Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Honorable Corte Suprema de Justicia

1. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, a titulo personal y en su calidad de Presidente, y Pearl Marie Watson Presida, a titulo personal y en su calidad de Primera Secretaria, del Gobierno Territorial Rama y Kriol[1] (GTR-K), conforma la autoridad territorial, máxima autoridad del territorio Rama y Kriol.[2]

2. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, y Pearl Marie Watson Presida, demuestran su calidad de Presidentes y de Primera Secretaria, respectivamente, por medio de Certificaciones expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS del Sr. Glenford Abraham Elick, de acuerdo a las funciones que le otorga la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,[3] (en adelante “La Ley 445”) en el Capitulo II, Arto. 08.

3. Los Recurrentes comparecen por medio de su apoderada legal especial Dra. María Luisa Acosta Castellón, quien es mayor de edad, soltera, abogada y del domicilio de Chinandega, quien acredita su calidad con poder especial otorgado por los Recurrentes para demandar la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” (en adelante “Ley de Aguas”).

4. La compareciente expone lo siguiente:

El territorio Rama y Kriol

5. El territorio Rama se encuentra ubicado en el Sureste de Nicaragua, y comprende la línea costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra al Norte y la cuenca del Río Indio al Sur. Además abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe y algunos cayos pequeños.

6. Política y administrativamente el territorio esta dentro de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en partes de los Municipios de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo; con cede en la ciudad de Bluefields, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.

LOS RECURRENTES

7. Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), mayor de edad, casado, de la etnia Rama, maestro y del domicilio de Rama Cay, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-250256-0004U interpone este recurso en su en su calidad personal y también como representante legal del GTR-K. Ya que de ser excluidos de la administración y de los mecanismos legales que aseguren el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y afro descendientes, él personalmente seria perjudicado, así como el pueblo indígena al que pertenece y representa.

8. Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK), mayor de edad, casada, de la etnia Kriol, licenciada en enfermería y del domicilio de la Comunidad Étnica de Monkey Point, identificada con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-230744-0000J interpone este recurso en su calidad personal y en la calidad antes señalada. Ya que de ser excluidos de la administración y de los mecanismos legales que aseguren el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y afrodescendientes, ella personalmente seria perjudicada, así como las comunidades afro descendientes a las que pertenece y representa.

9. Sebastián Mcrea Ruiz, es autoridad territorial del Pueblo Indígena Rama, uno de los pueblos indígenas originarios de Nicaragua,[4] descendientes de las tribus Chibchas, hablan inglés Kriol y algunos preservan su lengua Rama;[5] son el pueblo que históricamente ha ocupado el Sureste de Nicaragua, aunque su asentamiento principal lo constituye el cayo de Rama Cay, ubicado en la bahía de Bluefields a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefields.

10. Pearl Marie Watson Presida, es además autoridad tradicionales de una de las Comunidades Afrodecendientes que conforman el territorio Rama; la comunidad de Monkey Point formada por krioles, que hablan inglés Kriol e indígenas rama; que habitan el área de la península de Monkey Point a 47 kilómetros al Sur de la ciudad de Bluefields, y las cuencas del Río Maíz (Corn River) a 75 kilómetros al Sur de Bluefields ejerciendo una ocupación tradicional sobre estas tierras;[6] los kriol de Monkey Point, San Juan del Norte Graytown y Corn River (Río Maíz) llegaron del área y se establecieron junto a los habitantes históricos de la zona, el Pueblo Indígena Rama (“Los Rama”) con los que desde entonces han convivido formado una comunidad intercultural y multiétnica dentro del territorio Rama.

11. Tanto el Pueblo Indígena Rama, como las comunidades Kriol, son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y ubicadas en la RAAS y en el Departamento de Río San Juan; tales comunidades, y sus autoridades tradicionales, son reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua en los artículos 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181; y por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[7] (en adelante “ la Ley 28” o “El Estatuto de Autonomía”) y reguladas por la Ley No. 445. Además el Señor Mcrea y la Señora Watson están certificadas, por el Registro de Autoridades Comunales y Territoriales del Consejo Regional de la RAAS, de conformidad con el Capitulo II, Articulo 7 de la Ley 445, como Autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K).

LA NORMA IMPUGNADA

12. Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de mayo del 2007, Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 169 del 4 de septiembre de 2007,[8] que entrará en vigencia el día 4 de marzo del 2008 como lo establece el Articulo 155 de la misma Ley.

FUNCIONARIO CONTRA QUIEN SE INTERPONE EL RECURRSO

13. El Ingeniero Rene Núñez Téllez, mayor de edad, casado y del domicilio de Managua. Este Recurso de Inconstitucionalidad se interpone en contra del Ingeniero Núñez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, órgano que elaboró y aprobó la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”.

El contenido de la Ley de Aguas

14. La Ley de Aguas establece el dominio del Estado sobre todas las aguas nacionales.[9] Y como parte de su administración establece el otorgamiento de Concesiones,[10] Licencias[11] y Autorizaciones,[12] crea el Registro Público Nacional de los Derechos de Agua (RNDA),[13] para llevar control de las mismas. Así como la potestad de imponer servidumbres sobre bienes de propiedad publica y privada,[14] y declarar de utilidad publica las tierras aledañas para realizar obras hidráulicas, su mantenimiento y tecnificación.[15] Y sobre todas esas decisiones los pueblos indígenas y comunidades Kriol no tienen participación alguna.

15. Aunque el considerando II de la Ley General de Aguas Nacionales establece:

Que es derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe gozar, usar y disfrutar de las aguas que se encuentran dentro de sus tierras comunales, bajo los preceptos establecidos en las leyes correspondientes.

16. Y en su artículo 6, la única vez en la que la Ley de Aguas en su contexto se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, lo hace de la manera siguiente:

La presente Ley reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas de todo el territorio nacional y el de las Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, para el uso y disfrute de las aguas que se encuentran dentro de sus tierras comunales de conformidad a las leyes vigentes que las regulan.

17. La anterior es una expresión meramente declarativa ya que en el resto de la Ley de Aguas, no se hace mención, ni se toma en cuenta de manera expresa los derechos de estos pueblos y comunidades; como tampoco crea mecanismo alguno que asegura el acceso, uso y disfrute de las aguas de los territorios indígenas y étnicos por parte de esos pueblos y comunidades. Mas bien excluye a las autoridades indígenas y Kriol y a sus miembros de la administración de la cuenca de los ríos en su territorio.

18. Lo anterior es muy grave para el pueblo Rama y Kriol ya que el control del GTR-K y el libre acceso a los recursos acuáticos de las cuencas de los ríos del territorio Rama y Kriol son de vital importancia para ellos como detallamos a continuación:

a) Considerando que en el territorio prácticamente no existe servicios públicos de agua, el abastecimiento del agua potable y de higiene depende de forma directa e indirecta de las cuencas, las fuentes de los caños, los ajos de agua o los posos que dependen también de la filtración subterráneo o la emanaciones desde los ríos principales, como lo demuestra el cuadro siguiente:

Acceso a agua de consumo por tipo de fuente

Comunidad

Agua potable

Pozo

comunal

Pozo

personal

Ojo

de agua

Caño

Lluvia

Rama Cay

95

34

2

12

30

Sumu Kaat

4

13

3

Tiktik Kaanu

5

12

2

5

Wiring Cay

2

2

1

5

Bangkukuk

4

9

2

4

11

Indian River

3

1

18

3

15

30

Monkey Point

29

33

12

19

65

Corn River

1

5

3

11

12

Graytown

21

3

12

1

Fuente: Diagnóstico territorial Diciembre del 2007 (Encuesta socio-económica 2005-2006-2007)

b) Los ríos son la principal vía de transporte inter-comunitaria; además es la forma mas accesible para el transporte, ya que la colonización y deforestación está fuertemente vinculada a los caminos de acceso terrestre.

c) Los cuerpos de agua dulce representan los hábitats de reproducción de la fauna acuática tanto de las especies de agua dulce como de especies marítimas que suben los ríos en sus épocas de desove respectivas. Esencial elemento para la dieta y la seguridad alimentaria de los indígenas y Kriol.

d) En la actualidad el territorio Rama y Kriol está configurado topográficamente por las cuencas: Kukra, Masayón (Sub-cuenca de Punta Gorda), Maíz y Indio, lo cual no es una causalidad, sino la coincidencia, con los límites tradicionales y la estrategia para facilitar el control de los recursos tantos terrestres como acuáticos del territorio tradicional indígena.

e) El concepto de manejo de cuencas es un modo de conservación (uso racional y protección del abanico de recursos naturales) que desde el punto de vista de las organizaciones ambientales ha comprobado ser la mejor estrategia para el desarrollo integral, sostenible y equilibrado; ya que aprovechan de una perspectiva macro de los ecosistemas en los cuales la población tradicional y conocedora de los procesos naturales, son reconocidos como actores principales.

