados por compañías extranjeras o nacionales de la región del Pacífico. Para mencionar algunos de ellos: The Neptune Gold Mine Company; The Rosario and Light Mine Company; The Nicaraguan Long Leaf Pine Lumber Company (NIPCO); y las compañías pesqueras Pescanica, Plumar-Blue y Boot Company.

La población miskita que trabajaba en estas empresas recibía salarios considerados muy bajos, mientras que la región atlántica en su conjunto no percibía ningún beneficio especial derivado de las actividades económicas de dichas compañías. Así, la única vía de comunicación con la zona del Pacífico es a través de la navegación del Río Escondido desde Bluefields hasta ciudad Rama (6 horas) y luego por carretera hacia Managua (5 horas); la comunicación entre los principales centros de población –Puerto Cabezas y Las Minas—se realiza por irregulares caminos de tierra, no siempre transitables.

11. Puede decirse que, en general, la costa atlántica de Nicaragua en el mes de julio de 1979, carecía de electricidad, agua potable, facilidades sanitarias, servicios de transporte, comunicaciones, radio y escuelas.

12. Como reacción a ese estado de absoluto abandono; como manifestación del resurgimiento de la conciencia de identidad étnica de los nativos frente a los intentos de aculturación por parte del anterior gobierno, de las compañías extranjeras y, en general, de la gente del Pacífico –a quienes los miskitos llaman “los españoles”–; y como un instrumento de defensa de los derechos ancestrales, surgió en el año 1972 la organización indígena Alianza para el Progreso del Miskito y Sumo (ALPROMISO), que en noviembre de 1979 fue transformada y sustituida por la organización MISURASATA.1

B. Antecedentes inmediatos

1. No transcurrió mucho tiempo sin que empezaran a manifestarse serios problemas entre las comunidades indígenas y el Gobierno Sandinista, instalado en julio de 1979.

2. De acuerdo a numerosos antecedentes que obran en poder de la Comisión, poco tiempo después del triunfo revolucionario, una buena parte de la población miskita comenzó a resistir los intentos del nuevo Gobierno de Nicaragua para que adaptasen algunas de sus modalidades de vida y de su organización tribal a los objetivos político-sociales que se propuso establecer el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Según se informó a la Comisión, la resistencia de los miskitos a aceptar tales cambios y la insistencia del Gobierno en que se sometieran a ellos fue generando un distanciamiento que se transformó en antagonismo debido a la contraposición entre lo que el FSLN esperaba de los miskitos y lo que éstos esperaban del Gobierno Sandinista.

3. Al acentuarse la resistencia indígena, el Gobierno empezó a aplicar medidas cada vez más drásticas para controlar lo que, según las autoridades gubernamentales, había pasado a ser un movimiento contra-revolucionario organizado, con ramificaciones en toda la costa atlántica y con fines secesionistas.

Los días 19 y 20 de febrero de 1981 fueron encarcelados por la Seguridad del Estado alrededor de 30 dirigentes miskitos de la Organización Misurasata, entre ellos Brooklyn Rivera, Hazel Lau, y Steadman Fagoth. Asimismo, las oficinas de esa organización fueron puestas bajo control del ejército.

El Gobierno acusó a los líderes de Misurasata de promover un movimiento separatista en la costa atlántica. Nuevas olas de protestas se produjeron en la zona y como consecuencia de ellas el 25 de febrero de ese año se formó una Comisión de Paz integrada por miembros del FSLN, de Misurasata y de instituciones religiosas.

Atendiendo las recomendaciones de esa Comisión, Rivera y Lau fueron liberados junto con los otros líderes que habían sido capturados; no ocurrió lo mismo con Steadman Fagoth, representante de Misurasata en el Consejo de Estado, quien fue acusado de alta traición y de ser agente de la Oficina de Seguridad del régimen anterior, cargo que éste negó.

Ante la insistencia de Misurasata y de otras organizaciones, Fagoth fue liberado en mayo de 1981, regresó a la costa atlántica y se trasladó a Honduras, hasta donde lo siguieron unos 3.000 miskitos. Más tarde, en septiembre de ese año, Brooklyn Rivera, que había continuado negociando con el Gobierno en nombre de Misurasata, también abandonó el país.

4. En julio de 1981 el Gobierno anunció la puesta en marcha del programa de Reforma Agraria. Los líderes de Misurasata opinaron que tal programa debería tomar en cuenta los reclamos de las comunidades indígenas sobre la propiedad de las tierras que serían afectadas, pues desde su punto de vista habría que determinar primero qué parte del territorio les pertenece a ellos y de qué parte del mismo podía disponer el Gobierno sin compensación.

Los líderes miskitos, además, acusaron al Gobierno de no haber respetado un acuerdo al que según ellos se había llegado, mediante el cual la organización indígena tenía un plazo de 4 meses para presentar un estudio justificativo de sus derechos.

5. Junto a esos incidentes, el Gobierno de Reconstrucción Nacional denunció en repetidas ocasiones la existencia de grupos armados antisandinistas que operaban a lo largo de la frontera con Honduras, desde el territorio de ese país, las que eran organizadas y dirigidas por oficiales de la disuelta Guardia Nacional somocista. Según el gobierno del FSLN, tales grupos efectuaban constantes incursiones a territorio nicaragüense hostigando los puestos fronterizos y con ello aterrorizando a los miskitos que habitaban en diferentes comunidades a lo largo del Río Coco.

En vista de esta situación, el gobierno nicaragüense aumentó su presencia militar en la zona lo que trajo como consecuencia numerosos roces o incidentes entre soldados y miskitos, lo cual determinó que algunos de éstos comenzaran a buscar refugio en Honduras, cruzando la frontera en el Río Coco. En los últimos meses de 1981 las incursiones de esos grupos armados insurgentes se hicieron cada vez más frecuentes, al decir del gobierno nicaragüense.

6. Según informaciones recibidas por la Comisión, los días 20 y 21 de diciembre de 1981, rebeldes contrarios al Gobierno de Nicaragua cruzaron el Río Coco desde Honduras y ocuparon el pueblo de San Carlos, donde tendieron una emboscada a soldados del ejército nicaragüense, mutilando y asesinando a varios de ellos. El Gobierno de Nicaragua denunció este incidente como parte de una insurrección masiva programada para estallar en los pueblos del Río Coco, habitados todos por miskitos, durante la semana de Navidad. A la vez, denuncias e informaciones recibidas por la CIDH dieron cuenta que durante esa confrontación y en represalia por las matanzas de San Carlos, efectivos del Ejército Sandinista dieron muerte en la localidad de Leimus y en sus inmediaciones a un número considerable, aunque hasta ahora indeterminado, de miskitos.

7. El 28 de diciembre de 1981, el Gobierno de Nicaragua resolvió trasladar a 42 pueblos de la región del Río Coco a una zona ubicada a unos 60 kilómetros al sur de ese río, sobre la carretera Rosita-Puerto Cabezas. Los poblados de río arriba, desde Leimus a Raiti, tuvieron que ser evacuados a pie, en condiciones muy difíciles y duras, por no existir caminos aptos para el uso de vehículos. Los pueblos de río abajo, desde Leimus hacia la costa atlántica, fueron trasladados en camiones y la mayoría de los evacuados pudieron llevarse algunas de sus pertenencias. Durante el mes de enero y parte del mes de febrero de 1982 se reinstalaron aproximadamente 8.500 miskitos en cinco diferentes campamentos en lo que el Gobierno ha denominado el proyecto Tasba Pri (Tierra Libre, en idioma miskito).

8. A raíz de los sucesos relacionados con la llamada Navidad Roja, muchos miskitos fueron capturados por el Gobierno de Nicaragua y, junto con algunos pastores de la Iglesia Morava, acusados de contra-revolucionarios. Un éxodo masivo se produjo entonces, durante el cual alrededor de 10.000 miskitos y muchos pastores moravos cruzaron el Río Coco hacia Honduras, donde unos 8.000 fueron posteriormente instalados en un campamento de refugiados ubicado en la localidad de Mocorón, en el Departamento Gracias a Dios.

Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Honorable Corte Suprema de Justicia

1. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, a titulo personal y en su calidad de Presidente, y Pearl Marie Watson Presida, a titulo personal y en su calidad de Primera Secretaria, del Gobierno Territorial Rama y Kriol[1] (GTR-K), conforma la autoridad territorial, máxima autoridad del territorio Rama y Kriol.[2]

2. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, y Pearl Marie Watson Presida, demuestran su calidad de Presidentes y de Primera Secretaria, respectivamente, por medio de Certificaciones expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS del Sr. Glenford Abraham Elick, de acuerdo a las funciones que le otorga la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,[3] (en adelante “La Ley 445”) en el Capitulo II, Arto. 08.

3. Los Recurrentes comparecen por medio de su apoderada legal especial Dra. María Luisa Acosta Castellón, quien es mayor de edad, soltera, abogada y del domicilio de Chinandega, quien acredita su calidad con poder especial otorgado por los Recurrentes para demandar la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” (en adelante “Ley de Aguas”).

4. La compareciente expone lo siguiente:

El territorio Rama y Kriol

5. El territorio Rama se encuentra ubicado en el Sureste de Nicaragua, y comprende la línea costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra al Norte y la cuenca del Río Indio al Sur. Además abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe y algunos cayos pequeños.

6. Política y administrativamente el territorio esta dentro de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en partes de los Municipios de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo; con cede en la ciudad de Bluefields, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.

LOS RECURRENTES

7. Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), mayor de edad, casado, de la etnia Rama, maestro y del domicilio de Rama Cay, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-250256-0004U interpone este recurso en su en su calidad personal y también como representante legal del GTR-K. Ya que de ser excluidos de la administración y de los mecanismos legales que aseguren el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y afro descendientes, él personalmente seria perjudicado, así como el pueblo indígena al que pertenece y representa.

8. Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK), mayor de edad, casada, de la etnia Kriol, licenciada en enfermería y del domicilio de la Comunidad Étnica de Monkey Point, identificada con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-230744-0000J interpone este recurso en su calidad personal y en la calidad antes señalada. Ya que de ser excluidos de la administración y de los mecanismos legales que aseguren el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y afrodescendientes, ella personalmente seria perjudicada, así como las comunidades afro descendientes a las que pertenece y representa.

9. Sebastián Mcrea Ruiz, es autoridad territorial del Pueblo Indígena Rama, uno de los pueblos indígenas originarios de Nicaragua,[4] descendientes de las tribus Chibchas, hablan inglés Kriol y algunos preservan su lengua Rama;[5] son el pueblo que históricamente ha ocupado el Sureste de Nicaragua, aunque su asentamiento principal lo constituye el cayo de Rama Cay, ubicado en la bahía de Bluefields a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefields.

10. Pearl Marie Watson Presida, es además autoridad tradicionales de una de las Comunidades Afrodecendientes que conforman el territorio Rama; la comunidad de Monkey Point formada por krioles, que hablan inglés Kriol e indígenas rama; que habitan el área de la península de Monkey Point a 47 kilómetros al Sur de la ciudad de Bluefields, y las cuencas del Río Maíz (Corn River) a 75 kilómetros al Sur de Bluefields ejerciendo una ocupación tradicional sobre estas tierras;[6] los kriol de Monkey Point, San Juan del Norte Graytown y Corn River (Río Maíz) llegaron del área y se establecieron junto a los habitantes históricos de la zona, el Pueblo Indígena Rama (“Los Rama”) con los que desde entonces han convivido formado una comunidad intercultural y multiétnica dentro del territorio Rama.

11. Tanto el Pueblo Indígena Rama, como las comunidades Kriol, son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y ubicadas en la RAAS y en el Departamento de Río San Juan; tales comunidades, y sus autoridades tradicionales, son reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua en los artículos 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181; y por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[7] (en adelante “ la Ley 28” o “El Estatuto de Autonomía”) y reguladas por la Ley No. 445. Además el Señor Mcrea y la Señora Watson están certificadas, por el Registro de Autoridades Comunales y Territoriales del Consejo Regional de la RAAS, de conformidad con el Capitulo II, Articulo 7 de la Ley 445, como Autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K).

LA NORMA IMPUGNADA

12. Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de mayo del 2007, Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 169 del 4 de septiembre de 2007,[8] que entrará en vigencia el día 4 de marzo del 2008 como lo establece el Articulo 155 de la misma Ley.

FUNCIONARIO CONTRA QUIEN SE INTERPONE EL RECURRSO

13. El Ingeniero Rene Núñez Téllez, mayor de edad, casado y del domicilio de Managua. Este Recurso de Inconstitucionalidad se interpone en contra del Ingeniero Núñez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, órgano que elaboró y aprobó la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”.

El contenido de la Ley de Aguas

14. La Ley de Aguas establece el dominio del Estado sobre todas las aguas nacionales.[9] Y como parte de su administración establece el otorgamiento de Concesiones,[10] Licencias[11] y Autorizaciones,[12] crea el Registro Público Nacional de los Derechos de Agua (RNDA),[13] para llevar control de las mismas. Así como la potestad de imponer servidumbres sobre bienes de propiedad publica y privada,[14] y declarar de utilidad publica las tierras aledañas para realizar obras hidráulicas, su mantenimiento y tecnificación.[15] Y sobre todas esas decisiones los pueblos indígenas y comunidades Kriol no tienen participación alguna.

15. Aunque el considerando II de la Ley General de Aguas Nacionales establece:

Que es derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe gozar, usar y disfrutar de las aguas que se encuentran dentro de sus tierras comunales, bajo los preceptos establecidos en las leyes correspondientes.

16. Y en su artículo 6, la única vez en la que la Ley de Aguas en su contexto se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, lo hace de la manera siguiente:

La presente Ley reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas de todo el territorio nacional y el de las Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, para el uso y disfrute de las aguas que se encuentran dentro de sus tierras comunales de conformidad a las leyes vigentes que las regulan.

17. La anterior es una expresión meramente declarativa ya que en el resto de la Ley de Aguas, no se hace mención, ni se toma en cuenta de manera expresa los derechos de estos pueblos y comunidades; como tampoco crea mecanismo alguno que asegura el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y étnicos por parte de esos pueblos y comunidades. Mas bien excluye a las autoridades indígenas y Kriol y a sus miembros de la administración de la cuenca de los ríos en su territorio.

18. Lo anterior es muy grave para el pueblo Rama y Kriol ya que el control del GTR-K y el libre acceso a los recursos acuáticos de las cuencas de los ríos del territorio Rama y Kriol son de vital importancia para ellos como detallamos a continuación:

a) Considerando que en el territorio prácticamente no existe servicios públicos de agua, el abastecimiento del agua potable y de higiene depende de forma directa e indirecta de las cuencas, las fuentes de los caños, los ajos de agua o los posos que dependen también de la filtración subterráneo o la emanaciones desde los ríos principales, como lo demuestra el cuadro siguiente:

Acceso a agua de consumo por tipo de fuente

Comunidad

Agua potable

Pozo

comunal

Pozo

personal

Ojo

de agua

Caño

Lluvia

Rama Cay

95

34

2

12

30

Sumu Kaat

4

13

3

Tiktik Kaanu

5

12

2

5

Wiring Cay

2

2

1

5

Bangkukuk

4

9

2

4

11

Indian River

3

1

18

3

15

30

Monkey Point

29

33

12

19

65

Corn River

1

5

3

11

12

Graytown

21

3

12

1

Fuente: Diagnóstico territorial Diciembre del 2007 (Encuesta socio-económica 2005-2006-2007)

b) Los ríos son la principal vía de transporte inter-comunitaria; además es la forma mas accesible para el transporte, ya que la colonización y deforestación está fuertemente vinculada a los caminos de acceso terrestre.

c) Los cuerpos de agua dulce representan los hábitats de reproducción de la fauna acuática tanto de las especies de agua dulce como de especies marítimas que suben los ríos en sus épocas de desove respectivas. Esencial elemento para la dieta y la seguridad alimentaria de los indígenas y Kriol.

d) En la actualidad el territorio Rama y Kriol está configurado topográficamente por las cuencas: Kukra, Masayón (Sub-cuenca de Punta Gorda), Maíz y Indio, lo cual no es una causalidad, sino la coincidencia, con los límites tradicionales y la estrategia para facilitar el control de los recursos tantos terrestres como acuáticos del territorio tradicional indígena.

e) El concepto de manejo de cuencas es un modo de conservación (uso racional y protección del abanico de recursos naturales) que desde el punto de vista de las organizaciones ambientales ha comprobado ser la mejor estrategia para el desarrollo integral, sostenible y equilibrado; ya que aprovechan de una perspectiva macro de los ecosistemas en los cuales la población tradicional y conocedora de los procesos naturales, son reconocidos como actores principales.

19. Sin embargo, la forma en que la ley excluye a las autoridades comunales y territoriales del territorio Rama y Kriol del acceso y control de las cuencas de los ríos, es total, y por ende elimina toda posibilidad de uso, goce y disfrute de las mismas por parte de los indígena, en violación a la garantía constitucional establecida en los artículos 5, 89 y 180.

20. Lo anterior es grave, no solo para los indígenas y Kriol que la Ley de Aguas priva de la potestad de proteger las cuencas y demás fuentes de agua, sino para el país; ya la Ley de Agua las deja en manos de colonos y precaristas ubicados en la en las cuencas de los ríos, en su avance indiscriminado de la frontera agrícola, deforestando las riveras de los ríos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin que el MARENA hasta hoy haya hecho algo al respecto.

La calidad de Entes Jurídicos Territoriales sui generis de las comunidades y territorios indígenas y étnicas fue ignorada por la Ley

21. El pueblo Rama y Kriol es excluido en la administración de las aguas de su territorio a pesar de la calidad de entes jurídicos territoriales con funciones administrativas y políticas que les otorga la Constitución y expresamente el Arto. 15 de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[16] cuando estable:

En cada una de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica funcionarán, sujetos a la Constitución Política de Nicaragua y a este Estatuto, los siguientes órganos de administración:

1.- Consejo Regional.

2.- Coordinador Regional.

3.- Autoridades Municipales y Comunales.

4.- Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios (énfasis adherido).

22. Por lo que en las regiones autónomas, además de las autoridades municipales existen las autoridades comunales como órganos administrativos de sus tierras y territorios tradicionales, además el tema lo desarrolla aun más la Ley 445. El artículo 5 de la Ley 445 establece:

Arto. 5. Las autoridades comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional que representa a las comunidades que las eligen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Las autoridades territoriales son órganos de administración de la unidad territorial a la cual representan legalmente.

23. La Ley 445 viene a regular expresamente la jurisdicción de las autoridades comunales y territoriales, para que estas puedan desplegar sus poderes en general fuera de lo interno de sus comunidades, y particularmente en sus relaciones con las entidades municipales, regionales y ministeriales nacionales.

24. Además las comunidades indígenas y afro descendientes tienen personería jurídica por medio del articulo 23 de la Ley 445, por lo que no es necesario que estas comunidades realicen ninguna gestión administrativa para obtenerla, ya que la Ley 445 se la confiere de manera directa, por imperio de la misma Ley. Y además les reconoce su derecho a organizar su gobierno interno de conformidad con lo establecido en el Arto. 5 de la Constitución. El artículo 23 de la Ley 445 expresamente establece:

Arto. 23.- De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política, el Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y étnicas sin más trámite, asimismo reconoce el derecho constitucional de éstas para darse sus propias formas de gobierno interno.

25. Por lo que todas las comunidades indígenas y étnicas que histórica y tradicionalmente han existido (Mískitu, Rama, Mayangna (Sumu), Garífuna y Kriol), y continúan existiendo en la Costa Caribe nicaragüense son personas jurídicas por imperio de la Ley 445. Sin embargo, la Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas o Kriol no solo en su calidad de autoridades, sino que también como usuarios.

La Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Kriol también como usuarios

26. La Ley de Aguas al conformar las entidades del Sistema de Administración del Agua (Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),[17] Autoridad Nacional del Agua (ANA),[18] Organismos de Cuenca[19] y Comités de Cuencas[20]) toma en cuenta solamente las instituciones del Gobierno Central, Regional y Municipal. Excluyendo de esta forma de la participación de dicha administración a las comunidades indígenas y étnicas. Por Ejemplo, según la Ley de Aguas, son la Asamblea Nacional,[21] los Consejos Regionales[22] y las Alcaldías,[23] los que otorgan licencias o autorizaciones. En detrimento del derecho de participación económica de los pueblos indígenas sobre los recursos de su territorio, como lo establece el Arto 34 de la Ley 445 dela forma siguiente:

Arto. 34.- Los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas, deben de beneficiar directamente a las comunidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. La distribución de estos recursos será así:

Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar;

Un 25% para el municipio en donde se encuentra la comunidad indígena;

Un 25% para el Consejo y Gobierno Regional correspondiente; y

Un 25% para el Gobierno Central.

Estos fondos deberán ser entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Representante legal de cada una de las instancias señaladas.

El uso de estas reservas, será supervisado por el Gobierno Central conjuntamente con las autoridades regionales.

27. Por lo que según esta Ley de Aguas, los pueblos indígenas y comunidades étnicas, no podrán administrar las cuencas de los ríos en sus territorios ni podrán obtener sus productos económicos. No solo en calidad de entes jurídicos territoriales, sino que tampoco en calidad de usuarios, al excluirlos hasta de los Comités de Cuencas, la forma más próxima al territorio y a los usuarios de las aguas en el terreno, sobre todo en las áreas de sus territorio invadidas por colonos y precaristas, concediéndoles mas derechos a estos que a los indígenas dueños de las tierras.

LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

28. Lo anterior se produce en violación de la calidad de entes jurídicos territoriales con un régimen sui generis de propiedad comunal creado por la Constitución Política de Nicaragua Artos. 5, 89 y 180 que establecen como principios fundamentales del Estado Nicaragüense que:

“Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas…”

29. A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, el artículo 11, numerales 3, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía en su parte pertinente establece:

Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:… Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional…Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valares… Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma (énfasis adherido).

30. Y las Leyes No. 28 y 445, en su calidad de leyes especiales establecen las peculiaridades para los pueblos indígenas y las comunidades afro caribeñas en la Costa Caribe en particular. En desarrollo de “los principios fundamentales del Estado Nicaragüense” establecidos por el articulo 5 de la Constitución Política de Nicaragua.

31. Al ser las comunidades y territorios indígenas personas jurídicas reconocidas por la Ley 445 y al tener sus gobiernos internos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, estos son quienes los representan legalmente.

32. Por lo que en este caso, el acceso al agua y el aprovechamiento de las cuencas de los ríos de las comunidades y territorios indígenas tiene una profunda vinculación a sus costumbres, tradiciones y formas de vida, por lo que no es una materia que puedan entregar a otro ente jurídico, sino ejercerla ellas mismas por medio de sus autoridades. So pena de quedar en peligro su subsistencia, cultural como pueblos y física, como individuos.

33. Por lo que la Ley 445 en su artículo 3 define el concepto integral de territorio indígena, tierra comunal y propiedad comunal de la manera siguiente:

Territorio Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Propiedad Comunal: Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras, agua, bosques y otros recursos naturales contenidos en ellas, que han pertenecido tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenezcan a una o más comunidades indígenas o étnicas (énfasis adherido).

34. Por lo que las aguas, tierras y territorios indígenas están plenamente identificados en la Ley 445, desarrollando los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución. Y para territorios indígenas en los que el Estado ha superpuesto Áreas Protegidas, la Ley 445 establece el manejo conjunto entre el MARENA y los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Arto.27).[24] Pero, a pesar que el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) es presidido por MARENA, la Ley de Aguas en este caso, tampoco incluye a los Pueblos Indígenas y comunidades Kriol como miembro de ese órgano.

35. La Ley 445 además reitera la obligación Estatal de respetar el régimen legal de las aguas y tierras indígenas. Por lo que la Ley 445 fue creada para regular el régimen de propiedad comunal de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los Ríos Bocay, Coco (Wanki), Indio y Maíz, comprendiendo las aguas y tierras indígenas y étnicas poseídas por las comunidades de manera colectiva, usadas por sus miembros bajo un régimen comunitario de acuerdo a sus costumbres y tradiciones; las que son además, un patrimonio indivisible e inalienable para el aprovechamiento colectivo de sus futuras generaciones.

36. Por lo que las comunidades afro descendientes y pueblos indígenas deberían tener en la Ley de Aguas participación activa, como la tienen las Municipalidades, las Regiones Autónomas y los Ministerios de Estado, debido a la categoría legal de entes jurídicos territoriales que estas tienen de conformidad con las Leyes 28 y 445. Y debido a su calidad de usuarios perfectamente diferenciados del resto de los usuarios del país, por su vinculación tradicional a sus aguas y demás recursos naturales; diferenciables también de las ONGs; por lo inmediato y vital del agua para la sobre vivencia de estos pueblos y comunidades.

37. Por lo antes expuesto la Ley de Aguas viola los preceptos de los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua que textualmente en su parte pertinente expresan:

Arto. 5 Cn.-El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley (énfasis adherido).

Arto. 89 Cn.-…El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales (énfasis adherido).

Arto. 180 Cn.-…El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal… Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres (énfasis adherido).

38. La Ley No. 445 en desarrollo de lo establecido en los Artos 5, 89 y 180 de la Constitución en el Arto. 2. establece sus objetivos específicos como los siguientes:

1.Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

2.Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de sus autoridades tradicionales.

4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, en el manejo de sus territorios comunales… (énfasis adherido).

39. Por lo que el régimen sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en lograr el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y comunidades Kriol de la Costa Caribe y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales y demás recursos naturales que en ellas se encuentran.

40. Además los pueblos indígenas y comunidades étnicas cuentan con la protección del ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos; el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua incorpora expresamente al ordenamiento jurídico nacional, con rango constitucional, las principales Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y crea el compromiso de mantener los parámetros internacionales de aplicación y observancia de estos derechos. En este contexto, el derecho de propiedad sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas y el derecho a no ser discriminado por razones de cultura o raza son principios de Derechos Humanos fundamentales que el Estado de Nicaragua se ha comprometido internacionalmente a respetar. El artículo textualmente dice:

Arto. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (énfasis adherido).

41. El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, Arto. 27 ha sido aplicado expresamente a los Mískitu y otros pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, durante los conflictos con el gobierno Sandinista en la década de los 80,[25] aun antes que fuera expresamente introducido al ordenamiento jurídico nacional, por el Arto. 46 de la Constitución; este artículo literalmente establece:

Arto. 27.- En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

42. De la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Convención Americana”) también introducida a la Constitución por el Arto. 46, ha sido aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión Interamericana”) en lo referente a las tierras indígenas y al derecho a la participación política y económica de estos pueblos, claramente estableció que los estados miembros de la OEA deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana se pronunció específicamente a favor de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua durante los enfrentamientos armados entre estas comunidades y pueblos indígenas y el gobierno Sandinista a principio de los años 80, e instó al Estado para que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura que fueron recogidos por la Constitución Política que entró en vigencia en 1987. Desde ese entonces la Comisión Interamericana exigió al gobierno de Nicaragua:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.[26]

43. Mas recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Corte Interamericana”) emitió, el 31 de agosto del 2001, una sentencia sin precedentes. La Corte Interamericana condena al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni, de la RAAN; al otorgar una concesión sin consultar ni respetar los derechos tradicionales comunales sobre las tierras y demás recursos naturales que tradicionalmente han utilizado. A pesar que esta comunidad no tiene títulos sobre sus tierras.

44. La Corte en la Sentencia considera que cuando el Arto. 21 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” también “protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”.[27] Ya que los indígenas poseen la tierra de manera colectiva, de forma que la pertenencia no se centra en el individuo sino en la comunidad, la estrecha relación que tienen los indígenas con sus tierras constituye:

“la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión o producción; sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.[28]

45. Para la Corte Interamericana basta la posesión de estos pueblos, que histórica y tradicionalmente han ocupado sus tierras comunales, para que éstas obtengan el reconocimiento oficial del Estado y, por consiguiente, la titulación de sus tierras.

46. La Corte Interamericana al condenar a Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la Comunidad de Awas Tingni “considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua”… refiriéndose a los Arto. 5, 89, 180 y 4 y 9 de la Ley 28, al Arto. 31 de la Ley de Reforma a la Reforma Agraria[29] y del Decreto No. 16-96 del 23 de agosto de 1996, creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica.

47. Así mismo, el 23 de junio del 2005 la Corte Interamericana, en el caso YATAMA Vs. Nicaragua, nuevamente condenó al Estado nicaragüense por la violación al libre ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas reconocidos en Constitución y por la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.

48. El Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge los estándares internacionales sobre protección al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus tierras que en los artículos 13, 14 y 15, que en sus partes pertinentes expresan:

Arto. 13.-…los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos…

Arto. 14.-Deberá reconocerse a los pueblos interesados al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan…

Arto. 15.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos…

49. Por lo que el acceso y la administración de las aguas de las tierras comunales y de los territorios indígenas es fundamental para ejercer el derecho uso, goce y disfrute de las mismas, como lo garantiza la constitución y el Convenio 169.

50. El Convenio 169 fue aprobado con el voto de Nicaragua y pendiente de ratificación por parte del Estado, además, el Convenio 169 también refleja el derecho internacional consuetudinario impulsados por la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales del mundo.

Los Recurrentes no fueron consultados antes que la Ley fuera aprobada

51. En esta caso también se ha violado la garantía constitucional de que los ciudadanos participen en la función pública por medio de la consulta sobre las políticas públicas a ser implementadas en general, al ser Nicaragua una republica participativa, como lo establecen los Artículos 7 y 50 de la Constitución de la manera siguiente:

Arto. 50 Cn.- Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizara nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo (énfasis adherido).

Arto. 7 Cn.- Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa… (énfasis adherido).

52. Participación que desarrolla el ordenamiento jurídico por medio de la Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana,[30] y mas aun, de manera particular existe la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas y afrodescendientes cuando estas políticas estatales los puedan afectar adversamente, ya que lo que esta en riesgo es el derecho a la subsistencia como pueblo del pueblo indígena Rama y de las comunidades Kriol.

53. De la misma manera el derecho internacional consuetudinario refleja igual protección al derecho de consulta a los pueblos indígenas en casos de que los Estados pretendan crear leyes que de alguna forma los puedan afectar adversamente.

54. En similares términos se expresa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada, el 7 de septiembre del 2007, con el voto del Estado de Nicaragua. La Declaración es aun mas explicita con el tipo de Consulta, que debe ser realizada de buena fe, de tal manera que el consentimiento de los pueblos indígenas sea dado de forma previa, libre e informado, en asuntos legislativos y para la ejecución de proyectos en sus territorios y aunque sea sobre recursos que pertenezcan al Estado, que de alguna manera los afecten.

55. El Arto. 19 de la Declaración a este respecto establece:

Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento previo, libre e informado (énfasis adherido).

56. Así mismo recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del pueblo Saramaka Vs. Surinam del 28 de noviembre del 2007, estableció un nuevo estándar sobre derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, así como sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas no solo con respecto a nueva legislación, sino que respecto de los planes de inversión y desarrollo en sus territorios. En esta sentencia, la Corte IDH integra los avances de su propia jurisprudencia, los contenidos del Convenio 169 y la reciente Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

57. Sin duda que esta sentencia de la Corte, a cuya jurisdicción esta sometida el Estado de Nicaragua, da las pautas de por donde deberían ir las políticas publicas, la legislación y la jurisprudencia nacional en materia de derechos de pueblos indígena sobre sus tierras y territorios.

58. Ley 445 define en su Arto.3 la Consulta, en caso de pueblos indígenas y comunidades afro descendientes en la legislación nacional, como parte del régimen sui generis establecido por los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución como:

…la expresión y entrega de la información técnica de la operación o el proyecto seguido del proceso de discusión y decisión sobre los mismos; durante los cuales las comunidades deberán contar con traductores los que traducirán en sus lenguas todo lo dicho durante este proceso y estar asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser escogidos y nombrados por las comunidades.

59. De los anteriores artículos se deriva el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el deber del Poder Legislativo de consultar a estos pueblos y comunidades sobre legislación que puedan afectarlos de manera adversa.

60. El Derecho a la Consulta busca dar a conocer la información relevante para que la decisión que va a tomar el Estado no favorezca a un sector en detrimento de otro. La Consulta debe ser de buena fe y debe tener mecanismos y procedimientos adecuados. Es esencial que la información esté disponible de manera transparente, amplia y de la manera más clara posible. Y sobre todo, la Consulta debe hacerse antes de que las decisiones estatales hayan sido tomadas. La información de la Consulta debe ser proveída de manera que los recipientes puedan inferir de ella hechos fidedignos y que de su lectura se desprendan las posibles consecuencias de su aceptación o rechazo. Especialmente en el caso de medidas legislativas o administrativas, que afectan su vida, tierras y recursos naturales.

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

61. Con base en todo lo antes expuesto, y en virtud de lo establecido en los artículo 5, 7, 46, 50,

89, y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y de la Ley No. 49, Ley de Amparo, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.241 del 20 de diciembre de 1988 y sus reformas; respetuosamente los recurrentes, ciudadanos y autoridades territoriales del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), piden que admitáis este recurso en contra del Presidente de la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, Ing. Rene Núñez Téllez, actual responsable del órgano que emitió y aprobó la la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”.

62. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo este Recurso se interpone en tiempo por no haber transcurrido los 60 días que señala la Ley de Amparo desde la fecha en que entró en vigencia la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” por lo que en este caso el 4 de mayo del 2008 se vence el termino para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, ya que esta entró en vigencia el día 4 de marzo del 2008 como lo establece el Articulo 155 de la misma Ley.

SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD

63. En virtud de lo antes expuesto sobre la violación a los derechos constitucionales de los Recurrentes y para mantener y reestablecer la supremacía de la Constitución Política de Nicaragua amenazada por la aplicación de la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”, específicamente porque: La calidad de Entes Jurídicos Territoriales sui generis de las comunidades y territorios indígenas y étnicas fue ignorada por la Ley, la Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Kriol también como usuarios; y los Recurrentes no fueron consultados antes que la Ley fuera aprobada.

En violación de los artículos 5, 7, 46,50, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua señalados por medio del presente Recurso de Inconstitucionalidad, solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional esta norma.

NOTIFICACIONES

64. Señalamos para oír notificaciones en Managua en las oficinas Casasol, situada en Planes de Altamira, del Casino Pharaohs 1 ½ cuadra abajo, Casa No. 74. Contiguo al parqueo del restaurante la Cocina de Doña Haydee. Teléfono No. 270-2650. Managua.

ANEXOS

Acompaño al presente Recurso:

1.- Copias del Poder Especial a favor de la Dra. Maria Luisa Acosta;

2.- Copia de la Ley 620,“Ley General de Aguas Nacionales”.

3.- 4 Textos de este libelo: el original para la Corte, uno para el recurrido, otro para la Procuraduría General de Justicia, y uno para que me sea devuelto debidamente razonado.

Dra. María Luisa Acosta

Cedula No. 081-071059-0002V

[1]Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”.

El presente documento utiliza los conceptos de Afrodescendiente, Afrocaribeño, Creole o Kriol, y Étnico, indistintamente, el Arto. 3. de la Ley 445, define al las Comunidad Étnica de la Costa Caribe de Nicaragua, de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.

[2] Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, electa en asamblea de autoridades comunales tradicionales, que representa a un conjunto de comunidades indígenas o étnicas que forman una unidad territorial, elección que se realizará conforme a los procedimientos que adopten. Ato 3. Ley 445.

[3] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003.

[4] El grupo de los ramas disminuyó en el siglo XVIII. Todavía en 1774 R. Hodgson nos habla de una gran tribu de indios rama, “a large tribe of Rama Indians”, una de cuyas ramificaciones se había separado de las otras, aunque conservando las mismas costumbres y lengua. Habrían ocupado las márgenes del río Indio hasta las cercanías del lago de Nicaragua. En 1841, sin embargo, entre la ribera norte del río San Juan y la rivera Sur del río Escondido, en una distancia de un poco más de cien kilómetros, solo quedaban 500 indios rama en Punta Gorda y 80 en Rama Key…Dos ideas, por otra parte, se desprenden del conjunto de lo hasta aquí señalado. Por una parte, la semejanza, en muchos aspectos entre la vida material de los rama y las otras poblaciones aborígenes que reflejan una adaptación particular al ambiente geográfico en que les toca vivir. Por otro lado, rasgos también constatados entre los otros grupos humanos, la extraordinaria permanencia de sus tradiciones de vida. Si ha habido cambios, “la continuidad” ha sido mas fuerte…sitios de los asentamientos, tamaño de estos y distancias entre unos y otros, señalados para 1974, datan de por lo menos tres siglos.

Romero, G. Las Sociedades del Atlántico de Nicaragua en los Siglos XVII y XVIII, Fondo de Promoción Cultural BANIC, 1995. pág. 270, 272.

[5] Colette, G. y otros. La Lengua Rama Sobrevive. Revista del Caribe Nicaragüense WANI, No. 4 junio-septiembre 1986. Colette, G., Kauffman, M. Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama. En El Pueblo Rama: luchando por tierra y cultura. Ed. González, M. y Otros. Managua, URACCAN 2006.

[6] …Los Creoles [kriol] o “Criollos” son el grupo étnico más numeroso de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Ellos totalizan alrededor de 36,000 individuos; la gran mayoría de los cuales están establecidos en la RAAS donde representan más de un tercio de la población. Aunque los Creoles tienen algunos establecimientos rurales, en su mayoría viven en áreas urbanas, especialmente en Bluefields.

Banco Mundial, Documento del Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico (CBA) (en adelante “el Documento del CBA”), Reporte No. 16535-NI, junio 1997.