19. Sin embargo, la forma en que la ley excluye a las autoridades comunales y territoriales del territorio Rama y Kriol del acceso y control de las cuencas de los ríos, es total, y por ende elimina toda posibilidad de uso, goce y disfrute de las mismas por parte de los indígena, en violación a la garantía constitucional establecida en los artículos 5, 89 y 180.

20. Lo anterior es grave, no solo para los indígenas y Kriol que la Ley de Aguas priva de la potestad de proteger las cuencas y demás fuentes de agua, sino para el país; ya la Ley de Agua las deja en manos de colonos y precaristas ubicados en la en las cuencas de los ríos, en su avance indiscriminado de la frontera agrícola, deforestando las riveras de los ríos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin que el MARENA hasta hoy haya hecho algo al respecto.

La calidad de Entes Jurídicos Territoriales sui generis de las comunidades y territorios indígenas y étnicas fue ignorada por la Ley

21. El pueblo Rama y Kriol es excluido en la administración de las aguas de su territorio a pesar de la calidad de entes jurídicos territoriales con funciones administrativas y políticas que les otorga la Constitución y expresamente el Arto. 15 de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[16] cuando estable:

En cada una de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica funcionarán, sujetos a la Constitución Política de Nicaragua y a este Estatuto, los siguientes órganos de administración:

1.- Consejo Regional.

2.- Coordinador Regional.

3.- Autoridades Municipales y Comunales.

4.- Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios (énfasis adherido).

22. Por lo que en las regiones autónomas, además de las autoridades municipales existen las autoridades comunales como órganos administrativos de sus tierras y territorios tradicionales, además el tema lo desarrolla aun más la Ley 445. El artículo 5 de la Ley 445 establece:

Arto. 5. Las autoridades comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional que representa a las comunidades que las eligen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Las autoridades territoriales son órganos de administración de la unidad territorial a la cual representan legalmente.

23. La Ley 445 viene a regular expresamente la jurisdicción de las autoridades comunales y territoriales, para que estas puedan desplegar sus poderes en general fuera de lo interno de sus comunidades, y particularmente en sus relaciones con las entidades municipales, regionales y ministeriales nacionales.

24. Además las comunidades indígenas y afro descendientes tienen personería jurídica por medio del articulo 23 de la Ley 445, por lo que no es necesario que estas comunidades realicen ninguna gestión administrativa para obtenerla, ya que la Ley 445 se la confiere de manera directa, por imperio de la misma Ley. Y además les reconoce su derecho a organizar su gobierno interno de conformidad con lo establecido en el Arto. 5 de la Constitución. El artículo 23 de la Ley 445 expresamente establece:

Arto. 23.- De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política, el Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y étnicas sin más trámite, asimismo reconoce el derecho constitucional de éstas para darse sus propias formas de gobierno interno.

25. Por lo que todas las comunidades indígenas y étnicas que histórica y tradicionalmente han existido (Mískitu, Rama, Mayangna (Sumu), Garífuna y Kriol), y continúan existiendo en la Costa Caribe nicaragüense son personas jurídicas por imperio de la Ley 445. Sin embargo, la Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas o Kriol no solo en su calidad de autoridades, sino que también como usuarios.

La Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Kriol también como usuarios

26. La Ley de Aguas al conformar las entidades del Sistema de Administración del Agua (Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),[17] Autoridad Nacional del Agua (ANA),[18] Organismos de Cuenca[19] y Comités de Cuencas[20]) toma en cuenta solamente las instituciones del Gobierno Central, Regional y Municipal. Excluyendo de esta forma de la participación de dicha administración a las comunidades indígenas y étnicas. Por Ejemplo, según la Ley de Aguas, son la Asamblea Nacional,[21] los Consejos Regionales[22] y las Alcaldías,[23] los que otorgan licencias o autorizaciones. En detrimento del derecho de participación económica de los pueblos indígenas sobre los recursos de su territorio, como lo establece el Arto 34 de la Ley 445 dela forma siguiente:

Arto. 34.- Los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas, deben de beneficiar directamente a las comunidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. La distribución de estos recursos será así:

Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar;

Un 25% para el municipio en donde se encuentra la comunidad indígena;

Un 25% para el Consejo y Gobierno Regional correspondiente; y

Un 25% para el Gobierno Central.

Estos fondos deberán ser entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Representante legal de cada una de las instancias señaladas.

El uso de estas reservas, será supervisado por el Gobierno Central conjuntamente con las autoridades regionales.

27. Por lo que según esta Ley de Aguas, los pueblos indígenas y comunidades étnicas, no podrán administrar las cuencas de los ríos en sus territorios ni podrán obtener sus productos económicos. No solo en calidad de entes jurídicos territoriales, sino que tampoco en calidad de usuarios, al excluirlos hasta de los Comités de Cuencas, la forma más próxima al territorio y a los usuarios de las aguas en el terreno, sobre todo en las áreas de sus territorio invadidas por colonos y precaristas, concediéndoles mas derechos a estos que a los indígenas dueños de las tierras.

LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

28. Lo anterior se produce en violación de la calidad de entes jurídicos territoriales con un régimen sui generis de propiedad comunal creado por la Constitución Política de Nicaragua Artos. 5, 89 y 180 que establecen como principios fundamentales del Estado Nicaragüense que:

“Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas…”

29. A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, el artículo 11, numerales 3, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía en su parte pertinente establece:

Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:… Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional…Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valares… Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma (énfasis adherido).

30. Y las Leyes No. 28 y 445, en su calidad de leyes especiales establecen las peculiaridades para los pueblos indígenas y las comunidades afro caribeñas en la Costa Caribe en particular. En desarrollo de “los principios fundamentales del Estado Nicaragüense” establecidos por el articulo 5 de la Constitución Política de Nicaragua.

31. Al ser las comunidades y territorios indígenas personas jurídicas reconocidas por la Ley 445 y al tener sus gobiernos internos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, estos son quienes los representan legalmente.

32. Por lo que en este caso, el acceso al agua y el aprovechamiento de las cuencas de los ríos de las comunidades y territorios indígenas tiene una profunda vinculación a sus costumbres, tradiciones y formas de vida, por lo que no es una materia que puedan entregar a otro ente jurídico, sino ejercerla ellas mismas por medio de sus autoridades. So pena de quedar en peligro su subsistencia, cultural como pueblos y física, como individuos.

33. Por lo que la Ley 445 en su artículo 3 define el concepto integral de territorio indígena, tierra comunal y propiedad comunal de la manera siguiente:

Territorio Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Propiedad Comunal: Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras, agua, bosques y otros recursos naturales contenidos en ellas, que han pertenecido tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenezcan a una o más comunidades indígenas o étnicas (énfasis adherido).

34. Por lo que las aguas, tierras y territorios indígenas están plenamente identificados en la Ley 445, desarrollando los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución. Y para territorios indígenas en los que el Estado ha superpuesto Áreas Protegidas, la Ley 445 establece el manejo conjunto entre el MARENA y los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Arto.27).[24] Pero, a pesar que el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) es presidido por MARENA, la Ley de Aguas en este caso, tampoco incluye a los Pueblos Indígenas y comunidades Kriol como miembro de ese órgano.

35. La Ley 445 además reitera la obligación Estatal de respetar el régimen legal de las aguas y tierras indígenas. Por lo que la Ley 445 fue creada para regular el régimen de propiedad comunal de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los Ríos Bocay, Coco (Wanki), Indio y Maíz, comprendiendo las aguas y tierras indígenas y étnicas poseídas por las comunidades de manera colectiva, usadas por sus miembros bajo un régimen comunitario de acuerdo a sus costumbres y tradiciones; las que son además, un patrimonio indivisible e inalienable para el aprovechamiento colectivo de sus futuras generaciones.

36. Por lo que las comunidades afro descendientes y pueblos indígenas deberían tener en la Ley de Aguas participación activa, como la tienen las Municipalidades, las Regiones Autónomas y los Ministerios de Estado, debido a la categoría legal de entes jurídicos territoriales que estas tienen de conformidad con las Leyes 28 y 445. Y debido a su calidad de usuarios perfectamente diferenciados del resto de los usuarios del país, por su vinculación tradicional a sus aguas y demás recursos naturales; diferenciables también de las ONGs; por lo inmediato y vital del agua para la sobre vivencia de estos pueblos y comunidades.

37. Por lo antes expuesto la Ley de Aguas viola los preceptos de los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua que textualmente en su parte pertinente expresan:

Arto. 5 Cn.-El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley (énfasis adherido).

Arto. 89 Cn.-…El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales (énfasis adherido).

Arto. 180 Cn.-…El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal… Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres (énfasis adherido).

38. La Ley No. 445 en desarrollo de lo establecido en los Artos 5, 89 y 180 de la Constitución en el Arto. 2. establece sus objetivos específicos como los siguientes:

1.Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

2.Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de sus autoridades tradicionales.

4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, en el manejo de sus territorios comunales… (énfasis adherido).

39. Por lo que el régimen sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en lograr el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y comunidades Kriol de la Costa Caribe y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales y demás recursos naturales que en ellas se encuentran.

40. Además los pueblos indígenas y comunidades étnicas cuentan con la protección del ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos; el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua incorpora expresamente al ordenamiento jurídico nacional, con rango constitucional, las principales Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y crea el compromiso de mantener los parámetros internacionales de aplicación y observancia de estos derechos. En este contexto, el derecho de propiedad sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas y el derecho a no ser discriminado por razones de cultura o raza son principios de Derechos Humanos fundamentales que el Estado de Nicaragua se ha comprometido internacionalmente a respetar. El artículo textualmente dice:

Arto. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (énfasis adherido).

41. El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, Arto. 27 ha sido aplicado expresamente a los Mískitu y otros pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, durante los conflictos con el gobierno Sandinista en la década de los 80,[25] aun antes que fuera expresamente introducido al ordenamiento jurídico nacional, por el Arto. 46 de la Constitución; este artículo literalmente establece:

Arto. 27.- En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

42. De la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Convención Americana”) también introducida a la Constitución por el Arto. 46, ha sido aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión Interamericana”) en lo referente a las tierras indígenas y al derecho a la participación política y económica de estos pueblos, claramente estableció que los estados miembros de la OEA deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana se pronunció específicamente a favor de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua durante los enfrentamientos armados entre estas comunidades y pueblos indígenas y el gobierno Sandinista a principio de los años 80, e instó al Estado para que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura que fueron recogidos por la Constitución Política que entró en vigencia en 1987. Desde ese entonces la Comisión Interamericana exigió al gobierno de Nicaragua:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.[26]

43. Mas recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Corte Interamericana”) emitió, el 31 de agosto del 2001, una sentencia sin precedentes. La Corte Interamericana condena al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni, de la RAAN; al otorgar una concesión sin consultar ni respetar los derechos tradicionales comunales sobre las tierras y demás recursos naturales que tradicionalmente han utilizado. A pesar que esta comunidad no tiene títulos sobre sus tierras.

44. La Corte en la Sentencia considera que cuando el Arto. 21 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” también “protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”.[27] Ya que los indígenas poseen la tierra de manera colectiva, de forma que la pertenencia no se centra en el individuo sino en la comunidad, la estrecha relación que tienen los indígenas con sus tierras constituye:

“la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión o producción; sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.[28]

45. Para la Corte Interamericana basta la posesión de estos pueblos, que histórica y tradicionalmente han ocupado sus tierras comunales, para que éstas obtengan el reconocimiento oficial del Estado y, por consiguiente, la titulación de sus tierras.

46. La Corte Interamericana al condenar a Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la Comunidad de Awas Tingni “considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua”… refiriéndose a los Arto. 5, 89, 180 y 4 y 9 de la Ley 28, al Arto. 31 de la Ley de Reforma a la Reforma Agraria[29] y del Decreto No. 16-96 del 23 de agosto de 1996, creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica.

47. Así mismo, el 23 de junio del 2005 la Corte Interamericana, en el caso YATAMA Vs. Nicaragua, nuevamente condenó al Estado nicaragüense por la violación al libre ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas reconocidos en Constitución y por la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.

48. El Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge los estándares internacionales sobre protección al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus tierras que en los artículos 13, 14 y 15, que en sus partes pertinentes expresan:

Arto. 13.-…los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos…

Arto. 14.-Deberá reconocerse a los pueblos interesados al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan…

Arto. 15.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos…

49. Por lo que el acceso y la administración de las aguas de las tierras comunales y de los territorios indígenas es fundamental para ejercer el derecho uso, goce y disfrute de las mismas, como lo garantiza la constitución y el Convenio 169.

50. El Convenio 169 fue aprobado con el voto de Nicaragua y pendiente de ratificación por parte del Estado, además, el Convenio 169 también refleja el derecho internacional consuetudinario impulsados por la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales del mundo.

Los Recurrentes no fueron consultados antes que la Ley fuera aprobada

51. En esta caso también se ha violado la garantía constitucional de que los ciudadanos participen en la función pública por medio de la consulta sobre las políticas públicas a ser implementadas en general, al ser Nicaragua una republica participativa, como lo establecen los Artículos 7 y 50 de la Constitución de la manera siguiente:

Arto. 50 Cn.- Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizara nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo (énfasis adherido).

Arto. 7 Cn.- Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa… (énfasis adherido).

52. Participación que desarrolla el ordenamiento jurídico por medio de la Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana,[30] y mas aun, de manera particular existe la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas y afrodescendientes cuando estas políticas estatales los puedan afectar adversamente, ya que lo que esta en riesgo es el derecho a la subsistencia como pueblo del pueblo indígena Rama y de las comunidades Kriol.

53. De la misma manera el derecho internacional consuetudinario refleja igual protección al derecho de consulta a los pueblos indígenas en casos de que los Estados pretendan crear leyes que de alguna forma los puedan afectar adversamente.

54. En similares términos se expresa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada, el 7 de septiembre del 2007, con el voto del Estado de Nicaragua. La Declaración es aun mas explicita con el tipo de Consulta, que debe ser realizada de buena fe, de tal manera que el consentimiento de los pueblos indígenas sea dado de forma previa, libre e informado, en asuntos legislativos y para la ejecución de proyectos en sus territorios y aunque sea sobre recursos que pertenezcan al Estado, que de alguna manera los afecten.

55. El Arto. 19 de la Declaración a este respecto establece:

Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento previo, libre e informado (énfasis adherido).

56. Así mismo recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del pueblo Saramaka Vs. Surinam del 28 de noviembre del 2007, estableció un nuevo estándar sobre derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, así como sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas no solo con respecto a nueva legislación, sino que respecto de los planes de inversión y desarrollo en sus territorios. En esta sentencia, la Corte IDH integra los avances de su propia jurisprudencia, los contenidos del Convenio 169 y la reciente Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

57. Sin duda que esta sentencia de la Corte, a cuya jurisdicción esta sometida el Estado de Nicaragua, da las pautas de por donde deberían ir las políticas publicas, la legislación y la jurisprudencia nacional en materia de derechos de pueblos indígena sobre sus tierras y territorios.