[7] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[8]Ley General de Aguas Nacionales, Arto. 155.- La presente Ley entrara en vigencia 6 meses después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.

[9]Ley General de Aguas Nacionales, Artículo 9.- El dominio del Estado para todas las aguas nacionales, se integra también por los siguientes bienes nacionales:
a) Los terrenos de los cauces o álveos de las corrientes naturales, navegables o flotables, de conformidad a lo establecido en el Código Civil vigente;
b) Los lechos de los lagos, lagunas, esteros descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;
c) Las playas marítimas fluviales y lacustres en la extensión que fije la legislación correspondiente;
d) Para efectos de la protección del recurso, los terrenos salitrosos;
e) El terreno firme comprendido hasta doscientos metros después de la línea de mareas máximas y treinta metros a cada lado del borde del cauce permanente de ríos y lagos.
f) Las obras públicas de regulación y aprovechamiento del agua, incluidas las instalaciones, inmuebles y terrenos que ocupen.
g) Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, embalses y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular o comunal.
Artículo 149.- Para efectos de esta Ley, en especial lo regulado en el Capítulo II sobre el Régimen Legal de Aguas y de sus bienes expresados en el Artículo 9, se deberán entender como bienes nacionales aquellos que el Código Civil define como tales. El dominio del Estado sobre estos bienes deberá entenderse referido a las tierras nacionales, municipales y ejidales, sin perjuicio de los Derechos Reales adquiridos por Ley, por los propietarios legítimos antes de la vigencia de la presente Ley, debiendo respetarse los Derechos Reales y contratos legítimos de arriendo otorgados por los municipios a ciudadanos privados, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros. Así mismo, se ratifica la obligatoriedad de los propietarios y/o arrendatarios referidos antes en la protección y reforestación de las zonas respectivas y de evitar toda contaminación.

[10] Ídem. Arto. 12 Definiciones:

Concesión: Título que otorga la autoridad nacional del agua a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, que no tienen ninguna relación con los usos destinados por las licencias específicas de aprovechamiento, asignaciones y autorizaciones a que se refiere esta Ley.

[11] Ídem. Licencias de Aprovechamiento: Título administrativo exclusivo para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que otorga la Autoridad Nacional del Agua exclusivamente, para el abastecimiento de acueductos que suministran agua potable a las poblaciones o para la generación de energía eléctrica. En el caso de las licencias de aprovechamiento destinados al abastecimiento de acueductos solo se otorgará esta licencia a las instituciones competentes del Estado.

[12]Ídem. Autorizaciones: Título administrativo que otorgan las alcaldías, o en su caso, los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica, a las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales destinado al abastecimiento de usos que no requieren significativos volúmenes de agua para el desarrollo de sus actividades.

[13]Ídem. Artículo 37.- Se crea el Registro Público Nacional de los Derechos de Agua (RNDA), como instancia distinta de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero con dependencia económica y administrativa de la misma, en el que deberán inscribirse los títulos de concesión, autorización, licencias, asignación para el acceso del uso de las aguas y los permisos para el vertido de aguas residuales. También se inscribirán las prórrogas de los mismos, su suspensión, terminación y demás actos y contratos relativos a la transmisión total o parcial de su titularidad, o cualquier modificación o rectificación de los títulos o permisos registrados. Esto se sujetará a las disposiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.

[14] Artículo 139.- Se podrán imponer servidumbre, conforme el marco legal vigente, sobre bienes de propiedad pública o privada en aquellas áreas que sean indispensables para el aprovechamiento, uso, reuso, conservación, y preservación del agua, los ecosistemas vitales, las obras de defensa y protección de riberas, caminos y sendas, áreas de inundación y embalse, trasvases, acueductos y en general las obras hidráulicas que las requieran. En el caso de las Regiones Autónomas se establecerán previo acuerdo con las comunidades afectadas.

[15]Artículo 19.- Para los efectos de esta Ley el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Nacional del Agua, previa consulta con los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y los Concejos Municipales, podrá declarar de utilidad pública:
a) La adquisición o aprovechamiento de tierras, bienes inmuebles y vías de comunicación que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos;
b) La protección integral de las zonas de captación de las fuentes de abastecimiento, priorizando la conservación de suelos y de los recursos forestales, mismos que deberán ser objetos de programas de reforestación; y
c) La instalación, modernización y tecnificación de los distritos de riego o de drenaje y otras áreas bajo riego a fin de optimizar y permitir la gestión integrada del agua y de la tierra.

[16] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[17] Ídem. Arto. 21.- Crease el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) como instancia del más alto nivel y foro de concertación y participación, con facultades asesoras y de coordinación, como de aprobación de las políticas generales, de planificación y seguimiento a la gestión que realiza la Autoridad nacional del Agua (ANA) en el sector hídrico. Este Consejo estará integrado por los titulares o sus representantes de las instituciones y organizaciones siguientes:
a) Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), quien lo presidirá;
b) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR);
c) Ministerio de Salud (MINSA);
d) Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC);
e) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER);
f) Intendencia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario;
g) Intendencia de Energía;
h) Un representante del Ministerio de Energía y Minas;
i) Un representante de la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS);
j) Un representante de cada uno de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica;
k) Cuatro representantes de los sectores productivos; y
l) Cuatro representantes de organizaciones de usuarios.
Los representantes de los titulares en las sesiones del CNRH, deberán tener los poderes suficientes para la torna de decisiones. En las Sesiones del CNRH participará con voz, pero sin voto el Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH), cuando así lo considere necesario, podrá invitar a sus reuniones a otras entidades de la administración pública y a otros representantes de los usuarios y de la sociedad, los cuales podrán intervenir con voz pero sin voto.

[18] Ídem. Artículo 24.- Se crea la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que será el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia de agua, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera. Esta tendrá facultades técnicas-normativas, técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos, de conformidad a la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 26.- Son funciones técnicas-normativas de la ANA, entre otras, las siguientes:
a) Formular y elaborar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos;
b) Coordinar la elaboración de los Planes de Recursos Hídricos por Cuenca y vigilar su cumplimiento;
c) Elaborar el Balance Hídrico por cuenca en coordinación con las autoridades competentes;
d) Proponer los reglamentos de gestión de cuenca, incluyendo los acuíferos;
e) Realizar la caracterización de los cuerpos de aguas para usos potenciales;
f) Proponer las declaratorias de zonas de veda, de protección o de reserva de aguas, a las autoridades competentes en la materia sobre la base de los dictámenes técnicos requeridos;
g) Coordinar programas de cooperación técnica;
h) Promoverla investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua;
i) Impulsar la formación y capacitación de los recursos humanos que se requieran;
j) Otorgar, modificar, prorrogar, suspender o extinguir los títulos de concesión y licencia y para el uso o aprovechamiento del agua y de sus bienes, y los permisos para el vertido de las aguas residuales en cuerpos receptores de dominio público;
k) Organizar el funcionamiento del Registro Público Nacional de Derechos de Agua;
l) Proponer al Poder Ejecutivo para los trámites legislativos correspondientes, el establecimiento y las modificaciones de los cánones por el uso o aprovechamiento de recursos hídricos;
m) Normar, regular y controlar sobre la construcción de todo tipo de obras de infraestructura hidráulica;
n) Realizar periódicamente los estudios y análisis sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, que soporten los criterios para el cobro de tarifas y cánones de agua, incluyendo el pago por servicios ambientales hidrológicos; y
ñ) Proponer las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación.

Artículo 27.- Las funciones técnico operativas de la ANA son, entre otras:
a) Administrar y custodiar en forma integral y por cuenca las aguas nacionales que regula la presente Ley, así como preservar y controlar su cantidad y calidad. Igualmente elaborar en conjunto con MARENA y los Concejos Municipales correspondientes, los Planes de Manejo de los diferentes ecosistemas acuáticos;
b) Administrar y custodiar los bienes de dominio público y las obras públicas hidráulicas del Estado, excepto las que están a cargo de otras entidades públicas o privadas y las de los usuarios concesionados;
d) Establecer, organizar y administrar el Registro Público Nacional de Derechos de Agua;
e) Organizar y coordinar el Sistema de Información de los Recursos Hídricos que hagan posible determinar la disponibilidad de las aguas nacionales en cantidad y calidad, así como, el inventario de los usos y usuarios del recurso;
f) Construir, por sí o a través de contratos con terceros, las obras públicas hidráulicas a cargo del Estado;
g) Conciliar y, en su caso, servir a petición de los usuarios como árbitro en la solución de los conflictos relacionados con el agua;
h) Formular y aplicar programas que tenga por objetivo el que todos los usuarios de aguas nacionales cuenten con medidores, dispositivos o métodos indirectos de medición volumétrica;
i) Definir los requisitos y lineamientos para el establecimiento de Distritos y Unidades de Riego y de Drenaje;
j) Ejercer supletoria y transitoriamente las funciones técnico- operativas de los Organismos de Cuenca, en los términos de la presente Ley y su Reglamento; y
k) Actuar como instancias de apelación de las decisiones de los Organismos de Cuenca.

[19]Ídem. Artículo 31.- Se crean los Organismos de Cuenca como expresión derivada y dependiente en concepto global de la ANA en las cuencas hidrográficas superficiales y del subsuelo en el territorio nacional, que funcionarán como instancias gubernamentales, con funciones técnicas, operativas, administrativas y jurídicas especializadas propias, coordinadas y armonizadas con la ANA, para la gestión, control y vigilancia del uso o aprovechamiento de las aguas en al ámbito geográfico de su Cuenca respectiva.
En el caso de que en algún territorio determinado no se haya instalado un Organismo de Cuenca, la ANA ejercerá directamente con carácter temporal las funciones técnicas-operativas designadas hasta que se hayan constituido.

[20] Ídem. Arto. 35.- Se impulsara la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, por medio de la conformación de Comités de Cuenca, subcuenca y microcuenca que se integraran por: a)Representantes de los usuarios de agua de los diferentes usos en la cuenca; b) Representantes del Consejo Directivo del Organismo de Cuenca; c) Representantes de los Consejos Regionales Autónomo, en su caso; y d) Representantes de Organizaciones no Gubernamentales acreditadas. Estos comités se constituirán como foros de consulta, coordinación y concertación entre los Organismos de Cuenca, entidades del Estado, municipios, Regiones Autónomas, en su caso, así como las organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la respectiva cuenca…

[21] Ídem. Arto. 46… las concesiones y Licencias para aprovechamiento y uso de las aguas nacionales por parte de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas cuando sean de impacto nacional, uso múltiple del agua, o de carácter estratégico para el país o que cubren mas de un sector o una cuenca o impliquen la construcción de obras hidráulicas de grandes dimensiones, deberán ser ratificados o no por la Asamblea Nacional.

[22] Ídem. Artículo 52.- En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, previo al otorgamiento de toda Concesión se deberá obtener la aprobación de los Consejos Regionales Autónomos, el cual tendrá un plazo de noventa días para pronunciarse.

[23] Ídem. Artículo 62.- Cuando se trate de concesiones para aprovechamiento de uso múltiple u obras de grandes dimensiones, el CNRH con el apoyo de su Comité Técnico Asesor y en coordinación con la ANA, previamente hará las consultas técnicas y de viabilidad con los sectores que pudieren ser perjudicados con el otorgamiento del derecho de uso, aprovechamiento o permiso de vertido, sin perjuicio de las consultas y aprobación que por Ley se establecen para el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y la opinión de los Municipios respectivos.

[24] Ley 445. Arto. 27. La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.

[25]Informe sobre los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II/.62 doc. 10 rev. 3, 20 noviembre 1983.

[26] Ídem Págs. 78-79.

[27]Párrafo 48 de la Sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

[28] Ídem párrafo 148.

[29] Arto. 31.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Mískitas, Sumos y Rama puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

[30]Aprobada el 22 de Octubre del 2003 y Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003

Recurso de Inconstitucionalidad contra el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Honorable Corte Suprema de Justicia

1. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente, y Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria, del Gobierno Territorial Rama y Kriol[1] (GTR) y Frank López Monroe, Presidente de las Autoridades Territoriales de las Diez Comunidades Indígenas & Afro-descendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas (“Territorial Authority of Ten Indigenous & Afro-Desendant Communities of the Pearl Lagoon Basin”).

2. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, Frank López Monroe y Pearl Marie Watson Presida, demuestran su calidad de Presidentes y de Primera Secretaria, respectivamente, por medio de Certificaciones expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS del Sr. Glenford Abraham Elick, de acuerdo a las funciones que le otorga la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,[2] en el Capitulo II, Arto. 08.

3. Los Recurrentes comparecen por medio de su apoderada legal especial Dra. María Luisa Acosta Castellón, quien es mayor de edad, soltera, abogada y del domicilio de Managua, quien acredita su calidad con poderes especiales otorgado por los Recurrentes.

4. La compareciente expone lo siguiente:

El territorio Rama

5. El territorio Rama se encuentra ubicado en el Sureste de Nicaragua, y comprende la línea

costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra al Norte y la cuenca del Río Indio al Sur. Además abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe así como algunos cayos pequeños.

6. El territorio Rama esta conformado por la unión de las comunidades de: Rama Cay, Zompopera, Punta Aguila/Cane Creek, Wirin Cay, Sumu Kat (El Coco), Río Indio y las comunidades Afrodecendientes de Monkey Point y Río Maíz (Corn River).

7. Política y administrativamente el territorio esta dentro de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en partes de los Municipios de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo; con cede en la ciudad de Bluefields, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.[3]

El territorio de

“Ten Indigenous & Afro-Descendant Communities of the Pearl Lagoon Basin”

8. El territorio de las Diez Comunidades Indígenas & Afrodescencientes de la Cuenca de

Laguna de Perlas (en adelante “el territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas” o “El Bloque de Laguna de Perlas”), lo constituye el bloque de Halouver según el Diagnostico realizado por CACRC en 1998, y ahora denominado el bloque de Laguna de Perlas, utilizado como base de su reclamo ante la CIDT-RAAS para ser titulado, y cuyos límites son:

… los límites ubicados al Sur y al Oeste reclamados por el bloque de Halouver son límites naturales que representan los límites históricos utilizados por miembros de la comunidad y también los límites legítimos de las demandas hechas por las comunidades vecinas. El límite Sur del bloque está constituido por el borde Norte de la laguna de Bluefields y el banco Norte del río Escondido. Históricamente los miembros de las comunidades utilizaron el área de la playa, hasta falso Bluff, para actividades agrícolas, cazaban todavía más al Sur del falso Bluff. Sin embargo, la lógica de fondo para ese límite es que constituye la división natural entre las tierras de los pobladores indígenas del área de Pearl Lagoon y las tierras del pueblo Rama. Se estuvo de acuerdo en que el límite Sur Oeste es el río Kama. El Río Kama parece ser el rasgo geográfico lógico para funcionar como frontera entre la comunidad y esa invasión campesina. Kukra Hill está incluido dentro de esos límites. [4]

9. El territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas esta conformado por la unión de diez comunidades indígenas Mískitu y Étnicas; Laguna de Perlas, Haulover, Raitipura, Awas, Brown Bank, La Fe, Kahkabila, San Vicente, Orinco y Set Net Point; en el Municipio de Laguna de Perlas y Kukra Hill, (RAAS). Con cede en la ciudad de laguna de Perlas, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.

10. Tanto el los pueblos indígenas Mískitu y Rama, como las comunidades étnicas, son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua al que los Recurrentes representan, así como los Recurrentes mismos, viven de la agricultura, cultivan maíz, arroz, frijoles, coco, fruta de pan, banano, plátano, pijibaye, etc., para el autoconsumo. Cazan, lo que realizan con arpón, lanza o flechas: venados, armadillo y jabalí o chancho de monte en los bosques. Pescan en el río, en los cayos y el mar: sábalo, mojarra, guapote, moga pinta, etc. Cortan la madera solamente para el autoconsumo, en la construcción de viviendas, y pipantes, su principal medio de transporte. La economía de estos pueblos indígena comunidades étnicas es de subsistencia y depende exclusivamente de la tierra comunal y del bosque, que el Ejecutivo por medio del Decreto 01-2007 pretende registrar como “terrenos de dominio público.”

Los Recurrentes

13. Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casado, de la etnia Rama, profesor y del domicilio de Rama Cay, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-250256-0004U interpone este recurso en su calidad personal y también como representante legal del GTR. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio Rama por medio del Decreto 01-2007, él personalmente seria perjudicado, así como el pueblo indígena al que pertenece y representa.

14. Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casada, de la etnia Kriol, licenciada en enfermería y del domicilio de la Comunidad Étnica de Monkey Point, identificada con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-230744-0000J, interpone este recurso en su calidad personal y en la calidad antes señalada. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio Rama por medio del Decreto 01-2007, ella personalmente seria perjudicado, así como las comunidades étnicas a las que pertenece y representa.

15. Frank López Monroe, Presidente de las Autoridades Territoriales de las Diez Comunidades Indígenas & Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, mayor de edad, casado, de la etnia Kriol, profesor y del domicilio de Laguna de Perlas, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No. 626-220546-0000S, interpone este recurso en su calidad personal y también como representante legal del territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas por medio del Decreto 01-2007, él personalmente seria perjudicado, así como las comunidades indígenas y étnicas a las que pertenece y representa.

16. Sebastián Mcrea Ruiz, es autoridad territorial del Pueblo Indígena Rama, uno de los pueblos indígenas originarios de Nicaragua,[5] descendientes de las tribus Chibchas, hablan inglés Kriol y algunos preservan su lengua Rama;[6] son el pueblo que históricamente ha ocupado el Sureste de Nicaragua, aunque su asentamiento principal lo constituye el cayo de Rama Cay, ubicado en la bahía de Bluefields a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefields.

17. Pearl Marie Watson Presida, es además representante tradicional de la Comunidades Étnicas que conforma el territorio Rama; la comunidad de Monkey Point, formada por krioles, que hablan Kriol e indígenas rama; que habitan el área de la península de Monkey Point a 47 kilómetros al Sur de la ciudad de Bluefields, la cuencas del Río Maíz (Corn River) a 75 kilómetros al Sur de Bluefields, ejerciendo una ocupación tradicional sobre estas tierras; los kriol de Monkey Point y Río Maíz llegaron del área y se establecieron junto a los habitantes históricos de la zona, el Pueblo Indígena Rama (“Los Rama”) con los que desde entonces han convivido formado una comunidad multiétnica dentro del territorio Rama.

18. Frank López Monroe es autoridad territorial de diez comunidades Mískitu y Kriol de la Cuenca de Laguna de Perlas, cuya cede principal es Pearl Lagoon, como la llaman sus habitantes; fundada en 1770 al lado de la preexistente comunidad Mískitu de Raitipura; Pear Lagoon fue además, la residencia del Rey Mosko en el periodo comprendido entre 1824 y 1842. La Cuenca de Laguna de Perlas es actualmente una amalgama de la cultura Kriol y Mískitu. La Cuenca de Laguna de Perlas esta ubicada a unos 50 Kilómetros al Norte de Bluefields.

19. Tanto los pueblos indígenas Mískitu y Rama, como las comunidades étnicas, de Monkey Point, Río Maíz y las de la Cuenca de Laguna de Perlas son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua ubicadas en el Municipio de Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill, RAAS; y en el Departamento de Río San Juan; tales comunidades, y sus autoridades tradicionales, son reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua en los artículos 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[7] (en adelante “ la Ley No. 28” o “El Estatuto de Autonomía”) y son reguladas por la Ley No. 445. Además los Señores Mcrea y López, y la Señora Watson están certificados, por el Registro de Autoridades Comunales y Territoriales del Consejo Regional de la RAAS, de conformidad con el Capitulo II, Articulo 7 de la Ley 445, como Autoridades Territoriales.

El Decreto impugnado

20. El 8 de enero del 2007 Enrique Bolaños Geyer, entonces Presidente de la Republica de

Nicaragua, emitió el Decreto No. 01-2007, que entró en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, No.8, del 11 de enero del 2007(en adelante “Decreto No. 01-2007” o “el Decreto”).

Funcionarios contra quien se interpone el Recurso

21. El Señor José Daniel Ortega Saavedra, mayor de edad, casado, Comandante de la Revolución Popular Sandinista y del domicilio de Managua. Este Recurso de Inconstitucionalidad se interpone en contra del Comandante Ortega, en su calidad de Presidente de la República de Nicaragua. En su calidad de Presidente de Nicaragua, el Comandante Ortega, a partir del 10 de enero del 2007 interviene en la formación de las leyes y decretos, sanciona, manda publicar y divulgar, y sobre todo y específicamente, las manda a ejecutar, como en el caso del Decreto No. 01-2007, que entró en vigencia un día después de su toma de posesión del cargo, el 11 de enero del 2007.

22. A este respeto la Constitución Política de Nicaragua en el Arto. 148, párrafo segundo establece:

El Presidente y Vicepresidente del a República ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años, que contara a partir de su toma de posesión el dia diez de Enero de año siguiente a la elección…(énfasis adherido)

Por lo que a la entrada en vigencia del Decreto 01-2007, el 11 de Enero, ya el Presidente Ortega había tomado posesión de su cargo, constituyéndose en “el titular del órgano que emitió el decreto”. Por lo que al ser el Decreto 01-2007 demandado por inconstitucional, de conformidad con lo que establece el Arto. 7 de la Ley de Amparo;

“el Recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el titular del órgano que emitió el decreto” (énfasis adherido)

23. En este caso el Señor Presidente de la Republica de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra es “el titular del órgano[La Presidencia de la Republica]que emitió el decreto” y por ende, es contra el que la Ley de Amparo manda interponer el presente Recurso.

Antecedentes del Decreto 01-2007

24. El Poder Ejecutivo decretó en 1991 como Áreas Protegidas a Cerro Silva y Punta Gorda,[8] en el territorio tradicional del pueblo Rama y Kriol, sin consultar con este pueblo y comunidades. El Estado declaró que entre los objetivos de crear las áreas protegidas, además de dejar recuperar y proteger los bosques azotados por el huracán Juana en 1988, estaba el de“garantizar a las comunidades autóctonas de la Costa Atlántica los derechos históricos en la protección de sus ambientes ecológicos y el beneficio futuro del aprovechamiento de los recursos naturales en forma sostenida y perdurable”.[9]

25. Así mismo, el Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields fue declarado como Sitio RAMSAR, bajo la protección del Convenio sobre las Marismas (humedales) de Importancia Internacional especialmente como hábitat de las aves acuáticas, RAMSAR No. 1139 de Nicaragua en el 2001, basado en el Convenio suscrito con anterioridad.[10]

26. Pero a pesar de la declaratoria de las Áreas Protegidas, en el territorio tradicional del pueblo Rama y Kriol, el Estado ha tenido una muy limitada presencia en el terreno; y estas Áreas declaradas formalmente como Protegidas, aún hoy carecen de Planes de Manejo, Planes Operativos Anuales o controles administrativos de algún tipo en el terreno.

27. Lo anterior es consistente con las siguientes cifras: las 76 Áreas Protegidas decretadas como tales en Nicaragua que forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), constituyen unas 2,242,193 Hectáreas, o sea, el 18.2% del territorio nacional. De las cuales solo 5: Volcán Masaya, Chocoyero, Mombacho, La Flor y Chachocente están siendo atendidas administrativamente y brindando algunos servicios; hay 6, que están siendo patrulladas por guardabosques y 7, que están siendo del interés de proyectos, municipalidades y ONGs. Las restantes Áreas Protegidas, solamente han sido decretadas como tales sin que reciban atención alguna en el terreno.[11]

28. Es mas, en contradicción a esa supuesta política conservacionista y, en violación al Decreto creador de estas Áreas Protegidas,[12] el Estado emitió títulos de reforma agraria y títulos supletorios, impulsando de esta forma la inmigración en las Reservas de Punta Gorda y Cerro Silva.[13] Mientras la taza de crecimiento poblacional nacional es del 3,09% (1995-2000) la de la RAAS fue del 4.34%[14] debido a la incontrolable emigración. Lo que contribuyo al avance de la frontera agrícola, ganaderos y especuladores; invasión que ha desplazado de su territorio tradicional al pueblo indígena Rama y Kriol, y ha destruido gran parte del bosque y los ecosistemas del área.

29. Además, el mismo Estado, en violación del artículo 106 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece: “No serán sujetos de explotación y exploración, los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas legalmente protegidas” ha otorgado concesiones para la construcción de megaproyectos como el del Canal Seco a las empresas CINN[15] y Sit/Global,[16] la construcción de un oleoducto.[17] y la carretera Nueva Guinea-Bluefields;[18] que afectaría el Sito Ramsar,[19] y el resto de Áreas declaradas como Protegidas.

Por lo que el supuesto conservacionismo estatal, es totalmente inconsistente con el actual impulso de mega proyectos en las mismas áreas. Donde lo único que le faltaría al Estado es titular los supuestos “terrenos de dominio público que están comprendidos dentro de las áreas protegidas que conforman el SINAP” como lo establece el Decreto 01-2007, para realizar libremente los megaproyectos antes descritos.

la Reserva de Wawashan

30. El Poder Ejecutivo decretó en 1991 también el Cerro Wawashan y sus bosques aledaños[20]como Áreas Protegidas, y lo hizo afectando gran parte del territorio tradicional de las comunidades indígenas Miskitu y Kriol de la Cuenca de Laguna de Perlas; lo anterior sin consultar con este pueblo y comunidades. Además, la Reserva de Wawashan afecta tierras de comunidades Garifuna y Ulwua (Sumu), y las de la comunidad Mískitu de Tasbapaui. Políticamente, la reserva Wawashan esta ubicada en el Municipio de Rama, Kukhra Hill, Laguna de Perlas y el Tortuguero en la RAAS. Con una extensión aproximada de 2,315 Km2, comprendidos dentro de los recorridos de los ríos Kurinwas, Karawala, confluencia del Sabawas, Cerro Wawashan, cabecera del río Patch hasta su desembocadura en la Laguna de Perlas.

Titulación de los territorios indígenas

31. El pueblo indígena Rama, junto con las comunidades étnicas de Monkey Point, Río Maíz y las comunidades indígenas Mískitu y étnicas, de la Cuenca de Laguna de Perlas, han elegido sus autoridades comunales y territoriales; y comenzado a realizar el Diagnostico de sus tierras tradicionales. Ya que el Diagnostico es un presupuesto necesario para obtener la titulación de su territorio, de conformidad con lo establecido por la Ley 445.[21]

32. La Ley 445, cuando crea el procedimiento para la titulación de tierras indígenas, termina con la discriminación que existía en contra de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas; al ser éste el único sector social nicaragüense, que no tenía una ley, un procedimiento y una entidad encargada de titular sus tierras; a diferencia del sector campesino que ha contado con varias leyes de reforma agraria e instituciones encargadas de titularles como el IAN, MIDINRA, INRA, OTR, la Intendencia de la Propiedad, etc.; o el resto de los ciudadanos, que de manera individual o colectiva pueden obtener títulos de propiedad y supletorios, de conformidad al Código Civil emitido en 1905.

33. Pero desde que entró en vigencia la Ley 445, en el 2003, solamente 5 territorios indígenas han recibido su titulo, todos en la Reserva de Bosawas; y de esos solo uno ha sido registrado, pero bajo una gran controversia. Por lo que el proceso de demarcación se ha tornado un proceso lento y tedioso que puede durar varios años, como lo demuestra el cuadro en la página siguiente.

Los Títulos otorgados

34. La Secretaría de la Presidencia para Asuntos de la Costa Atlántica (SEPCA) y los líderes indígenas de los territorios en la Reserva de BOSAWAS tuvieron un fuerte enfrentamiento, debido a que el Estado pretendía titular al área núcleo de la Reserva con la improvisada e ilegal figura del “co-dominio”, cercenando de esta manera los derechos de propiedad de los pueblos indígenas en el área núcleo de la Reserva.[22] Pero debido a la resistencia de los indígenas y al apoyo de CONADETI, finalmente el 24 de mayo del 2005, el Presidente de la República entregó los primeros cinco títulos de propiedad de los territorios indígenas emitidos a: Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu, y Miskitu Indian Tasbaika Kum, reconociendo con ellos una totalidad de 587,629 Hectáreas a 85 comunidades indígenas de la etnia Mískitu y Mayangna (Sumu).

AVANCES DEL PROCESO DE DEMARCACION[23]

Comunidad/ Territorio

Financiado por

Ttítulo

otorgado

Diagnóstico en proceso

Diagnostico ante CIDTs

Resolución de Conflictos

1.- Kipla Sait Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

2.- Li Lamni Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

3.- Mayangna Sauni As

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

4.- Mayangna Sauni Bu

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

5.-Miskitu Indian Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

6.-Mayangna Sauni Bas (Sikilta)

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

7.-Mayangna Sauni Arunka (Matunbak)

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

8.- Awas Tingni

Gupo Cosultor

/PRODEP

X

9.- Prinzu Ahuya (Prinzapolka)

URACCAN/FISE

X

10.- Prinzu Awala Un (Prinzapolka)

URACCAN/FISE

X

11.- Tasba Pri

X

12.- Tasba Raya

X

13.-Territorio Tawira

X

14.- Desembocadura del Río Grande.

URACCAN/BICU/

FISE

X

15.- TERRITORIO SAN FRANCISCO, Cuna del Los Indígenas Unidos por Siete Comunidades (INDIAN LAL KAHBAIKA IWANKA, “KASAKKIRA PRANSIS” ASLA KAKANKA TAWAN MATLALKAHBI PURA KUMI )

URACCAN/BICU/

FISE

X

16.- Tumarin Indígena

URACCAN/BICU/

FISE

X

17.- Territorio Rama

GTR/IBIS/URACCAN

X

18.- Laguna de Perlas

FORD/URACCAN

X

19.-TasbaPaunie/

Wawashan

Consultor/FISE

X

35. Sin embargo, cuando se creía superada la discusión, solo algunos de los cinco títulos fueron registrados en el Registro Publico de la Propiedad Inmueble. Posteriormente, el titulo de Mayangna Sauni As fue anulado, y un nuevo título alterado en su contenido original, fue emitido por la Presidenta de CONADETI a mediados del 2006; además este titulo fue inscrito a favor del Estado de Nicaragua en Primer Asiento, y posteriormente otorgado a los indígenas, e inscrito en Segundo Asiento. Procedimiento notoriamente inconstitucional, impulsado por SEPCA.

36. Con anterioridad, SEPCA y la Intendencia de la Propiedad, ambas instituciones del Poder Ejecutivo, plantearon en reunión del 7 de febrero del 2006 a los líderes indígenas de BOSAWAS, que con respecto de la inscripción en el Registro de los cinco títulos otorgados por la CONADETI en mayo del 2005, seria el siguiente: No aplicarían la Ley 445, sino los artículos 614 y 3979 del Código Civil con la interpretación siguiente:

”en casos de inexistencias de cuentas registrarles de un inmueble debe procederse mediante minutas descriptivas e inscribir el mismo a nombre del Estado de la Republica para posteriormente poder transferir el dominio a favor de las comunidades indígenas; ya que es un principio jurídico que nadie puede transferir lo que no le pertenece”

37. Ante tal propuesta, los pueblos indígenas sostuvieron que el planteamiento anterior es inconstitucional, y por lo tanto inaplicable; ya que las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas, no son tierras baldías o ejidales y por lo tanto no le pertenecen al Estado de Nicaragua. Ya que el mismo Estado (Artos. 5, 89 y 180 Cn y 36 numeral 1 Ley No. 28. en 1987), las definió, e hizo el reconocimiento constitucional de que las tierras comunales tradicionales, ubicadas en la Costa Atlántica, pertenecen a las comunidades indígenas y étnicas.[24]

38. Y cuando el artículo 614 del Código Civil, establece: “Son bienes del Estado, todas las tierras que, estando situadas dentro de los limites territoriales, carecen de otro dueño” es claro que la Constitución Política y las Leyes No. 28 y No. 445 reconocen como dueños de sus tierras comunales a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que las han ocupado de manera tradicional e histórica. Por lo tanto estas no carecen de otro dueño. Así mismo el Arto. 3979 que en su parte pertinente establece: “…para inscribir las propiedades nacionales…no se necesita presentar titulo anterior, sino que habrá una minuta descriptiva del inmueble, autorizada por el funcionario competente o interesado…” el Arto. 1 párrafo segundo, del Decreto 434 del 17 de agosto de 1945[25] establece: “Los terrenos baldíos nacionales se consideraran inscrito a nombre del Estado”. Bastaría una Minuta Descriptiva para inscribir tierras Estatales, o ni siquiera es necesario hacerlo, si las consideramos baldías, según el Arto. 19 del Reglamento del Registro Publico. Sin embargo, seria inconstitucional inscribir tierras indígenas actualmente bajo el régimen sui generis, como tierras baldías, o tratarlas como pertenecientes al Estado por falta de “otro dueño”; ya que en este caso es claro que son las comunidades indígenas y étnicas sus dueños, por reconocimiento constitucional desde 1987. Y que en este caso particular además, ya están bajo el procedimiento establecido por la Ley 445 para su debida titulación.

39. Por lo que al carecer estas tierras de asiento registral, éste debe ser creado para ellas a favor de las comunidades que tradicionalmente las han ocupado, y no es jurídicamente viable crear un Primer Asiento a nombre del Estado; y luego que este las trasfiera a las comunidades indígenas, como lo propusieron los funcionarios públicos; porque los derechos de propiedad sobre las tierras tradicionalmente utilizadas por las comunidades étnicas y los pueblo indígena de la Costa Caribe de Nicaragua ya fueron reconocidos constitucionalmente, por lo que su derecho no proviene en general del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino que provienen del reconocimiento Constitucional del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales.

40. Por lo que, los títulos de BOSAWAS debían ser emitidos por medio de una resolución de la CONADETI, como lo manda su reglamento interno, y no solo por la Presidenta; y además el contenido y los términos de los títulos emitidos por CONADETI en el 2005, ya habían sido consensuados con los indígenas y no debían ser alterados. Alteración que denunció el propio Vice-Presidente de CONADETI a la vez que amenazaba con recurrir de inconstitucionalidad por toda la manipulación de la que fueron objeto los títulos.[26] A pesar de lo anterior, en ceremonia celebrada en Musawas, BOSAWAS, el 27 de septiembre de 2006, el Presidente de la República entregó el nuevo título a los líderes del territorio Mayangna Sauni As, haciendo a un lado el titulo consensuado y emitido por la CONADTI.[27]

41. Por lo anterior es evidente que el proceso de demarcación de las tierras indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense ha puesto de manifiesto el contraste, de las diferentes visiones e intereses de los actores en un pacto social que debe existir entre el Estado y los pueblos indígenas y comunidades étnicas para lograr la gobernabilidad y el desarrollo democrático de Nicaragua como nación; pacto social que desde la incorporación de la Mosquitia al territorio nacional requiere ser replanteado; sin haberlo sido hasta hoy por el Estado nicaragüense. Ya que el reconocimiento constitucional de la realidad multiétnica y de la diversidad cultural y lingüística del país, que hace la Constitución Política de Nicaragua, en 1987, tiene su base en las razones históricas, sociales y culturales de la preexistencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. De manifiesto en los claros antecedentes jurídicos que constituyen el Tratado Zeledón-Wyke (Tratado de Managua) de 1860, del mismo Decreto de Reincorporación de la Mosquitia al territorio nacional, emitido el 20 de noviembre de 1894. y del Tratado Harrisson-Altamirano de 1905; en los cuales se hace expresa referencia a la presencia y dominio que sobre la Mosquitia ya tenían los pueblos indígenas y étnicos de la zona, al momento de la incorporación de su territorio al Estado nicaragüense.

42. Por lo que el problema creado por SEPCA con los títulos de las comunidades indígenas de BOSAWAS, refleja la falta de aceptación, por parte del Poder Ejecutivo, de los derechos históricos de estos pueblos, sobre sus tierras comunales tradicionales; y en su lugar, la insistencia estatal de considerarlas como “de dominio público”. Planteamiento que ahora pretende institucionalizar por medio del Decreto No. 01-2007; el que de ser aplicado, constituiría una ilegal confiscación sobre la tierra indígenas, ya que seria el mismo Poder Ejecutivo, como juez y parte, el que determinaría cuales son estos “terrenos de dominio publico” dentro del SINAP, anulando completamente la finalidad y el contenido del proceso de demarcación iniciado por los Rama, Mískitu y Kriol, que recurren el Decreto.

43. Ya que mientras el proceso de demarcación de las tierras indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Wanky (Coco), Indio y Maíz, esta tomando varios años para otorgar los títulos; el Decreto No. 01-2007, en cambio, manda registrar “los terrenos de dominio publico dentro de las Áreas Protegidas que conforman el SINAP” de inmediato. Sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas dentro de las Áreas Protegidas.

El Decreto No. 01-2007 viola la Constitución Política de Nicaragua

44. El Decreto No. 01-2007, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, deroga expresamente el Decreto 14-99, Reglamento del Áreas protegidas de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999. El Decreto No. 01-2007 entra en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, No.8 del 11 de enero del 2007.

45. Los artículos 3 numeral 8, 67, 68 y 69 del Decreto No. 01-2007, son inconstitucionales

por que violan normas establecidas como Principios Fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua (Arto. 5), así como derechos esénciales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras comunales tradicionales y sobre la preservación de sus recursos naturales y medioambiente (Artos. 5, 89 y 180) su derecho a la propiedad comunal sin discriminación alguna (Artos. 5, 99 y 103), la garantía constitucional a que sus bienes no sean objeto de confiscación o expropiación; pero además, sus derechos como ciudadanos nicaragüenses a la consulta y a la participación en las decisiones que tome el Estado y los pueda afectar (Artos. 2, 7, 50); por lo que exigen a los funcionarios públicos el respeto al Estado de Derecho (Artos. 129, 130, 131, 150) de la manera siguiente:

DECRETO No. 01-2007, CAPITULO II

CONCEPTOS

Arto. 3.- Para los efectos de este Reglamento los siguientes conceptos tienen el significado que aquí se le asigne:

8.- COMANEJO DE AREAS PROTEGIDAS.- Es un modelo de administración de áreas protegidas, bajo el cual el MARENA como administrador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, en atención a las directrices de cada área protegida, puede ceder la administración de un área protegida a organismos e instituciones nicaragüenses sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas, cooperativas, comunidades indígenas y étnicas de acuerdo a lo establecido en la legislación que regula la materia, llamados comanejantes…

CAPITULO VII

TENENCIA DE LA TIERRA EN AREA PROTEGIDAS

Arto. 69.- El MARENA podrá ceder la administración de las áreas protegidas en comanejo, basándose para ello en las directrices de administración de cada área protegida y los procedimientos establecidos para ese efecto por Resolución Ministerial. Podrán solicitar el comanejo de un área protegida los organismos e instituciones nicaragüenses sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas, cooperativas, comunidades indígenas y comunitarias.

46. Estos artículos del Decreto No. 01-2007 violan lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de La Ley No. 445,[28] ya que erróneamente los Artos. 3 numeral 8 y 69 del el Decreto No. 01-2007 equiparan los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a los derechos de las asociaciones civiles. Desconociendo así los derechos establecidos en el régimen sui generis de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras comunales tradicionales. Ya que los derechos de propiedad de las comunidades étnicas y de los pueblos indígena de la Costa Caribe de Nicaragua no son los de un simple administrador, ni se limitan a los de cualquier propietario; sino que están inmersos dentro de un esquema político de existencia tradicional comunal de auto gobierno comunitario, donde estos pueblos y comunidades poseen las tierras y recursos naturales de manera colectiva, según sus costumbres y tradiciones.

Régimen sui generis de loas tierras comunales tradicionales

47. Además los derechos establecidos en el régimen sui generis no provienen del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino que provienen del reconocimiento Constitucional, realizado en 1987, del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales. Derechos sui generis que reconoce a los Mískitus, Ramas, Mayagnas (Sumos), Garífunas y Kriol, la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180; con la definición de tierras indígenas que hacen los artículo 11 numerales 3, 4 y 6; 36 de la Ley No. 28; Y que esta regulado por la Ley No. 445 de la manera siguiente:

Arto. 5 Cn.-El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley (énfasis adherido).

Arto. 89 Cn.-…El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Arto. 180 Cn.-…El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal… Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, el artículo 11, numerales 3, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía en su parte pertinente establece:

Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:… Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional…Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valares… Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.

Y el artículo 36 del de la Ley No. 28 define la propiedad comunal de la forma siguiente:

La propiedad comunal la constituye las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica y están sujetas a las siguientes disposiciones:

1.- Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles.

2.- Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado.

La Ley No. 445 por su parte, en el Arto. 2. establece sus objetivos específicos como los siguientes:

1. Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

2. Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de sus autoridades tradicionales.

4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, en el manejo de sus territorios comunales.

5. Establecer las normas y procedimientos para el proceso de demarcación y titulación sobre el derecho de propiedad comunal objeto de esta Ley.

6. Definir el orden institucional que regirá el proceso de titulación de las tierras comunales de cada uno de los diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas objeto de esta Ley.

48. Por lo que el régimen sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales. El concepto de propiedad comunal es definido por el Arto 36 de la Ley No. 28, con la característica especial de que las tierras comunales no pueden ser expropiadas al ser “inajenables” ya que “no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles” lo que las coloca además fuera del comercio, con lo que el Legislador pretendió asegurar el patrimonio de las generaciones futuras. Con el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, los derechos sobre sus tierra y recursos naturales; la Ley No. 445 constituye la herramienta jurídica, para cumplir el compromiso estatal de garantizar efectivamente estos derechos a los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz de Nicaragua, por medio de su demarcación y titulación.

49. Por lo que no diferenciar a una ONG o a una asociación civil, de un pueblo indígena o de una comunidad étnica, y no tomar en cuenta la relación de estos últimos con sus tierras ancestrales, constituye una nociva simplificación, y por ende la anulación, de sus derechos constitucionales. Derechos que van mas aya del de propiedad, sino que engloban además, la posibilidad de mantener o no, su subsidencia colectiva como pueblo.

50. El Artículo 68 del Capitulo sobre la tenencia de la tierra del Decreto 01-2007 textualmente expresa:

CAPITULO VII

TENECIA DE LA TIERRA EN AREA PROTEGIDAS

Arto. 68.- Se prohíbe la titulación de tierras de dominio público dentro de las áreas protegidas, por causa de Reforma Agraria y Títulos Supletorios. Los títulos que se otorguen a favor de particulares dentro de las áreas protegidas con posterioridad al tres de marzo e mil novecientos noventa nueve, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial competente.

51. Mientras el artículo 56 del Reglamento del Áreas Protegidas de Nicaragua, Decreto 14-99, vigente entre el 3 de marzo del 1999 y el 11 de enero del 2007, ahora derogado por el Decreto No. 01-20007, expresamente establecía:

Arto. 59.- Se prohíbe la titulación de tierras dentro de las áreas protegidas, ya sea por causa de Reforma Agraria, Títulos Supletorios o cualquier otra forma de adquisición. Los títulos que se otorguen a favor de particulares dentro de las áreas protegidas del SINAP después de la publicación de este reglamento, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial competente.

En el caso de que las tierras sean de comunidades indígenas se respetará el derecho de propiedad de las mismas.

52. El artículo 59, ahora derogado, clara y expresamente prohíbe el otorgamiento de títulos supletorios a particulares dentro de las áreas protegidas, lo que se mantiene en el Decreto No. 01-2007; sin embargo, este ultimo no reitera el reconocimiento a la propiedad comunal, y lo que es peor aun, la ignora, y además, posteriormente (Arto. 67) establece la necesidad estatal de titular las Áreas Protegidas como “tierras de dominio publico” o tierras del Estado.

53. El Arto. 68 del Decreto No. 01-2007, deja de lado la protección de la tierra comunal al prohibir solamente“la titulación de tierras de dominio publico dentro de las áreas protegidas” por lo que las tierras indígenas quedan desprotegidas; y son además amenazadas por una inminente titulación a favor del Estado, como ya lo trataron de hacer con las áreas núcleos de BOSAWAS. Ya que el Arto. 67 del Decreto No. 01-2007 establece:

Arto. 67.- Todos los terrenos de dominio público que están comprendidos dentro de las áreas protegidas que conforman el SINAP, deben ser inscritas a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble correspondiente.

54. Y cuales son las tierras de dominio publico?, Quién va a determinar eso? El mismo Estado. Y de ser así, este entraría en franca competencia con las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua por las tierras; sobre las cuales la Constitución Política de Nicaragua Artos. 5, 89 y 180, obliga al mismo Estado, a garantizar el derecho de propiedad a los pueblos indígenas que tradicional e históricamente las han ocupado. Constituyéndose la aplicación del Decreto 01-2007 en una expropiación o confiscación de hecho.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

55. Los pueblos indígenas y comunidades étnicas cuentan con la protección del ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos; el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua incorpora expresamente al ordenamiento jurídico nacional, las principales Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y crea el compromiso de mantener los parámetros internacionales de aplicación y observancia de estos derechos. En este contexto, el derecho de propiedad sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas, y el derecho a no ser discriminado por razones de cultura o raza, son principios de Derechos Humanos fundamentales que el Estado de Nicaragua se ha comprometido internacionalmente a respetar. El artículo textualmente dice:

Arto. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

56. El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, Arto. 27 ha sido aplicado expresamente a los Mískitu y otros pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, durante los conflictos con el gobierno Sandinista en la década de los 80,[29] aun antes que fuera expresamente introducido al ordenamiento jurídico nacional, por el Arto. 46 de la Constitución, este artículo literalmente establece:

Arto. 27.- En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

57. De la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Convención Americana”) también introducida a la Constitución por el Arto. 46, ha sido aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión Interamericana”) en lo referente a las tierras indígenas de estos pueblos, claramente estableció que los estados miembros de la OEA deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana se pronunció específicamente a favor de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua durante los enfrentamientos armados entre estas comunidades y pueblos indígenas, y el gobierno Sandinista a principio de los años 80, e instó al Estado para que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura; derechos que posteriormente fueron recogidos por la Constitución Política en 1987. Desde entonces la Comisión Interamericana exigió al gobierno de Nicaragua:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.[30]

58. Mas recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Corte Interamericana” o “La Corte”) emitió, el 31 de agosto del 2001, una sentencia sin precedentes. La Corte Interamericana condena al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni, de la RAAN; al otorgar una concesión sin respetar los derechos tradicionales comunales sobre las tierras que tradicionalmente han utilizado.

59. La Corte considera que cuando el Arto. 21 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” también “protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”.[31] Ya que los indígenas poseen la tierra de manera colectiva, de forma que la pertenencia no se centra en el individuo sino en la comunidad, la estrecha relación que tienen los indígenas con sus tierras constituye “la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión o producción; sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.[32] Para la Corte Interamericana basta la posesión de estos pueblos, que histórica y tradicionalmente han ocupado sus tierras comunales, para que éstas obtengan el reconocimiento oficial del Estado y, por consiguiente, la titulación de sus tierras. Por lo que consideró la falta de aprobación de una ley, que asegurara estos derechos, una violación por omisión, a los Derechos Humanos de esta comunidad indígena.

60. La Corte Interamericana al condenar al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad de Awas Tingni “considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua”… refiriéndose a los Arto. 5, 89, 180 Y 4 y 9 de la Ley 28, al Arto. 31 de la Ley de Reforma a la Reforma Agraria[33] y del Decreto No. 16-96 del 23 de agosto de 1996, creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Sin embargo, la Corte Interamericana en su sentencia también encuentra que a pesar de ese reconocimiento constitucional y legal, en Nicaragua no existía un procedimiento especifico para demarcar y titular “las tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo a sus características particulares”.[34] Por lo que la Corte también “considera que es necesario hacer efectivos los derechos de la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana”.[35] Por lo que, basándose en el Arto.2 de la Convención, sentencia al Estado de Nicaragua a tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no solo para la comunidad mayangna de Awas Tingni, sino para todas las comunidades de la costa Caribe. La falta de una ley, procedimiento de demarcación y titulación, o cualquier otra forma de protección a la tierra comunal tradicional, es una omisión estatal que debía ser superada, considera la Corte. Y es debido a esta Sentencia que el Estado de Nicaragua se ve en la necesidad de aprobar la Ley 445.

61. Así mismo, el 23 de junio del 2005 la Corte Interamericana, en el caso Yatama Vs. Nicaragua, nuevamente condenó al Estado nicaragüense por la violación del derecho a la garantía y protección judicial, así como los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley reconocidos en la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.

62. El politólogo Miguel González refiriéndose a los casos de Awas Tingni y Yatama ante la Corte Interamericana expresa:

Ambas sentencias han expuesto las arbitrariedades, injusticia y el uso discreto de la legislación con que los gobiernos y las elites políticas nicaragüenses se han conducido y se siguen conduciendo en relación con su trato a las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe. El derecho internacional y la defensa de nuestro régimen de autonomía parecieran ser los recursos más valiosos con que contamos los costeños para hacer escuchar nuestras voces, y denunciar las violaciones sistemáticas a nuestros derechos. [36]

63. En ambos casos la Corte Interamericana continua actualmente supervisando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de ambas sentencias, y solamente dará por concluidos estos casos, una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas. Dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos de las mismas sentencias.

64. Por lo que ha sido el derecho internacional por medio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA desde la década de los años 80, el que ha venido dando respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, ante un sistema judicial nacional que en estos casos ha resultado ineficaz.

65. Por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia en este caso debe analizar con sumo detenimiento el régimen sui generis establecido por la Constitución Política de Nicaragua que derogan tácitamente el artículo 614 del Código Civil que establece que pertenecen al Estado las tierras que no están registradas a nombre de otro dueño, tierras conocidas como baldías o ejidales, pero tomando en cuenta que en la Costa Caribe de Nicaragua y en las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aunque las tierras no estén registradas a nombres de estos pueblos o comunidades, ya la Constitución les reconoció sus derechos de propiedad por usufructo ancestral e histórico, y solamente deben demarcarlas para ser tituladas conforme la Ley No. 445. Por lo que debido a la mayor jerarquía de las normas constitucionales frente a las normas del Código Civil, debido a su posterioridad en el tiempo y debido la particularidad de las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe; el Estado no tiene asidero legal para entrar en competencia con estas comunidades por la propiedad de las tierras que tradicionalmente han ocupado. Y registrar como “de dominio publico”[37]las que se encuentren en Áreas Protegidas, sin que se haya realizado el proceso de demarcación, como pretende el Arto. 67 del Decreto 01-2007. Ya que tal acción constituiría una confiscación de hecho en contra de las tierras de estos pueblos y comunidades.

Las consecuencias de que UNESCO declare Reserva de la Biosfera Río San Juan – Nicaragua

66. La Organización de Naciones Unidas para La Educación, La Ciencia y La Cultura (UNESCO) ha otorgado la categoría de Reserva de la Biosfera, a la Reserva de la Biosfera San Juan –Nicaragua, conocida nacionalmente como Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua; y comprendida por las áreas protegidas, ubicadas sobre la totalidad del territorio Rama, como son: la Reserva Natural Cero Silva, la Reserva Natural Punta Gorda, El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, y la Reserva Biologica Indio-Maíz. Y al ser el tercer eje principal de acción de la UNESCO, a través de su programa el Hombre y la Biosfera (MAB) específicamente:

“Establecer los vínculos entre la diversidad cultural y la diversidad biológica… fundando la base de conocimiento cultural fomentando el uso sostenible… el conocimiento indígena como base para una gobernanza equitativa… y los sitios sagrados naturales, los paisajes culturales y el patrimonio intangible en la gestión de ecosistemas…”

67. Podemos concluir que el aspecto cultural y humano es fundamental para la UNESCO y sus programas, por lo que la relación entre los pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como los usos tradicionales de la biodiversidad en la Reserva, es clave para desarrollarlos; por lo que toda exclusión y mas aun la expropiación o confiscación de hecho al pueblo indígena Rama y a las comunidades Kriol de Río Maíz, resulta totalmente incompatible con los objetivos de la UNESCO y a los que el Estado de Nicaragua se ha comprometido realizar en ese contexto.

68. Sin embargo, el Decreto 01-2007 pretende “la titulación de tierras de dominio publico dentro de las áreas protegidas” lo que tendría como consecuencia la expropiación o confiscación de hecho a la propiedad tradicional de los Rama y Mískitu, y de las comunidades Kriol de Monkey Point, Río Maíz y de la Cuenca de Laguna de Perlas, por medio de las Áreas Protegidas; acción que constituye, no solo una violación a la primera obligación constitucional del Poder Ejecutivo, de cumplir y hacer cumplir tales leyes; sino que entraña violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos a los pueblos indígena y comunidades étnicas, al uso, goce y disfrute, de su propiedad comunal tradicional; de la misma forma que fueron perpetradas en el caso Awas Tingni Vs. Nicaragua por el Estado, y por ende condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otras normas constitucionales violadas

69. Además las violaciones de los derechos indígenas sobre tierras y recursos naturales, el Decreto 01-2007, constituyen en sí una grave trasgresión a la obligación del Presidente de la Republica, en su calidad de funcionario público, a ser diligente en protección de los intereses de los ciudadanos sin discriminación alguna; y de esta forma otorgar garantías particulares, a aquellas minorías étnicas que por sus propias características así lo requieran; para evitar así que estos sean discriminados por el mismo Estado. Y de omitir su obligación de garantizar tales derechos, conllevaría también responsabilidad pecuniaria sobre su propio patrimonio. La Constitución consagra estos principios en los artículos 129, 130 y 131, 150 que en su parte pertinente establecen:

“subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución…Ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confiere la Constitución y las leyes…Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones…Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo…

70. La primera función del Señor Presidente de la Republica es cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que crear e implementar un instrumento como el Decreto 10-2007, que tendría el efecto de un decreto confiscatorio, sobre gran parte de las tierras indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Wanki (Coco), Indio y Maíz, es violatorio de este principio.

El Derecho a la Consulta

71. Además, los artículos 2, 5, 7 y 50 de la Constitución Política de Nicaragua establecen la participación de los ciudadanos, sin discriminación alguna, en los asuntos públicos y en la gestión estatal, cuando establecen:

“La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación….el pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país…Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa….Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal…”[38]

72. De los anteriores artículos se deriva el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el deber del Poder Ejecutivo de consultar a estos pueblos y comunidades sobre las normas estatales que pretenden titular sus tierras como “de dominio publico”. Derecho que también está implícito en su derecho a la cultura, a la lengua a los recursos naturales y a la forma de tenencia colectiva de sus tierras comunales tradicionales, reconocidas por la Constitución y en la Ley No. 28 y No. 445, que establece la obligación de consultar a los pueblos indígena y comunidades étnicas sobre asuntos relacionados Áreas Protegidas en sus tierras y recursos naturales.[39] Específicamente la Ley de Participación Ciudadana también desarrolla estos preceptos constitucionales en el proceso de formación de las leyes, y específicamente imponiendo la obligación de consultar a los segmentos sociales, o grupos a los que una Ley o un Decreto va a afectar directamente; Como es el caso del caso del Decreto 01-2007 que afecta directamente las tierras de los pueblos indígenas de la Costa Caribe y de las cunecas de los ríos Bocay, Wanki (Coco), Indio y Maíz.

Interposición del Recurso de Inconstitucionalidad

73. Con base en todo lo antes expuesto, y en virtud de los artículo 45, 182, 183, 187 y 190 de la Constitución Política de Nicaragua y de la Ley No. 49, Ley de Amparo; respetuosamente los Recurrentes, ciudadanos y Autoridades Territoriales del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) y de las Diez Comunidades Indígenas & Afro-descendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, piden que admitáis este recurso en contra del Presidente de la Republica de Nicaragua, Comandante de la Revolución Popular Sandinista, José Daniel Ortega Saavedra, actual responsable del órgano (la Presidencia de la Republica) que emitió, sancionó, promulgó y mandó publicar, y ahora debe hacer cumplir a sus subalternos, el Decreto No. 01-2007, objeto del presente Recurso.

74. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo este Recurso se interpone en tiempo por no haber transcurrido los 60 días que señala la Ley de Amparo desde la fecha en que entró en vigencia el Decreto No. 01-2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 8 del 11 de enero del 2007.

Solicitud de que se Declare Inconstitucional el DECRETO No. 01-2007

75. En virtud de todo lo antes expuesto sobre la violación a los derechos constitucionales de los Recurrentes y para mantener y reestablecer la supremacía de la Constitución Política de Nicaragua, quebrantada por el Decreto No. 01-20007, específicamente por las violaciones constitucionales señaladas, en virtud de lo preceptuado en los artículos 3 numeral 8, 67, 68 y 69 del Decreto No. 01-2007; por medio del presente Recurso de Inconstitucionalidad solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que Declare Inconstitucional estas normas del Decreto No. 01-2007.

Notificaciones

76. Señalo para notificaciones las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en Managua.
Anexos

77. Acompaño al presente Recurso:

1.- Copia de la Certificación a favor de las autoridades del Gobierno del Territorio Rama y Kriol (GTR);

2.- Copia de la Certificación a favor de las autoridades territoriales de Laguna de Perlas;

3.- Copia de dos poderes especiales a favor de la Dra. Maria Luisa Acosta;

4.- Copia del Decreto No. 01-2007;

5.- Mapa del Territorio Rama con las Áreas protegidas señaladas;

6.- Mapa de la Reserva de Wawashan sobre el territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas;

7.-Textos (4) de este libelo, el original para la Corte, uno para el recurrido, otro para la Procuraduría General de Justicia, y uno para que me sea devuelto debidamente razonado.

Managua, veintiséis de febrero del dos mil siete.

Dra. María Luisa Acosta

Cedula Identidad Ciudadana No. 081-071059-0002V

[1]Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”.

El presente documento utiliza los conceptos de Afrodescenciente, Afrocaribeño, Creole o Kriol, y Étnico, indistintamente, el Arto. 3. de la Ley 445, define al las Comunidad Étnica de la Costa Caribe de Nicaragua, de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.

[2] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003.

[3] Ley 445. Ato 3. Para los efectos de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones: Territorio

Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades

indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y

tradiciones.

[4] Central American and Caribbean Research Council (CACRC), “Diagnostico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”. Informe Final. Marzo 1998. Bluefields y Bilwi, Nicaragua. Etnomapa. Pág. 293-297.

[5] El grupo de los ramas disminuyó en el siglo XVIII. Todavía en 1774 R. Hodgson nos habla de una gran tribu de indios rama, “a large tribe of Rama Indians”, una de cuyas ramificaciones se había separado de las otras, aunque conservando las mismas costumbres y lengua. Habrían ocupado las márgenes del río Indio hasta las cercanías del lago de Nicaragua. En 1841, sin embargo, entre la ribera norte del río San Juan y la rivera Sur del río Escondido, en una distancia de un poco más de cien kilómetros, solo quedaban 500 indios rama en Punta Gorda y 80 en Rama Key…Dos ideas, por otra parte, se desprenden del conjunto de lo hasta aquí señalado. Por una parte, la semejanza, en muchos aspectos entre la vida material de los rama y las otras poblaciones aborígenes que reflejan una adaptación particular al ambiente geográfico en que les toca vivir. Por otro lado, rasgos también constatados entre los otros grupos humanos, la extraordinaria permanencia de sus tradiciones de vida. Si ha habido cambios, “la continuidad” ha sido mas fuerte…sitios de los asentamientos, tamaño de estos y distancias entre unos y otros, señalados para 1974, datan de por lo menos tres siglos.

Romero, G. Las Sociedades del Atlántico de Nicaragua en los Siglos XVII y XVIII, Fondo de Promoción Cultural BANIC, 1995. pág. 270, 272.

[6] Colette, G. y otros. “La Lengua Rama Sobrevive. Revista del Caribe Nicaragüense” En WANI, No. 4 junio-septiembre 1986. Colette, G., Kauffman, M. “Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama”. En El Pueblo Rama: luchando por tierra y cultura. Ed. González, M. y otros. Managua, URACCAN 2006.

[7] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[8] Decreto Ejecutivo No. 42-91 “Declaración de áreas protegidas en varios cerros macizos montañosos del País” Arto.1- Declara como áreas protegidas de interés Nacional los siguientes accidentes orográficos; en el Departamento de Chontales; los cerros de Wawashan, Cerro Silva (incluyendo a Punta Gorda) Yolaina y Chiripa con sus bosques aledaños, en la Regio Autónoma Atlántico Sur. Y el Decreto de Creación de Reservas Forestales, Decreto 38-92, del 26 de junio de 1992, Creación de Reservas Forestales. Decreto No.14-99, Publicada en La Gaceta No. 42 y 43 del 2 y 3 de Marzo de 1999.

[9] Considerando V, Decreto 38-92 Creación de la Reservas Forestales.

[10] Suscrita por Nicaragua el 2 de febrero de 1971, ratificada por la Asamblea Nacional por medio del Decreto No. 21-96 del 24 de septiembre de 1996, publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 206, del 31 de octubre de 1996.

[11] Estado del Ambiente en Nicaragua 2003 II Informe GEO. Gobierno de Nicaragua Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 2004. Pág. 39.

[12] Decreto de Creación de Reservas Forestales, Decreto 38-92, Arto. 6.- Las comunidades étnicas asentadas históricamente junto a las lagunas, litorales, o en las riveras de los ríos que penetran en las Reservas, podrán continuar con sus prácticas de subsistencia tradicional y aprovechamiento con fines domésticos de los recursos vivientes de flora y fauna que tradicionalmente han extraído de las áreas declaradas como Reservas Forestales.

[13] Según la Plataforma Electoral Preliminar RAAS del Consejo Supremo Electoral-Dirección General de Cartografía y Estadísticas, entregado a los partidos políticos durante la selecciones de la Costa Caribe del 2006, en el Área de la Circunscripción 15 Zona de Kukra Rivers (excluyendo al Bluff), las juntas receptoras de votos de: Caserío Los Cocos, Cooperativa Santa Eliza, Musilayna, Krisimbila, Kukra Rivers, San Mariano-San Nicolás, Comarca Nuevo San Antonio, Bahía de Monkey Point, Isla Rama Kay, Torsuani-Dokuno, Polo de Desarrollo (Daniel Guido), Río Maíz, Comarca Masayon (Punta Gorda) comarca el Coco- Punta Gorda; existen unas 4,417 personas inscritas en el Padrón Electoral para votar.

[14] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) http://inec.gob.ni

[15] El Decreto No. 2878, QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN FERROCARRIL INTEROCEÁNICO A FAVOR DE LA EMPRESA CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA (“CINN”) Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 91 del 16 de Mayo del 2001.

[16] Decreto A.N. No. 2879, QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN FERROCARRIL INTEROCEÁNICO EN FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTE GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (SIT/GLOBAL) aprobado el 28 de Marzo del 2001, publicado en La Gaceta No. 91 del 16 de Mayo del 2001.

[17] http://www.thephenixgroup.com/old/articles/Spanish/Golder Wins Nicaraguan Corridor Project – SP.doc

Giant Group Holdng Limited of Hong Kong & China y Petromex Fox de Méjico son dos de las empresas interesadas en invertir en la construcción de un oleoducto entre el Cribe y el Pacifico de Nicaragua. Richard Wojcik declaró “Llevamos 5 años de estar trabajando en la fase de preconstrucción del proyecto y en ese tiempo hemos trabajado en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y con el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), en los estándares adecuados y términos de referencia para la evaluación del impacto al medio ambiente”. Guerrero N., Ricardo. Empujan proyecto de Oleoducto. La Prensa. Negocios y Economía. 11-1-07.

[18] La carretera es considerada como parte de la estrategia de caminos rurales de conformidad con el Plan Nacional de Transporte (PNT) preparado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) in el año 2000.

Para mayor información ver: CABAL (2006a) Evaluación Ambiental y Social Regional de la Carretera Nueva Guinea-Bluefields. Informe Final.

[19]3.3 Conclusiones sobre la viabilidad

La viabilidad ambiental de la carretera no puede ser asegurada si no se toman, con suficiente antelación, medidas para ponerle fin o por lo menos reducir la intensidad del actual proceso de expansión de la frontera agrícola y ocupación del territorio.

La viabilidad social del proyecto únicamente podrá lograrse con un mínimo de conflicto, a través de la demarcación y el saneamiento del territorio demandada por el pueblo indígena Rama y las comunidades étnicas.

Los impactos potenciales directos de la carretera sobre el humedal sólo se consideran aceptables si el cruce de los ríos y el paso a través del suampo de Lara se hacen de manera tal que se asegure el mantenimiento integral de los flujos hídricos actuales y el movimiento de la fauna.

Misión Ramsar de Asesoramiento No 57 Informe Final, Bahía de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua (2005) www.ramsar.org/ram/ram_rpt_57s.htm – 143k – 2. Análisis de la situación actual.

[20] Ver supra nota 8.

[21] Ley 445. Arto. 46.- El procedimiento de delimitación y reconocimiento legal de las tierras comunales se iniciará con la presentación de la solicitud escrita, que deberá contener:…Un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades, el cual deberá contener: a) Los antecedentes históricos de la comunidad o comunidades solicitantes; b) Las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la comunidad o comunidades solicitantes; c) Las formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del área solicitada; d) El nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de otras entidades o personas que ocupen tierras colindantes con las áreas solicitadas; e) Los eventuales conflictos que tenga la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o con terceros.

[22] “Los pueblos indígenas y sus autoridades rechazan de forma determinante los conceptos de “co-manejo” y “co-dominio” de la propiedad indígena y sus recursos, que el Estado de Nicaragua ha intentado introducir en los títulos de propiedad comunal, pues dichos conceptos violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los participantes a la reunión de Bluefields exigen al estado de Nicaragua desistir en su pretensión de controvertir el marco legal que garantiza los derechos de propiedad de los pueblos indígenas”

DECLARACIÓN GENERAL DE FORO DEMARACION Y TITULACION DE LA PROPIEAD COMUNAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LAS REGIONES AUTONOMAS, ANÁLISIS DE LA LEY 445: AVANCES Y DESAFIOS DEL PROCESO, organizado por la Universidad URACCAN, Bluefields 29 y 30 de noviembre del 2005.

[23] La lista de comunidades y territorios en proceso de demarcación fueron tomadas de la presentación de la Lic. Lourdes Aguilar Gibbs, Presidenta de CONADETI, en el Foro de Consulta y Dialogo, denominado “Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal y la Aplicación de la Ley 445” realizado en Bluefields el 26 de Septiembre del 2006.

[24] La ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley. La derogación de la ley puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación expresa será total o parcial, según lo manifieste la ley derogatoria. La tácita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versan sobre la misma materia.

Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua. De la derogación de la ley XXXIV, XXXV, XXXVI.

[25] Reformas de los Artos. 19 y 139 del Reglamento del Registro Publico. Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.187, del 5 de septiembre de 1945.

[26] López. Fermin. “Estado confiscó tierras a indígenas” El Nuevo Diario. 2 de octubre 2006. http://www.elnuevodiario.com.ni/2006/10/02/nacionales/30353

[27] “El presidente Enrique Bolaños informó que todavía están pendientes otros cuatro territorios, los cuales ya recibieron sus títulos de propiedad, pero no han sido registrados por procedimientos legales. “Esas comunidades no han podido ser registradas, hay procesos legales que han estorbado. Estos (Mayangna Sauni As) se han dedicado a trabajar más diligentemente”, indico Bolaños.” Garth M. José y Loaisiga L. Ludwin “Titulan tierras a los Mayangnas. Benefician a 16 mil personas”. La Prensa. 28 de septiembre del 2006. http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2006/septiembre/28/noticias/nacionales/146625.shtml

[28] Ley 445. Artículo 26.- Para declarar áreas protegidas en propiedades comunales, el Estado deberá acordar con los representantes legales de la comunidad indígena la emisión del decreto legislativo correspondiente para emitir tal declaración. En el caso de que las comunidades se opongan al procedimiento, éste deberá realizarse de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la presente Ley.

Artículo 27.- La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las de comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.

Artículo 28.- El Plan de Manejo de las áreas protegidas en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades

[29] Informe sobre los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II/.62 doc. 10 rev. 3, 20 noviembre 1983.

[30] Ídem Págs. 78-79.

[31]Párrafo 48 de la Sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

[32] Ídem párrafo 148.

[33] Arto. 31.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Mískitas, Sumos y Rama puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

[34] Awas Tingni Vs. Nicaragua, párrafo 164.

[35] Ídem párrafo 138.

[36] M. González, D. Figueroa. “La Victoria Yatama” La Prensa, Página de Opinión. 25 de julio 2005.

[37] El nuevo enfoque o conjunto de principios para orientar las relaciones del Estado y la Sociedad Nacional nicaragüense con los pueblos indígenas del país, también como en el caso de los demás países de Hispanoamérica, son de reciente aparición. En el caso de Nicaragua, el surgimiento y la definición de estos lineamientos se encuentran ligados a un conjunto de hechos históricos de reciente ocurrencia, casi todos relacionados con las comunidades indígenas y criollas o creole de la Costa Atlántica…los dos ordenamientos que contienen las reglas básicas de este nuevo modelo de relación, se hallan en la Constitución Política de Nicaragua adoptada en el año 1987, con las reformas que le fueron introducidas en 1995, y en la llamada Ley de Autonomía de Septiembre del mismo año de 1987. También aparecen algunas de tales normas en varios Convenios internacionales ratificados por Nicaragua y en diferentes leyes nacionales que han introducido diversas y dispersas disposiciones sobre el tema…Podría compendiarse el contenido de los nuevos lineamientos de política indígena en los siguientes temas de interés básico:

…El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a mantener los elementos de su cultura tradicional como factores importantes de su identidad como agrupaciones humanas y de sus posibilidades de aporte al enriquecimiento de la sociedad nacional nicaragüense.

El derechos de los pueblos indígenas y comunidades criollas a conservar, desarrollar y hacer uso de sus formas tradicionales de organización, de autoridad y de gobierno interno y a participar a través de ellas, o de otras nuevas que puedan crear al efecto, en la vida regional y nacional.

El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a que se les reconozca, según sus modelos de tenencia y uso tradicionales, el dominio de las tierras que han ocupado de tiempo atrás y que constituyen elemento esencial de su vida económica y social actual y garantía de su mantenimiento y desarrollo futuros.

El derecho a tener acceso a sus recursos naturales de sus territorios tradicionales, a fin de proveer a la satisfacción de sus requerimientos…

Roldán. R., Derechos sobre las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Informe Final (contrato de Trabajo OPA-062-96). Proyecto de Tecnología Agropecuaria y Ordenamiento de la Propiedad Agraria. Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), mayo 1996, pág. 41-42.

[38] Normas similares a la establecida en el Art.50 Cn. sobre la participación ciudadana se encuentran contenidas en los Art. 25 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; Art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, todos instrumentos formales de derechos humanos ratificados por Nicaragua y constituidos como parte integrante de la Constitución Política por medio del Art.46 Cn.

[39] Ver supra nota 28.

Demanda de Punta de Aguila

SEÑORA JUEZA CIVIL DEL DISTRITO DE BLUEFIELDS

Yo, María Luisa Acosta, mayor de edad, casada, abogada y de domicilio de la ciudad de Bluefields, en calidad de apoderada legal de las comunidades de Monkey Point y Rama, de conformidad con Poder General Judicial otorgado el veintidós de febrero del año dos mil uno, bajo los oficios notariales del Lic. Carlos Lenin Cabezas Elizondo (el cual adjunto), por sus autoridades tradicionales elegidas de conformidad con las costumbres y tradiciones comunales, un derecho de rango constitucional establecido en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, y de conformidad con la Ley 261 que modificó la Ley 40 o Ley de Municipios en sus artículos 67 a 69, por medio de la cual el Sr. Alcalde de Bluefields certifica a las autoridades tradicionales comunales de Monkey Point y Rama Cay como los representantes de las comunidades mencionadas y asentadas en el territorio Rama, los Sres:

PEDRO MCREA, de la etnia Rama, pescador y agricultor, casado, Primer Vocal de la de la Junta Directiva de la Comunidad de Monkey Point, y del domicilio de Punta de Aguila/Cane Creek ;

BERNICIA DUNCAN, de la etnia criolla, soltera, Sindica de la Comunidad de Monkey Point, del domicilio de Monkey Point;

PEARL MARIE WATSON PRESIDA, de la etnia criolla, soltera, Coordinadora de la Junta Directiva de la Comunidad de Monkey Point, y del domicilio de Monkey Point;

CARLOS JOHN OMIER, de la etnia Rama, Profesor de primaria, casado, Presidente de la Junta Directiva de la Comunidad de Rama Cay del domicilio de Rama Cay; y

ABELARDO MCREA JOHN, de la etnia Rama, pescador y agricultor, casado, Vice-Presidente de la Junta Directiva de la Comunidad de Rama Cay del domicilio de Rama Cay; todos mayores de edad. A Ud., con el debido respeto comparezco y expongo:

L O S D E M A N D A N T E S

La Comunidad Indígena Rama, (“la Comunidad Rama”, “el Pueblo Indígena Rama” o “Los Rama”) es uno de los 3 pueblos indígenas originarios de Nicaragua junto con los Miskitos y los Mayagnas (Sumo), sus integrantes actualmente ocupan las áreas Rama Cay/Western Hill, La Zompopera y del Coco (Kukra River), Dokuno-Torswani, Wiring Cay, Monkey Point, Punta Aguila/Cane Creek, Punta Gorda, en el Municipio de Bluefields en la Región Autónoma Atlántico Sur, y en el Río Maíz y Río Indio en el Departamento de Río San Juan. Los Rama cuentan con 11 títulos reales expedidos por la Comisión Tituladora de la Mosquitia sobre parte de su territorio, y el resto lo han poseído tradicional e históricamente.

La Comunidad Étnica, Creol o Criolla de Monkey Point esta formada por creoles o criollos, de habla creol o ingles criollo, habita el área de Monkey Point, a 29 millas al sur de Bluefields, desde hace mas de 100 años llegaron y se establecieron junto a los habitantes históricos del área, el Pueblos Indígena Rama con los que desde entonces han convivido y conformando en esa área una comunidad multiétnica. Las Tierras del área de Monkey Point han sido tradicional e históricamente ocupadas conjuntamente por la comunidad étnica de Monkey Point y por el Pueblo Indígena Rama. Y aunque el asentamiento principal del Pueblo Indígena Rama esta ubicado en Rama Cay, en esta área se encuentra el asentimientos de Punta de Aguila/Cane Creek situada a unos 55 Km. al sur de Bluefields la que convive con la comunidad Creol de Monkey Point.