58. Ley 445 define en su Arto.3 la Consulta, en caso de pueblos indígenas y comunidades afro descendientes en la legislación nacional, como parte del régimen sui generis establecido por los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución como:

…la expresión y entrega de la información técnica de la operación o el proyecto seguido del proceso de discusión y decisión sobre los mismos; durante los cuales las comunidades deberán contar con traductores los que traducirán en sus lenguas todo lo dicho durante este proceso y estar asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser escogidos y nombrados por las comunidades.

59. De los anteriores artículos se deriva el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el deber del Poder Legislativo de consultar a estos pueblos y comunidades sobre legislación que puedan afectarlos de manera adversa.

60. El Derecho a la Consulta busca dar a conocer la información relevante para que la decisión que va a tomar el Estado no favorezca a un sector en detrimento de otro. La Consulta debe ser de buena fe y debe tener mecanismos y procedimientos adecuados. Es esencial que la información esté disponible de manera transparente, amplia y de la manera más clara posible. Y sobre todo, la Consulta debe hacerse antes de que las decisiones estatales hayan sido tomadas. La información de la Consulta debe ser proveída de manera que los recipientes puedan inferir de ella hechos fidedignos y que de su lectura se desprendan las posibles consecuencias de su aceptación o rechazo. Especialmente en el caso de medidas legislativas o administrativas, que afectan su vida, tierras y recursos naturales.

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

61. Con base en todo lo antes expuesto, y en virtud de lo establecido en los artículo 5, 7, 46, 50,

89, y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y de la Ley No. 49, Ley de Amparo, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.241 del 20 de diciembre de 1988 y sus reformas; respetuosamente los recurrentes, ciudadanos y autoridades territoriales del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), piden que admitáis este recurso en contra del Presidente de la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, Ing. Rene Núñez Téllez, actual responsable del órgano que emitió y aprobó la la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”.

62. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo este Recurso se interpone en tiempo por no haber transcurrido los 60 días que señala la Ley de Amparo desde la fecha en que entró en vigencia la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales” por lo que en este caso el 4 de mayo del 2008 se vence el termino para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, ya que esta entró en vigencia el día 4 de marzo del 2008 como lo establece el Articulo 155 de la misma Ley.

SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD

63. En virtud de lo antes expuesto sobre la violación a los derechos constitucionales de los Recurrentes y para mantener y reestablecer la supremacía de la Constitución Política de Nicaragua amenazada por la aplicación de la Ley 620, “Ley General de Aguas Nacionales”, específicamente porque: La calidad de Entes Jurídicos Territoriales sui generis de las comunidades y territorios indígenas y étnicas fue ignorada por la Ley, la Ley de Aguas excluye a los Pueblos Indígenas y Comunidades Kriol también como usuarios; y los Recurrentes no fueron consultados antes que la Ley fuera aprobada.

En violación de los artículos 5, 7, 46,50, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua señalados por medio del presente Recurso de Inconstitucionalidad, solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional esta norma.

NOTIFICACIONES

64. Señalamos para oír notificaciones en Managua en las oficinas Casasol, situada en Planes de Altamira, del Casino Pharaohs 1 ½ cuadra abajo, Casa No. 74. Contiguo al parqueo del restaurante la Cocina de Doña Haydee. Teléfono No. 270-2650. Managua.

ANEXOS

Acompaño al presente Recurso:

1.- Copias del Poder Especial a favor de la Dra. Maria Luisa Acosta;

2.- Copia de la Ley 620,“Ley General de Aguas Nacionales”.

3.- 4 Textos de este libelo: el original para la Corte, uno para el recurrido, otro para la Procuraduría General de Justicia, y uno para que me sea devuelto debidamente razonado.

Dra. María Luisa Acosta

Cedula No. 081-071059-0002V

[1]Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”.

El presente documento utiliza los conceptos de Afrodescendiente, Afrocaribeño, Creole o Kriol, y Étnico, indistintamente, el Arto. 3. de la Ley 445, define al las Comunidad Étnica de la Costa Caribe de Nicaragua, de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.

[2] Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, electa en asamblea de autoridades comunales tradicionales, que representa a un conjunto de comunidades indígenas o étnicas que forman una unidad territorial, elección que se realizará conforme a los procedimientos que adopten. Ato 3. Ley 445.

[3] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003.

[4] El grupo de los ramas disminuyó en el siglo XVIII. Todavía en 1774 R. Hodgson nos habla de una gran tribu de indios rama, “a large tribe of Rama Indians”, una de cuyas ramificaciones se había separado de las otras, aunque conservando las mismas costumbres y lengua. Habrían ocupado las márgenes del río Indio hasta las cercanías del lago de Nicaragua. En 1841, sin embargo, entre la ribera norte del río San Juan y la rivera Sur del río Escondido, en una distancia de un poco más de cien kilómetros, solo quedaban 500 indios rama en Punta Gorda y 80 en Rama Key…Dos ideas, por otra parte, se desprenden del conjunto de lo hasta aquí señalado. Por una parte, la semejanza, en muchos aspectos entre la vida material de los rama y las otras poblaciones aborígenes que reflejan una adaptación particular al ambiente geográfico en que les toca vivir. Por otro lado, rasgos también constatados entre los otros grupos humanos, la extraordinaria permanencia de sus tradiciones de vida. Si ha habido cambios, “la continuidad” ha sido mas fuerte…sitios de los asentamientos, tamaño de estos y distancias entre unos y otros, señalados para 1974, datan de por lo menos tres siglos.

Romero, G. Las Sociedades del Atlántico de Nicaragua en los Siglos XVII y XVIII, Fondo de Promoción Cultural BANIC, 1995. pág. 270, 272.

[5] Colette, G. y otros. La Lengua Rama Sobrevive. Revista del Caribe Nicaragüense WANI, No. 4 junio-septiembre 1986. Colette, G., Kauffman, M. Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama. En El Pueblo Rama: luchando por tierra y cultura. Ed. González, M. y Otros. Managua, URACCAN 2006.

[6] …Los Creoles [kriol] o “Criollos” son el grupo étnico más numeroso de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Ellos totalizan alrededor de 36,000 individuos; la gran mayoría de los cuales están establecidos en la RAAS donde representan más de un tercio de la población. Aunque los Creoles tienen algunos establecimientos rurales, en su mayoría viven en áreas urbanas, especialmente en Bluefields.

Banco Mundial, Documento del Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico (CBA) (en adelante “el Documento del CBA”), Reporte No. 16535-NI, junio 1997.

[7] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[8]Ley General de Aguas Nacionales, Arto. 155.- La presente Ley entrara en vigencia 6 meses después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.

[9]Ley General de Aguas Nacionales, Artículo 9.- El dominio del Estado para todas las aguas nacionales, se integra también por los siguientes bienes nacionales:
a) Los terrenos de los cauces o álveos de las corrientes naturales, navegables o flotables, de conformidad a lo establecido en el Código Civil vigente;
b) Los lechos de los lagos, lagunas, esteros descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;
c) Las playas marítimas fluviales y lacustres en la extensión que fije la legislación correspondiente;
d) Para efectos de la protección del recurso, los terrenos salitrosos;
e) El terreno firme comprendido hasta doscientos metros después de la línea de mareas máximas y treinta metros a cada lado del borde del cauce permanente de ríos y lagos.
f) Las obras públicas de regulación y aprovechamiento del agua, incluidas las instalaciones, inmuebles y terrenos que ocupen.
g) Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, embalses y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular o comunal.
Artículo 149.- Para efectos de esta Ley, en especial lo regulado en el Capítulo II sobre el Régimen Legal de Aguas y de sus bienes expresados en el Artículo 9, se deberán entender como bienes nacionales aquellos que el Código Civil define como tales. El dominio del Estado sobre estos bienes deberá entenderse referido a las tierras nacionales, municipales y ejidales, sin perjuicio de los Derechos Reales adquiridos por Ley, por los propietarios legítimos antes de la vigencia de la presente Ley, debiendo respetarse los Derechos Reales y contratos legítimos de arriendo otorgados por los municipios a ciudadanos privados, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros. Así mismo, se ratifica la obligatoriedad de los propietarios y/o arrendatarios referidos antes en la protección y reforestación de las zonas respectivas y de evitar toda contaminación.