El Sr. Pedro McRea, personalmente y sumándola de sus antecesores, en su calidad de miembro de la Comunidad Rama de Punta Aguila/Cane Creek, de manera quieta, continua, pacifica, ininterrumpida, y de buena fe, ha poseído las 80 Has. por más de 30 años y especialmente durante el año inmediatamente anterior a la iniciación de las perturbaciones, por lo que conserva su estado posesorio sobre el que ahora invoca protección judicial, ya que estuvo en posesión de las mismas por décadas y específicamente entre el período comprendido entre la segunda semana de febrero del año 2000 y la segunda semana febrero del año 2001 cuando comenzó la perturbación. La comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek es una de las últimas comunidades que aún conserva viva la lengua Rama, lengua que pertenece a la familia Chibcha relacionada con las lenguas indígenas que se hablan al oriente de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. (Colette G. Craig, lingüista de la Universidad de Oregon, EEUU. WANI No.6, Managua, Nicaragua,1987).

Los miembros de estas comunidades necesitan grandes extensiones de terreno ya que viven de la agricultura itinerante, cultivan maíz, arroz, frijoles, coco, fruta de pan, banano, plátano, pijibaye, etc., para el autoconsumo. Cazan, venados, armadillo y jabalí o chancho de monte en los bosque. Pescan en el río sábalo, mojarra, guapote, moga pinta, y también pescan en los cayos y el mar. Cortan la madera solamente para su propio uso, y la utilizan en la construcción de viviendas y pipantes, su principal medio de transporte. La economía de estas comunidades es de subsistencia y depende exclusivamente de la tierra comunal y del bosque. La relación que estos pueblos indígenas tienen con la tierra va mas allá de la relación económica occidental, ellos poseen la tierra de manera colectiva y su relación con esta contiene también elementos de tipo espiritual, cultural y religioso, que pertenecen a una cosmovisión propia. El indígena no pretende dominar a la naturaleza sino que convive con ella como parte integrante y armónica de la misma. Por lo que para los pueblos indígenas y étnicos la perdida de su territorio constituye la perdida de la identidad, la cultura y de la posibilidad de mantener su propia sobrevivencia como pueblo.

A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Sentencia del 31 de Agosto de 2001 en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, donde la Corte reconoce el derecho de la Comunidad de Awas Tingni sobre sus tierras comunales tradicionales, a pesar de no tener título sobre las mismas, en párrafo 149 expresa:

“ (…) Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre la forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.(…) Para las comunidades indígenas la relación con latiera no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Para los demandantes, el Sr. Pedro McRea y las autoridades tradicionales de la comunidad de Monkey Point y del Pueblo Rama, el territorio Rama es uno solo e indivisible y la perturbación tendiente a la usurpación de estas 80 Has. en litigio afecta no solo su unidad territorial como base de su subsistencia, a nivel individual; sino que también afecta su reafirmación cultural, tradicional e histórica, base fundamental se su cosmovisión y de sobrevivencia como pueblo.

A este respecto la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en la sentencia No. 123 de la 1:30 p.m. del 13 de junio del 2000 sobre el Recurso de Amparo presentado por el miembro del la comunidad de Rama Cay, Francisco Walter Rocha en contra del Delegado del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) en la RAAS Gilberto Rodríguez en un caso de invasiones de colonos en el territorio Rama, establece:

“(…) Constituyen tales preceptos (Art. 5,89 y 180 Cn.) toda una garantía constitucional que tiene como origen la existencia de un mecanismo por medio del cual se mantenga y garantice la tenencia y dominio de las comunidades sobre sus tierras para el uso, goce y disfrute de las mismas. La característica principal de la propiedad comunal y que la diferencia de las formas convencionales de propiedad, es que las tierras pertenecen en común y colectivamente a las comunidades indígenas, las que tienen como origen de su tenencia y dominio el use, goce y disfrute de sus antepasados. Esta forma o sistema de propiedad comunal origina la idea de propiedad indivisible y trae como consecuencia el hecho innegable de lo que le pase a uno le pasa a todos y cada uno de ellos…

Los Demandantes en su calidad de miembros y de comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua cuentan además con el justo titulo que le otorga el régimen especial de tierras indígenas contemplado en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y en el Arto. 36 de la Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

EL D E M A N D A D O

El Sr.Peter Tsokos, es mayor de edad, soltero, comerciante de tierras, y residente en los Estados Unidos de América. El Sr. Tsokos comercia bienes raíces tales como islas y propiedades junto al mar que desde Miami, Florida, Estados Unidos, ofrece por medio del internet en las direcciones: http://www.tropica.islands.com y www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html , con precios entre US $75.000.00 a US $ 500.000.00 cada una.

LOS H E C H O S

Las Comunidades Etnica de Monkey Point e Indígena Rama de Cane Creek/Punta de Aguila han compartido un mismo espacio territorial en el área de Monkey Point por siglos, sin embargo antes de la llegada de los criollos de Monkey Point el Pueblos Rama ya poseían este territorio. Por lo que el Sr. Pedro McRea junto con los miembros de ambas comunidades, han estado personalmente y agregando la posesión de sus antecesores y ancestros, en posesión quieta, continua, pacifica, ininterrumpida, publica, de buena fe por más de 30 años ; y desde 1987 con el justo titulo le otorga el régimen sui generis o especial de tierras indígenas creado por la Constitución en sus Artos 5, 89 y 180 y por el Arto 36 del Estatuto de Autonomía. Por lo que estando dentro del año en que se iniciaron las acciones de perturbación y despojo de la tierra comunal por parte del Sr. Tsokos, iniciamos estas acciones para que la posesión nos sea protegida.

El Sr. Tsokos comenzó a mediados de marzo del 2001 a colocar mojones, cortar el bosque, construir un mueye y una casa y a pretender usurpar lote de 80 Has. que según él linda al NORTE: con el resto del lote del Señor Herman Emanuel Presida y área ocupada por el Señor Charles Presida; SUR: Terreno nacional; ESTE: Mar Caribe, y OESTE: Sucesión de Isaac Rambler y resto del lote del Señor Herman Emanuel Presida. Todo lo que se encuentra en una playa llamada “Long Beach”dentro del territorio Rama, en la Comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek cerca de Monkey Point y dentro de la Reserva Forestal Cerro Silva y que forma parte del proyecto de conservación del Corredor Biológico del Atlántico impulsado por el Banco Mundial.

Antes y durante de la construcción de la casa el Sr. Tsokos envió al Sr.Chary Presida, miembro de la comunidad de Monkey Point, a negar que fuera el Sr. Tsokos el dueño y promotor de todas estas acciones y a decir que era el mismo Chary Presida el que estaba adelantando esos trabajos; además de manera subrepticia mantuvo oculta la madera cortada y escondida en el bosque para que los comunitarios no la vieran; y posteriormente la construcción la realizó en tiempo record auxiliándose de mas de 20 hombres traídos de Bluefields y armados de hachas, machetes, rifles 22, rifles 3030 y AK-47, ante los ojos impávidos de la indefensa comunidad indígena Rama de Punta de Aguila/Cane Creek.

Y al terminar los trabajos de construcción de la casa el Sr. Tsokos ha dejado varios hombres armados posesionados de las 2 casas que construyó, y quienes de manera desafiante recorren las 80 Has. armados dentro de la tierra comunal de la Comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek.

Además el Sr. Tsokos ahora está ofreciendo en venta las tierras comunales del Pueblo Rama, específicamente el área de ”Long Beach” vía internet de 1 lote de 25 acres de tierra frente a la playa en US $125,000.00; 1 lote de 20 acres en US $75.000.00; 1 lote de 40 acres por US $95.000.00; y 4 lotes de 25 acres de tierra en US $ 80.000.00 cada uno. De los que pretende obtener un total de US $ 615.00.00 (“Long Beach Beach Front Lots Caribbean Nicaragua” tomado de http://www.tropical-slands.com/Long_beach.htm del cual adjunto copia).
EL D E R E C H O

Es de la naturaleza de los Interdictos Posesorios, como los aquí invocados, atender a cosas urgentes evitando que las partes se hagan justicia por si mismas y que estos hechos exploten en violencia o para prevenir un daño futuro de difícil o imposible reparación. Estas acciones por medio de esta demanda sumaria interdictal tienen por finalidad especifica evitar la perturbación y eldespojo, o sea proteger EL HECHO PURO Y SIMPLE DE LA POSESION, CON EL CUERPO Y EL ANIMO en 80 Has. del área las Comunidades étnica de Monkey Point e indígena Rama de Cane Creek/Punta de Aguila, donde el Sr. Pedro McRea y sumando lade sus antecesores en su calidad de miembro de estas comunidades, ha poseído de manera quieta, continua, ininterrumpida, pacifica, publica y de buena fe y con justo título por tiempo muy superior a un año y específicanmente en el año inmediatamente anterior alinicio de las perturbacionesy eldespojopor parte del Sr.Tsokos. Ya que la posesión de estas tierras han estado históricamente y tradicionalmente bajo las Comunidades de Monkey Point y Rama. Baso esta Demanda el los Artos. 265 Pr. 1650-1683 Pr. 1715-1719, 1732, 1733, 1734, 1745, 1783, 1777, 1778, 1786, 1800, 1811 C.; Artos. 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y en el Arto 36 del Estatuto de Autonomía, creadores del régimen especial de tierras indígenas. Este régimen especial o sui generis constituye el reconocimiento estatal de la existencia de pueblos indígenas y comunidades étnicas en la Costa Atlántica de Nicaragua y del derecho que tienen a la elección de sus autoridades, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, y de sus derechos al uso, goce y disfrute de sus tierras comunales ancestrales. Las que poseen de manera colectiva. Este régimen establece además que las tierras comunales son las que tradicional e históricamente mente han utilizado estas comunidades y son “inagenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son inprescriptibles”.

J U R I S D I C C I O N Y C O M P E T E N C I A

Los Interdictos como la Querella de Amparo y Restitución se tramitan como Procesos Sumarios cuando, como en este caso, son de mayor cuantía (1651 Pr. B.J. 159 de 1966) por lo que el Juez Competente es el Juez Civil del Distrito. Y al estar ubicada la propiedad que el Demandado está perturbando y pretende usurpar en la Municipalidad de Bluefields, el Juez Competente es la Sra. Jueza Civil del Distrito de Bluefields.

LAS P R U E B A S

En su momento señalare las pruebas necesarias apara probar todo lo aquí aseverado, por medio de testimonios, documentos, peritos, inspección judicial o por cualquier otro medio de prueba pertinente. Por ahora presento y pido que se tengan como pruebas todas las documentales anexas al presente libelo.

EL P E T I T O R I O

El presente caso constituye un verdadero intento de despojo permanente de la posesión tradicional e histórica de las comunidades étnica de Monkey Point e indígena Rama, ya que estas aun conservan el estado posesorio porque la perturbación y el despojo es menor a un año, por lo que para obtener la restitución plena de la posesión debo iniciar las acciones que en derecho corresponde. En esta virtud vengo a demandar, como en efecto demando, al Señor Peter Tsokos, con las acciones de INTERDICTO DE QUERELLA DE RESTITUCIÓN Y DE AMPARO. De RESTITUCION en el área de las casa y del mueye que ha construido el Demandado y en las que ha apostado hombres armados y de AMPARO sobre el área restante a las 80 Has. que son objeto de perturbación de la propiedad, ya que estas no han sido cercadas. Y para que su autoridad por medio de sentencia definitiva, declare con lugar los interdictos y ordene inmediatamente se proteja la posesión que esta siendo perturbada y despojada a las comunidades étnicas de Monkey Point e indígenas y Rama, ordenando al Demandado retirar los mojones que ha instalado, las cabañas y el mueye que han construido y retirar a los hombres armados que han colocado dentro de las casa en nuestras tierras comunales. Se condene al demandado en costas, daños y perjuicios causados a las demandantes.

SOLICITUD DE MEDIDAS DE GARANTÍA INMEDIATAS

Debido a la urgencia de este caso de manera inmediata pido las siguientes seguridades o medidas cautelares contra el Demandado para evitar daños irreparables a las Comunidades, de conformidad con el Arto. 1654 in fine Pr. que establece: “El que intente Querella de Amparo … Si pidiere seguridades contra el daño que fundadamente teme, especificará las medidas o garantías que solicite contra el perturbador, y el juez las acordará sin ningún trámite y aún sin notificar al querellado, si la urgencia a sí lo exigiere”. Por lo que Pido:

1.- Que ordene al Sr. Peter Tsokos abstenerse de seguir ofreciendo en venta los lotes en de la propiedad en disputa, de manera directa o indirecta, a potenciales compradores y especialmente por medio de anuncios en periódicos, revistas, en los sitios de internet, www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html y http://www.tropica.islands.com , o en cualquier otro medio, dentro y fuera del país. Ya que esas ofertas van dirigidas a personas que no conocen la situación legal especial de esas tierras comunales y pueden ser presas fáciles de lo que consideramos sería una estafa para ellos; esto hasta que se dilucide la posesión legal de las mismas por medio de una sentencia firme en el presente juicio. De no tomarse esta medida cautelar, la venta de esta propiedad causará daños irreparables para esos terceros compradores inocentes; para las comunidades indígenas directamente afectadas y para nuestro país que posteriormente va a enfrentar los reclamos de los extranjeros y de las comunidades indígenas ante el ya sobrecargado de trabajo Poder Judicial de Nicaragua. Además para evitar la publicidad negativa que deja al país que un especulador de tierras venda la tierra indígena a extranjeros inocentes que luego no podrán entrar en posesión de la misma sin que las autoridades competentes tomen medidas para evitarlo y de esta forma ahuyentar a la inversión extranjera seria. Ya que de vender estas tierras actualmente en litigio, nuevamente el Sr. Tsokos se llevaría el dinero al extranjero, como lo hizo con la venta de los Cayos Perlas, y nuevamente dejaría el problema a los compradores, a los indígenas, y al Estado. Ya que en sus anuncios está ofreciendo como tierras privadas playas que en este país están fuera del comercio y que además constituyen tierra indígena (“inajenables” de conformidad con el Numeral1 del Art. 36 del Estatuto de Autonomía) esencial para la subsistencia de estos pueblos. Y además sujetas a las restricciones propias de las áreas protegidas por estar dentro de la Reserva Forestal de Cerro Silva.

2.- Libre constancia de que las 80 Has. registradas bajo el Número 50097 Asiento 1º,. Folio 139 Tomo 281 Libro de Propiedades, Sección de Derechos Reales, Columna de Inscripciones del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Bluefields situadas en Long Beach y anunciadas en el internet por el Sr. Peter Tsokos en las direcciones siguientes: www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html y
http://www.tropica.islands.com , están en litigio por medio de la Querella de Amparo y de Restitución presentada por las comunidades Étnica de Monkey Point e Indígena Rama ante este Juzgado .

LOS A N E X O S

1.- Mapa del Territorio Rama elaborado por el pueblo Rama conjuntamente con el proyecto Carribean and Central American and Carribean Research Council (CACRC) contratado por el INRA con fondos del Banco Mundial para realizar un el Diagnostico General sobre la Tenencia de Tierra en las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua, realizado en 1998;

2.- El documento “Long Beach Beach Front Lots Caribbean Nicaragua” tomado del internet en http://www.tropical-slands.com/Long_beach.htm el día 27 de enero del 2002;

3.- La Publicación de La Prensa Literaria del 30 de junio del 2001 “Los Indios Rama de la Costa Caribe Nicaragüense” por Bernard y Judi Nietchmann;

4.-Executive Sumary of the Diagnostic Study on Rama Indian Community Landas by Jarry Muller;

5.- Fragmento del Area No.7 del documento elaborado por Four Directions Geograhic Consulting “Defending Rama Indian Community Lands”;

6.- Fotocopia del Poder, y original del mismo, para que este me sea devuelto una vez razonado.

7.- También anexo copias del libelo y de los anexos para el demandado de conformidad con lo establecido por el Art.125 LOPJ.

N O T I F I C A C I O N E S

Señalo para notificar al demandado, Sr. Peter Tsokos, por medio de su apoderado general Lic. Peter Martínez Fox, cuya oficina está situada del Restaurante Chinanica 75 Varas al Norte, en el Barrio Central de esta ciudad de Bluefields.

Señalo para notificaciones de los Demandantes a la Dra. María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) ubicada en la Casa 21-C del Asentamiento José Martí, del Bo. Santa Rosa de la ciudad de Bluefields.

Bluefields treinta de enero del año dos mil dos.

Dra. María Luisa Acosta

Diagnóstico de la legislación nacional sobre los pueblos indígenas de Nicaragua

Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN)

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Iíndígenas (CALPI)

DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

Y

Exposición de Motivos de la Presentación del Convenio169 como Anteproyecto de Ley Ante la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Abril del 2000

DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

CONTENIDO
INDICE DE NORMAS

I. INTRODUCCION

II. LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

1.- La Reforma Constitucional de 1995
2.- El Artículo 181 de la Constitución

III. DECLARACIONES, CONVENIOS INTERNACIONALES Y NORMAS VIGENTES EN NICARAGUA PARA LA PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

1.- Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos

2.- Instrumentos Internacionales sobre Medio Ambiente

3.- Instrumentos Nacionales para la Protección del Medio Ambiente

IV. LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

1.- El Ordenamiento Jurídico para las Comunidades Indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país

2.- El Régimen Espacial de las Comunidades Indígenas y Etnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua sobre sus Tierras Comunales

3.- El Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua

4.- La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

a) Los Consejos Regionales Autónomos en la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales

b) Los Pueblos Indígenas Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales

5- La Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua

6.- El Derecho Consuetudinario Indígena en las Leyes Vigentes

a) La Ley de Municipios y los Nombramientos de Autoridades Comunales

b) La Legislación de Familia y los Pueblos Indígenas

7.- Los Pueblos Indígenas en la Reforma Agraria

8.- La Creación de Universidades en las Regiones Autónomas

V. DECRETOS

VI. REGLAMIENTO

VII. JURISPRUDENCIA

VIII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

IX. CONCLUSIONES

XI. ANEXOS

TEXTOS DE NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA, DECLARACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES ADOPTADOS PORNICARAGUA Y DE NTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS:

1.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de Nicaragua

2. Textos de Declaraciones y Convenios Internacionales Vigentes en Nicaragua para la Protección de los Pueblos Indígenas

3.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en Diversas Leyes

4.- Textos Completos de Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, Reglamentos Internos Vigentes en el Ordenamiento Jurídico Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas

a) Instrumentos Internacionales
b) Leyes
c) Decretos
d) Reglamentos Internos
e) Anteproyectos de Ley

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

1.- Compatibilidad del Convenio169 con la Constitución y Otros Instrumentos Internacionales Ratificados por Nicaragua

2.- El Contenido del Convenio169

3.- Exposición de Motivos

4.- Texto del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

INDICE DE NORMAS

I. LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y la Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Ley No.192 del 1 de Febrero de 1995. Arts. 5, 8, 11, 49, 89, 90, 91, 99, 103, 107, 121, 180 y 181.

II. DECLARACIONES, CONVENIOS INTERNACIONALES Y NORMAS VIGENTES EN NICARAGUA PARA LA PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

1.- Normas Internacionales sobre Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos; aceptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (XXX), del 10 de diciembre de 1948.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia 1948.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Nicaragua deposita el instrumento de adhesión el 15 de febrero de 1978.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Nicaragua se adhiere el 15 de febrero de 1978.

La Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; ratificada por medio del Decreto Ley No.55 del 25 de septiembre de1979.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; suscrito por el Gobierno de Nicaragua el 17 de noviembre de 1968 y firmado el 17 de noviembre de 1988.

La Resolución sobre la Declaración del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

El Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.

2.- Normas Internacionales Sobre Medio Ambiente

Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo; emitida en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.

Resolución del Parlamento Europeo sobre el año 1992, los Pueblos Indígenas y el Quinto Centenario. Luxemburgo 12 de marzo de 19992. Resolución No. 133-334/92 begin_of_the_skype_highlighting 133-334/92 end_of_the_skype_highlighting.

Resolución sobre las Medidas Internacionales Necesarias para una Protección Efectiva de los Pueblos Indígenas. Parlamento Europeo. 9 de febrero de 19994.

Ratificación del Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Decreto Legislativo No. 61-92 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 222 del 19 de noviembre de 1992.

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Areas Silvestres Prioritarias en América Central; ratificado por medio del Decreto No. 49-95 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198, del 23 de octubre de 1995.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por medio del Decreto No. 56-95 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245, del 29 de diciembre de 1995.

3. Instrumentos Nacionales para la Protección del Medio Ambiente

Normas sobre Medio Ambiente en la Constitución Política de Nicaragua, Art. 60 y 102; y

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

III. LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

Ley Legislativa de 16 de Febrero de 1906, derogada por la Ley de 3 de Junio de 1914 y declarada vigente por la Ley de 24 de Abril de 1918.

Ley de 3 de Junio de 1914 que derogaba la de 16 de Febrero de 1906 sobre venta de terrenos de Comunidades Indígenas, y reglamenta la administración de los bienes de dichas Comunidades.

Ley de 6 de Agosto de 1918 Sobre Estatuto de Comunidades Indígenas.

La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 11 de Marzo de 1952 sobre Elecciones de las Juntas de Administración de los Bienes de las Comunidades Indígenas.

Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

Ley 212 o Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 7 del 10 de enero de 1996.

Ley No.217 o Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996.

Ley No.162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996.

Ley 218 o Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades BICU y URACCAN en la Ley de Autonomía de Educación Superior, publicada en El Nuevo Diario, del 5 de septiembre de 1996.

Publicación Oficial de los Derroteros Municipales de la República de Nicaragua. Anexo I de la Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 183, del 27 de septiembre de 1996.

Ley No. 185 o Código del Trabajo de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 205, del 30 de octubre de 1996.

Ley No.230 o Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191, del 9 de octubre de 1996.

La Ley No.40 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988. Y Ley 261 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 20 de agosto de 1997.

Ley No. 278 o Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 239 del 16 de diciembre de 1997.

Ley No. 88 o Ley de Protección a la Propiedad del 30 de marzo de 1990.

Ley No. 209 o Ley de Estabilidad de la Propiedad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 233 del 12 de diciembre de 1995.

Ley No.287 o Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua del 24 de marzo de 1998.

Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de la República de Nicaragua y su reglamentación publicada en la Gaceta No. 104 del 2 de junio de 1999.

Ley No. 331 o Ley Electoral, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 24 de enero del 2000.

IV. DECRETOS

Aprobación del Proyecto de la Convención Interamericana Relativa a la Creación de un Instituto Indigenista Interamericano (Congreso Nacional) Gaceta No. 2 del 8 de enero de 1942.

Decreto No.448, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 142 de junio de 1980. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Decreto No. 782, del 19 de julio de 1981 o Ley de Reforma Agraria.

Decreto No.44-91 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 208 del 5 de noviembre de 1991 y Decreto 32-96 de Reforma al Decreto No.44-91 que declara la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60 del 2 de Abril de 1997.

Decreto 53-94 creador del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CONADIPI), publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 237 del 19 de diciembre de 1994.

Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995.

Decreto No. 49-95, Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198 del 23 de octubre de 1995.

Decreto No. 56-95, Ratificación del Convenio Sobre Diversidad Biológica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 29 de diciembre de 1995.

Decreto de Creación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 169 del 6 de septiembre de 1996. Decreto 29-96 de Reforma al Decreto 16-96, Creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica

Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996.

Decreto No. Reglamento de la Ley 260 O LOPJ, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 104 del 2 de junio de1996.

Decreto No. 14-99, Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999

V. REGLAMENTO

Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Resolución No. 148-30-10-98 begin_of_the_skype_highlighting 148-30-10-98 end_of_the_skype_highlighting.

VI. JURISPRUDENCIA

La Sentencia No. 12 de las ocho y treinta minutos de la mañana del veintisiete de febrero de 1997 sobre la aplicación del artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua.

VII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

Anteproyecto de Ley para la Demarcación y Certificación de las Tierras y Territorios de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Julio de 1996.

Anteproyecto de Ley para Reglamentar el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. Octubre de 1998.

Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Octubre de 1998.

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DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

I. INTRODUCCIÓN

La legislación sobre los pueblos indígenas de la república de Nicaragua no es muy amplia. Sin embargo, en Nicaragua encontramos dos regímenes legales bien diferenciados; uno aplicable a las comunidades indígenas del Pacífica, Centro y Norte del país y el otro para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Lo anterior tiene origen en dos desarrollos históricos diferentes de estos pueblos con relación el estado nacional. Mientras las comunidades indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país sufrieron todo el proceso de conquista y colonización española y la posterior formación del estado nacional que conllevó la perdida de sus tierras y lenguas; las comunidades indígenas de la Costa Atlántica nunca fueron conquistadas por los españoles, eran un protectorado inglés y se gobernaron bajo un régimen de Autonomía Municipal hasta y la anexión de la Mosquitia al territorio nacional se produce hasta hace poco más de un siglo en 1894. Por lo que actualmente las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica están bajo un régimen especial establecido por la Constitución Política de Nicaragua promulgada en 1987, y por el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, promulgado el mismo año, que reconocen esos hechos históricos particulares y le dan valor jurídico.

Este trabajo pretende Primero: explicar y mostrar la diferencia entre los dos regímenes legales bajo los cuales se encuentran los pueblos indígenas de Nicaragua. Segundo: compilar las normas constitucionales, instrumentos internacionales integrados a nuestro ordenamiento jurídico, leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencia y anteproyectos de leyes actualmente ante la Asamblea Nacional y Tercero: explicar las tendencias legislativas actuales y proponer un anteproyecto de ley que promueva la disminución de la brecha entre los dos regímenes legales existentes en nuestro país para los pueblos indígenas.

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II. LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

En 1987, después de un conflicto bélico de varios años entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua y el gobierno Sandinista, Nicaragua suscribió un nuevo pacto social con los pueblos indígenas y étnicos de la Costa Atlántica de Nicaragua lo que se reflejó en el reconocimiento constitucional, por primera vez en la historia de Nicaragua, de la existencia de estas comunidades y de la multietnicidad y pluriculturalidad de la población nacional. Lo anterior generó la creación de un Régimen de Autonomía para los habitantes la Costa Atlántica de Nicaragua. Este régimen quedó plasmado en el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua y fue posteriormente desarrollado en el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, a raíz de una amplia consulta realizada con todos los sectores de la sociedad costeña y como un elemento importante en el proceso de pacificación de la zona en los años 80.

Además de crear el régimen de autonomía multiétnica y regional, la Constitución Política de Nicaragua reconoce una serie de derechos para los pueblos indígenas y comunidades étnicas que estos pueden ejercer independientemente del régimen de autonomía y de sus autoridades. Derechos colectivos e individuales derivados de su calidad de miembros de estos pueblos y comunidades, que en su mayoría ejercen de manera colectiva con los otros miembros de sus pueblos y cuyo respeto pueden exigir del resto de ciudadanos del país y del mismo estado. Estos son los derechos: a no ser discriminados, a una cultura propia, a utilizar su lengua, a mantener y desarrollar sus formas tradicionales de organización y el derecho a sus tierras comunales tradicionales y a sus recursos naturales . Además de los derechos contemplador originalmente en la Constitución de 1987, la reforma constitucional de 1995, fortaleció los derechos otorgados a los pueblos indígenas de Nicaragua, sin hacer distinción entre el Atlántico y el resto del país.

1. – La Reforma Constitucional de 1995

La reforma de la Constitución Política de Nicaragua, realizada en 1995, fortaleció los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en 1987 y por primera vez en la historia constitucional de Nicaragua una constitución reconoce de manera expresa la existencia de los pueblos indígenas en su territorio. Y esta vez sin hacer diferencia entre el Pacífico, Centro, Norte y la Costa Atlántica de Nicaragua. Lo que constituye una fuerte base para la unificación del régimen legal de los pueblos indígenas de Nicaragua.

El régimen de autonomía también resultó fortalecido, ya que en la parte final del artículo 5 reformado, se reitera que para los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua se establece un régimen de autonomía y el artículo 181 de manera explícita establece como ha de ser la ley que lo establezca, diciendo que esta deberá contener las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios. Lo anterior sienta las bases para la reforma del actual Estatuto de Autonomía, el que carece de normas en este sentido, lo que ha significado en gran parte la inoperancia del régimen autonómico en la práctica. Ya que en la versión original de este artículo en la Constitución de 1987 y en cuya base se creó el actual Estatuto, solamente se decía que habría una ley que crearía el régimen de autonomía sin especificar como se regularían las relaciones de coordinación con los entes del gobierno central, municipal o el poder ejecutivo.

Otro aspecto muy importante establecido por la reforma en el artículo 181 es la obligación del Estado de contar con la aprobación de los Consejos Regionales autónomos al otorgar concesiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las Regiones Autónomas, este mandato del artículo 181 ha sido uno de los mandatos constitucionales que mas eco legislativo ha tenido a nivel nacional al haber sido reproducido por la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y al haber sido objeto de interpretación jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragu.

2. – El Artículo 181 de la Constitución

El artículo181 Cn. reviste particular importancia para el régimen de la autonomía regional, ya
que la necesidad de establecer la aprobación por parte de los Consejos Regionales para el otorgamiento de concesiones y de contratos de explotación racional de recursos naturales estatales ubicados en las Regiones Autónomas establece la oportunidad, de que las Regiones Autónomas tengan un papel activo en la toma de decisiones sobre la utilización y administración de los recursos naturales de la zona, en su aprovechamiento sostenible y en la participación económica generada por tal aprovechamiento.

También la Constitución Política de Nicaragua fortaleciendo la autonomía municipal y para dar participación a las municipalidades establece en su artículo 177 que “en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizarlos” este principio constitucional fue desarrollado en la Ley de Municipios vigente la que en su artículo 64 estable que “como condición previa” para la aprobación por el Consejo Regional la emisión anterior de la opinión del Consejo Municipal.

La participación económica y decisoria de las Regiones Autónomas y de las Municipalidades es importante para el desarrollo de su autonomía regional; pero este mandato constitucional es también importante para diferenciar claramente los derechos de estas entidades estatales de los derechos de las comunidades indígenas y étnicas como propietarios privados colectivos de sus tierras y recursos naturales. Ya que el Consejo Regional y la Municipalidad tienen una representación meramente política de los habitantes de sus jurisdicciones; pero no la representación legal necesarias para disponer de las tierras y recursos naturales pertenecientes a las comunidades indígenas y étnicas, o a cualquier otro propietario privado, cuyos bienes estén ubicados en la municipalidad o en la región.

Otro factor importante es el hecho de que la norma del artículo 181, junto con las otras normas de protección a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas establecidos en los artículos constitucionales antes mencionados, sitúan estos derechos en el rango constitucional. Lo que los convierte en derechos fundamentales protegidos por las garantías que protegen las normas de la constitución, colocados en la cúspide jerárquica de las leyes, ya que las demás leyes están sometidas a la Constitución y por lo tanto las leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le opongan o traten de alterar su mandato, no tendrán aplicación alguna de conformidad con el Art.182 de la misma Constitución Política de Nicaragua.

En aras de proteger la supremacía constitucional, cualquier individuo miembro de las comunidades indígenas o estas a través de sus representantes tradicionales comunales, podrá hacer uso de la acción de inconstitucionalidad ante la emisión de cualquier ley que viole estos preceptos constitucionales o ante cualquier acto, resolución, acción u omisión de cualquier funcionario público, o sus agentes que viole, o trate de violar estos preceptos por medio del Recurso de Amparo Administrativo.

También el Art.181Cn. ha sido objeto de algún grado de desarrollo jurisprudencial al haber sido declarado con lugar un Recurso de Amparo Administrativo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sentencia de las 8:30 minutos de la mañana del día 27 de febrero de 1997. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua decidió el caso donde dos miembros del Consejo Regional Autónomo de la RAAN presentaron el Recurso de Amparo Administrativo por considerar que se había violado el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua al haber otorgado el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) una concesión a la empresa de capital coreano Sol del Caribe S.A. (SOLCARSA). La concesión fue otorgada por el Ministro del MARENA basándose en un aval firmado por los miembros de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo y por el Coordinador Regional de la RAAN, sin que la aprobación de la concesión hubiera sido discutida y aprobada por el plenario del Consejo Regional.

Los recurrentes alegaron que sus derechos como miembros del Consejo Regional y los de sus representados habían sido violados por el Ministro del MARENA al pretender utilizar el aval como la aprobación establecida en el artículo 181 Cn., ya que la aprobación requerida solamente podía ser otorgada por el plenario del Consejo, después ser discutida y decidida en votación del plenario. Por lo que la Junta Directiva del Consejo y el Coordinador Regional no tenían competencia para emitir la aprobación ya que de hacerlo se estarían tomándo atribuciones que la ley le otorgaba al Consejo en pleno y no a ellos. La Corte acogió el argumento de los recurrentes declarando con lugar el Amparo y el 16 de febrero de 1998 el Ministro del MARENA, en un acto sin precedentes, dejó sin efecto el contrato de concesión previamente otorgado a SOLCARSA.

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III. DECLARACIONES, CONVENIOS INTERNACIONALES Y NORMAS VIGENTES EN NICARAGUA PARA LA PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Existe una estrecha relación entre los derechos humanos, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunales tradicionales y los derechos al medio ambiente. Por lo que los convenios internacionales suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos y al medio ambiente ofrecen un importante apoyo jurídico a los pueblos indígenas de Nicaragua para su subsistencia como pueblos. Además estos instrumentos internacionales tienen algún mecanismo de vigilancia sobre los Estado que los integran a sus ordenamientos jurídicos para que este cumpla con los compromisos establecidos en estos instrumentos, lo que genera garantías adicionales para exigir su observancia.

1.- Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos

Actualmente tanto la ONU como la OEA están preparando el Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Proyectos de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que evidencia la particularidad que revisten estos pueblos y la necesidad de que estos organismos internacionales les brinde su protección.

Los instrumentos internacionales más relevantes sobre la protección a los derechos humanos se encuentran incorporados en la Constitución Política de Nicaragua la que en su artículo 46 establece:

Art.46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

La importancia de que estos instrumentos internacionales estén incorporados a la Constitución radica en que al integrarse a la Constitución automáticamente se integran al ordenamiento jurídico nacional y esto los coloca en al mismo nivel jerárquico de las demás normas constitucionales. Además la lista de los instrumentos internacionales del Art. 46 no es taxativa, sino que meramente enunciativa, por lo que los demás convenios internacionales que posteriormente suscriba y ratifique el Estado, sobre derechos humanos, que no aparecen enunciados en este artículo tendrán también el mismo nivel jerárquico que la Constitución Política de Nicaragua.

El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, de rango constitucional en el ordenamiento jurídico nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua ha sido aplicado expresamente a los Miskitos y otros pueblos indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua, en lo referente a lo que establece el articulo 27, que literalmente dice:

Art. 27.-En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha establecido que sus estados miembros deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas en lo referente a sus tierras comunales. Y específicamente durante el período de conflicto en la Costa Atlántica entre los indígenas y el gobierno Sandinista en los años 80, la Comisión se pronunció en favor de que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura, exigiendo al gobierno:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.

El anterior pronunciamiento lo realizó la Comisión Interamericana aún antes de la emisión de la Constitución Política de Nicaragua de 1987, lo que tuvo gran influencia en el reconocimiento que esta posteriormente hizo sobre los derechos de los pueblos indígenas y que contribuyeron para pacificar el país.

Los Estados Miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron el decenio comprendido entre 1994 y 2004 como el Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo. A raíz de esto los gobiernos expresan el compromiso de tomar acciones, en estrecha coordinación con los propios pueblos indígenas de sus países para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo. En Nicaragua esto originó la creación del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CANADIPI) por medio de un Decreto Presidencial para cumplir con esos objetivos.

El Banco Mundial adoptó en 1991 la Directriz Operacional 4.20 se refiere a la necesidad de que las operaciones de crédito y proyectos financiados por el Banco no solo beneficien a las comunidades indígenas, sino que no las afecten de forma adversa; y la Directriz Operacional 4.01 también del Banco Mundial se refiere a la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental en las áreas donde las poblaciones indígenas pueden ser afectadas. Ambas Directrices Operacionales son dirigidas a los funcionarios del Banco y a los gobiernos prestatarios para asegurar la participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones de los proyectos financiados por el Banco que impacten a estos pueblos.

De la misma manera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento de 1990 titulado Estrategias y Procedimientos en Cuestiones Socio-Culturales, plantea la protección a las comunidades indígenas en los proyectos y préstamos patrocinados por el BID y que puedan afectarlos.

El Parlamento Europeo, en 1992 y 1994, también adoptaron directrices y lineamientos para la cooperación técnica y financiera con los diferentes países, privilegiando la participación de los pueblos indígenas de los mismos.

Para asegurar la observancia de los derechos humanos en Nicaragua la Asamblea Nacional creó en 1996 la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o Ley 212. Sin embargo, el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea Nacional, fue realizada 3 años más tarde hasta en 1999; y aunque este tiene como una de sus atribuciones nombrar al Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas este nombramiento no se ha producido. Según el artículo 18 de la Ley el nombramiento del Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas deberá hacerse “implementando métodos participativos para la postulación de la candidatura”, por lo que en la denominación de los candidatos podrán opinar las organizaciones indígenas, las ONG que trabajan por los Derechos Humanos e Indígenas y la ciudadanía en general.

Las funciones mas relevantes del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos están las de difundir la Constitución y las leyes pertinentes a los pueblos indígenas; orientar e instruir a los miembros de los pueblos indígenas en el conocimiento de sus derechos, obligaciones, libertades y garantías ante los agentes de la administración pública; fiscalizar, investigar y denunciar las actuaciones de los funcionarios públicos en materias de derechos humanos; solicitar la suspención y la destitución de las autoridades, funcionarios y empleados públicos que lesionen los derechos humanos sin perjuicio de iniciar las acciones de responsabilidad civil o penal.