[10] Ídem. Arto. 12 Definiciones:

Concesión: Título que otorga la autoridad nacional del agua a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, que no tienen ninguna relación con los usos destinados por las licencias específicas de aprovechamiento, asignaciones y autorizaciones a que se refiere esta Ley.

[11] Ídem. Licencias de Aprovechamiento: Título administrativo exclusivo para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que otorga la Autoridad Nacional del Agua exclusivamente, para el abastecimiento de acueductos que suministran agua potable a las poblaciones o para la generación de energía eléctrica. En el caso de las licencias de aprovechamiento destinados al abastecimiento de acueductos solo se otorgará esta licencia a las instituciones competentes del Estado.

[12]Ídem. Autorizaciones: Título administrativo que otorgan las alcaldías, o en su caso, los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica, a las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales destinado al abastecimiento de usos que no requieren significativos volúmenes de agua para el desarrollo de sus actividades.

[13]Ídem. Artículo 37.- Se crea el Registro Público Nacional de los Derechos de Agua (RNDA), como instancia distinta de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero con dependencia económica y administrativa de la misma, en el que deberán inscribirse los títulos de concesión, autorización, licencias, asignación para el acceso del uso de las aguas y los permisos para el vertido de aguas residuales. También se inscribirán las prórrogas de los mismos, su suspensión, terminación y demás actos y contratos relativos a la transmisión total o parcial de su titularidad, o cualquier modificación o rectificación de los títulos o permisos registrados. Esto se sujetará a las disposiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.

[14] Artículo 139.- Se podrán imponer servidumbre, conforme el marco legal vigente, sobre bienes de propiedad pública o privada en aquellas áreas que sean indispensables para el aprovechamiento, uso, reuso, conservación, y preservación del agua, los ecosistemas vitales, las obras de defensa y protección de riberas, caminos y sendas, áreas de inundación y embalse, trasvases, acueductos y en general las obras hidráulicas que las requieran. En el caso de las Regiones Autónomas se establecerán previo acuerdo con las comunidades afectadas.

[15]Artículo 19.- Para los efectos de esta Ley el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Nacional del Agua, previa consulta con los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y los Concejos Municipales, podrá declarar de utilidad pública:
a) La adquisición o aprovechamiento de tierras, bienes inmuebles y vías de comunicación que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos;
b) La protección integral de las zonas de captación de las fuentes de abastecimiento, priorizando la conservación de suelos y de los recursos forestales, mismos que deberán ser objetos de programas de reforestación; y
c) La instalación, modernización y tecnificación de los distritos de riego o de drenaje y otras áreas bajo riego a fin de optimizar y permitir la gestión integrada del agua y de la tierra.

[16] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[17] Ídem. Arto. 21.- Crease el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) como instancia del más alto nivel y foro de concertación y participación, con facultades asesoras y de coordinación, como de aprobación de las políticas generales, de planificación y seguimiento a la gestión que realiza la Autoridad nacional del Agua (ANA) en el sector hídrico. Este Consejo estará integrado por los titulares o sus representantes de las instituciones y organizaciones siguientes:
a) Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), quien lo presidirá;
b) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR);
c) Ministerio de Salud (MINSA);
d) Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC);
e) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER);
f) Intendencia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario;
g) Intendencia de Energía;
h) Un representante del Ministerio de Energía y Minas;
i) Un representante de la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS);
j) Un representante de cada uno de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica;
k) Cuatro representantes de los sectores productivos; y
l) Cuatro representantes de organizaciones de usuarios.
Los representantes de los titulares en las sesiones del CNRH, deberán tener los poderes suficientes para la torna de decisiones. En las Sesiones del CNRH participará con voz, pero sin voto el Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH), cuando así lo considere necesario, podrá invitar a sus reuniones a otras entidades de la administración pública y a otros representantes de los usuarios y de la sociedad, los cuales podrán intervenir con voz pero sin voto.

[18] Ídem. Artículo 24.- Se crea la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que será el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia de agua, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera. Esta tendrá facultades técnicas-normativas, técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos, de conformidad a la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 26.- Son funciones técnicas-normativas de la ANA, entre otras, las siguientes:
a) Formular y elaborar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos;
b) Coordinar la elaboración de los Planes de Recursos Hídricos por Cuenca y vigilar su cumplimiento;
c) Elaborar el Balance Hídrico por cuenca en coordinación con las autoridades competentes;
d) Proponer los reglamentos de gestión de cuenca, incluyendo los acuíferos;
e) Realizar la caracterización de los cuerpos de aguas para usos potenciales;
f) Proponer las declaratorias de zonas de veda, de protección o de reserva de aguas, a las autoridades competentes en la materia sobre la base de los dictámenes técnicos requeridos;
g) Coordinar programas de cooperación técnica;
h) Promoverla investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua;
i) Impulsar la formación y capacitación de los recursos humanos que se requieran;
j) Otorgar, modificar, prorrogar, suspender o extinguir los títulos de concesión y licencia y para el uso o aprovechamiento del agua y de sus bienes, y los permisos para el vertido de las aguas residuales en cuerpos receptores de dominio público;
k) Organizar el funcionamiento del Registro Público Nacional de Derechos de Agua;
l) Proponer al Poder Ejecutivo para los trámites legislativos correspondientes, el establecimiento y las modificaciones de los cánones por el uso o aprovechamiento de recursos hídricos;
m) Normar, regular y controlar sobre la construcción de todo tipo de obras de infraestructura hidráulica;
n) Realizar periódicamente los estudios y análisis sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, que soporten los criterios para el cobro de tarifas y cánones de agua, incluyendo el pago por servicios ambientales hidrológicos; y
ñ) Proponer las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación.

Artículo 27.- Las funciones técnico operativas de la ANA son, entre otras:
a) Administrar y custodiar en forma integral y por cuenca las aguas nacionales que regula la presente Ley, así como preservar y controlar su cantidad y calidad. Igualmente elaborar en conjunto con MARENA y los Concejos Municipales correspondientes, los Planes de Manejo de los diferentes ecosistemas acuáticos;
b) Administrar y custodiar los bienes de dominio público y las obras públicas hidráulicas del Estado, excepto las que están a cargo de otras entidades públicas o privadas y las de los usuarios concesionados;
d) Establecer, organizar y administrar el Registro Público Nacional de Derechos de Agua;
e) Organizar y coordinar el Sistema de Información de los Recursos Hídricos que hagan posible determinar la disponibilidad de las aguas nacionales en cantidad y calidad, así como, el inventario de los usos y usuarios del recurso;
f) Construir, por sí o a través de contratos con terceros, las obras públicas hidráulicas a cargo del Estado;
g) Conciliar y, en su caso, servir a petición de los usuarios como árbitro en la solución de los conflictos relacionados con el agua;
h) Formular y aplicar programas que tenga por objetivo el que todos los usuarios de aguas nacionales cuenten con medidores, dispositivos o métodos indirectos de medición volumétrica;
i) Definir los requisitos y lineamientos para el establecimiento de Distritos y Unidades de Riego y de Drenaje;
j) Ejercer supletoria y transitoriamente las funciones técnico- operativas de los Organismos de Cuenca, en los términos de la presente Ley y su Reglamento; y
k) Actuar como instancias de apelación de las decisiones de los Organismos de Cuenca.

[19]Ídem. Artículo 31.- Se crean los Organismos de Cuenca como expresión derivada y dependiente en concepto global de la ANA en las cuencas hidrográficas superficiales y del subsuelo en el territorio nacional, que funcionarán como instancias gubernamentales, con funciones técnicas, operativas, administrativas y jurídicas especializadas propias, coordinadas y armonizadas con la ANA, para la gestión, control y vigilancia del uso o aprovechamiento de las aguas en al ámbito geográfico de su Cuenca respectiva.
En el caso de que en algún territorio determinado no se haya instalado un Organismo de Cuenca, la ANA ejercerá directamente con carácter temporal las funciones técnicas-operativas designadas hasta que se hayan constituido.

[20] Ídem. Arto. 35.- Se impulsara la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, por medio de la conformación de Comités de Cuenca, subcuenca y microcuenca que se integraran por: a)Representantes de los usuarios de agua de los diferentes usos en la cuenca; b) Representantes del Consejo Directivo del Organismo de Cuenca; c) Representantes de los Consejos Regionales Autónomo, en su caso; y d) Representantes de Organizaciones no Gubernamentales acreditadas. Estos comités se constituirán como foros de consulta, coordinación y concertación entre los Organismos de Cuenca, entidades del Estado, municipios, Regiones Autónomas, en su caso, así como las organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la respectiva cuenca…

[21] Ídem. Arto. 46… las concesiones y Licencias para aprovechamiento y uso de las aguas nacionales por parte de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas cuando sean de impacto nacional, uso múltiple del agua, o de carácter estratégico para el país o que cubren mas de un sector o una cuenca o impliquen la construcción de obras hidráulicas de grandes dimensiones, deberán ser ratificados o no por la Asamblea Nacional.

[22] Ídem. Artículo 52.- En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, previo al otorgamiento de toda Concesión se deberá obtener la aprobación de los Consejos Regionales Autónomos, el cual tendrá un plazo de noventa días para pronunciarse.

[23] Ídem. Artículo 62.- Cuando se trate de concesiones para aprovechamiento de uso múltiple u obras de grandes dimensiones, el CNRH con el apoyo de su Comité Técnico Asesor y en coordinación con la ANA, previamente hará las consultas técnicas y de viabilidad con los sectores que pudieren ser perjudicados con el otorgamiento del derecho de uso, aprovechamiento o permiso de vertido, sin perjuicio de las consultas y aprobación que por Ley se establecen para el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y la opinión de los Municipios respectivos.

[24] Ley 445. Arto. 27. La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.

[25]Informe sobre los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II/.62 doc. 10 rev. 3, 20 noviembre 1983.

[26] Ídem Págs. 78-79.

[27]Párrafo 48 de la Sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

[28] Ídem párrafo 148.

[29] Arto. 31.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Mískitas, Sumos y Rama puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

[30]Aprobada el 22 de Octubre del 2003 y Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003

Recurso de Inconstitucionalidad contra el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Honorable Corte Suprema de Justicia

1. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente, y Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria, del Gobierno Territorial Rama y Kriol[1] (GTR) y Frank López Monroe, Presidente de las Autoridades Territoriales de las Diez Comunidades Indígenas & Afro-descendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas (“Territorial Authority of Ten Indigenous & Afro-Desendant Communities of the Pearl Lagoon Basin”).

2. Los Recurrentes, Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, Frank López Monroe y Pearl Marie Watson Presida, demuestran su calidad de Presidentes y de Primera Secretaria, respectivamente, por medio de Certificaciones expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS del Sr. Glenford Abraham Elick, de acuerdo a las funciones que le otorga la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,[2] en el Capitulo II, Arto. 08.

3. Los Recurrentes comparecen por medio de su apoderada legal especial Dra. María Luisa Acosta Castellón, quien es mayor de edad, soltera, abogada y del domicilio de Managua, quien acredita su calidad con poderes especiales otorgado por los Recurrentes.

4. La compareciente expone lo siguiente:

El territorio Rama

5. El territorio Rama se encuentra ubicado en el Sureste de Nicaragua, y comprende la línea

costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra al Norte y la cuenca del Río Indio al Sur. Además abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe así como algunos cayos pequeños.

6. El territorio Rama esta conformado por la unión de las comunidades de: Rama Cay, Zompopera, Punta Aguila/Cane Creek, Wirin Cay, Sumu Kat (El Coco), Río Indio y las comunidades Afrodecendientes de Monkey Point y Río Maíz (Corn River).

7. Política y administrativamente el territorio esta dentro de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en partes de los Municipios de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo; con cede en la ciudad de Bluefields, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.[3]

El territorio de

“Ten Indigenous & Afro-Descendant Communities of the Pearl Lagoon Basin”

8. El territorio de las Diez Comunidades Indígenas & Afrodescencientes de la Cuenca de

Laguna de Perlas (en adelante “el territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas” o “El Bloque de Laguna de Perlas”), lo constituye el bloque de Halouver según el Diagnostico realizado por CACRC en 1998, y ahora denominado el bloque de Laguna de Perlas, utilizado como base de su reclamo ante la CIDT-RAAS para ser titulado, y cuyos límites son:

… los límites ubicados al Sur y al Oeste reclamados por el bloque de Halouver son límites naturales que representan los límites históricos utilizados por miembros de la comunidad y también los límites legítimos de las demandas hechas por las comunidades vecinas. El límite Sur del bloque está constituido por el borde Norte de la laguna de Bluefields y el banco Norte del río Escondido. Históricamente los miembros de las comunidades utilizaron el área de la playa, hasta falso Bluff, para actividades agrícolas, cazaban todavía más al Sur del falso Bluff. Sin embargo, la lógica de fondo para ese límite es que constituye la división natural entre las tierras de los pobladores indígenas del área de Pearl Lagoon y las tierras del pueblo Rama. Se estuvo de acuerdo en que el límite Sur Oeste es el río Kama. El Río Kama parece ser el rasgo geográfico lógico para funcionar como frontera entre la comunidad y esa invasión campesina. Kukra Hill está incluido dentro de esos límites. [4]

9. El territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas esta conformado por la unión de diez comunidades indígenas Mískitu y Étnicas; Laguna de Perlas, Haulover, Raitipura, Awas, Brown Bank, La Fe, Kahkabila, San Vicente, Orinco y Set Net Point; en el Municipio de Laguna de Perlas y Kukra Hill, (RAAS). Con cede en la ciudad de laguna de Perlas, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.

10. Tanto el los pueblos indígenas Mískitu y Rama, como las comunidades étnicas, son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua al que los Recurrentes representan, así como los Recurrentes mismos, viven de la agricultura, cultivan maíz, arroz, frijoles, coco, fruta de pan, banano, plátano, pijibaye, etc., para el autoconsumo. Cazan, lo que realizan con arpón, lanza o flechas: venados, armadillo y jabalí o chancho de monte en los bosques. Pescan en el río, en los cayos y el mar: sábalo, mojarra, guapote, moga pinta, etc. Cortan la madera solamente para el autoconsumo, en la construcción de viviendas, y pipantes, su principal medio de transporte. La economía de estos pueblos indígena comunidades étnicas es de subsistencia y depende exclusivamente de la tierra comunal y del bosque, que el Ejecutivo por medio del Decreto 01-2007 pretende registrar como “terrenos de dominio público.”

Los Recurrentes

13. Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casado, de la etnia Rama, profesor y del domicilio de Rama Cay, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-250256-0004U interpone este recurso en su calidad personal y también como representante legal del GTR. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio Rama por medio del Decreto 01-2007, él personalmente seria perjudicado, así como el pueblo indígena al que pertenece y representa.

14. Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casada, de la etnia Kriol, licenciada en enfermería y del domicilio de la Comunidad Étnica de Monkey Point, identificada con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-230744-0000J, interpone este recurso en su calidad personal y en la calidad antes señalada. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio Rama por medio del Decreto 01-2007, ella personalmente seria perjudicado, así como las comunidades étnicas a las que pertenece y representa.

15. Frank López Monroe, Presidente de las Autoridades Territoriales de las Diez Comunidades Indígenas & Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, mayor de edad, casado, de la etnia Kriol, profesor y del domicilio de Laguna de Perlas, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No. 626-220546-0000S, interpone este recurso en su calidad personal y también como representante legal del territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas. Ya que de ser registradas como “terrenos de dominio público” las tierras del territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas por medio del Decreto 01-2007, él personalmente seria perjudicado, así como las comunidades indígenas y étnicas a las que pertenece y representa.