2. Instrumentos Internacionales sobre Medio Ambiente

La República de Nicaragua reconoció internacionalmente la Agenda 21 en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro de 1992, como en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami 1994 y la celebrada en Santiago de Chile en 1998, la importancia de la activa participación ciudadana; y se comprometió a encaminar esfuerzo para asegurar que los ciudadanos estén involucrados en el proceso de la toma de decisiones de forma democrática y participativa en del desarrollo mismo, y se comprometió también a fortalecer el papel de las poblaciones indígenas en este proceso. En estos instrumentos los estados involucrados, incluyendo Nicaragua, se han comprometido a alcanzar esos fines, ya que el desarrollo sostenible lo concibe la comunidad internacional íntimamente ligado al desarrollo humano, al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la preservación del medio ambiente.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su principio 22 establece:

Principio 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participarán efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, al cual también se adhirió Nicaragua, en su artículo 8 literal j) establece para los Estados parte que:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas….

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Areas Silvestres Prioritarias en América Central, también ratificado por Nicaragua, en su artículo 2 establece:

Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

a.- Conservar y usar sosteniblemente; en función social; sus recursos biológicos; y

b.- Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

El Estado de Nicaragua ha contraído compromisos internacionales, a la par de los deberes que le imponen los artículos 60 y 102 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para la preservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y del respeto a las prácticas culturales de las poblaciones indígenas en su relación con sus territorios.

3. Instrumentos Nacionales para la Protección del Medio Ambiente

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales creó la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales como rama especializada de la Procuraduría General de Justicia para representar al Estado y a la sociedad en la materia. Y también establece la acción ciudadana por medio de la cual cualquier persona puede promover acciones administrativa, civiles y penales en contra de personas naturales o jurídicas que destruyan el medio ambiente.

Así mismo al ser el habitar en un ambiente saludable un derecho constitucional cualquier ciudadano que resulte perjudicado por la acción de cualquier funcionario público o sus agentes puede también interponer un Recurso de Amparo Administrativo por la violación a sus derechos.

La Constitución Política de Nicaragua establece el derecho de los nicaragüense a un ambiente saludable como un derecho constitucional en el artículo 60, el que literalmente dice:

Art. 60 Cn.- Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

Además, el mismo artículo establece en el Estado la obligación de preservar, conservar y rescatar el medio ambiente y los recursos naturales. Mientras la Constitución establece el derecho a un ambiente saludable para los nicaragüenses; al Estado le otorga la responsabilidad de procurar ese medio ambiente saludable para los ciudadanos. De la misma forma, el artículo 102 de la Constitución reitera la obligación establecida en el artículo 60 para el Estado de preservar el ambiente y agrega otros elementos sobre los recursos naturales, el artículo 102 que literalmente expresa:

Art. 102 Cn.- Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponde al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.

La Constitución en el artículo 102 establece que los recursos naturales son patrimonio nacional, o sea que pertenecen a todos los nacionales, y el interés nacional al que se refiere el artículo, debe ser el interés de los ciudadanos, del pueblo de Nicaragua. El artículo 102 reitera la obligación estatal de preservarlos y de explotarlos de manera racional. Además establece la potestad estatal de otorgar concesiones, la misma que no es una potestad absoluta ya que la deberá ejercer el Estado de conformidad con las normas técnicas, constitucionales y legales contenidas en el ordenamiento jurídico nacional.

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IV. LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

En Nicaragua actualmente coexisten dos regímenes legales; uno para las comunidades indígenas del Pacífica, Centro y Norte del país y el otro para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. “Desde la óptica jurídico-legal, según nuestro derecho civil, la comunidad indígena existe en tanto ‘comunidad de bienes’ tal como la define el Título XXXIII del Tomo I del Código Civil, bajo cuyas normas es que se resuelven todas las controversias civiles de la comunidad, y donde también se reconocen los usos como fuente para el mismo fin. Pero las comunidades indígenas del Pacífico, en cuanto formas de organización política, no tienen el reconocimiento de la Constitución Política vigente, ni de las anteriores en forma expresa”. Sin embargo, para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica existe un nuevo orden constitucional que crea un régimen especial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía en 1987 y reforzado por la reforma constitucional de 1995. Así como por algunas leyes nacionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

1.- El Ordenamiento Jurídico para las Comunidades Indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país

La conquista y la colonia sometieron a los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país quedando para fines del siglo XIX un número muy reducido de comunidades indígenas propietarias de tierras en esta parte del país. Entonces las leyes integracionistas emitidas por el estado nacional fueron minando la supervivencia de estos pueblos hasta reducirlos en gran manera y cuya subsistencia ha sido posible debido a la propia persistencia indígena.

Estas leyes fueron emitidas a principios del siglo XX con la visión de que las comunidades indígenas eran dueñas de grandes extensiones de tierra y con el objeto de apoderarse de las mismas y convertir a los indígenas en campesinos, que una vez desposeídos de sus tierras se convertían en mano de obre barata y accesible. Por lo que las leyes de la época se enfocaron en regular la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas, crear Estatutos de las Comunidades Indígenas para crear y elegir las Juntas de administración de los bienes de las Comunidades. Estas leyes trataban a los miembros de las comunidades indígenas exclusivamente como comuneros, poseedores de tierras, y le negaron a la comunidad sus derechos culturales y políticos como asociaciones naturales que comparten, entre otros elementos, de vida comunitaria, la tenencia colectiva de la tierra, los lazos étnicos, sociales y la cosmovisión e identidad.

La injerencia estatal promovida por estas leyes en la organización de Juntas Comunitarias o Directivas minó la cohesión cultural y organizacional de las comunidades indígenas debido a la intervención estatal en la vida interna de la comunidad. Estas leyes continúan en vigencia y son parte del ordenamiento jurídico nacional.

En cambio el régimen especial de rango constitucional creado en 1987 para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua tiene otras características entre las que encontramos el respeto a las costumbres y tradiciones dentro de las comunidades a elegir libremente a sus líderes.

2.- El Régimen Espacial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua sobre sus Tierras

A diferencia del régimen de comunidades de bienes que sometieron las leyes asimilacionistas de principios del siglo XX a las tierras comunales de las comunidades indígenas del Pacífica, Norte y Centro de Nicaragua, los derechos de propiedad sobre las tierras ancestrales e históricas de la comunidad étnica y de lo pueblo indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua no provienen en general del otorgamiento estatal de un título real; sino que provienen del reconocimiento del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales, derechos sui generis que reconoce a estos pueblos y comunidades étnicas la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180, y en la definición de tierras indígenas que hace los artículo 11 y 36 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.

El reconocimiento constitucional de la realidad multiétnica y de la diversidad cultural y lingüística del país tiene su base en las razones históricas, sociales y culturales de la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Existen claros antecedentes jurídicos como el Tratado Zeledón-Wyke (Tratado de Managua) de 1860 y el Tratado Harrisson-Altamirano de 1905, en los cuales se hace expresa referencia a la presencia y al dominio que sobre la Mosquitia tenían los pueblos indígenas de la zona al momento de la incorporación de su territorio al estado nicaragüense en 1894. En el tratado Zeledón-Wyke encontramos que refiriéndose a la Mosquitia expresa: ”como parte integrante y bajo la soberanía de la República de Nicaragua, el país hasta aquí ocupado o reclamado por los indios mosquitos, dentro de la frontera de dicha República, cualquiera que sea aquella frontera…” y que a los indios mosquitos “gozarán del derecho de gobernarse a si mismos y de sus propias costumbres y conforme a los reglamentos que puedan de vez en cuando ser adoptados por ellos, no siendo incompatibles con los derechos soberanos de la república de Nicaragua….” También el Tratado Harrisson-Altamirano reconoce la presencia y los derechos de los indígenas sobre sus tierras cuando expresa: “En el caso de que algún indio mosquito o criollo pruebe que las tierras que tenía en conformidad con las disposiciones vigentes antes del año 1894, han sido denunciadas o adjudicadas a otras personas, el Gobierno indemnizará concediéndole terrenos baldíos de valor aproximado y cercanos en cuanto sea posible al lugar donde habite” y “El Gobierno permitirá a los indios vivir en sus aldeas, gozando de las concesiones otorgadas por la Convención, y sus propias costumbres….se señalarán terrenos públicos de crianza para el uso de los habitantes, en vecindad de cada aldea india” Y en términos similares se expresa el Decreto de Reincorporación de la Mosquitia al territorio nacional, emitido el 20 de noviembre de1984.

La cultura de los pueblos indígenas y étnicos de la Costa Atlántica de Nicaragua, está fuertemente vinculado a su territorio. La dependencia de estos pueblos a su ambiente natural está fuertemente vinculado a su cultura y a la tierra. Estos pueblos están organizados de conformidad con sus costumbres y tradiciones históricas ancestrales. Los patrones de uso de la tierra y la tenencia de manera colectiva de la misma constituye su propio sistema de propiedad. Utilizan la tierra, el bosque y los ríos para la agricultura de subsistencia, la recolección de frutos, raíces y tubérculos, plantas medicinales, la caza y la pesca. Su organización política dentro de las comunidades la ejercen de conformidad con sus usos y tradiciones, lo que constituye el derecho consuetudinario que los auto-gobierna. Además estos pueblos conservan sus propias lenguas.

Un factor fundamental considerado por la norma constitucional de 1987 es que estos pueblos y comunidades étnicas de lo que fue la Reserva Mosquitia en la Costa Atlántica de Nicaragua aún en la actualidad conservan la posesión de estas tierras, a diferencia de las comunidades indígenas del Norte, Centro y Pacífico de Nicaragua, las que en su mayoría ya fueron despojadas de sus tierras comunales.

Este marco histórico, social y cultural es la base del marco jurídico creado por los artículo 5, 89 y 180 Cn., junto con los artículo 11 numerales 3, 4 y 6, y 36 del Estatuto de Autonomía establecen un régimen sui generis sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua como son los Miskitos, Ramas, Mayagnas (Sumos), Garífonas y Creoles.

El régimen sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales. El concepto de propiedad comunal es definido como las tierras, aguas y bosques, que han pertenecido tradicionalmente a estas comunidades. Además las tierras comunales están fuera del comercio al ser “inagenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles”.

Al tenor de lo establecido por el régimen sui géneris en la Constitución y en el Estatuto la expedición de un título real para estos pueblos indígenas y comunidades étnicas, por parte del Estado, significaría la declaración oficial de un derecho preexistente de las comunidades étnicas e indígenas sobre sus tierras; y la demarcación de su tierra comunal significaría el reconocimiento oficial de la definición del área comunal que ancestralmente han poseído. Pero, ni lo uno ni lo otro, constituiría el otorgamiento de un derecho nuevo. Por lo que la carencia de título real sobre las tierras comunales no significa la ausencia de derechos de propiedad por parte de las comunidades indígenas y étnicas sobre las mismas.

El régimen sui generis creado por la Constitución Política de Nicaragua y por el Estatuto de Autonomía deroga tácitamente el artículo 614 del Código Civil, que establece que pertenecen al Estado las tierras que no están registradas a nombre de otro dueño, tierras conocidas como baldías o ejidales, ya que este precepto es inaplicable en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Por que estas normas constitucionales son de mayor jerarquía en comparación con las normas del Código Civil , debido a que este régimen sui generis es un régimen creado por la Constitución especialmente para las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua. El Estado queda sin asidero legal para entrar en competencia con las comunidades por la propiedad de las tierras comunales ocupadas tradicionalmente por las comunidades y pretender considerarlas tierras estatales. Al contrario, el Estado debe someterse a la ley y acatar en la práctica los derechos reconocidos por la Constitución a estos pueblos sobre sus tierras comunales tradicionales.

3.- El Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua

Este régimen de autonomía regional y multiétnica está establecida en la Constitución Política de Nicaragua y desarrollada en el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua o Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía en sus artículos 10 y 11 enfatiza la igualdad de derechos de todos los nicaragüenses en las Regiones Autónomas y los derechos de los habitantes de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Y prácticamente reitera los derechos establecidos por la Constitución a su lengua, religión, cultura, tierras y recursos naturales. Expresamente establece el derecho de estos pueblos y comunidades a usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales y de las formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y transmisión de las mismas. Así mismo el derecho de estas comunidades a desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores.

Primordialmente el Estatuto de Autonomía establece la creación de dos regiones autónomas, la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) como entes jurídicos territoriales, personas jurídicas de derecho público diferentes del Estado. El Estatuto establece además los límites de ambas regiones, los mismos que fueron luego precisados por la Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur .

El Estatuto de Autonomía establece, en sus artículos 15 y 16, cuales son las autoridades y el régimen administrativo de ambas Regiones. Establece que al Consejo Regional y al Gobierno Regional como las máximas autoridades de las Regiones. El Consejo Regional está formado por 45 miembros más los 2 y 3 Representantes ante la Asamblea Nacional de la RAAS y de la RAAN respectivamente. El Coordinador del Gobierno Regional es elegido entre los 45 miembros del Consejo Regional. Todos los concejales son elegidos por 4 años por medio del voto directo y secreto de los habitantes de las Regiones Autónomas. La Ley electoral regula la materia y establece que en circunscripciones donde la mayorías étnicas son los miskitos, mayagnas o sumos, ramas, garífonas o creoles, el candidato que encabece la lista electoral debe pertenecer a cada una de las etnias mayoritarias de la respectiva circunscripción. Esto para asegurar la representatividad étnica de cada zona en el Consejo Regional Autónomo, el que es un ente político multiétnico compuesto por representantes de todas las etnias de cada una de las regiones. La Junta Directiva de cada Consejo tiene también que tener representatividad étnica de cada una de las etnias de la región, según el Estatuto.

Las Regiones Autónomas a través de sus órganos administrativos tiene amplias funciones, las que están estipuladas en el Art. 8 del Estatuto. El Coordinador Regional ejerce las funciones ejecutivas de la región y el Consejo Regional ejerce las funciones legislativas. Ambas competencia son verdaderamente amplias y están consignadas en los artículos 30 y 23 del Estatuto. Sin embargo en la práctica, debido a limitaciones de tipo institucional y políticas la actividad legislativa de los Consejos Regionales ha sido bastante limitada. El Consejo Regional Autónomo de la RAAS emitió su Reglamento Interno, en octubre de 1998 por medio de la Resolución No. 148-3-10-98 begin_of_the_skype_highlighting 148-3-10-98 end_of_the_skype_highlighting, sin embargo el Consejo Regional de la RAAN todavía no ha emitido el reglamento correspondiente.

El Estatuto de Autonomía establece que cada uno de los Consejos Regionales elaborarán en coordinación con el Ministerio de Estado correspondiente el proyecto de presupuesto de la Región; proveniente de los impuestos regionales de conformidad con el Plan de Arbitrio Regional y los fondos provenientes del Presupuesto General de la República y establece el Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, proveniente de recursos internos, externos y extraordinarios. Sin embargo, en la práctica muy poco se ha adelantado en materia de fortalecimiento económico regional y la mayor parte de los ingresos de esta se destinan a gastos burocráticos y no a proyectos de desarrollo.

Los Consejos Regionales Autónomos tienen iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional en materias propias de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 140 numeral 3 Cn. Pero para reformar el Estatuto de Autonomía el mismo Estatuto establece que las dos terceras partes de ambos Consejos Regionales deberán presentar conjuntamente la solicitud a la Asamblea Nacional. Y el artículo 181 Cn. establece que para la aprobación y reforma del Estatuto de Autonomía se requiere de la mayoría establecida para la reforma de las leyes constitucionales, o sea las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Lo anterior hace aún más difícil la reforma de esta Ley.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía establece que el Estatuto sería posteriormente reglamentado, sin que esto impida que la ley entrara en vigencia, sin embargo, después de casi 13 años de haber entrado en vigencia el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua no ha sido reglamentado.

En 1998 una serie de ONGs de las Regiones Autónomas haciendo uso de la iniciativa ciudadana en la que con 5,000 firmas los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley ante la Asamblea Nacional, presentaron un anteproyecto de reglamentación del Estatuto acompañado de 12,000 firmas de ciudadanos, sin que la Asamblea Nacional lo haya reglamentado aún.

La falta de reglamentación del Estatuto de Autonomía y la falta de voluntad política del gobierno central ha generado que sea muy difícil establecerlas coordinaciones necesarias con las autoridades nacionales del Gobierno Central como son los Ministerios de Estado que siguen actuando de manera unilateral con la mayoría de políticas estatales para la región. Las políticas se siguen creando en Managua igualmente para todo el país sin considerar las diferencias propias de las Regiones Autónomas.

A nivel municipal el Estatuto de Autonomía establece en su artículo17 que las municipalidades en las Regiones Autónomas se rigen por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de Municipios. La reforma de la Ley de Municipios realizada en 1997, por medio de la Ley 261, reitera ese mismo principio de que los municipios ubicados en las Regiones Autónomas se regirán por ambas leyes y además expresa que deberá establecerse entre los gobiernos municipales y regionales relaciones de ”coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto a cada una de las esferas de competencia”. Además la Ley de Municipios también reconoce los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios a ser representadas por sus líderes tradicionales elegidos de conformidad con sus costumbres y tradiciones, así como a tener participación activa en la toma de decisiones que las afecten en la municipalidad.

4.- La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales fue producto de una iniciativa ciudadana coordinada por el Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN), concertada con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y con diferentes instituciones estatales, esta ley tiene como uno de sus objetivos particulares: promover la explotación racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional con equidad y justicia social; para lo que establece que tomará en cuenta los derechos y la diversidad cultural del país, especialmente los derechos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales.

La Ley también crea el Fondo Nacional del Ambiente para desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación, restauración del ambiente y desarrollo sostenible. Cuyo uso será definido en consulta con la Comisión Nacional del Ambiente. La Ley hace referencia expresa de que el reglamento que emitirá el Poder Ejecutivo para manejar el Fondo respetará las disposiciones y leyes relacionadas con las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

a) Los Consejos Regiones Autónomos en la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Además la norma establecida en el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua ordenando que toda concesión o contrato de explotación racional de los recursos naturales otorgada por el Estado en las Regiones Autónomas deberá ser aprobada por los Consejos Regionales correspondientes se encuentra reproducida en el artículo 4 numeral 7 de la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Y esta misma Ley establece además la necesidad de coordinación entre las Regiones Autónomas y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y regulaciones establecidas por el MARENA en la explotación racional de recursos naturales en las Regiones Autónomas.

También la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales en establece que el sistema de permisos y Evaluación de Impacto Ambiental deberá ser administrado por el MARENA, en coordinación con la autoridad que administra o autoriza la actividad, obra o proyecto, y con el Consejo Regional cuando las obras se tengan que ejecutar en las Regiones Autónomas. Y mas aún establece que sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación o trabajo sobre el ambiente y los Recursos Naturales entregará un ejemplar o copia de la investigación o estudio al MARENA y en el caso de estudios realizados en las Regiones Autónomas se remitirá copia del mismo al Consejo Regional Autónomo respectivo.
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Así mismo la Ley también establece que el MARENA en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos se encargará de realizar la normación del uso de los recursos naturales renovables y no renovables, el monitoreo, control de calidad y el uso adecuado de los mismos. También esta Ley establece que la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio que son responsabilidad de las autoridades municipales, en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, será competencia de los Consejos Regionales Autónomos.

Para las áreas donde los suelos presenten niveles altos de degradación o amenaza de la misma, el Ministerio de Agropecuario y Forestal en coordinación con el MARENA y con los Consejos Municipales y las Regiones Autónomas respectivas, podrán declarar área de conservación de suelos dentro de los límites definidos, estableciendo normas de manejo que tiendan a detener su deterioro y aseguren su recuperación y protección. Y también establece la competencia compartida entre la Presidencia de la República, a propuesta del Ministro del MARENA, de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y los Consejos Municipales respectivos, para declarar zona de emergencia ambiental ante la ocurrencia de un desastre.

Todas esas funciones otorgadas por la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para los Consejos Regionales son plenamente consistentes con lo establecido en los artículo 8 y 23 del Estatuto de Autonomía que establece que las Regiones Autónomas deberán participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo y en la promoción del racional aprovechamiento de sus recursos naturales debido a que de esta forma las Regiones Autónomas aseguran la administración y preservación de los recursos naturales de la Costa Atlántica de Nicaragua. Sin embargo, en la práctica, la débil institucionalidad y la limitada capacidad técnica de los Consejos Regionales ha reducida su función a sellar y firmar lo decidido por los Ministerios de Estados correspondientes.

b) Los Pueblos Indígenas en la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales

La Ley General de Medio Ambiente y los recursos Naturales establece que el desarrollo económico y social del país se sujetará a principios rectores tales como reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sin hacer distinción de que sean estas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o del Centro del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales.

Y la misma Ley en su artículo 55 establece que para el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables establece que deben tomarse en cuenta, los planes y prioridades del país, municipios o Regiones Autónomas y comunidad indígena donde se encuentren los recursos y los beneficios de su aprovechamiento deberá asegurarse para las comunidades. La distinción que hace en este artículo de la Ley sobre las Municipalidades y as Regiones Autónomas y las comunidades es muy importante, ya que tanto las Municipalidades como las Regiones Autónomas son personas jurídicas de derecho público diferentes del las comunidades campesinas o indígenas que pueden estar aglutinadas las primeras en cooperativas y las segundas tienen su propio reconocimiento constitucional como comunidades indígenas; por lo que muchas veces los intereses de cada una de estas entidades pueden encontrarse en contraposición. Por eso es importante resaltar que la ley menciona a las comunidades como entes diferentes del Municipio o de las Regiones Autónomas, porque aunque estos últimos tienen una representación política de las comunidades, no tienen la representación legal necesaria para disponer de los bienes o recursos naturales de las comunidades.

La declaratoria de áreas protegidas en el territorio nacional se establecerá por medio de una ley que deberá tomar en cuenta a las comunidades indígenas cuando el área protegida se establezca en tierras de dichas comunidades. Y el Reglamente de Areas Protegidas de Nicaragua, pretende incorporar a los habitantes de áreas protegidas como vigilantes de esas áreas, lo que significa el involucramiento directo de los pueblos indígenas de las mismas en los casos en que las áreas protegidas sean decretadas en territorios indígenas; y el mismo reglamento prohibe la titulación de tierras dentro de áreas protegidas, una vez declaradas como tales, aunque establece una excepción en el caso de las tierras de las comunidades indígenas, a las que se respetará el derecho de propiedad sobre sus tierras.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece como deber del Estado y de todos los habitantes velar por la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y del patrimonio genético nacional, de acuerdo a los principios y normas consignados en la legislación nacional, en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. Y en el caso de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que aportan recursos genéticos, la Ley establece que el Estado garantizará que dicho uso se conceda conforme a condiciones determinadas en consulta con los pueblos indígenas.

Es de destacar la referencia que la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece en sus principios rectores a los pueblos indígenas de Nicaragua, sin hacer diferencia a si son del Atlántico o del Pacífico del País, de esta forma incluyéndolos por igual en la norma. Lo anterior es determinante ya que sabemos que los pueblos indígenas por su propia cosmovisión preservan el medio ambiente no importando donde estén ubicados.

5.- La Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua

Como desarrollo de los artículos 11, 121 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, se creó la Ley No. 162 o Ley de Uso de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua; aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de junio de 1993.

La ley aborda áreas muy amplias y es bastante ambiciosa en su contenido, aunque su aplicación aun no ha sido muy desarrollada. La Ley establece que además del Español las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica también serán de uso oficial y que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna en los casos que lo establezca la Ley. Es entonces la Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua la que establece en que casos se da el uso oficial de las lenguas de las comunidades y la forma en que se establece la educación intercultural bilingüe.

El concepto de educación intercultural es muy interesante porque no se circunscribe al concepto del bilingüismo, o simplemente a la enseñanza del español a niños cuyas lenguas maternas son las de las comunidades indígenas y étnicas de la región; sino que integra a la educación el concepto de interculturalidad. Ya que la lengua es una expresión cultural, y la lengua y la cultura, están intimamente relacionados entre sí por lo que el hecho de que los niños sean educados en un ambiente bilingüe e intercultural reafirma su identidad y auto estima.

Las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua son el inglés Creol, Garífona, Miskito, Rama y el Sumo (Mayagna) que son las lenguas maternas de los miembros de las comunidades y de amplio uso en la región. Pero la Ley también establece que las comunidades Miskitas y Mayagnas de los Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia También gozarán de los derechos establecidos en la misma.

La Ley establece que el Estado deberá proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los programas especiales establecidos en la misma para que los miembros de las comunidades ejerzan su derecho a la educación intercultural bilingüe y al uso en asuntos oficiales de sus lenguas para combatir la discriminación en el uso de las mismas

También la Ley reitera la obligación de las Regiones Autónomas establecidas en el Estatuto de Autonomía de promover, difundir, desarrollar y fomentar el estudio de estas lenguas. Y determina que la educación en las lenguas maternas de las comunidades de las Regiones Autónomas se harán desde los niveles pre-escolar, primaria, media en el ciclo básico y diversificado y en la educación de adultos y en las escuelas normales. Y para los Consejos Regionales, en coordinación con las autoridades nacionales de educación, que deberán desarrollar los programas educativos bilingües interculturales, incluyendo la historia, geografía, recursos naturales, sistemas de valores y aspiraciones sociales, económicas y culturales particulares de la Región.

La Ley también establece que los mensajes y carteles de salud pública; transporte terrestre, acuático y aéreo; de seguridad en centros de trabajo; y sobre los recursos naturales, deberán ser escritos en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. Y para comunicarse con miembros de estos pueblos el Estado deberá utilizar el servicio de traductores. Principalmente en los casos de las unidades de salud del Ministerio de Salud. Esto último es importante porque establece en el Estado la obligación de buscar los medios para comunicarse con los miembros de las comunidades étnicas e indígenas de la Costa Atlántica y no pone la carga en ellos para ejercer su derecho de comunicarse con el Estado y optar al uso de los servicios públicos. Con respecto al uso oficial de las lenguas en los medios de comunicación social la Ley establece que estos deberán incluir programas específicos que utilicen estas lenguas. Las Leyes y Decretos, así como cualquier otra documentación nacional; el Registro del Estado Civil de las Personas y de la Propiedad deberán también ser emitidas o inscritas en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica.

Y en materia laboral la Ley establece que los convenios colectivos, contratos, preavisos y despidos, deberán ser traducidos en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. En este sentido el Código del Trabajo vigente en su artículo 5 también establece que en las relaciones laborales efectuadas en las Regiones Autónomas, Jinotega y Matagalpa, tendrán también uso oficial las lenguas de las comunidades indígenas y étnicas. Y que el Ministerio del Trabajo publicará en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica el Código del Trabajo y el Reglamento Interno del Trabajo.

El articulo 5 del Código del Trabajo representa un avance sin precedentes en nuestra legislación laboral, al reconocer la importancia que tiene la necesidad de que los pueblos indígenas tengan acceso al conocimiento de sus derechos laborales en su propia lengua; además, este articulo, reconoce la importancia que tienen no solo en las Regiones Autónomas, sino que también el los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega, donde existe una numerosa población indígena que no goza de los derechos autonómicos que si tienen los pueblos indígenas que habitan dentro de las Regiones Autónomas. Sin embargo, la traducción del Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo no han sido efectuado, a pesar de que el Código entró en vigencia el 30 de octubre de 1996.

6.- El Derecho Consuetudinario Indígena en la Constitución y en las Leyes Vigentes

Las normas constitucionales establecidas en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua reconocen el derecho de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica a “preservar, desarrollar y tener sus propias formas de organización social, el derecho a la libre elección de sus autoridades y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones” lo anterior forma parte del sistema consuetudinario, basado en sus costumbres y tradiciones, de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua para administrar sus asuntos internos o locales y sus normas de convivencia vinculantes dentro de sus comunidades.

El sistema consuetudinario de estos pueblos incluye, entre otros, las formas de tenencia colectiva de la tierra, la organización interna de el liderazgo tradicional comunal como son los Consejos de Ancianos, las Juntas Directivas Comunales, los Síndicos, los Jueces Comunales, etc. Quienes se encargan de preservar el equilibrio social comunal mediante el respeto a las costumbres y tradiciones del grupo social; de los asuntos referentes a la tenencia y administración de los recursos naturales y la tierra de la Comunidad; la comisión de faltas entre los miembros de la Comunidad y agresiones provenientes de fuera del grupo social; son algunos de los asuntos de los que se encargan las autoridades comunales. Sin embargo, el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua no ha sido estudiado lo suficiente y existe mucho desconocimiento por parte del Estado al respecto.

A pesar de lo anterior, vemos como el derecho escrito nacional se ha venido interesando en dar un espacio al derecho consuetudinario indígena en leyes como: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Municipios y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley 230 para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar y el Código de la Niñez y la Adolescencia,.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece:

Art. 18. La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua.

Las regulaciones especiales de las que habla el artículo 18 del Estatuto de Autonomía para que reflejen las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica es una clara referencia al derecho consuetudinario de estos pueblos. A este respecto la LOPJ establece que el Poder Judicial respeta, promueve y garantiza el Régimen de Autonomía de las Regiones Autónomas y que los Juzgados Civiles Locales deben coordinar la administración de justicia con los jueces electos por las Comunidades de la Costa Atlántica una vez que esta cree las regulaciones especiales. Y de la misma forma reconoce que la administración de justicia en las Regiones Autónomas se regirá “además por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades” y crea una Comisión de Trabajo formada por las instituciones del Estados, la que previa realización de un estudio encaminado a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces comunales, formularán propuestas de regulaciones especiales para la impartición de justicia a la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo el reglamento de la LOPJ establece que para la elección de los jueces en las Regiones Autónomas, Jinotega y Nueva Segovia, será mérito preferente para el nombramiento de miembros del poder judicial que conozcan las lenguas de las comunidades indígena y étnicas de la costa Atlántica de Nicaragua.

De conformidad con lo estipulado en el Art. 19 de la Ley 162, la LOPJ establece que las actas, resoluciones y demás documentos redactados en las lenguas de las comunidades, que conste en expediente judicial, tendrán plena validez, sin necesidad de traducción al español; lo anterior sin perjuicio de que el documento se traduzca si alguno de los intervinientes en el proceso no conozca la lengua o si en el caso del expediente, este debe ser remitido a un Juez o a un Tribunal fuera de las Regiones Autónomas.

a) La Ley de Municipios y los Nombramientos de las Autoridades Comunales

La elección de los líderes comunales como miembros de una Junta Directiva, Consejo de Ancianos, Síndico, Jueces Comunales, o la de cualquier otro líder tradicional en las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, no obedece a alguna norma del derecho escrito, legislado o codificado, sino a su propio derecho consuetudinario derivado de los usos y costumbres tradicionales reconocidas en nuestra Constitución, Art. 5, 89 y 180, como un derecho fundamental de estos pueblos constitucionalmente tutelado. En las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua los miembros mayores de edad de la comunidad se constituyen en asamblea y por consenso nombran y destituyen sus autoridades comunales, las que en su mayoría no son elegidas por términos preestablecidos, sino que por períodos indefinidos dependiendo de las circunstancias y necesidades de la comunidad. En general las comunidades no levantan actas sino que el compromiso mutuo del elegido y de los electores constituye la validez y la seguridad del respeto a la elección realizada.

Así mismo, desarrollando los artículos constitucionales antes mencionados, las leyes 40 y 261, o Ley de Municipios y sus reformas, en sus Art. 67 a 69 establecen que: “Los Municipios reconocerán la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho…Así mismo respetarán sus autoridades formales y tradicionales…Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre…cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial”.

La Ley de Municipios clasifica a las autoridades comunales como de hecho o legalmente constituidas de conformidad con las leyes de1914 y 1918. Es importante señalar que las leyes de 1914 y1918 no son aplicables a las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Por que el reconocimiento que hace la Constitución de 1987 del derecho que tienen las comunidades indígenas de la Costa Atlántico a elegir sus autoridades no depende de la ley escrita y reglamentada, sino de sus costumbres y tradiciones, las autoridades que este artículo denomina como “de hecho” son las autoridades comunales elegidas de conformidad con las costumbres y tradiciones de las mismas comunidades. Por lo que la representatividad de los líderes tradicionales de las comunidades étnicas e indígenas no depende de las formalidades establecidas en el derecho escrito sino que depende de las elecciones o nombramientos realizados por consenso en el mismo seno comunal, de conformidad con sus costumbres y tradiciones históricas, lo que en sí es un derecho constitucional de las comunidades y sus miembros. Los líderes electos por sus comunidades tienen la potestad constitucional de representar a sus comunidades de conformidad con sus “costumbres y tradiciones” como desarrollo constitucional de la norma que les otorga a estas comunidades la potestad de “dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones (Art. 5, 89 y 180 Cn.)

La Ley de Municipios reconoce de esta forma a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas denominándolas “de hecho” y crea una verdadera opción para las elecciones de autoridades sin reglamento previsto en la Ley; al regirse estas por las tradiciones y costumbres de las mismas comunidades. Lo anterior es muy importante para las comunidades ya que desafortunadamente la intervención de las autoridades municipales en los procesos de elección de las mismas se ha prestado para que estas ejerzan manipulación política partidaria; ya que muchas veces las autoridades municipales tratan de influenciar directamente en las elecciones comunales, y niegan, u otorgan, las certificaciones a su antojo a los líderes afines a su partido o ideología, violando el derecho de los miembros de la comunidad a elegir libremente a sus autoridades.

b) La Legislación de Familia y los Pueblos Indígenas

El Código Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua en sus artículo 8 y 9 hace una interesante mención de los derechos de los adolescentes, niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas y étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua al establecer que el Estado deberá garantizar los derechos a tener su propia vida cultural, educativa, religiosa e idioma, todos derechos colectivos de los miembros de estas comunidades. Lo que deberá en redundar del principio primordial de favorecer el interés superior del niño, niña y adolescente. Esta distinción es importante porque en los procesos de adopción, por ejemplo, se tendrá en cuenta que los niños dados en adopción permanezcan con personas de su misma cultura preferiblemente o en los casos en que el adolescente sea enviado a un lugar de rehabilitación se le tome en cuenta su cultura, religión e idioma, o la permanencia del mismo en su área geográfica.
La Ley 230 o Ley de Reforma y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar en su artículo 2 numeral 10 establece que en el caso de las comunidades de la Costa Atlántica las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez Comunal de acuerdo a los procedimientos tradicionales de las leyes vigentes. Este artículo parece crear una contradicción porque una cosa es el procedimiento tradicional comunal y otras son las leyes vigentes, esto no necesariamente significa que ambos sean incompatibles pero tampoco que sean la misma cosa, como lo hace aparecer a primera vista el artículo; a menos que la norma solamente se refiera a que el Juez Comunal aplicará la ley escrita, pero esto desvirtuaría la función y naturaleza del Juez Comunal, ya que estos aplican las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas y no las leyes nacionales; habrá que ver que aplicación tiene en la práctica esta norma.

Es interesante que el ordenamiento jurídico nacional se interese en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, pero esto debe hacerse respetando los principios fundamentales del derecho consuetudinario y respetando también que el derecho a sus costumbres y tradiciones en esta materia es un derecho constitucional de los pueblos indígenas según el mismo ordenamiento constitucional nacional y de conformidad con normas internacionales vigentes.

7.- Los Pueblos Indígenas en la Ley de Reforma Agraria

El artículo107 de la Constitución Política de Nicaragua establece:

la reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

En Nicaragua no se ha emitido una ley que regule el régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas por lo que tratando de llenar ese vacío legal y como desarrollo del artículo 107 la ley de reforma agraria vigente en su artículo 30 establece:

El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Miskitas, Sumos y Ramas puedan trabajar individual y colectivamente para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

Sin embargo, este artículo no ha sido reglamentado y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) transformado en 1998 en la Oficina de Titulación Rural (OTR) encargada de titular a los beneficiados por la Reforma Agraria, no ha utilizado el artículo 30 en beneficio de los pueblos indígenas a los que fue dirigido, ya que la ley de Reforma Agraria ha titula en Nicaragua tierras a campesinos casi exclusivamente. Y es que los criterios utilizados por los funcionarios del INRA han sido los de titular parcelas de hasta 50 manzanas de tierra por familia, lo que es incompatible no solo con la vocación forestal de la mayoría de las tierras de la Costa Atlántica, sino que también, con el uso colectivo de las tierras que ejercen las comunidades indígenas sobre sus territorios y bosques. Porque mientras una familia campesina en el Pacífico siembra su parcela de 50 manzanas, de tierra de vocación agraria, y con el producto de la misma puede vivir; en el Atlántico las tierras de vocación forestal no producen granos más allá de 3 a 5 años y las comunidades indígenas no poseen la tierra de forma individual sino de forma colectiva. Además los miembros de la comunidad cazan, pescan y conviven con el bosque de donde derivan no solo su sustento, pero con el que también se identifican de manera espiritual. La cosmovisión indígena exige para la sobrevivencia de estos pueblos un concepto más amplio de territorio.