16. Sebastián Mcrea Ruiz, es autoridad territorial del Pueblo Indígena Rama, uno de los pueblos indígenas originarios de Nicaragua,[5] descendientes de las tribus Chibchas, hablan inglés Kriol y algunos preservan su lengua Rama;[6] son el pueblo que históricamente ha ocupado el Sureste de Nicaragua, aunque su asentamiento principal lo constituye el cayo de Rama Cay, ubicado en la bahía de Bluefields a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefields.

17. Pearl Marie Watson Presida, es además representante tradicional de la Comunidades Étnicas que conforma el territorio Rama; la comunidad de Monkey Point, formada por krioles, que hablan Kriol e indígenas rama; que habitan el área de la península de Monkey Point a 47 kilómetros al Sur de la ciudad de Bluefields, la cuencas del Río Maíz (Corn River) a 75 kilómetros al Sur de Bluefields, ejerciendo una ocupación tradicional sobre estas tierras; los kriol de Monkey Point y Río Maíz llegaron del área y se establecieron junto a los habitantes históricos de la zona, el Pueblo Indígena Rama (“Los Rama”) con los que desde entonces han convivido formado una comunidad multiétnica dentro del territorio Rama.

18. Frank López Monroe es autoridad territorial de diez comunidades Mískitu y Kriol de la Cuenca de Laguna de Perlas, cuya cede principal es Pearl Lagoon, como la llaman sus habitantes; fundada en 1770 al lado de la preexistente comunidad Mískitu de Raitipura; Pear Lagoon fue además, la residencia del Rey Mosko en el periodo comprendido entre 1824 y 1842. La Cuenca de Laguna de Perlas es actualmente una amalgama de la cultura Kriol y Mískitu. La Cuenca de Laguna de Perlas esta ubicada a unos 50 Kilómetros al Norte de Bluefields.

19. Tanto los pueblos indígenas Mískitu y Rama, como las comunidades étnicas, de Monkey Point, Río Maíz y las de la Cuenca de Laguna de Perlas son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua ubicadas en el Municipio de Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill, RAAS; y en el Departamento de Río San Juan; tales comunidades, y sus autoridades tradicionales, son reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua en los artículos 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[7] (en adelante “ la Ley No. 28” o “El Estatuto de Autonomía”) y son reguladas por la Ley No. 445. Además los Señores Mcrea y López, y la Señora Watson están certificados, por el Registro de Autoridades Comunales y Territoriales del Consejo Regional de la RAAS, de conformidad con el Capitulo II, Articulo 7 de la Ley 445, como Autoridades Territoriales.

El Decreto impugnado

20. El 8 de enero del 2007 Enrique Bolaños Geyer, entonces Presidente de la Republica de

Nicaragua, emitió el Decreto No. 01-2007, que entró en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, No.8, del 11 de enero del 2007(en adelante “Decreto No. 01-2007” o “el Decreto”).

Funcionarios contra quien se interpone el Recurso

21. El Señor José Daniel Ortega Saavedra, mayor de edad, casado, Comandante de la Revolución Popular Sandinista y del domicilio de Managua. Este Recurso de Inconstitucionalidad se interpone en contra del Comandante Ortega, en su calidad de Presidente de la República de Nicaragua. En su calidad de Presidente de Nicaragua, el Comandante Ortega, a partir del 10 de enero del 2007 interviene en la formación de las leyes y decretos, sanciona, manda publicar y divulgar, y sobre todo y específicamente, las manda a ejecutar, como en el caso del Decreto No. 01-2007, que entró en vigencia un día después de su toma de posesión del cargo, el 11 de enero del 2007.

22. A este respeto la Constitución Política de Nicaragua en el Arto. 148, párrafo segundo establece:

El Presidente y Vicepresidente del a República ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años, que contara a partir de su toma de posesión el dia diez de Enero de año siguiente a la elección…(énfasis adherido)

Por lo que a la entrada en vigencia del Decreto 01-2007, el 11 de Enero, ya el Presidente Ortega había tomado posesión de su cargo, constituyéndose en “el titular del órgano que emitió el decreto”. Por lo que al ser el Decreto 01-2007 demandado por inconstitucional, de conformidad con lo que establece el Arto. 7 de la Ley de Amparo;

“el Recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el titular del órgano que emitió el decreto” (énfasis adherido)

23. En este caso el Señor Presidente de la Republica de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra es “el titular del órgano[La Presidencia de la Republica]que emitió el decreto” y por ende, es contra el que la Ley de Amparo manda interponer el presente Recurso.

Antecedentes del Decreto 01-2007

24. El Poder Ejecutivo decretó en 1991 como Áreas Protegidas a Cerro Silva y Punta Gorda,[8] en el territorio tradicional del pueblo Rama y Kriol, sin consultar con este pueblo y comunidades. El Estado declaró que entre los objetivos de crear las áreas protegidas, además de dejar recuperar y proteger los bosques azotados por el huracán Juana en 1988, estaba el de“garantizar a las comunidades autóctonas de la Costa Atlántica los derechos históricos en la protección de sus ambientes ecológicos y el beneficio futuro del aprovechamiento de los recursos naturales en forma sostenida y perdurable”.[9]

25. Así mismo, el Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields fue declarado como Sitio RAMSAR, bajo la protección del Convenio sobre las Marismas (humedales) de Importancia Internacional especialmente como hábitat de las aves acuáticas, RAMSAR No. 1139 de Nicaragua en el 2001, basado en el Convenio suscrito con anterioridad.[10]

26. Pero a pesar de la declaratoria de las Áreas Protegidas, en el territorio tradicional del pueblo Rama y Kriol, el Estado ha tenido una muy limitada presencia en el terreno; y estas Áreas declaradas formalmente como Protegidas, aún hoy carecen de Planes de Manejo, Planes Operativos Anuales o controles administrativos de algún tipo en el terreno.

27. Lo anterior es consistente con las siguientes cifras: las 76 Áreas Protegidas decretadas como tales en Nicaragua que forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), constituyen unas 2,242,193 Hectáreas, o sea, el 18.2% del territorio nacional. De las cuales solo 5: Volcán Masaya, Chocoyero, Mombacho, La Flor y Chachocente están siendo atendidas administrativamente y brindando algunos servicios; hay 6, que están siendo patrulladas por guardabosques y 7, que están siendo del interés de proyectos, municipalidades y ONGs. Las restantes Áreas Protegidas, solamente han sido decretadas como tales sin que reciban atención alguna en el terreno.[11]

28. Es mas, en contradicción a esa supuesta política conservacionista y, en violación al Decreto creador de estas Áreas Protegidas,[12] el Estado emitió títulos de reforma agraria y títulos supletorios, impulsando de esta forma la inmigración en las Reservas de Punta Gorda y Cerro Silva.[13] Mientras la taza de crecimiento poblacional nacional es del 3,09% (1995-2000) la de la RAAS fue del 4.34%[14] debido a la incontrolable emigración. Lo que contribuyo al avance de la frontera agrícola, ganaderos y especuladores; invasión que ha desplazado de su territorio tradicional al pueblo indígena Rama y Kriol, y ha destruido gran parte del bosque y los ecosistemas del área.

29. Además, el mismo Estado, en violación del artículo 106 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece: “No serán sujetos de explotación y exploración, los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas legalmente protegidas” ha otorgado concesiones para la construcción de megaproyectos como el del Canal Seco a las empresas CINN[15] y Sit/Global,[16] la construcción de un oleoducto.[17] y la carretera Nueva Guinea-Bluefields;[18] que afectaría el Sito Ramsar,[19] y el resto de Áreas declaradas como Protegidas.