Así mismo los artículos 99 y 103 de la Constitución también establecen que el Estado es el responsable de promover el desarrollo integral del país y proteger, fomentar y promover la propiedad comunitaria y la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria, porque todas forman parte de la economía nacional. En desarrollo del artículo 103 Cn. el artículo 37 de la Ley de Protección a la Propiedad Agraria o Ley No. 88, establece que “el Estado garantiza plenamente los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica”. La protección a la propiedad comunitaria establecida en la Constitución es muy importante porque pone al mismo nivel todo tipo de propiedad, pública y privada, individual y colectiva, ante el desarrollo de la nación a la propiedad comunitaria; principalmente si tomamos en cuenta que la propiedad comunitaria es sui generis porque es privada y colectiva reconocida en la Constitución en los Art. 5, 89 y180, por medio del usufructo ancestral e histórico que estos pueblos indígenas han ejercido tradicionalmente sobre ella; por lo que no se rige por las normas creadas por el Código Civil aplicables a la propiedad privada individual pertenecientes a individuos o particulares.

En los años 80 muchas comunidades indígenas del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua fueron afectadas por la Ley de Reforma Agraria que emitió títulos sobre tierras indígenas por lo que la Ley de la Propiedad Reformada y Agraria o Ley 278, en su artículo 103, establece que las personas naturales o jurídicas que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria sobre terrenos rurales ubicados en terrenos de comunidades indígenas, deberán pagar un canon de arrendamiento a las comunidades, de conformidad con un reglamento que sobre la materia se emitirá. En casi los mismos términos el artículo 1 de la Ley de Estabilidad de la Propiedad o Ley No.209, se refiere al mismo tema pero además establece que el pago de esos cánones de arrendamiento se hará de forma perpetua a favor de las comunidades.

8.- La Creación de Universidades en las Regiones Autónomas

La Ley 218 o Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades Bluefields Indian & Caribbena University (BICU) y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en la Ley de Autonomía de Educación Superior, emitida en septiembre de 1996, significó un salto cualitativo en el desarrollo de las Regiones Autónomas permitiendo el funcionamiento de estas dos universidades. Estas universidades regionales tienen extenciones y programas no solamente en Bluefields y Bilwi, sino que en Siuna, la Desembocadura, el Rama, y Nueva Guinéa.

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V. DECRETOS

1.- Aprobación del Proyecto de la Convención Interamericana Relativa a la Creación de un Instituto Indigenista Interamericano (Congreso Nacional) Gaceta No. 2 del 8 de enero de 1942. En noviembre de 1993 se celebró en Managua el XI Congreso Indigenista Interamericano, el que contó con Delegados Oficiales de 16 países y líderes indígenas de América y fue presidido por el Lic. Brooklyn Rivera B.

2.-Decreto No. 448, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 142 de junio de 1980. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Los Estados parte se comprometen a proteger su patrimonio cultural y natural por medio de los programas de planificación general, instituir servicios de protección de su patrimonio, desarrollar estudios científicos y técnicos y adoptar medidas jurídicas, científicas, administrativas y financieras.

3.-Decreto No.44-91 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 208 del 5 de Noviembre de 1991 y Decreto 32-96 de Reforma al Decreto No.44-91 que declara la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60del 2 de Abril de 1997. En la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” y en su área de amortiguamiento se encuentran los territorios: Mayagna Sauni As, Mayagna Sauni Bu, Kipla Sait Tasbaika y Miskito Indian Tasabika Kum, territorios tradicionales de los pueblos Mayagnas y Miskitos. La Reserva fue creada legalmente en 1991 buscando la preservación de los bosques húmedos tropicales, la diversidad biológica que encierra BOSAWAS y tratando de evitar el avance de la frontera agrícola. Posteriormente fue declarada “Reserva de la Biosfera” por la Comisión de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La creación de la Reserva en territorios indígenas constituye una limitante al derecho de propiedad sobre estas tierras tradicionales indígenas, ya que la administración de la reserva está bajo la dirección de la Comisión Técnica BOSAWAS, una comisión conjunta entre el gobierno y las autoridades indígenas de los territorios de la Reserva, y cuya instancia ejecutiva y de representación es la Secretaría Técnica BOSAWAS (SETAB), bajo la responsabilidad del Ministro del MARENA. Y a pesar de que los pueblos indígenas Mayagna y Miskito ya han delimitado y acordado entre ellos y con amplia asistencia técnica los límites de sus territorios, estos continúan solicitando al Estado la titulación de sus territorios sin que el Estado les haya dado respuesta alguna. A pesar de que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en los territorios indígenas es uno de los elementos más importantes para la conservación de los recursos naturales de la Reserva.

4.- Decreto No. 782, del 19 de julio de 1981 o Ley de Reforma Agraria. Por media del cual se regula la propiedad agraria durante la Revolución Popular Sandinista de los años 80 en Nicaragua.

5.- Decreto 53-94 creador del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CONADIPI), publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 237 del 19 de diciembre de 1994, adscrito a la Presidencia de la República como un organismo encargado de promover programas y proyectos para los pueblos y comunidades indígenas de Nicaragua. Determina su régimen, composición, sede, régimen de cesiones, atribuciones, forma de toma de resoluciones y resto de funciones administrativas.

6.- Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995. Aprueba y ratifica el Convenio suscrito en Madrid, España, el 24 de julio de 1992, durante la celebración de la II Cumbre Iberoamericana. Establece que se expedirá el instrumento de ratificación correspondiente para depositarse ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.

7.- Decreto No. 49-95, Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198 del 23 de octubre de 1995. Ratifica el Convenio suscrito en Managua, el 5 de junio de 1995, durante la XII Cumbre de Jefes de Estado del Istmo Centroamericano .

8.- Decreto No. 56-95, Ratificación del Convenio Sobre Diversidad Biológica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 29 de diciembre de 1995. Ratifica el Convenio suscrito por la Presidenta de la República el 13 de junio de 1992 en Río de Janeiro Brasil, durante la Cumbre de Jefes de Estado.

9.- Decreto de Creación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 169 del 6 de septiembre de 1996. La Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica fue creada para establecer una instancia administrativa que creara los criterios para ser utilizados en la demarcación de las tierras que tradicionalmente han utilizado las comunidades étnicas y los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Decreto 29-96 de reforma al Decreto 16-96, Creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica; este Decreto amplía la conformación de los miembros de la Comisión y establece que la presidirá el mismo Presidente de la República o quien él delegue en su nombre y no el Ministro del MARENA como en su versión original. A pesar de su conformación, de conformidad con el Decreto, la Comisión se reunió muy pocas veces y desde julio de1997 no se ha vuelto a reunir. Y el Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Presentada por el Sr. Presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán, el 13 de octubre de 1998 contempla la derogación de este Decreto y su reforma.

10.-Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996.

11.- Decreto No. 14-99, Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999.

12.- Decreto No. 63-99, Reglamento de la Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 104 del 2 de junio de1999.

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VI. REGLAMENTO

Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Resolución No. 148-30-10-98 begin_of_the_skype_highlighting 148-30-10-98 end_of_the_skype_highlighting. Este Reglamento Interno establece las regulaciones internas para la organización, funcionamiento y atribuciones de los órganos del Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur y los miembros que lo integran.

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VII. JURISPRUDENCIA

La Sentencia No. 12 de las ocho y treinta minutos de la mañana del veintisiete de febrero de 1997 sobre la aplicación del artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua que estable que las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. La jurisprudencia reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declarando nula una concesión maderera otorgada por el Ministerodel MARENA a favor de la empresa de capital coreano Sol del Caribe S.A. (SOLCARSA) por no haber contado este con una aprobación del Consejo Regional de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) en pleno. Sino que el Ministro contaba solamente con un aval emitido por de la Junta Directiva del Consejo y por el Coordinador Regional.

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VIII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

1.- Anteproyecto de Ley para la Demarcación y Certificación de las Tierras y Territorios de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica presentada por el Representante a la Asamblea Nacional por la RAAS, Dr. Alvin Guthrie Rivers y promovida por el entonces Ministro del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo las Regiones Autónomas (INDERA) Lic. Brooklyn Rivera, en Julio de 1996. Desde 1996 se encuentra en las Comisiones de Gobernación y Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional este anteproyecto de Ley sin que se le haya dado el trámite correspondiente para convertirlo en ley de la República.

2.- Anteproyecto de Ley para Reglamentar el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. Fue presentado en octubre de 1998 a la Asamblea Nacional por medio de una iniciativa ciudadana coordinada por el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA) con 12,000 firmas, aunque la ley de iniciativas ciudadanas solo requiere para la presentación de un anteproyecto de ley 5,000 firmas. A pesar de que Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua fue emitido en 1987 el Estado no lo ha reglamentado y esta iniciativa ciudadana para introducir un anteproyecto de reglamentación se realizó hace más de un año sin que se haya discutido en el plenario de la Asamblea Nacional.

3.- Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Presentada por el Sr. Presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán, el 13 de octubre de 1998. Este anteproyecto fue presentado a la Asamblea Nacional como consecuencia de un compromiso con el Banco Mundial para que este ultimo financie los proyectos conexos con el Corredor Biológico del Atlántico en Nicaragua. El mencionado proyecto fue elaborado sin el consenso o la participación de los representantes de los pueblos indígenas por lo que esta siendo severamente cuestionados por los indígenas. Y una de las razones más fuertes de las críticas en contra del proyecto es que la parte toral del mismo se remite a una posterior reglamentación; por lo que debido a la experiencia que se ha tenido en Nicaragua con la falta de reglamentación del Estatuto de Autonomía, que posteriormente se realice tal reglamentación, no inspira confianza a los pueblos indígenas.

La ley de demarcación es el instrumento legal necesario para llenar el vacío legal del ordenamiento jurídico nicaragüense con respecto de iniciar la titulación de las tierras indígenas, que por falta de este instrumento legal y de voluntad política no se ha realizado. Por lo que las organizaciones y pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua han preparado una versión propia concensuada con las comunidades indígenas denominada Propuesta Indígena para ser presentada a la Asamblea Nacional. Y actualmente ambas versiones de la ley de demarcación, la gubernamental y la indígena, están siendo sometida a una amplia consulta entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua con apoyo del proyecto promovido por el Banco Mundial del Corredor Biológico del Atlántico.

Debido a la histórica exclusión de los pueblos indignas, por parte de los diferentes gobiernos para decidir el futuro de sus tierras y recursos naturales, reiterada en la falta de participación indígena en la elaboración del anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo en octubre de 1998, esto creó entre los pueblos indígenas muchas reservas y desconfianza. Lo que aunado a que existe otro anteproyecto de ley referente a la demarcación y certificación de tierras indígenas desde 1996 en la Asamblea Nacional, la introducción de un anteproyecto de ley de demarcación de tierras indígenas por parte del Ejecutivo nacional no asegura necesariamente que este se llegue a convertirse en Ley de la República. Sin embargo el proceso de consulta está a punto de concluir en las Regiones Autónomas y existe una comisión de la sociedad civil costeña que sigue muy de cerca el proceso para posteriormente empujarlo hasta culminar con la aprobación e implementación de la Ley.

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X. CONCLUSIONES

Ante dos sistemas diferenciados de leyes para los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro, por un lado y para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, es necesario promover la uniformidad de la legislación sobre pueblos indígenas en todo Nicaragua.

Afortunadamente la reforma constitucional de 1995 crea algunos artículos, como el artículo 5, que no hacen diferencia entre los pueblos indígenas de Nicaragua, como lo hizo la Constitución en 1987 abriendo el espacio para legislar a favor de los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro del País de manera actualizada y de conformidad a los derechos reconocidos a estos pueblos por la comunidad internacional.

La ratificación del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría ser en Nicaragua un importante instrumento para lograr reducir la brecha legislativa que actualmente existe. La ratificación del Convenio 169 significaría además de la uniformidad de gran parte de derechos y garantías para los pueblos indígenas de Nicaragua en general, también significaría la supervisión de la OIT en el avance en la implementación de los derechos contemplados en el mismo para todo el territorio nacional; así mismo vendría a fortalecer el desarrollo y la implementación de los derechos de estos pueblos ya establecidos en el ordenamiento jurídico nacional.

Para lograr la ratificación del Convenio169 ante la Asamblea Nacional será necesario formar una comisión que podría presidir el Movimeinto Indígena de Nicaragua (MIN) y buscar la oportunidad de negociar con el Dr. Arnoldo Alemán, Presidente de la República, la reintroducción por parte del Poder Ejecutivo del Convenio 169 a la Asamblea Nacional como proyecto de ley y posterior ratificación. Aprovechando que este y el próximo año son años de campañas políticas para elegir Alcaldes y Presidente de la República, y las etapas de campaña proselitistas siempre generan algún espacio entre la clase política y los pueblos indígenas.

Para lo anterior la presente consultoría preparó un análisis de la compatibilidad del Convenio169 con la Constitución Política de Nicaragua y con otros instrumentos internacionales ya incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Este documento se podría anexar a la Exposición de Motivos que deberá presentarse con el texto del Convenio 169 a la Asamblea Nacional.

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XI. A N E X O S

TEXTOS DE NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA, DECLARACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES Y LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS

1.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de Nicaragua

Art. 5 .- El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Art. 7 Cn.- Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

Art. 8 Cn.- El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multietnica y parte integrante de la nación centroamericana (el énfasis es nuestro).

Art. 11 Cn.- El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley (el énfasis es nuestro).

Art. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Art. 49 Cn. En Nicaragua tienen derecho a constituir organizaciones…[las Comunidades de la Costa Atlántica]…sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad…(el énfasis es nuestro).

Art. 89 Cn. Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones (el énfasis es nuestro).

Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Art. 90 Cn.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y de sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creara El programas especiales para el ejercicio de estos derechos.

Art. 91 Cn.- El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ninguna nicaragüense sea objeto de discriminación por razona de su lengua, cultura y origen (el énfasis es nuestro).

Art. 99 Cn.- El Estado es el responsable de promover el desarrollo integral del país y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger,
Fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial, privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social…

Art. 103 Cn.- El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social.

Art. 107 Cn.- …La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

Art. 121 Cn.- Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna de acuerdo a la ley.

Art. 180 Cn. Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Así mismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

Art. 181.-El Estado organizará, por medio de una Ley el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las Comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de su órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.
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2. Textos de Declaraciones y Convenios Internacionales Vigentes en Nicaragua para la Protección de los Pueblos Indígenas

El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 27:

Art. 27.-En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su principio 22 establece:

Principio 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participarán efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, al cual también se adhirió Nicaragua, en su artículo 8 literal j) establece para los Estados parte que:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas….

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Areas Silvestres Prioritarias en América Central, también ratificado por Nicaragua, en su artículo 2 establece:

Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

a.- Conservar y usar sosteniblemente; en función social; sus recursos biológicos; y

b.- Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

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3.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en Diversas Leyes

LEY 230

Ley No.230 o ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 191, del 9 de octubre de 1996.

Art. 2.- Se reforma el artículo 102, del Código Penal el cual se leerá así:

Art. 102.- Las medidas de protección permanecerán vigentes hasta el completo alivio o readaptación social del asegurado, previo dictamen de peritos especialistas y audiencia del Procurador correspondiente.

…10) en el caso de las comunidades de la Costa Atlántica las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez comunal de acuerdo a los medios y procedimientos tradicionales de las leyes vigentes.

CODIGO DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley 185 publicada en la Gaceta “Diario Oficial” No. 205, del 30 de octubre de 1996. El articulo 5 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua expresa:

Art. 5.- El español, idioma oficial del Estado es de uso obligatorio en las relaciones laborales las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica también tendrán uso oficial en las relaciones laborales que tengan lugar en las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur, así como también en las comunidades de miskitos y sumos situados históricamente en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia.

El Ministerio del Trabajo publicara en las lenguas de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. También se redactaran en esas lenguas los convenios colectivos y otros documentos que afecten a los trabajadores de las comunidades.

LEY DE REFORMA AGRARIA

Ley de Reforma Agraria, Decreto No. 782 del 19 de julio de 1981.

Art. 30.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Miskitas, Sumos y Ramas puedan trabajar individual y colectivamente para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

Ley No. 209 o Ley de Estabilidad de la Propiedad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 233 del 12 de diciembre de 1995.Ley No. 209 o Ley de Estabilidad de la Propiedad del 27 de noviembre de 1995.

Art.37.- Las personas naturales o jurídicas que obtuvieron títulos de Reforma Agraria sobre propiedades rústicas ubicadas en terrenos de las comunidades o pueblos indígenas, deberán pagar un canon de arrendamiento a dicha comunidad de forma perpetua, según reglamento que se emitirá para tal fin

Ley No. 278 o Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 239 del 16 de diciembre de 1997.

Art. 103.- Las personas naturales o jurídicas que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria sobre propiedades rústicas ubicadas en terrenos de las Comunidades Indígenas, deberán pagar un canon de arrendamiento a dicha comunidad según Reglamento que se emitirá para tal fin

Ley No. 88 o Ley de Protección a la Propiedad del 30 de marzo de 1990.

Art. 1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política el estado garantiza plenamente los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica.

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Ley No.287 del 24 de marzo de 1998 o Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua.

Art. 8.- Las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a Comunidades Indígenas, grupos sociales étnicos, religiosos o lingüísticos o de origen indígena, se les reconoce el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantizará a las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a tales comunidades indígenas o grupos sociales, a tener los derechos que les corresponden en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, educativa, a profesar y practicar su propia religión, costumbres, a emplear su propio idioma y gozar de los derechos y garantías consignados en el presento Código y demás leyes.

Art. 9.- En todas las medidas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades nacionales, municipales y de las Regiones Autónomas que afecten a las niñas, niños y adolescentes, así como en la interpretación y aplicación de este Código, se deberá tomar en cuenta como principio primordial, el interés superior de la niña, niño y el adolescente.

LEY DE MUNICIPIOS

La Ley No.40 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988. Y Ley 261 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 20 de agosto de 1997.

TITULO VI
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS

CAPITULO I
DE LOS MUNICIPIOS DE LAS REGIONES AUTONOMAS

Art.62.- Los Municipios ubicados en las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur se regirán por el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y la presente Ley.

En virtud de la autonomía regional y municipal, y en aras de una eficiente y racional prestación de servicios a la población, se deberá establecer entre los gobiernos municipales y regionales correspondientes relaciones de coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto a cada una de las esferas de competencia.

Los Consejos Municipales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica se integrarán lo dispuesto en la presente Ley.

Art.63.- Los Consejos Municipales de los Municipios ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, al aprobar la creación de las instancias administrativas u órganos complementarios de administración en sus ámbitos territoriales, reconocerán y respetarán los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a organizarse socialmente en las formas que correspondan a sus tradiciones históricas y culturales.

Art.64.- En los casos de los contratos o concesiones de explotación de los recursos naturales y ubicados en la circunscripción municipal, el Consejo Municipal respectivo deberá emitir opinión respecto a los mismos, como condición previa para su aprobación por el Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Art.65.- En el caso de los Municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, en atención a los problemas de comunicación, el plazo para la interposición de los recursos administrativos establecidos en la presente ley será de ocho días hábiles, más el término de la distancia. Los plazos y modalidades para resolver serán las establecidas en el Artículo 40 de la presente Ley.

Art.66.- En materia de solución de conflictos limítrofes en que estén involucrados los Municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, la Corte Suprema de Justicia, además de lo dispuesto en el Artículo 14 de la presente Ley, resolverá previa consulta al Consejo Regional correspondiente.

CAPITULO II
DE LOS MUNICIPIOS CON PUEBLOS INDIGENAS EN SUS TERRITORIOS

Art. 67.- Los municipios reconoceran la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente constituidos o en estado de hecho, según las disposiciones de la Ley de Comunidades Indigenas de 1914, 1918 y otras, sean propietarias de terrenos comunales o no. Asimismo, respetaran a sus autoridades formales y tradicionales, a quienes deberan tomar en cuenta en los planes y programas de desarrollo municipal y en las decisiones que afecten directa e indirectamente a su poblacion y territorio.

Art. 68.-Se entiende por autoridades formales, aquellas denominadas Juntas Directivas y que se desprenden de la legislación de la materia y de procesos formales de elección. Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por tradición y costumbre, como son las denominadas Consejos de Ancianos, Consejos de Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial.

Art. 69.- Corresponderá a los Consejos Municipales respectivos de conformidad con las leyes de la materia, asegurar, reconocer y certificar la elección de las autoridades comunitarias de las comunidades ubicadas en el ámbito territorial del municipio.

LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Ley No. 217, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996. Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales o Decreto No. 9-96.

Art. 3.- Son objetivos particulares de la presente Ley:..2.-Establecer los medios, formas y oportunidades para una explotación racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social y tomando en cuenta la diversidad cultural del país y respetando los derechos reconocidos a nuestras regiones autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales.

Art. 4.- El desarrollo económico y social del país se sujetará a los siguientes principios rectores:…4.- El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y Comunidades Indígenas, sean estas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o Centro del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales….7.-Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Autónomo correspondiente. En los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en los municipios respectivos, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, antes de autorizarlos.

Art. 16.- La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en base a las pautas y directrices establecidas. En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica será competencia de los Consejos Regionales Autónomos con la Asistencia Técnica de las instituciones especializadas.

Art. 19.- Se incorporará y transformará a los habitantes de áreas protegidas en los verdaderos vigilantes de esos sitios, garantizándoles de parte del Estado todos los derechos y garantías a que tienen derecho los nicaragüenses.

Art. 20.- La declaratoria de áreas protegidas se establecerá por ley, y su iniciativa se normará de acuerdo a lo establecido en el Arto. 140 Cn. Previo a la declaratoria se deberá tomar en cuenta:…las comunidades indígenas cuando el área protegida se establezca en tierras de dichas comunidades.

Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999.

Art. 59.- Se prohibe la titulación de tierras dentro de áreas protegidas, ya sea por causa de Reforma Agraria, Títulos Supletorios o cualquier otra forma de adquisición. Los títulos que se otorguen a favor de particulares dentro de las áreas protegidas del SINAP después de la publicación de este reglamento, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial correspondiente.

En el caso de que las tierras sean de las comunidades indígenas se respetará el derecho de propiedad de las mismas.

Art. 27.- El sistema de permisos y Evaluación de Impacto Ambiental será administrado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales , en coordinación con la instituciones que corresponda. El MARENA estará obligado a consultar el estudio con los organismos sectoriales competentes así como con los Gobiernos Municipales. Y en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica el sistema será administrado por el Consejo Regional respectivo, y en coordinación con la autoridad que administra o autoriza la actividad, obra o proyecto en base a las disposiciones reglamentarias, respetándose la participación ciudadana y garantizándose la difusión correspondiente.

Art. 33.- Sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación o trabajo sobre el ambiente y los Recursos Naturales entregará un ejemplar o copia de la investigación o estudio al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. En el caso de estudios realizados en las Regiones Autónomas se remitirá copia del mismo al Consejo Regional Autónomo respectivo.

Art. 48.- Se crea el Fondo Nacional del Ambiente para desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación, restauración del ambiente y desarrollo sostenible. Dicho fondo se regirá por un reglamento especial que emitirá el Poder Ejecutivo respetando las disposiciones señaladas en las leyes específicas en relación con las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Su uso será definido en consulta con la Comisión Nacional del Ambiente.

Art. 51.- La Presidencia de la República a propuesta del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales, de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y los Consejos Municipales respectivos podrá declarar zona de emergencia ambiental ante la ocurrencia de un desastre, por el tiempo que subsista la situación y sus consecuencias.

Art. 55.- Para el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables deben tomarse en cuenta, entre otros los siguientes criterios:…Los planes y prioridades del país, municipios o regiones autónomas y comunidad indígena donde se encuentren los recursos y los beneficios de su aprovechamiento para las comunidades.

Art. 60.- Es potestad del Ministerio de Economía y Desarrollo, la administración del uso de los recursos naturales del dominio del Estado que le haya asignado o que se le asignen por ley, grarantizando el cumplimiento de las normas técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. En las Regiones Autónomas esta administración se hará en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos.

Art. 61.- Es facultad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la normación del uso de los recursos naturales renovables y no renovables, el monitoreo, control de calidad y el uso adecuado de los mismos. En las Regiones Autónomas esta normación se hará en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos.

Art. 62.- Es deber del Estado y de todos los habitantes velar por la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y del patrimonio genético nacional, de acuerdo a los principios y normas consignados en la legislación nacional, en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. En el caso de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que aportan recursos genéticos, el Estado garantizará que dicho uso se concederá conforme a condiciones determinadas en consulta con los mismos.

Art. 97.- En aquellas áreas donde los suelos presenten niveles altos de degradación o amenaza de la misma, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y con los Consejos Municipales y las Regiones Autónomas respectivas, podrán declarar área de conservación de suelos dentro de los límites definidos, estableciendo normas de manejo que tiendan a detener su deterioro y aseguren su recuperación y protección.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de la República de Nicaragua y su reglamentación publicada en la Gaceta No. 104 del 2 de junio de 1999.

Art. 55.- Los Juzgados Civiles Locales son competente para:
…Coordinar la administración de justicia con los jueces electos por las Comunidades de la Costa Atlántica.

Capítulo VI
DE OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA ATLANTICA

PODER JUDICIAL Y REGIMEN DE AUTONOMIA

Art. 61.- El Poder Judicial respeta, promueve y garantiza el Régimen de Autonomía de las Regiones donde habitan los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Regulaciones Especiales

Art. 62.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en el Estatuto de Autonomía de las Regiones donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Administración de Justicia en dichas Regiones se regirá, además por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comuidades.

Organos Jurisdiccionales

Art. 63.- La denominación, número, competencia y procedimientos a seguir por los órganos jurisdiciconales que se establezcan para las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica serán determinados por la Ley.

COMISION DE TRABAJO EN LAS REGIONES AUTONOMAS

Art. 226.-Una vez vigente la presente Ley, en cada una de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, a instancia de los Funcionarios Judiciales de las mismas y con la particiapción de las demás instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, se constituirán Comisiones de Trabajo que, previa realización de un estudio encaminado a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces comunales o comunitarios, formularán propuestas de regulaciones especiales para la impartición de justicia en dichas regiones, las que deberán presentar a la Corte Suprema de Justicia.

REGLAMENTO DE LA LEY 260 O LOPJ

Capitulo III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA ATLANTICA

Art. 10.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, la LOPJ, la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, y la Ley 162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, será mérito preferente para la cobertura de cualquier vacante o plaza de nueva creación en el ámbito de la Administración de Justicia en dichas Regiones el conocimiento de las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica.

A los efectos del Art. 5de la referida Ley No. 162, en los Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, se estimará mérito específico para la cobertura de las plazas a que se refiere el párrafo anterior el conocimiento de las lenguas miskitu y sumu, en la forma en que determine la Corte Suprema de Justicia en la correspondiente convocatoria.

Art. 11.- A los efectos del Art. 19 de la Ley No. 162, las actas, resoluciones y demás documentos redactados en lenguas de las Comunidades, que consten en el expediente judicial, tendrán plena validez, sin necesidad de traducción al español; ello sin perjuicio de que, si alguno de los intervinientes desconociera la lengua, se acude a los servicios de un traductor.

Los órganos judiciales procederán de oficio y sin dilación alguna a ordenar la traducción del expediente, cuando por la interposición de un recurso cualesquiera otras circunstancias legales, el expediente judicial deba ser remitido a otro Juzgado o Tribunal con sede en un territorio distinto de las Comunidades Autónomas.

Art. 12.- La coordinación de la administración de justicia con los jueces electos por las Comunidades de la Costa Atlántica, a que hace referencia el numeral 3 del Art. 55 LOPJ, se concretará por la Corte Suprema de Justicia una vez que tome o promueva las decisiones acerca de las regulaciones especiales para la impartición de justicia en las Regiones Autónomas, conforme a lo establecido en la LOPJ.

Art. 13.- Las Comisiones de Trabajo a que se refiere el Art. 226 LOPJ deberán presentar las propuestas de regulaciones especiales para la impartición de justicia en las Regiones Autónomas, en el transcurso del presente año.

LEY DE LA PROCURADURIA DE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o Ley 212, Gaceta, Diario Oficial, No. 7 del 10 de enero de 1996.

Art. 18.- De las atribuciones del Procurador:

…Nombrar al procurador…de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y otros Procuradores Espaciales que estime pertinente, implementando métodos participativos para la postulación de candidaturas.

REFORMA A LA LEY DE AUTONOMIA DE EDUCACION SUPERIOR

Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades BICU y URACCAN en la Ley de Autonomía de Educación Superior, o Ley 218 publicada en El Nuevo Diario, del 5 de septiembre de 1996.

ANEXO I DE LA LEY DE DIVISION POLITICO ADMINISTRATRIVA

Publicación Oficial de los Derroteros Municipales de la República de Nicaragua. Anexo I de la Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 183, del 27 de septiembre de 1996.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA REGION AUTONOMA ATLANTICO NORTE

La Región Autónoma Atlántico Norte está situada en el sector noreste del país. Limita al Norte con la República de Honduras, al sur con la Región Autónoma Atlántico Sur, al este con el Océano Atlántico (Mar Caribe) y oeste con los departamenteos de Matagalpa y Jinotega.

Tiene como cabecera regional la ciudad de Bilwi. Consta de 7 municipios:

MUNICIPIOS CABECERA MUNICIPAL

1.- Waspan Waspan
2.- Bonanza Bonanza
3.- Rosita Rosita
4.- Puerto Cabezas Bilwi
5.- Waslala Waslala
6.- Siuna Siuna
7.- Prinzapolka Prinzapolka

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA REGION AUTONOMA ATLANTICO SUR

La Región Autónoma Atlántico Sur (R.A.A.S.) está situada al sureste del territorio nacional. Limita al norte con la Región Autónoma Atlántico Norte (R.A.A.N.); al sur, con el Departamento del Río san Juan; al este con el Océano Atlántico (Mar Caribe) y oeste con los Departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales.

La Región Autónoma Atlántico Sur (R.A.A.S.) está conformada por 11 Municipios:

MUNICIPIOS CABECERA MUNICIPAL
1.- Paiwas Bocana de Paiwas
2.- La Cruz del Río Grande La Cruz del Río Grande
3.- Desembocadura de Río Grande Karawala
4.- El Tortuguero El Tortuguero
5.- Laguna de Perlas Laguna de Perlas
6.- Mueye de los Bueyes Mueye de los Bueyes
7.- El Rama El Rama
8.- Kukra Hill Kukra Hill
9.- Corn Island Corn Island
10.- Nueva Guinea Nueve Guinea
11.- Bluefields Bluefields

LEY ELECTORAL

Ley Electoral o Ley No. 331, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 24 de enero del 2000.

Art. 1.- La presente Ley es de carácter constitucional y regula:

a) los procesos electorales para las elecciones de:

1) Presidente y Vicepresidente de la República
2) Diputados ante la Asamblea Nacional
3) Diputados ante el Parlamento Centroamericano
4) Miembros de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica
5) Alcaldes y Vicealcaldes Municipales
6) Miembros de los Consejos Municipales
Las resoluciones que se dicten sobre los asuntos relacionados en cualquiera de los seis numerales anteriores, no serán objeto de recurso alguno, ordinario ni extraordinario…

….e) El derecho ciudadano de constituir partidos políticos regionales, exclusivamente para participar en los procesos regionales electorales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica…

Art. 5.- El Poder Electoral está integrado por los siguientes organismos:

1) El Consejo Supremo Electoral
2) Los Consejos Electorales de los Departamentos y de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica
3) Los Consejos Electorales Municipales
4) Las Juntas Receptoras de Votos

Art. 10.-El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:…17) Cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos en los casos siguientes: a) Cuando no participen en cualquier proceso electoral. Salvo lo establecido para los partidos regionales de la Costa Atlántica.

Art. 16.- Para la organización y estructura electoral existen en cada Departamento y Regiones Autónomas un Consejo Electoral Departamental o Regional en su caso, así como un Consejo Electoral Municipal, por cada Municipio del País. Cada uno de esos Consejos serán integrados por un Presidente y dos Miembros, todos con sus respectivos suplentes.

El nombramiento de los integrantes de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, en su caso, lo hará el Consejo Supremo Electoral.

El nombramiento de los integrantes de los Consejos Electorales Municipales, lo hará el Consejo o Electoral Departamental o Regional, en su caso…

Art. 71.- En las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica podrán formarse partidos regionales, cuyo ámbito de acción estará limitado a sus circunscripciones.

Los requisitos serán los mismos establecidos para los partidos nacionales, pero remitidos a la división político administrativa de las Regiones Autónomas. En el caso de las organizaciones indígenas para que formen los partidos regionales se respetará su propia forma natural de organización y participación.

Los partidos regionales podrán postular candidatos para Alcaldes, Vicealcaldes y Concejales Municipales y para Concejales y Diputados de las Regiones Autónomas.

Art. 86.- ….la campaña electoral tendrá una duración …de cuarenta y dos días para los miembros de los Consejos Regionales…

Art. 142.- Los cuarenticinco miembros de cada uno de los Consejos Regionales Autónomas de la Costa Atlántica serán electos en quince circunscripciones de acuerdo con las siguientes demarcaciones:

Región Autónoma Atlántico Sur:

1) Dentro del casco urbano de Bluefields, las circunscripciones:

Uno: Barrios Beholden, Pinteen y Old Bank.
Dos: Barrios Pancasán, 19 de Julio, Ricardo morales y tres cruces.
Tres: Barrios Santa Rosa y Fátima.
Cuatro: Barrios Punta Fría, el Canal y el Central.
Cinco: Barrios Nueva York, San Mateo, San Pedro y Teodoro Martínez

2) fuera de dicho casco urbano, las circunscripciones:

Seis: Zona de Paiwas.
Siete: Zona de Kukra Hill y Río Kama.
Ocho: La zona que comprende Haulover, Ricky Point, Laguna de Perlas, Raitipura, Kakabila, Set Net y Tasbapouni.
Nueve: Isla de Corn Island y Little Island
Diez: La zona de la Desembocadura del Río Grande
Once: La zona de los garífona que comprende: Brown Bank, La Fe, San Vicente, Orinoco, Marshall Point y Wawashang.
Doce: La zona de los Rama que comprende: Ramacay, Turswany, Dukuno, Cane Creek, Punta Aguila, Monkey Point, Wiring Cay y Punta Gorda.
Trece: La zona de la Cruz del Río Grande.
Catorce: La zona del Tortuguero.
Quince: La zona de Kukra River y El Bluff.

En las zonas ocho, nueve, diez, once, doce y catorce, el primer candidato de toda lista presentada deberá ser misquito, creole, sumo, garífona, rama y mestizo, respectivamente.

Para la Región Autónoma Atlántico Norte, las circunscripciones son:

Uno: Río Coco Arriba.
Dos: Río Coco Arriba Abajo.
Tres: Río Coco Llano.
Cuatro: Yulu, Tasba Pri, Kukalaya.
Cinco: Litorales del Norte y Sur.
Seis: Puerto Cabezas casco urbano, sector uno.
Siete: Puerto Cabezas casco urbano, sector dos Llano Norte.
Ocho: Puerto Cabezas casco urbano, sector tres.
Nueve: Siuna sector uno.
Diez: Siuna sector dos.
Once: Siuna sector tres.
Doce: Siuna sector cuatro.
Trece: Rosita urbano.
Catorce: Rosita Rural, Prinzapolka y carretera El Empalme.
Quince: Bonanza.

En las circunscripciones uno, siete, trece y catorce, el primer candidato de toda lista presentada deberá ser miskito, creole, sumo y mestizo, respectivamente.

CAPITULO IV
DE LA ELECCION DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA COSTA ATLANTICA

Art. 152.- Para la elección de los miembros de los Consejos Regionales Autónomas de la Costa Atlántica, se aplicará el sistema de representación proporcional por cociente electoral y a cada lista se le asignará tantos escaños como resulten de dividir el total de votos obtenidos entre el cociente electoral de la circunscripción.

Se escogerán los candidatos en el orden en que hayan sido presentados hasta alcanzar el número que corresponda a cada lista.

Art. 153.- Los escaños que no resulten asignados de acuerdo con el artículo anterior se asignarán siguiendo en lo pertinente el procedimiento establecido para los Diputados Departamentales y de las Regiones Autónomas.

Art. 193.-…Las elecciones de los Consejos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Sur se llevarán a cabo el primer domingo del mes de Marzo del año en que de conformidad con la ley deberán tomar posesión.

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4.- Textos Completos de Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, Reglamentos Internos Vigentes en el Ordenamiento Jurídico Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas

a) Instrumentos Internacionales:

El Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.

Agenda 21, Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Resolución sobre la Declaración del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Resolución del Parlamento Europeo sobre el año 1992, los Pueblos Indígenas y el Quinto Centenario. Luxemburgo 12 de marzo de 19992. Resolución No. 133-334/92 begin_of_the_skype_highlighting 133-334/92 end_of_the_skype_highlighting.

Resolución sobre las Medidas Internacionales Necesarias para una Protección Efectiva de los Pueblos Indígenas. Parlamento Europeo. 9 de febrero de 19994.

Directriz Operacional 4.20 y 4.01del Banco Mundial.

b) Leyes:

Ley Legislativa de 16 de Febrero de 1906, derogada por la Ley de 3 de Junio de 1914 y declarada vigente por la Ley de 24 de Abril de 1918.

Ley de 3 de Junio de 1914 que derogaba la de 16 de Febrero de 1906 sobre venta de terrenos de Comunidades Indígenas, y reglamenta la administración de los bienes de dichas Comunidades.

Ley de 6 de Agosto de 1918 Sobre Estatuto de Comunidades Indígenas.

La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 11 de Marzo de 1952 sobre Elecciones de las Juntas de Administración de los Bienes de las Comunidades Indígenas.

Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

Ley No.162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996.

c) Decretos:

Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995.

d) Reglamento Interno:

Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Resolución No. 148-30-10-98 begin_of_the_skype_highlighting 148-30-10-98 end_of_the_skype_highlighting.

e) Anteproyectos de Ley:

Anteproyecto de Ley para la Demarcación y Certificación de las Tierras y Territorios de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Julio de 1996.

Versión Indígena de la Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Versión corregida del texto trabajado en Bilwi, II-27-28/99.

Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Octubre de 1998.

5.- Texto del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Exposición de Motivos para ser presentado como Anteproyecto de Ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua.

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIO INTERNCIONAL DEL TRABAJO (OIT)

El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue elaborado con la participación de un Delegado 0del Estado de Nicaragua en Ginebra como estado miembro de la OIT, que fue aprobado por el Ejecutivo, pero de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua es necesario que la Asamblea Nacional lo ratifique para que se convierta en ley de la República. La Constitución al respecto expresa:

Art. 150 numeral 8 Cn.- Son atribuciones el Presidente de la República…Dirigir las relaciones internacionales de la República, negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece el inciso 12 del artículo 138 de la Constitución Política, para ser aprobadas por la Asamblea Nacional.

Art. 138 inciso 12 Cn.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional…Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales…y los que vinculen el ordenamiento jurídico del Estado…

La mayoría de las normas consagradas en el Convenio 169 son similares a muchas normas constitucionales o a normas adoptadas en otros convenios internacionales integrados a nuestro ordenamiento jurídico por la misma Constitución; sin embargo, es importante la adopción del Convenio 169, ya que este establece expresamente una serie de derechos consagrados individualmente a miembros de los pueblos indígenas, y otros derechos, desde el punto de vista de su colectividad como pueblos. Además, al ratificarse el Convenio tenemos la posibilidad de que haya seguimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo sobre la observación de estas normas constitucionales; finalmente, nuestro Estado debe estar actualizado sobre las normas internacionales que forman el Derecho Internacional vigente como parte de la comunidad internacional. Noruega, Dinamarca y México ya han ratificado el Convenio 169,en Centroamérica: Guatemala, Honduras y Costa Rica y en Sur América: Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú. Los Congresos de Argentina, Austria, Holanda, y Fiji lo han aprobado y solamente el registro de su ratificación ante la OIT está pendiente; y está siendo considerado en los Congresos de Brasil, Chile y Ecuador.

En Nicaragua es competencia de la Asamblea Nacional ratificar los convenios internacionales que haya firmado el Presidente de la República como el Convenio 169. El Convenio 169 está en completa armonía con la Constitución Política de Nicaragua y con los convenios internacionales antes mencionados e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que existe compatibilidad total para pedir su ratificación. Además el interés del Legislador debe ser el de incorporar a nuestro ordenamiento constitucional la actualidad internacional en materia de Derechos Humanos y desarrollar enunciados constitucionales en la materia.

1.- Compatibilidad del Convenio 169 con la Constitución y Otros Instrumentos Internacionales Ratificados por Nicaragua

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 8, reconoce que Nicaragua es “de naturaleza multiétnica” y según el articulo 6 es “un Estado unitario e indivisible” lo que es perfectamente compatible con el espíritu del Convenio 169 que en su artículo 1 expresa que el Convenio se aplicará a “pueblos indígenas y tribales en países independientes” haciendo énfasis en que estos pueblos están enmarcados jurídicamente dentro de un estado o país unitario y como tal son parte integrante de los mismos. ElConvenio169 utiliza el término “Pueblo” debido a las características propias de estos grupos humanos como grupos y no solamente como individuos o sujetos de derechos individuales, sino también como sujetos a derechos colectivos como pueblos, tales como son el derecho a la lengua, cultura y tierras comunales, todo dentro de la unidad nacional expresamente anota el Convenio 169. Además la Constitución de Nicaragua establece, en su artículo 5, el reconocimiento estatal de la existencia de “pueblos indígenas” conforme a la definición del artículo 1 del Convenio 169 que reconoce la particularidad de los pueblos indígenas en países independientes, en los que estos se encuentran cualquiera que sea su situación jurídica; considerados indígenas por descender de las poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica de este, siempre que conserven total o parcialmente, sus instituciones culturales, económicas, políticas y organizaciones sociales propias; y que tengan conciencia de su identidad indígena.

El concepto de pueblos trae consigo derechos colectivos de sus miembros y comunidades a existir como pueblos y no solamente los derechos humanos individuales y garantías fundamentales de sus miembros; derechos tales como los derechos a su cultura, lengua y territorios. Derechos ya consagrados en los artículos 5, 11, 49, 89, 90, 91, 99, 103, 107, 121,180 y 181 de la Constitución de Nicaragua.

Con esta misma filosofía Nicaragua ha suscrito, aprobado y ratificado varios otros tratados y convenios internacionales, que han sido incorporados a su ordenamiento jurídico constitucional por medio del Artículo 46 de la Constitución que literalmente expresa:

Art. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, uno de los instrumentos internacionales incorporado al ordenamiento jurídico nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua, en su articulo 27 literalmente expresa:

Art. 27.-En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Además Nicaragua también ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Racial, la que en su artículo 5 establece la igualdad a todas las personas ante la ley, sus órganos jurisdiccionales y administrativos; los derechos políticos, especialmente los de elegir y ser elegidos; los ciudadanos, de propiedad, sociales y culturales, sin discriminación de raza, color o etnia.

2.- El Contenido del Convenio 169

Los artículos 2 al 5 del Convenio consagran el respeto a los derechos humanos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas; y el reconocimiento del derecho que como pueblos tienen a su cultura, tradición, valores y costumbres propias. Estos artículos se encuentran en plena armonía con los artículos 5, 11, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 de la Constitución Política de Nicaragua.

El artículo 6 del Convenio 169 establece el mecanismo de “consultas” a estos pueblos de decisiones que quiera el Estado tomar con respecto a la aplicación de mediadas legislativas o administrativas. Y el artículo 7 habla de la necesidad de estos pueblos de establecer sus prioridades y decidir sobre ellas. De la misma manera, la Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 50 este mismo derecho de participación democrática a todos los ciudadanos en la gestión gubernamental y de manera especial el Estatuto de Autonomía o Ley 28, en los artículos 8 y 23 se establece la participación activa de las Regiones Autónomas en la toma de decisiones sobre los asuntos de las Regiones.

Los artículos 8 al 12 del Convenio169 establecen la necesidad de “tomarse debidamente en consideración sus costumbres o sus derechos consuetudinarios” y el respeto a los métodos que “tradicionalmente para la represión de los delitos” evitando en lo posible “tipos de sanciones distintas del encarcelamiento” y la no imposición de “servicios personales obligatorios” a los miembros de estos pueblos y el uso de intérpretes en casos de aplicación de la ley penal. Estos artículos están en armonía con el artículo 18 de Estatuto de Autonomía que establece:

Art. 18. La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua.

El artículo18 del Estatuto de Autonomía en concordancia con el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua establecen las garantías mínimas de todo procesado y especialmente el numeral 6 que requiere expresamente el uso de intérprete en el proceso penal para todo aquel cuya lengua materna no sea el Español.

De conformidad con los artículos 13 al 20, el Convenio169 regula la especial relación que tienen estos pueblos con sus tierras y el aspecto colectivo de las mismas; y especialmente regula los aspectos jurídicos referente a sus derechos de propiedad sobre los territorios que tradicionalmente le han pertenecido y los cuales han ocupado; regulando también lo perteneciente a la reubicación de los mismos y la debida compensación en su caso; así como todo lo relacionado con los recursos naturales de sus tierras. Lo referente a las tierras o territorios indígenas y sus recursos naturales lo regulan los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 36 del Estatuto de Autonomía; también el artículo 44 de la Constitución establece la compensación en casos de declaratoria de utilidad pública o expropiación de propiedad privada inmueble para todos los nicaragüenses.

Los artículos 21 a 23 del Convenio169 regulan lo referente a la contratación y condiciones de empleo y la formación profesional en la artesanía, industrias rurales y comunitarias. El Convenio169 establece que los estados deberán asegurar la igualdad entre todos los trabajadores y la no discriminación al acceso y a las formas de trabajo, remuneración y formas de sistemas médicos y sociales entre los miembros de los pueblos indígenas y los otros trabajadores. Lo anterior es plenamente consistente con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de Nicaragua que establece la obligación estatal de evitar la discriminación entre los diferentes trabajadores sin distinción de creencias políticas, sexo o raza. Además procura para los miembros de los pueblos indígenas profesionalización en las artes e industrias tradicionales comunitarias ensanchando aún más las oportunidad de profesionalizarse en la materia.

Los artículos 24 y 25 del Convenio169 regulan lo referente a la Seguridad Social y Salud, estableciendo tales derechos a los pueblos interesados sin discriminación alguna y respetando sus formas particulares de vida y sus culturas propias. Lo que es planamente consistente con lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de Nicaragua que establece el Seguro Social como un derecho.

Los artículos 26 al 31 del Convenio169 regulan lo referente a la educación y medios de comunicación de la misma manera que la Constitución Política de Nicaragua que en sus artículos 90 y 121 establecen la educación intercultural en las lenguas maternas de los miembros de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua como un derecho, lo mismo que el derecho a la expresión en su propia lengua, ambos principios reiterados en los artículos 8 y 11 del Estatuto de Autonomía y en la Ley de Uso Oficial de las lenguas de la Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua.

El artículo 32 del Convenio169 establece la necesidad de que los estados tomen medidas tendientes a facilitar contactos y cooperación entre pueblos indígenas a través de las fronteras; de la misma manera que el Estatuto de Autonomía en su artículo 8 inciso7 establece como función del Coordinador Regional “Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe, de conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia”.

El artículo 33 del Convenio169 establece la necesidad de crear instituciones que administren los programas que afecten a los pueblos interesados. Y los artículos 34 y 35 establecen la flexibilidad de estas normas que deberán tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada país y que los principios establecidos en el Convenio169 no pretenden menoscabar los derechos y ventajas establecidos en otras normas nacionales e internacionales aplicables.

Por todo lo anterior no existe compatibilidad alguna entre el Convenio169 y la Constitución Política de Nicaragua, al contrario, el Convenio169 fortalece las normas que protegen a los pueblos indígenas como tales; consignando expresamente los derechos colectivos de estos pueblos su cultura, lengua y territorios, y no solamente los derechos individuales de sus miembros.

Exposición de Motivos

Managua, Abril del 2000
Doctor
Iván Escobar Fornos
Presidente de la Asamblea Nacional

La elaboración del Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1989, fue elaborado con la colaboración de un representante del Gobierno de Nicaragua y actualmente solamente falta que sea ratificado por la Honorable Asamblea Nacional para que se convierta en ley de la República. Nuestro Legislador debe incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la actualidad internacional en materia de Derechos Humanos y desarrollar enunciados constitucionales en la materia

El Convenio 169 es uno de los instrumentos más importantes a nivel internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y está en completa armonía con la Constitución Política de Nicaragua y con los convenios internacionales ya incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que existe compatibilidad total para su ratificación. La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 5 reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas de Nicaragua y establece para ellos los mismos derechos y obligaciones que para el resto de los nicaragüenses; sin embargo, reconoce sus diferencias culturales, religiosas, sociales y lingüísticas como consecuencia de su identidad propia de origen indígena.

Las comunidades indígenas del Norte, Centro y Pacífico, así como los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, existen de manera perdurable demostrada en su persistencia en el tiempo y conservando su identidad y organización comunal propia y son parte indisoluble de la nación nicaragüense.

El Convenio 169, establece al igual que nuestra Constitución Política, el respeto y la igualdad ante la ley que debe existir entre todos los nacionales de nuestro país; e insta al Estado a promover y a dictar leyes para que los miembros de las comunidades y pueblos indígenas no sean objeto de discriminación por razones de lengua, cultura, y origen, y así gocen de manera efectiva de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población.

Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 138 numeral 12 de la Constitución Política de Nicaragua el Presidente de la República presenta a consideración del Plenario la presente del Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes para que sea ratificado por la Honorable Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Dr. Arnoldo Alemán
Presidente de la República de Nicaragua

Decreto No. ____________ 2000

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

en uso de sus facultades

Ha dictado el Decreto por medio del cual Ratificación el

El Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos Instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, as¡ como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.

Parte 1.

Política General

Articulo 1

1. EI presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que est‚n regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la ‚poca de l conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deber considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término “pueblos en este Convenio no deber interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deber n asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deber incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayudan a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deber n gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicar n sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deber emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Articulo 4

1. Deber n adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deber n ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deber sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Articulo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deber n reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deber tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) deber respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deber n adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Articulo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deber n:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deber n efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Articulo 7

1. Los pueblos interesados deber n tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deber n participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deber ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deber n también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deber n velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deber n ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deber n tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deber n tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deber n tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que ‚estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deber n establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deber impedir a los miembros d dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Articulo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deber n respetarse los m‚todos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribun8les llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deber n tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Articulo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deber n tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deber darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Articulo 11

La ley deber prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Articulo 12

Los pueblos interesados deber n tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deber n tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II.
Tierras

Articulo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deber n respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados aviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deber incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Articulo 14

1. Deber reconocerse a los pueblos interesados los derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deber n tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no est‚n exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deber prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deber n tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reinvindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Articulo 15

1. Los derechos se los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deber n protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 105 gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar silos intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que‚ medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deber n participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Articulo 16

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este articulo, los pueblos interesados no deber n ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deber n efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deber n tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deber n tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deber n recibir; en todos los casos posibles. tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean :por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deber indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deber consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deber impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Articulo 18

La ley deber prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deber n tomar medidas para impedir tales infracciones.

Articulo 19

Los programas agrarios nacionales deber n garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Parte III.

Contratación y Condiciones de Empleo

Articulo 20

1. Los gobiernos deber n adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no est‚n protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deber n hacer cuando est‚ en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

b) remuneración igual por trabajo de igual valor;

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, as¡ como la vivienda;

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deber n en particular garantizar que:

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, as¡ como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y las prácticas nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no est‚n sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no est‚n sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deber prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a ­OS pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV.

Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Articulo 21
Los miembros de los pueblos interesados deber n poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Articulo 22

1. Deber n tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de formación deber n basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deber n ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deber n asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si as¡ lo deciden.

Articulo 23

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deber n reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deber n velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deber facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V.

Seguridad Social y Salud

Articulo 24

Los regímenes de seguridad social deber n extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Articulo 25

1. Los gobiernos deber n velar por que se pongan a disposición d‚ los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deber n organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deber n planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, as¡ como sus m‚todos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deber dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deber coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI.

Educación y Medios de Comunicación

Articulo 26

Deber n adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los Pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en píe de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Articulo 27

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deber n desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deber n abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deber asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deber n reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deber n facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Articulo 28

1. Siempre que sea viable, deber enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua de más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deber n celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deber n tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deber n adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Articulo 29

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deber ser impartidos conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional

Artiulo 30

1. Los gobiernos deber n adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que al a las económicas, a las atañe trabajo, posibilidades cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deber recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Articulo 31

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que est‚n en contacto m s directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deber n hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII.

Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Articulo 32

Los gobiernos deber n tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII.

Administración
Articulo 33

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente convenio deber asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

2. Tales programas deber n incluir:

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

Parte IX.

Disposiciones Generales

Articulo 34

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente convenio deber n determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Articulo 35

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X.

Disposiciones Finales

Articulo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957.

Articulo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Articulo 38

1. Este Convenio obligar únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrar en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Articulo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtir efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este articulo quedar obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este articulo.

Articulo 40

1 El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificar a todos los Miembros de la organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamar la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrar en vigor el presente Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentar a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicar , ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesar de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuar en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Las versiones inglesas y francesas del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

The Autonomy Statute (Law No. 28)

AUTONOMY STATUTE FOR THE REGIONS OF THE ATLANTIC COAST OF NICARAGUA

LAW No. 28

AUTONOMY STATUTE FOR THE REGIONS OF THE ATLANTIC COAST OF NICARAGUA
LAW No. 28

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA

makes known to the people of Nicaragua that:

THE NATIONAL ASSEMBLY OF NICARAGUA IN CONSIDERATION OF THE FACT:
I
That in Latin America and other regions of the world, the Indian populations having been subjected to a process of impoverishment, segregation, marginality, assimilation, oppression, exploitation, and extermination are demanding a dep- going political, economic, and cultural transformation so that they can effectively achieve their demands and have their aspirations met.

II
That the Atlantic Region of Nicaragua makes up approximately 50% of the nation’s territory and, with close to 300,000 inhabitants represents 9.5% of the total population. This number includes 182,000 Spanish- speaking mestizos, 75,000 Miskitos with their own language, 26,000 English- speaking Creoles, 9,000 Sumus with their own language, 1,750 Garifunas, most of whom have lost their language, and 850 Ramas, of whom only 35 have retained their language.

III
That the multi-ethnic identity of the Nicaraguan people is greatly inspired by the exploits of Indian- American heroes like Diriangen, Cuauhtemoc, Caupolican, and Tupac Amaru who never backed down, and by the deeds of Augusto C. Sandino who gave hope and determination to the Indians of the Rio Coco with their agricultural and mining cooperatives, and who proclaimed proudly to the world:
“I am Nicaraguan and I am proud because, more than anything else, Indian blood courses through my veins which atavistically contains the mystery of being patriotic, loyal, and sincere.”

IV
That the revolutionary struggle of the Nicaraguan people to build a new multi-ethnic, multi-cultural, and multi-lingual nation based on democracy, pluralism, anti-imperialism, and the elimination of all forms of social exploitation and oppression, requires the institutionalization of the Autonomy process of the Communities of the Atlantic Coast whereby the political, economic, social, and cultural rights of its’ inhabitants are recognized, and which ensures equality in diversity, strengthens national unity and the territorial integrity of the nation, enriching the democratic principles of the Revolution, and which thoroughly transforms the very essence of the dependent and exploitative society we inherited from the past.

V
That the Autonomy process enriches our national culture; recognizes and strengthens ethnic identity; respects the particular aspects of the cultures of the different Communities of the Atlantic Coast and preserves their history; recognizes the right to religious freedom; and, without deepening differences, recognizes the different identities which lay the basis for building national unity.

VI
That the experience gained with the Autonomy process is showing that only to the extent that the struggle for the specific demands of the ethnic communities remains linked to that of the workers and other exploited and oppressed sectors of the nation will a genuine solution be reached.

VII
That Autonomy makes possible the effective exercise of the right of the Communities of the Atlantic Coast to participate in working out how to make use of the region’s natural resources and how to reinvest the benefits from these in the Atlantic Coast and the nation, thereby creating the material basis for the survival and development of the cultural expressions.

VIII
That the new constitutional order of Nicaragua establishes that the Nicaraguan people are by nature multi-ethnic; recognizes the rights of the Communities of the Atlantic Coast to preserve their languages, religions, art, and culture, to use and enjoy the communal waters, forests, and lands, to create programs which further their development and ensure the rights of these Communities to organize themselves and to live in the ways which correspond to their legitimate traditions (Art. 8, 11, 49, 89, 90, 91, 92, 121, 180, and 181 of the Constitution).

THEREFORE
In use of its powers
Has issued
The following:
AUTONOMY STATUTE
FOR THE
REGIONS OF THE ATLANTIC COAST
OF NICARAGUA

Title I
BASIC PRINCIPLES

Chapter I
AUTONOMOUS REGIONS

Art. 1. This Statute establishes the Rule of Autonomy for the Regions inhabited by the communities of the Atlantic Coast of Nicaragua, and recognizes the rights and responsibilities which correspond to its inhabitants, in conformity with the Political Constitution.

Art. 2. The Communities of the Atlantic Coast are an indissoluble part of the indivisible State of Nicaragua, and their inhabitants enjoy all the Rights and Responsibilities which correspond to them as Nicaraguans, in accordance with the Political Constitution.

Art. 3. It is a principle of the Revolution and of Autonomy to promote and preserve unity, fraternity, and solidarity between the inhabitants of the communities of the Atlantic Coast of Nicaragua.

Art. 4. The Regions inhabited by the communities of the Atlantic Coast enjoy—within the unity of the Nicaraguan State—the Rule of Autonomy which ensures them the effective exercise of their historical and other rights, as stated in the Political Constitution.

Art. 5. Spanish, the official language of the State, and the languages of the Communities of the Atlantic Coast will have official status in the Autonomous Regions.

Chapter II

POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REGIME
FOR THE AUTONOMOUS REGIONS
AND THEIR INTERNAL TERRITORIAL DIVISION

Art. 6. For the full exercise of the right to Autonomy of the Communities of the Atlantic Coast, two Autonomous Regions are established in the area making up the Department of Zelaya:
1. “The North Atlantic Autonomous Region” has jurisdiction over the territory of Special Zone I and the adjacent Islands and Keys. Its administrative seat is in the city of Puerto Cabezas.

2. “The South Atlantic Autonomous Region” has jurisdiction over the territory of Special Zone II and the adjacent Islands and Keys. Its administrative seat is in the city of Bluefields.

Under extraordinary circumstances, the regional administrations can function in other parts of their respective territories.

Art. 7. The territory of each Autonomous Region will be divided for administrative purposes into municipalities to the extent possible, in keeping with community traditions, and they shall be subject to the laws established for this purpose. The administrative sub-division of the municipalities shall be established and organized by the corresponding Regional Councils, in accordance with their traditions.

Art. 8. The Autonomous Regions established by this Statute will have legal personality in public Law, and are subject to the relevant aspects of their national policies, plan, and orientations. Through their administrative bodies they have the following general faculties:

1. To effectively participate in the preparation and implementation of plans and programs for national development with the region, in order to bring them into harmony with the interests of the Communities of the Atlantic Coast.
2. To administer programs for health, education, culture, supply and distribution, transport, community services, etc. in coordination with the corresponding State Ministries.
3. To promote their own economic, social, and cultural projects.
4. To promote the rational use and enjoyment of the communal waters, forests, and lands and the defense of their ecological system.
5. To promote the study, fostering, development, preservation, and dissemination of information about the traditional cultures of the Communities of the Atlantic Coast, as well as their historical, artistic, linguistic, and cultural heritage.
6. To promote national culture in the communities of the Atlantic Coast.
7. To foster the traditional trade with the nations and peoples of the Caribbean, in accordance with the national laws and procedures established for this purpose.
8. To promote connections with the intra- and inter-regional market, thereby contributing to the consolidation of the national market.
9. To establish regional taxes in accordance with the laws established for this purpose.

Art. 9. The right to own communal lands shall be recognized in the rational use of the mineral, forest, fishing, and other natural resources of the Autonomous Regions, and said use should benefit the inhabitants equitably, by means of the agreements between the Regional Government and the Central government.

Chapter III

ON THE RIGHTS, RESPONSIBILITIES, AND
GUARANTEES
OF THE INHABITANTS OF THE COMMUNITIES
OF THE AUTONOMOUS REGIONS

Art. 10. In the territory of the Autonomous Regions, all Nicaraguans enjoy the rights, responsibilities, and guarantees which correspond to them, in accordance with the Political Constitution and this Statute.

Art. 11. The inhabitants of the Communities of the Atlantic Coast have the following rights:

1. Absolute equality of rights and responsibilities, regardless of the size of their population and level of development.
2. To preserve and develop their language, religions, and cultures.
3. To use, enjoy, and benefit from the communal waters, forests, and lands, within the plans for national development.
4. To freely develop their social and productive organizations, in accordance with their own values.
5. Education in their mother tongue and in Spanish, by means of programs which include their historical heritage, their value system, and the traditions and characteristics of their environment, all in accordance with the national education system.
6. Communal, collective, or individual forms of property, and the transfer of said property.
7. To elect their own authorities, or be elected as such in the Autonomous Regions.
8. To scientifically safeguard and preserve the knowledge of natural medicine accumulated throughout their history, in coordination with the national health system.

Art. 12. The members of the Communities of the Atlantic Coast have the right to define and decide upon their own ethnic identity.

Art. 13. The defense of the country, life, justice, and peace for the development of the nation is a fundamental responsibility of the inhabitants of the Communities of the Atlantic Coast.

Art. 14. In Nicaragua, the defense of the nation lies in the organized strength of all the people. In the Autonomous Regions, defense will be led by the Sandinista People’s Army and the bodies in charge of the security and internal order of the State. The inhabitants of these communities have priority in the defense of sovereignty in these regions.

Title II

ON REGIONAL ADMINISTRATION

Chapter 1

ON THE INSTITUTIONS OF REGIONAL
ADMINISTRATION

Art. 15. In each of the Autonomous Regions of the Atlantic Coast there shall be, subject to the Political Constitution of Nicaragua and this Statue, the following administrative institutions:
1. Regional Council.
2. Regional Coordinator.
3. Municipal and community authorities.
4. Other authorities corresponding to the administrative sub-division of the municipalities.

Art. 16. The Regional Council and Coordinator shall be the highest authorities in their respective Autonomous Region in their respective spheres of activity.

Art. 17. Municipal governments shall be subject to the provisions of this Statute and the relevant laws. The other authorities shall be subject to the resolutions issued by the corresponding Regional Council.

Art. 18. The Administration of Justice in the Autonomous Regions shall be subject to special regulations which reflect the particularities of the cultures of the Communities of the Atlantic Coast, in accordance with the Political Constitution of Nicaragua.

Chapter II

ON THE REGIONAL COUNCIL
Art. 19. Each Regional Council will be made up of 45 members elected by universal suffrage which will be direct, free, and secret. All the ethnic communities of the respective Autonomous Region must be represented, in accordance with the system worked out in the Electoral Law.

Art. 20. The Representatives to the National Assembly from each Autonomous Region shall also be voting members of their respective Regional Council.

Art. 21. To be a Member of the Regional Council, it is necessary: to have been born on the Atlantic Coast or be the child of a mother or father born in the Region; to be at least 21 years of age; to have full enjoyment of one’s civil and political rights; and, to have resided in the respective region for at least one year immediately prior to the elections. Nicaraguans from other regions must have resided in the respective regions for at least five consecutive years immediately prior to the election.

Art. 22. The right to vote in the election for Members of the Regional Council shall be held by all citizens who- in addition to meeting the requirements stipulated in the Electoral Law- have resided in the respective Region during the three months prior to the elections and who were born there or have a mother or father from the Region, or when they are Nicaraguans from other regions of the country they have resided for at least one year in the respective Region immediately prior to the election.

Art. 23. The attributes of the Regional Council shall be:
1. To regulate those regional affairs assigned by means of resolutions and ordinances, in accordance with Article 8 of this Statute.
2. To prepare the Regional Tax Plan for the Region.
3. To participate in the formulation, planning, implementation, and supervision of the economic, social, and cultural policies and programs which affect or concern the Region.
4. To resolve boundary disputes between the different communities of the respective Region.
5. To draft the Regional Budget.
6. To ensure the correct use of the special fund for the development and social progress of the Region which shall be set up using domestic and foreign funding and other extraordinary funds.
7. To prepare the draft law for the Municipal Demarcation and organization of the respective Region, taking into account its social, cultural, and economic characteristics.
8. To elect the Regional Coordinator from among its members and to find a replacement if and when necessary.
9. To define by means of resolutions the administrative sub-divisions of the municipalities in its Region.
10. To prepare draft legislation concerning the rational use and conservation of the Region’s natural resources.
11. To request reports from, or question the delegates from the State Ministries and agencies operating in the Region and from the regional officials.
12. To elect a Board of Directors from among its members.
13. To receive and accept, when necessary, all resignations tendered by its Members or those of the Board of Directors.
14. To promote the integration, development, and participation of women in all aspects of the political, social, cultural, and economic life of the region.
15. To draft and pass its own internal regulations.
16. All other faculties assigned by this Statute and other laws.

Art. 24. The resolutions and ordinances enacted by the Regional Councils should be in accordance with the Political Constitution and the Laws of the Republic of Nicaragua.

Art. 25. The term of office for the Regional Council members shall be four years, beginning from the date of their investiture, to be determined in accordiance with Article 40 of this Statute.

Art. 26. Quorum for the Regional Council meetings shall be met with the presence of more than half of its Members, and the resolutions should have more than half the votes of those present, except in the special cases established by the Regulations.

Chapter III

ON THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
REGIONAL COUNCILS

Art. 27. The Board of Directors of each Regional Council shall be composed of one president, two vice-presidents, two secretaries, and two regular members. Each of the ethnic groups of the respective region shall be represented on the Board. Its term of office shall be two years, and it will have the functions stipulated in this Statute and the respective Regulations.

Art. 28. The attributes of the Board of Directors of the Regional Council shall be:
1. To coordinate its activities and those of the Council with the Regional Coordinator and, through the Coordinator, with the other regional officials of the different branches of the government.
2. Through its President, to call the Regional Council to ordinary and extraordinary sessions, and to prepare the agenda for said sessions.
3. To appoint standing and special committees to analyze and decide upon matters concerning the administration of the region.
4. To carry out the tasks necessary for the interest, well- being, and development of the Region.
5. All other attributes conferred by this Statute and other laws regulations.

Chapter IV

ON THE REGIONAL COORDINATOR

Art. 29. The executive functions of the Region shall be the responsibility of the Regional Coordinator.

Art. 30. The functions of the Regional Coordinator will be:
1. To represent the respective Region.
2. To appoint the executive officials for regional administration.
3. To organize and direct the executive activities of the Region.
4. To conduct all affairs within his area of responsibility before the national authorities.
5. To comply with, and have others comply with the policies, directives, and dispositions of the Executive Branch, in accordance with this Statute, laws, and regulations.
6. To administer the special fund for development and social progress, in accordance with the policy set by the Regional Council, and to make periodic reports through the Board of Directors about the activities carried out.
7. To comply with, and have others comly with the ordinances of the Regional Council.
8. All other attributes conferred by this Statute and the law.

Art. 31. The office of the Regional Coordinator is compatible with the office of the representative of the Presidency of the Republic in the Region.

Title III

ON THE BUDGET OF THE AUTONOMOUS REGIONS

Chapter I

Art. 32. The Regional Council shall prepare, in coordination with the Ministry of Finance, the draft budget for its Autonomous Region in order to finance the regional projects. Said budget shall consist of:
1. The regional taxes, in accordance with the Regional Tax Plan, which shall include taxes on the profits of the companies operating in the Region.
2. Funds derived from the General Budget of the Republic.

Art. 33. A Special Fund for Development and Social Promotion will be established, derived from internal and external resources and other extraordinary income not contemplated in the budget, which will be destined to social, productive and proper cultural investments of the Autonomous Region.

Title IV

ON THE PATRIMONY OF THE REGIONS AND THE
COMMUNAL PROPERTY

Chapter I

Art. 34. Considered as Patrimony of the Autonomous Region are all property, rights and duties acquired through any title as legal personality in Public Law.

Art. 35. The Autonomous Region possesses total capacity to acquire, administer and dispose properties integrated as its Patrimony, according to this Statute and the laws.

Art. 36. The communal property is constituted by the land, waters and forests which traditionally has belonged to the communities of the Atlantic Coast, and which are subject to the following dispositions:
1. The communal lands are indissoluble; they cannot be donated, sold, leased nor taxed, and they are eternal.
2. The inhabitants of the communities possess the right to work parcels of the communal property and the right to the benefits of the results of the work they realize.

Art. 37. The other forms of property in the Region are those recognized by the Political Constitution of Nicaragua and the laws.

Title V

ON REFORMING THE STATUTE

Chapter I

Art. 38. Two thirds of both Regional Councils may together solicit reforms of the present Statute, according to mechanisms established by the Political Constitution of Nicaragua, the General Statutes of the National Assembly and its Internal Regulations.

Title VI

FINAL AND TRANSITORY DISPOSITIONS

Chapter I

Art. 39. The National Assembly, after having approved the present Statute, calls for election of members of the Regional Council in each of the Autonomous Regions. The Supreme Electoral Council proceeds to organize, direct and to proclaim and publish the results and hand over the credentials to the elected.

Art. 40. The National Assembly establishes the date of installation of each Regional Council. The President of the Supreme Electoral Council takes the oath of the law of the members declared elected, gives the possession of their function and presides the election of the Board.

Art. 41. A special commission of each Regional Council proceeds to organize the ceremony of induction with the presence of the President of the Republic or his delegate, and of the Presidents of the National Assembly, of the Supreme Court of Justice and of the Supreme Electoral Council or their delegates.

Art. 42. The zones presently under other jurisdiction will be incorporated in their respective Autonomous Region under the possible circumstances and these will be efined and determined by the respective Autonomous Region in coordination with the Central Government.

Art. 43. The authorities exercising functions in each Region at the date of implementation of this statute, continues to do so while those that will substitute them according to the new dispositions do not take position.

Art. 44. The present Statute shall be regulated and amply publicized in the entire National Territory, in Spanish, and the languages of the Communities of the Atlantic Coast

Art. 45. The present Statute comes into effect the date it is published in La Gaceta, Official Publication. Given at the Session Room of the National Assembly the second of the month of September of the year of one thousand nine hundred and eighty seven. Here, nobody surrenders!- Carlos Nuñez Tállez, President of the National Assembly- Rafael Solís Cerda, Secretary of the National Assembly.

Accepted as Law of the Republic- Published and Executed- Managua, seventh of September of one thousand nine hundred and eighty seven- “Here, nobody surrenders.” Daniel Ortega Saavedra, President of the Republic.

Reglamento a la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”

DECRETO A.N. No. 3584

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

REGLAMENTO A LA LEY No. 28 “ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS REGIONES DE LA COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA”

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OBJETO Y DEL ALCANCE DEL REGLAMENTO

Arto. 1. Las presentes disposiciones tienen por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de Octubre de 1987.

AMBITO DE APLICACIÓN

Arto. 2. La aplicación del presente Reglamento será el territorio de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y sus islas y cayos adyacentes.

CAPITULO II
DE LAS DEFINICIONES

Arto. 3. Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

Régimen de Autonomía: Es el sistema o forma de gobierno, jurídico, político, administrativo, económico y financieramente descentralizado que dentro de la unidad del Estado nicaragüense, establece las atribuciones propias de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, de sus órganos de administración, los derechos y deberes que corresponden a sus habitantes para el ejercicio efectivo de los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, consignadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley 28 y demás leyes de la República.

La autonomía regional orgánica significa:

Autonomía Jurídica: En tanto las competencias y facultades se derivan de la Constitución Política y la Ley 28.

Autonomía Política: Es la facultad de elegir a sus propias autoridades mediante el voto universal, igual, directo, libre y secreto.

Autonomía Normativa: Es la potestad de regular materias de su competencia mediante resoluciones y ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción.

Autonomía Económica – Financiera: Es la facultad de administrar su patrimonio, los recursos financieros que le son suministrados por el Estado y los que obtengan por otras fuentes nacionales e internacionales, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos económicos regionales.

Autonomía Organizativa: Es el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas propias de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

Autonomía Cultural: Es el derecho de las Regiones Autónomas de preservar y promover su cultura multiétnica.

Autonomía Administrativa: Es la capacidad de crear su propio aparato administrativo a fin de cumplir con las atribuciones que le son propias y de establecer sus propias políticas y normas respecto a los asuntos que les competen.

Asamblea Comunal: Es la reunión de los miembros de la comunidad, congregados para tomar decisiones sobre asuntos que le son de interés. De conformidad con sus costumbres y tradiciones.

Autoridad Comunal Tradicional: Es la autoridad tradicional de las comunidades indígenas y étnicas electas en asambleas según sus costumbres y tradiciones para que los represente y los gobierne.

Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, electa en asambleas que representa a un conjunto de comunidades indígenas que forman una unidad territorial y cuyos miembros son electos por las autoridades comunales de conformidad con los procedimientos que adopten.

Area de Uso Comunal: Son aquellas áreas de uso compartido de forma tradicional entre dos o más comunidades indígenas con exclusión de terceros.

Comunidades de la Costa Atlántica o Caribe de Nicaragua: Se entiende como las entidades jurídicas – sociales – políticas, constituidas por miskitos, mayagnas o sumus, ramas, creoles, garifonas y mestizos que habitan en la Regiones Autónomas con jurisdicción para administrar sus asuntos bajo sus propias formas de organización conforme a sus tradiciones y culturas, reconocidas en la Constitución Política y la Ley 28.

Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia ameri – india y/o africana que comparten una misma conciencia étnica fácilmente identificable por su cultura, valores y tradiciones de convivencia armónica con la naturaleza, vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencias y uso comunal de la tierra.

Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de ascendencia ameri – india que comparten sentimientos de identificación, vinculados a su pasado aborigen y que mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de tenencias y uso comunal y de organización social propias.

Consejo Regional Autónomo: Es la instancia máxima de autoridad del Gobierno Regional Autónomo en cada una de las regiones autónomas, la constituye el Consejo Regional Autónomo presidido por su Junta Directiva y los demás órganos de administración en la Región. En base a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Coordinación: Es el deber del Estado nacional, de establecer relaciones armónicas entre la administración autonómica regional y las demás administraciones públicas del país, en tanto administraciones públicas y reflejo de los principios constitucionales.

Es la facultad de coordinar la administración local y en especial de las Regiones Autónomas en el ejercicio de sus competencias, de acuerdo a los alcances establecidos por la Ley, con los ministerios de Estado y entes autónomos, así como con las demás autoridades de la región.

La coordinación contribuye a la unidad y coherencia de la gestión pública en cumplimiento de la Ley. Es una relación horizontal que deriva del orden constitucional y del espíritu y letra de la ley.

Modelo Regional de Salud: Es el conjunto de principios, normas, disposiciones, regímenes, planes, programas, intervenciones e instrumentos adoptados por las regiones autónomas por medio de resoluciones de carácter vinculante y obligatorio, que orientan y dirigen la acción de salud en sus respectivas regiones autónomas.

Territorio: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de los pueblos indígenas y étnicos.

Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena y/o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, religiosas y espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros lugares sagrados de la comunidad. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Propiedad Comunal: Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras comunales y los recursos naturales y otros contenidos en ella, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenecen a una o más comunidades indígenas o étnicas.

Pueblo Indígena: Es el conjunto de comunidades indígenas que mantienen una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonia y que comparten y están determinadas a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones, sus territorios tradicionales, sus propios valores culturales, organizaciones sociales y sistemas legales.

TITULO II

DEL RÉGIMEN POLÍTICO – ADMINISTRATIVO Y DIVISIÓN TERRITORIAL INTERNA

CAPITULO UNICO

Arto. 4. Las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur, tienen sus sedes administrativas en la ciudad de Bilwi y Bluefields, respectivamente, donde funcionan de manera ordinaria; pudiendo establecerse en otras partes del territorio nacional en circunstancias extraordinarias, siendo éstas las siguientes:

a. Por catástrofe natural.
b. Por situaciones de guerra.
c. Por disposición del Consejo Regional Autónomo respectivo.

Una vez que desaparezcan las circunstancias extraordinarias la administración regional volverá a funcionar en la sede que por ley corresponde.

TITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS

CAPITULO I

Arto. 5. Para el efectivo ejercicio de las atribuciones de las Regiones Autónomas se establece lo siguiente:

a) Elaborar y ejecutar un plan estratégico de desarrollo regional integral tomando en cuenta a la sociedad civil, organismos bilaterales y multilaterales, gubernamentales, no gubernamentales y autoridades municipales y comunales de la Costa Atlántica para armonizarlos con los planes y programas nacionales. La Comisión de Asuntos Etnicos y Comunidades Indígenas semestralmente presentará al pleno de la Asamblea los avances en la elaboración o ejecución del Plan de desarrollo Regional.

b) Recibir del gobierno central los recursos y medios necesarios para administrar los programas de salud, educación, cultura, transporte, servicios básicos, deportes e infraestructura en coordinación con las instancias o ministerios correspondientes tomando en cuenta las condiciones particulares de la Costa Atlántica, los que deben ser incluidos en el Presupuesto General de la República.

c) Garantizar conjuntamente los consejos regionales, gobiernos municipales y gobierno central la aprobación de proyectos de inversión, concesión, contrato, licencia y permiso que se programe desarrollar en las Regiones Autónomas y en sus áreas de competencia.

d) Participar en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES).

e) El territorio de cada región autónoma se dividirá para su administración en municipios, que deberán ser establecidos, hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones comunales y se regirán por la ley de la materia. La subdivisión administrativa de los municipios será establecida y organizada por los Consejos Regionales correspondientes, conforme a sus tradiciones.

f) Proponer iniciativas de ley en materia propia de su competencia de acuerdo al artículo 140 de la Constitución Política.

g) Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe de conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia.

CAPITULO II

DE LA ADMINSTRACION DE PROGRAMAS REGIONALES

Arto. 6. Los diferentes ministerios del Estado y entes autónomos señalados expresamente en el numeral 2 del artículo 8 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua coordinarán con los Consejos Regionales Autónomos todos los aspectos relacionados a la administración de los programas de salud, cultura y abastecimiento, transporte, servicios comunales y otros, así como las gestiones requeridas para la descentralización que implica la administración autonómica regional para garantizar las relaciones de coordinación, entes autónomos conjuntamente con las Regiones Autónomas deberán constituir una Comisión coordinadora integrada en forma paritaria entre cada Ministerio o ente autónomo y los Consejos Regionales. Dichas Comisiones deberán conformarse o más tardar 60 días después de aprobado el Reglamento.

Arto. 7. La atribución a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la Ley No. 28 relativo a la administración regional en coordinación con los ministerios de Estado correspondientes, se desarrollará de la forma siguiente:

a) Las instituciones estatales correspondientes proveerán asesoría técnica- administrativa y material a las instituciones regionales.

b) Elaborar, ejecutar, administrar y evaluar los presupuestos correspondientes, incluyendo los aspectos de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.

c) Elaborar, administrar, ejecutar, dar seguimiento, controlar y evaluar el Plan de Inversiones de la Región, en coordinación con los respectivos ministerios del Estado y los gobiernos municipales.

d) Definir y ejecutar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura existente y su equipamiento necesario, a fin de brindar las condiciones básicas para la prestación de los servicios a la población, en coordinación con las respectivas instituciones del gobierno central y el gobierno municipal correspondiente.

e) Gestionar y administrar los recursos provenientes de la cooperación externa para la ejecución de los proyectos de inversión regional, informar sobre el aprovechamiento de estos recursos al organismo de cooperación y al Consejo Regional.

f) Mantener estrecha colaboración con los organismos de cooperación externa para la ejecución de los proyectos de inversión regional, informar sobre el aprovechamiento de estos recursos.

g) Fomentar la participación social y comunitaria en los proyectos de desarrollo de los servicios básicos y en las campañas que se impulsen para su beneficio.

h) Coordinar acciones con el gobierno central, los gobiernos municipales y autoridades comunales, a fin de que se realicen con efectividad los programas y proyectos en las regiones autónomas.

i) Realizar regularmente estudios e investigaciones de base que retroalimenten la prestación de servicios, el desarrollo de la producción y el comercio.

j) Promover y desarrollar programas y acciones de capacitación de los funcionarios regionales, para que éstos cumplan de una mejor manera sus objetivos y metas.

Arto. 8. La definición de contenidos y enfoque de los planes y programas de educación para las regiones autónomas se enmarcan en el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) consignado en el Plan Nacional de Educación cuyos ejes fundamentales son: La autonomía, la interculturalidad, la pertenencia, la calidad, la solidaridad y la equidad de género.

Arto. 9. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes e instituciones afines acompañarán a las instituciones educativas regionales en el diseño y definición de los contenidos de los planes y programas educativos ordinarios y especiales tomando en consideración los siguientes aspectos:

a. El carácter multiétnico, multilingüe, pluricultural de la nación nicaragüense.

b. La incorporación de los elementos culturales, históricos y socioeconómicos propios de las Regiones Autónomas y sus comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua.

c. Las necesidades particulares en materia de educación de las Regiones Autónomas y sus comunidades indígenas y étnicas.

d. Un apropiado balance teórico – práctico y una adecuada vinculación con las culturas y experiencias productivas de las comunidades multiétnicas de la Costa Atlántica.

e. El desarrollo de los modelos alternativos que armonicen las tecnologías y valores tradicionales con el desarrollo científico – técnico de la nación. El contenido de dichos planes y programas debe garantizar el derecho de los habitantes de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, a la educación en su lengua materna y en español, recogiendo su patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones y las características de su medio ambiente.

Arto. 10. En las Regiones Autónomas se impulsarán los planes y programas educativos de carácter bilingüe e intercultural y se desarrollará la formación y capacitación bilingüe de los profesores participantes en estos planes y programas, de conformidad con las leyes de la materia.

Arto. 11. Para hacer efectiva la descentralización territorial se crearán comisiones mixtas integradas paritariamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y los Consejos Regionales Autónomos cuya función principal será el diseño de implementación y monitoreo del proceso de descentralización educativa y transferencia de competencia y recursos a las Regiones Autónomas.

Arto. 12. En aras de lograr una educación más integral y pertinente, el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) incorpora a sus planes y programas, las tradiciones y valores de la educación indígena. Será obligación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes garantizar los recursos y medios necesarios para la implementación de este nuevo modelo educativo.

Arto. 13. Las Regiones Autónomas podrán solicitar a las universidades regionales, nacionales y extranjeras el apoyo necesario para diseñar organizar y ejecutar planes y programas encaminados a la formación, capacitación y profesionalización de sus habitantes en el ámbito superior y apoyo en áreas o especialidades de interés para el desarrollo regional.

Arto. 14. Los servicios de salud, serán prestados teniendo como base las políticas y normas, definidas por el Ministerio de Salud, rescatando en forma científica el uso, desarrollo y difusión de los conocimientos de medicina tradicional de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Arto. 15. El plan de inversiones del sector en las Regiones Autónomas debe de orientarse hacia el fortalecimiento de la capacitación de los recursos humanos, la infraestructura física y a mejorar el equipamiento y los suministros médicos y no médicos.

Arto.16. Las Regiones Autónomas, en coordinación con el Ministerio de Salud, elaborarán e impulsarán una estrategia de desarrollo global en dicho sector, que contribuya al fortalecimiento de servicios de atención primaria, medicina preventiva, rehabilitación de la salud, incorporando la promoción de la participación comunal e intersectorial.

CAPITULO III

DEL IMPULSO DE LOS PROYECTOS PROPIOS

Arto.17. Dentro de las atribuciones consignadas en el inciso 3 del Artículo 8 del Estatuto de Autonomía, de impulsar proyectos económicos, sociales y culturales propios, las Regiones Autónomas están facultadas para:

a. Definir e impulsar su propio modelo de desarrollo socio– económico y cultural de acuerdo a su propia realidad presente y perspectivas, garantizando la vigencia de los principios e ideales democráticos desarrollando los siguientes proyectos: pesca, minería, agricultura orgánica, medicina natural, turismo comunitario, artesanía, fuentes de energía, producción de oxigeno, reproducción de fauna y flora exóticas, parques zoológicos, bancos, comercio, industria en general, zona franca y ensambladores.

La aprobación de los proyectos económicos se hará mediante solicitud que presentará al Consejo Regional el proponente, acompañado del estudio de factibilidad económica, de impacto social y ambiental. Para lo cual el Consejo Regional Autónomo resolverá en sesión ordinaria o extraordinaria.

b. Preparar e implementar programas de asistencia técnica y capacitación por lo cual se deberá solicitar apoyo a todos los niveles nacionales e internacionales. Creando las capacidades de almacenamiento de los productos y el establecimiento del mercado para éstos.

c. Impulsar programas y acciones que promuevan y fomenten el incremento de la producción agrícola, la actividad artesanal, la pequeña y micro empresa y la actividad agroindustrial, al igual que el ecoturismo en el ámbito regional.

d. Impulsar el desarrollo industrial de la región, de acuerdo al Plan Estratégico.

e. Aprobar a través de ordenanzas las normas y procedimientos para el diseño de estrategias regionales sobre el uso y usufructo de los recursos naturales, renovables y no renovables y que además posibilite el fortalecimiento y desarrollo institucional, para garantizar el proceso de normación, regulación, control, análisis, planificación, administración, aprovechamiento, conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.

f. Desarrollar y controlar la industria turística en las Regiones Autónomas.

g. Crear y mantener actualizada una base de datos de la Región de acceso publico.

CAPITULO IV

EL USO RACIONAL DE AGUAS, BOSQUES Y TIERRAS COMUNALES Y DE LA DEFENSA DE SU SISTEMA ECOLOGICO

Arto. 18. Las Regiones Autónomas establecerán, conforme al numeral 4 del Artículo 8 del Estatuto de Autonomía, las regulaciones adecuadas para promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico, tomando en consideración los criterios de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y las normas que al respecto establezcan los organismos competentes.

Arto. 19. Las atribuciones establecidas en el artículo anterior comprenden las facultades siguientes:

a. Establecer centros de investigación que posibiliten realizar estudios que permitan diagnosticar la base material real en las Regiones Autónomas que contribuyan a la definición de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos requeridos para el desarrollo socio – económico regional. Dichos estudios estarán encaminados a determinar el potencial productivo regional, los ecosistemas existentes, la infraestructura disponible y necesaria, la tecnología apropiada para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, los recursos humanos calificados existentes e indispensables internos y externos, las inversiones que deberán ser realizadas para aumentar las posibilidades de aprovechamiento y otros.

b. Definir y poner en práctica, en coordinación con los ministerios e instituciones estatales pertinentes, normas específicas para regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las Regiones Autónomas, sin perjuicio de las normas nacionales y lo dispuesto en las leyes relativas al uso racional y conservación de los mismos en la región.

c. Determinar y definir en conjunto con las entidades estatales competentes, cuotas de aprovechamiento de los recursos naturales con el objeto de garantizar su uso sostenido. Igualmente, un sistema regional de regulación, control y evaluación, para cuyo funcionamiento se contemple la participación comunal y tenga un fuerte contenido educativo.

d. Administrar, definir y aplicar medidas encaminadas a la educación ambiental referidos a los recursos pesqueros, forestales, recursos no renovables y sobre todo la aplicación de las leyes nacionales, resoluciones y ordenanzas regionales vigentes o que se emitan en materia de recursos naturales.

e. Formular y ejecutar en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y otras entidades, un programa encaminado al ordenamiento del territorio de las Regiones Autónomas para el aprovechamiento de sus recursos naturales.

f. Diseñar y poner en práctica, en coordinación con el Gobierno Central, las modalidades de explotación racional, intercambio y pagos, que beneficien al máximo el desarrollo de las comunidades donde existen estos recursos y contribuyan a la eliminación de posibles conflictos por el uso y explotación de los mismo, entre instancias nacionales, regionales, municipales y las comunidades.

g. Garantizar el respeto a la vigencia de las formas tradicionales de tenencia de la tierra y a la concepción práctica del uso y aprovechamiento sostenido del suelo por parte de las comunidades.

h. Promover la realización de investigaciones sobre las tecnologías tradicionales y apropiadas empleadas por las organizaciones productivas comunales, las distintas formas de aplicación y transferencia de los resultados obtenidos.

i. Regular el uso de tecnología por parte de las unidades económicas que operan dentro de su jurisdicción, a fin de posibilitar un adecuado manejo y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. Las empresas deberán transferir tecnologías y conocimientos a las organizaciones productivas comunales que estén en su entorno y rescatarán de éstas, para incorporarlos a sus propios procesos productivos, aquellos elementos tecnológicos particularmente vinculados al adecuado aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.

j. Promover la introducción de tecnologías apropiadas para las condiciones del medio y de la cultura local. Para ello, los Consejos Regionales Autónomos, prepararán y gestionarán en coordinación con el Gobierno Central proyectos especiales de apoyo consistentes en lograr exoneraciones de gravámenes diversos para la introducción de estas tecnologías a las distintas formas de organización productiva y facilidades para el desaduanaje de los bienes de capital.

k. Promover políticas para incentivar el establecimiento y desarrollo de la acuicultura, zoocriaderos, viveros y microviveros, plantaciones boscosas y otros, por parte de las empresas, cooperativas, comunidades y particulares.

l. Promover, establecer y sostener parques nacionales y áreas protegidas de los recursos naturales existentes en las Regiones Autónomas y cuyo nivel de explotación los pone en peligro de extinción. Los parques nacionales y áreas protegidas creadas por el gobierno central en las Regiones Autónomas pasarán bajo la administración de las mismas, garantizando la transferencia de los recursos materiales, financieros y técnicos con que cuenten al momento de la entrega.

m. Proteger, en coordinación con los órganos especializados, las cuencas hidrográficas con el conveniente manejo de suelos y aguas, a fin de obtener su desarrollo integral y múltiple y los beneficios de la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales.

CAPITULO V

DE LAS CULTURAS TRADICIONALES

Arto. 20. Conforme lo establece en el inciso 5 del artículo 8 del Estatuto de Autonomía, es atribución de las Regiones Autónomas, promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, así como su patrimonio histórico, artístico, lingüístico y cultural.
Estas atribuciones comprenden:

a. Garantizar que la educación promueva, rescate y conserve los valores y cultura de sus habitantes, sus raíces históricas y tradiciones, y desarrolle una concepción de la unidad nacional en la diversidad multiétnica y pluricultural y que éstos sean incorporados al sistema educativo regional.

b. Realizar estudios e investigaciones y divulgaciones relacionados con la cultura autóctona existente en las Regiones Autónomas.

c. Elaborar e impulsar un programa de investigación, rescate y preservación de las lenguas maternas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua.

d. Desarrollar programas encaminados a conservar, promover y fomentar las actividades culturales y deportivas, el fortalecimiento de la infraestructura regional necesaria en todos los niveles y la participación del pueblo en las actividades deportivas, culturales que se lleven a cabo, tanto en el nivel comunal, municipal, regional, nacional e internacional.

e. Los Consejos Regionales garantizarán el apoyo necesario para continuar con las series deportivas del Atlántico con la participación de representaciones de las Regiones Autónomas.

f. Cada Consejo Regional establecerá en su respectiva región, el museo, la biblioteca, la escuela de bellas artes, la academia de lenguas, medios de comunicaciones social (hablados, escritos, visuales y otros).

CAPITULO VI

DE LA CULTURA NACIONAL

Arto. 21. La atribución de promover la cultura nacional en las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, señalada en el inciso 6 artículo 8 del Estatuto de Autonomía, se hará efectiva mediante el impulso de programas y actividades basados en la concepción de unidad nacional en la diversidad multiétnica y pluricultural, participando en eventos nacionales promoviendo el intercambio de experiencias culturales.

CAPITULO VII

DEL INTERCAMBIO TRADICIONAL CON EL CARIBE

Arto. 22. La atribución general de fomentar el intercambio comercial y cultural con las naciones y pueblos del Caribe consignados en el inciso 7 del artículo 8 del Estatuto de Autonomía, se realizará de conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia.

a. Para hacer práctico el intercambio comercial y cultural con el Caribe, los aeropuertos de Bluefields, Bilwi y Corn Island, serán acondicionados y declarados aeropuertos internacionales. Los otros puertos de la región serán acondicionados para el intercambio comercial tradicional con el Caribe, este intercambio comercial con el Caribe incluye el acondicionamiento de los puertos fluviales existentes en las Regiones Autónomas. Las entidades competentes en esta materia apoyarán a través de programas especiales en los aspectos técnicos y financieros a los Gobiernos Regionales Autónomos en el cumplimiento de esta atribución.

Los Consejos Regionales participarán en un cincuenta por ciento de los beneficios que produzcan los aeropuertos regionales; estos serán invertidos en el mejoramiento del sector salud y educación de la región.

b. Para fortalecer el intercambio tradicional con el Caribe los Gobiernos Regionales impulsarán la creación de zonas francas y puertos libres.

c. En las representaciones diplomáticas y consulares de Nicaragua en los países del Caribe se tomará en cuenta, por parte del Ministerio del Exterior, a ciudadanos de las regiones autónomas.

CAPITULO VIII

DE LA ARTICULACIÓN DEL MERCADO INTRAREGIONAL E INTERREGIONAL

Arto. 23. La atribución consignada en el inciso 8 del artículo 8 del Estatuto de Autonomía de promover la articulación del mercado intrarregional e interregional, contribuyendo de esta manera a la consolidación del mercado regional y nacional, comprende:

a. Garantizar la participación de los Consejos Regionales en la discusión de políticas de mercado que tengan que ver con la Costa Caribe de Nicaragua.

b. Formular y ejecutar con la colaboración técnica y financiera de la entidades competentes regionales, nacionales, proyectos, planes y programas propios teniendo en cuenta los aspectos siguientes: La capacidad de las Regiones Autónomas en materia de producción e infraestructura productiva, nivel de la oferta y la demanda de bienes y servicios, capacidad de almacenamiento, formas y mecanismos de intercambio tradicional, las características de las vías de comunicación y otros.

c. Participar en la discusión para el diseño e implementación de los programas de crédito de fomento que impulse el gobierno e impacten en los Regiones Autónomas considerando sus particularidades productivas.

CAPITULO IX

DE LA EXPLOTACION REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Arto. 24. Las facultades de las Regiones Autónomas respecto a la explotación racional de los recursos naturales en su territorio, contenidas en el artículo 9 de la Ley 28 comprende:

a. Establecer convenios interregionales (RAAN – RAAS), relativos a las políticas y estrategias de aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales.

b. Formular e implementar medidas de promoción y fomento de actividades orientadas al aprovechamiento sostenido y conservación de los recursos naturales que beneficien a los distintos sectores de propiedad, priorizando a las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua. Estas medidas deberán contemplar el financiamiento de esas actividades por medio de planes y programas que al efecto determine el Banco Central de Nicaragua y mediante los recursos financieros existentes en el Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, la prestación de la asistencia técnica, el suministro de equipos con créditos, preferencias, la dotación de suministros de modo priorizado y la capacitación de las comunidades.

c. Delegar dos miembros del Consejo Regional a los Comités de Licitaciones y Adjudicaciones de las Licencias, Concesiones, Contratos o Permisos para el Aprovechamiento de los recursos naturales, existentes en el territorio que desarrollen las entidades correspondientes. Asimismo, regular el ejercicio del deporte de caza y pesca, la realización de estudios y la observación de los recursos naturales y el intercambio de productos.

d. Llevar un registro de las personas naturales y jurídicas autorizadas, mediante concesión, licencia o permiso, para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la Región.

e. Para el aprovechamiento de los recursos naturales en tierras comunales, se reconoce el derecho de propiedad de las comunidades sobre los mismos y los beneficios se distribuirán conforme lo establecido en la Ley No. 445 “Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

Las Regiones en la medida de las posibilidades económicas, de común acuerdo, con el Gobierno Central podrán ir aumentando esos montos hasta llegar al cien por ciento.

TITULO IV

DE LOS ACUERDOS ENTRE LOS GOBIERNOS REGIONALES AUTONOMOS Y EL GOBIERNO CENTRAL

CAPITULO UNICO

Arto. 25 Los acuerdos entre los gobiernos regionales y el gobierno central serán de estricto cumplimiento y garantizados por los ministerios e instituciones correspondientes. En caso contrario, los afectados podrán asumir los procedimientos administrativos y legales que estimen pertinentes para asegurar tal cumplimiento.

TITULO V

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA

CAPITULO UNICO

Arto. 26. La elección, destitución y período de mandato de las autoridades comunales se harán de acuerdo a lo establecido en la ley No. 445 Ley del Regimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y de los ríos Bocay, Coco e Indio, Maíz.

Corresponderá a los Consejos Regionales asegurar, reconocer, certificar la elección de las Autoridades Comunales de su jurisdicción.

Arto. 27. La organización y transmisión del uso y disfrute entre sus miembros de las formas comunales de propiedad en las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, serán normadas por las propias autoridades comunales de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, de acuerdo con la Ley.

TITULO VI

DE LA ADMINISTRACION REGIONAL

CAPITULO I

DEL CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO

Arto. 28. Corresponde a cada Consejo Regional Autónomo las siguientes atribuciones:

a. La conducción y dirección del Gobierno Regional Autónomo y de cada uno de sus órganos de administración regional.

b. Elaborar y presentar a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley del Plan de Arbitrio Regional.

c. Participar efectivamente en los procesos de elaboración, planificación y seguimiento de políticas y programas económicos, sociales y culturales, regionales y nacionales, que afecten o conciernen a su región, integrando el Consejo Nacional de Planificación y las diferentes instancias que para tal efecto se crean de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía y el presente Reglamento.

d. Resolver diferendos limítrofes entre las comunidades de su región, previo análisis y dictamen de la Comisión correspondiente del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

e. Establecer la política administrativa y velar por la correcta utilización del Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, de conformidad con el inciso 6, del Artículo 30 del Estatuto de Autonomía.

f. Nombrar a los delegados institucionales regionales de la Costa Atlántica en coordinación con los Ministerios del Estado.

g. Pedir informes periódicamente e interpelar, según el caso lo amerite, a los delegados de los ministerios y otros entes gubernamentales y a los funcionarios regionales, conforme el procedimiento establecido en el reglamento interno del Consejo Regional Autónomo.

h. Definir y aprobar a través de la Junta Directiva la estructura de organización y dirección ejecutiva de la administración regional en coordinación con el coordinador regional.

i. Crear en cada Consejo Regional Autónomo una instancia que asegure:

i.1. La participación efectiva y sistemática de las organizaciones regionales, municipales y comunales de mujeres en el proceso de definición de políticas, elaboración, ejecución y evaluación de planes y proyectos que se desarrollen en las Regiones Autónomas.

i.2. Promover una participación igualitaria de la mujer en los cargos directivos de las distintas instancias del Gobierno Regional Autónomo y demás órganos de administración regional.

i.3. Promover una participación igualitaria de la mujer en los cargos directivos de las distintas instancias del Consejo y Gobierno Regional Autónomo.

i.4. Establecer mecanismos que aseguren un sistema de divulgación, educación control y seguimiento de la aplicación en las Regiones Autónomas de las leyes que se dictaminen en beneficio de la mujer, juventud, niñez y familia en el ámbito nacional.

j. Elaborar su reglamento interno, aprobarlo y reformarlo con el voto favorable de la mayoría de los miembros que conforman el Consejo Regional Autónomo.

k. Aprobar, ambos Consejos Regionales Autónomos en forma conjunta y con el voto favorable de las dos terceras, partes el anteproyecto de reformas a la Ley de Autonomía que sean necesarias.

l. Aprobar, dar seguimiento y controlar el Plan Anual de Desarrollo Regional que se elabore en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Regional, al igual que los programas y proyectos a ser ejecutados en la Región.

m. Gestionar, apoyo financiero, técnico y material, en el ámbito nacional e internacional para el desarrollo de los sectores económicos y sociales de la Región.

n. Otras atribuciones establecidas en el Estatuto de la Autonomía en el presente Reglamento, en su respectivo reglamento interno y en las demás leyes de la República.

ñ. Administrar el Patrimonio de la Región.

CAPITULO II

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

Arto. 29. La Junta Directiva del Consejo Regional es el órgano de coordinación y administración del Consejo Regional Autónomo. Sus atribuciones además de las contenidas en la Ley 28, serán reguladas por el Reglamento Interno del Consejo Regional y demás leyes.

CAPITULO III

DEL COORDINADOR REGIONAL

Arto. 30. El cargo de Coordinador Regional es de naturaleza ejecutiva y administrativa y su función estará determinada por resoluciones y ordenanzas del Consejo Regional Autónomo.

Además de las atribuciones contenidas en la Ley 28 le corresponde al Coordinador Regional cumplir las funciones siguientes:

a. Presentar al Consejo Regional informes semestrales relativos al cumplimiento de sus funciones.

b. Elaborar y presentar a través de la Junta Directiva al pleno del Consejo Regional Autónomo la propuesta de organización y dirección del aparato ejecutivo de la administración regional para su debida aprobación.

c. Dirigir las actividades ejecutivas de la Región Autónoma, de conformidad con las políticas de organización y aprobada por el pleno del Consejo Regional Autónomo.

d. Gestionar asuntos de su competencia ante las autoridades nacionales e internacionales.

e. Elaborar y presentar ante el Consejo Regional Autónomo, en conjunto con la comisión respectiva del mismo, el plan operativo anual de desarrollo y presupuesto regional.

f. Las demás que le confieren el Estatuto de Autonomía el presente Reglamento, el reglamento interno del Consejo y demás leyes de la República.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES COMUNALES

Arto. 31. La Asamblea Comunal constituye la máxima autoridad de las comunidades indígenas y étnicas, corresponde a las autoridades comunales la representación legal de las comunidades.

Arto. 32. Las autoridades comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional, que representan a las comunidades que las eligen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Arto. 33. Las autoridades comunales administran justicia dentro de las comunidades y entre los comunitarios, de conformidad con sus costumbres y tradiciones.

TITULO VII

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS REGIONES AUTONOMAS Y MUNICIPIOS

CAPITULO I

DE LAS RESOLUCIONES Y ORDENANZAS CONJUNTAS

Arto. 34. Los Consejos Regionales Autónomos a través de sus juntas directivas, establecerán entre sí las relaciones necesarias para el fortalecimiento del proceso de la autonomía, con el objeto de resolver asuntos de interés regional, intercambiar experiencias y establecer mecanismos de cooperación mutua para desarrollar proyectos y ejecutar obras de carácter intrarregional.

Para regular asuntos de mutuo interés las Regiones Autónomas adoptarán a través de resoluciones y ordenanzas las decisiones pertinentes.

CAPITULO II

LAS REGIONES AUTONOMAS Y LOS MUNICIPIOS

Arto. 35. Las Regiones Autónomas a través de sus Consejos Regionales establecerán con los municipios y comunidades indígenas y étnicas comprendidos en su territorio, relaciones de cooperación y apoyo mutuo para la gestión y el desarrollo municipal y regional, respetándose la autonomía a ambos niveles de gobierno. Los municipios de las regiones autónomas se regirán por el Estatuto de Autonomía Regional y las leyes 40 y 261, leyes de la materia.

Arto. 36. Los municipios y comunidades indígenas y étnicas participarán, por medio de sus alcaldes o consejos municipales, o sus representantes en la elaboración, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas de desarrollo regional en la forma que se establezcan en el Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo.

Arto. 37. Los asuntos municipales que no están normados por la Ley de Municipios, serán tratados conjuntamente por las autoridades municipales y los Consejos Regionales.

Arto. 38. Para el desarrollo de sus competencias, los municipios de las Regiones Autónomas establecerán las coordinaciones necesarias con el Consejo Regional.

Los municipios de las Regiones Autónomas deberán rendir informe cada seis meses a los Consejos Regionales Autónomos.

Arto. 39. La Asamblea Comunal podrá delegar en sus miembros o en órganos reconocidos dentro de la organización de la comunidad, la atención, tratamiento y gestión en los asuntos propios y particulares de las comunidades ante el municipio.

CAPITULO III

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS REGIONES AUTONOMAS Y LAS REPRESENTACIONES DE LOS PODERES DEL ESTADO

Arto. 40. Las regulaciones especiales en materia de administración de justicia, que reflejan las particularidades propias de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua se establecerá sobre la base de coordinaciones del Poder Judicial con los Consejos Regionales Autónomos y otras autoridades competentes. De igual manera se establecerán las coordinaciones necesarias con las representaciones de los Poderes del Estado, a fin de armonizar la aplicación de las leyes nacionales y de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica.

TITULO VIII

DEL PATRIMONIO Y EL PRESUPUESTO REGIONAL

CAPITULO I

DEL PATRIMONIO DE LAS REGIONES AUTONOMAS

Arto. 41. El patrimonio de las Regiones Autónomas está constituido por sus bienes de dominio público.

Arto. 42. Forman parte del patrimonio de las Regiones Autónomas:

a. El Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social.

b. Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos bajo cualquier título.

c. El producto de las tasas por servicios y aprovechamientos, arbitrios, contribuciones especiales, multas, rentas, cánones, transferencias y demás bienes que se establezcan en el Plan de Arbitrio Regional de la ejecución o leyes especiales.

d. El producto de la recuperación de sus inversiones y el ahorro resultante de la ejecución de las mismas.

e. Las donaciones y legados que se reciban provenientes de fuentes externas e internas.

f. Las utilidades de las actividades económicas de las empresas en las cuales tenga participación.

g. Las transferencias asignadas en el Presupuesto General de la República.

h. También es patrimonio de las Regiones Autónomas, sus lenguas, culturas, artes y patrimonio histórico.

i. Las demás que les sean atribuidas por la ley.

CAPITULO II

DEL PRESUPUESTO REGIONAL

Arto. 43. Los Consejos Regionales presentarán a más tardar el 31 de julio de cada año a la Presidencia de la República por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el anteproyecto de Presupuesto Regional para financiar los planes y programas que impulsarán los Consejos Regionales a través de sus aparatos ejecutores, establecerán los procedimientos y formas de participación de cada uno de los organismos regionales que intervienen en este proceso.

Arto. 44. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto presentado, los Consejos Regionales Autónomos serán informados sobre el mismo por el Poder Ejecutivo, para éstos a su vez informar a las respectivas instituciones regionales sobre el presupuesto, las políticas, planes y programas que se impulsarán por ley en el año siguiente en la Región respectiva.

Arto. 45. Los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación del presupuesto, las políticas, planes y programas regionales y los nacionales con incidencias regionales, se realizarán conjuntamente a través de las coordinaciones periódicas con los organismos gubernamentales de la región, en el marco de lo previsto en la Ley de Régimen Presupuestario, sin perjuicio de la iniciativa que para tal efecto adopten los Consejos Regionales Autónomos.

Arto. 46. Los ingresos regionales pueden ser tributarios, particulares, financieros transferidos por el Gobierno Central y cualquier otro que determinen las leyes, decretos o resoluciones.

Arto. 47. Los ingresos tributarios se regularán conforme la necesidad de prestar y mejorar los servicios a las comunidades, la capacidad económica de los pobladores y las políticas económicas de la nación, previo estudios técnicos realizados.

Arto. 48. Los ingresos tributarios procederán de las tasas por servicio y aprovechamiento, arbitrios, contribuciones especiales y en general todas las fuentes previstas en el inciso d) del artículo 43 de la presente Ley.

Arto. 49. La asignación de gastos en el presupuesto debe estar de acuerdo con los ingresos previstos. No pueden comprometerse gastos que no estén previstos en el presupuesto. El presupuesto regional comienza el 1 de enero y concluye el 31 de Diciembre de cada año.

Arto. 50. El presupuesto regional deberá ser aprobado por el Consejo Regional antes del 31 de Julio del año precedente al presupuesto y remitido a la Presidencia de la República, a fin de que sea contemplado en el proyecto del Presupuesto General de la República, todas las partidas que deban de ser transferidas a las Regiones Autónomas.

Arto. 51. Aprobada la Ley Anual de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregará a los Consejos Regionales Autónomos, los fondos correspondientes a las partidas presupuestarias para los gastos de las Regiones Autónomas siguiendo las disposiciones de las normativas de ejecución presupuestaria que se establezcan.

Arto. 52. El control y la evaluación del presupuesto de las Regiones Autónomas se sujetan a las normas dictadas por los Consejos Regionales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República.

CAPITULO III

DEL FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL

Arto. 53. Se entiende por Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, el conjunto de recursos financieros destinadas a inversión social, productiva y culturales propias de las Regiones Autónomas.

Arto. 54. El Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, se hará de común acuerdo entre las Regiones Autónomas y el Gobierno Nacional, se constituirán con recursos originados del Presupuesto General de la República y otros ingresos extraordinarios.

Corresponde al Coordinador Regional administrar este fondo de acuerdo a la política establecida por el Consejo Regional y rendirá informe semestral al mismo, sobre su utilización, a través de la Junta Directiva.

Arto. 55. El objetivo del Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, es que las Regiones Autónomas dispongan de un mecanismo que sustente financieramente el sistema regional de planificación como instrumento básico para su reactivación reconstrucción y transformación económica y social.

Arto. 56. Las regulaciones relacionadas con la autorización del Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, sus objetivos, la definición de su capital, el aumento y los aportes de capital, sus órganos directivos, ejecutivos y otros, se establecerán en ordenanza que al efecto dictará el Consejo Regional Autónomo, a más tardar tres meses después de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Arto. 57. La fijación del capital inicial del Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, se ajustará al monto legal que se establezca en las leyes de la materia y será aportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I

Arto. 58. Las atribuciones, ejercidas por ministerios e instituciones estatales y gubernamentales en materia de salud, educación, cultura y deporte que en virtud de la Ley 28, corresponden a las Regiones Autónomas, serán asumidas por éstas, en lo correspondiente a su administración y demás conforme artículo 8, inciso 2 de la Ley 28, así mismo, se transferirán los recursos financieros y materiales necesarios para su ejecución.

Arto. 59. Se establecen los siguientes mecanismos de coordinación interinstitucional:

a. El gabinete regional estará compuesto por los representantes ministeriales e instituciones estatales, gubernamentales y regionales, presidido por el coordinador regional para fines de planificación, monitoreo y evaluación.

b. El coordinador regional en coordinación con los ministerios, instituciones estatales dará seguimiento al cumplimiento de lo consignado en cada uno de los representantes y remitirán los planes e informes evaluativos a la Presidencia de la República.

c. Los representantes de ministerios e instituciones estatales, también estarán subordinados a los ministerios e instituciones de nivel central y rendirán informaciones a su entidad correspondiente.

Arto. 60. El Reglamento Interno Regional será adecuado a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Arto. 61. Las dos terceras partes de los miembros que conforman ambos Consejos Regionales Autónomos podrán elaborar la iniciativa de Ley para la reforma parcial o total del presente Reglamento.

Arto. 62. El presente Reglamento será divulgado en español y en las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Arto. 63. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su ulterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres.

JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la
Asamblea Nacional

MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Secretario de la
Asamblea Nacional

Articulos Constitucionales sobre los Pueblos Indígenas

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA
Titulo I
Principios Fundamentales
Capitulo I

Articulo 5.- El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Articulo 8.- El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana.

Articulo 11.- El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

Titulo IV
Derechos, Deberes y Garantías del Pueblos de Nicaragua
Capitulo I
Derechos Individuales

Articulo 27.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Articulo 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Capitulo I
Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica

Articulo 89.- Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Articulo 90.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y de sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creara El programas especiales para el ejercicio de estos derechos.

Articulo 91.-El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ninguna nicaragüense sea objeto de discriminación por razona de su lengua, cultura y origen.

TITULO VI
Economía Nacional , Reforma Agraria y Finanzas Publicas
Capitulo I
Economía Nacional

Articulo 99.- …Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social…

Articulo 103 .- El Estado garantiza la coexistencia democrática de los formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social.

Articulo 107 .- …La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación, a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y proveerá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

Titulo VII
Educación y Cultura
Capitulo II

Articulo 121.- El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley.

Titulo IX
ADMINISTRACION POLITICA ADMINISTRATRIVA
Capitulo II
Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica

Articulo 180 .- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Así mismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

Articulo 181 .- El Estado organizará, por medio de una Ley el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las Comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.