Por lo que el supuesto conservacionismo estatal, es totalmente inconsistente con el actual impulso de mega proyectos en las mismas áreas. Donde lo único que le faltaría al Estado es titular los supuestos “terrenos de dominio público que están comprendidos dentro de las áreas protegidas que conforman el SINAP” como lo establece el Decreto 01-2007, para realizar libremente los megaproyectos antes descritos.

la Reserva de Wawashan

30. El Poder Ejecutivo decretó en 1991 también el Cerro Wawashan y sus bosques aledaños[20]como Áreas Protegidas, y lo hizo afectando gran parte del territorio tradicional de las comunidades indígenas Miskitu y Kriol de la Cuenca de Laguna de Perlas; lo anterior sin consultar con este pueblo y comunidades. Además, la Reserva de Wawashan afecta tierras de comunidades Garifuna y Ulwua (Sumu), y las de la comunidad Mískitu de Tasbapaui. Políticamente, la reserva Wawashan esta ubicada en el Municipio de Rama, Kukhra Hill, Laguna de Perlas y el Tortuguero en la RAAS. Con una extensión aproximada de 2,315 Km2, comprendidos dentro de los recorridos de los ríos Kurinwas, Karawala, confluencia del Sabawas, Cerro Wawashan, cabecera del río Patch hasta su desembocadura en la Laguna de Perlas.

Titulación de los territorios indígenas

31. El pueblo indígena Rama, junto con las comunidades étnicas de Monkey Point, Río Maíz y las comunidades indígenas Mískitu y étnicas, de la Cuenca de Laguna de Perlas, han elegido sus autoridades comunales y territoriales; y comenzado a realizar el Diagnostico de sus tierras tradicionales. Ya que el Diagnostico es un presupuesto necesario para obtener la titulación de su territorio, de conformidad con lo establecido por la Ley 445.[21]

32. La Ley 445, cuando crea el procedimiento para la titulación de tierras indígenas, termina con la discriminación que existía en contra de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas; al ser éste el único sector social nicaragüense, que no tenía una ley, un procedimiento y una entidad encargada de titular sus tierras; a diferencia del sector campesino que ha contado con varias leyes de reforma agraria e instituciones encargadas de titularles como el IAN, MIDINRA, INRA, OTR, la Intendencia de la Propiedad, etc.; o el resto de los ciudadanos, que de manera individual o colectiva pueden obtener títulos de propiedad y supletorios, de conformidad al Código Civil emitido en 1905.

33. Pero desde que entró en vigencia la Ley 445, en el 2003, solamente 5 territorios indígenas han recibido su titulo, todos en la Reserva de Bosawas; y de esos solo uno ha sido registrado, pero bajo una gran controversia. Por lo que el proceso de demarcación se ha tornado un proceso lento y tedioso que puede durar varios años, como lo demuestra el cuadro en la página siguiente.

Los Títulos otorgados

34. La Secretaría de la Presidencia para Asuntos de la Costa Atlántica (SEPCA) y los líderes indígenas de los territorios en la Reserva de BOSAWAS tuvieron un fuerte enfrentamiento, debido a que el Estado pretendía titular al área núcleo de la Reserva con la improvisada e ilegal figura del “co-dominio”, cercenando de esta manera los derechos de propiedad de los pueblos indígenas en el área núcleo de la Reserva.[22] Pero debido a la resistencia de los indígenas y al apoyo de CONADETI, finalmente el 24 de mayo del 2005, el Presidente de la República entregó los primeros cinco títulos de propiedad de los territorios indígenas emitidos a: Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu, y Miskitu Indian Tasbaika Kum, reconociendo con ellos una totalidad de 587,629 Hectáreas a 85 comunidades indígenas de la etnia Mískitu y Mayangna (Sumu).

AVANCES DEL PROCESO DE DEMARCACION[23]

Comunidad/ Territorio

Financiado por

Ttítulo

otorgado

Diagnóstico en proceso

Diagnostico ante CIDTs

Resolución de Conflictos

1.- Kipla Sait Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

2.- Li Lamni Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

3.- Mayangna Sauni As

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

4.- Mayangna Sauni Bu

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

5.-Miskitu Indian Tasbaika Kum

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

6.-Mayangna Sauni Bas (Sikilta)

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

7.-Mayangna Sauni Arunka (Matunbak)

TNC/BOSAWAS/USAAID

SETAB/BOSAWAS/

MARENA/GTZ/KFW

X

8.- Awas Tingni

Gupo Cosultor

/PRODEP

X

9.- Prinzu Ahuya (Prinzapolka)

URACCAN/FISE

X

10.- Prinzu Awala Un (Prinzapolka)

URACCAN/FISE

X

11.- Tasba Pri

X

12.- Tasba Raya

X

13.-Territorio Tawira

X

14.- Desembocadura del Río Grande.

URACCAN/BICU/

FISE

X

15.- TERRITORIO SAN FRANCISCO, Cuna del Los Indígenas Unidos por Siete Comunidades (INDIAN LAL KAHBAIKA IWANKA, “KASAKKIRA PRANSIS” ASLA KAKANKA TAWAN MATLALKAHBI PURA KUMI )

URACCAN/BICU/

FISE

X

16.- Tumarin Indígena

URACCAN/BICU/

FISE

X

17.- Territorio Rama

GTR/IBIS/URACCAN

X

18.- Laguna de Perlas

FORD/URACCAN

X

19.-TasbaPaunie/

Wawashan

Consultor/FISE

X

35. Sin embargo, cuando se creía superada la discusión, solo algunos de los cinco títulos fueron registrados en el Registro Publico de la Propiedad Inmueble. Posteriormente, el titulo de Mayangna Sauni As fue anulado, y un nuevo título alterado en su contenido original, fue emitido por la Presidenta de CONADETI a mediados del 2006; además este titulo fue inscrito a favor del Estado de Nicaragua en Primer Asiento, y posteriormente otorgado a los indígenas, e inscrito en Segundo Asiento. Procedimiento notoriamente inconstitucional, impulsado por SEPCA.

36. Con anterioridad, SEPCA y la Intendencia de la Propiedad, ambas instituciones del Poder Ejecutivo, plantearon en reunión del 7 de febrero del 2006 a los líderes indígenas de BOSAWAS, que con respecto de la inscripción en el Registro de los cinco títulos otorgados por la CONADETI en mayo del 2005, seria el siguiente: No aplicarían la Ley 445, sino los artículos 614 y 3979 del Código Civil con la interpretación siguiente:

”en casos de inexistencias de cuentas registrarles de un inmueble debe procederse mediante minutas descriptivas e inscribir el mismo a nombre del Estado de la Republica para posteriormente poder transferir el dominio a favor de las comunidades indígenas; ya que es un principio jurídico que nadie puede transferir lo que no le pertenece”

37. Ante tal propuesta, los pueblos indígenas sostuvieron que el planteamiento anterior es inconstitucional, y por lo tanto inaplicable; ya que las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas, no son tierras baldías o ejidales y por lo tanto no le pertenecen al Estado de Nicaragua. Ya que el mismo Estado (Artos. 5, 89 y 180 Cn y 36 numeral 1 Ley No. 28. en 1987), las definió, e hizo el reconocimiento constitucional de que las tierras comunales tradicionales, ubicadas en la Costa Atlántica, pertenecen a las comunidades indígenas y étnicas.[24]

38. Y cuando el artículo 614 del Código Civil, establece: “Son bienes del Estado, todas las tierras que, estando situadas dentro de los limites territoriales, carecen de otro dueño” es claro que la Constitución Política y las Leyes No. 28 y No. 445 reconocen como dueños de sus tierras comunales a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que las han ocupado de manera tradicional e histórica. Por lo tanto estas no carecen de otro dueño. Así mismo el Arto. 3979 que en su parte pertinente establece: “…para inscribir las propiedades nacionales…no se necesita presentar titulo anterior, sino que habrá una minuta descriptiva del inmueble, autorizada por el funcionario competente o interesado…” el Arto. 1 párrafo segundo, del Decreto 434 del 17 de agosto de 1945[25] establece: “Los terrenos baldíos nacionales se consideraran inscrito a nombre del Estado”. Bastaría una Minuta Descriptiva para inscribir tierras Estatales, o ni siquiera es necesario hacerlo, si las consideramos baldías, según el Arto. 19 del Reglamento del Registro Publico. Sin embargo, seria inconstitucional inscribir tierras indígenas actualmente bajo el régimen sui generis, como tierras baldías, o tratarlas como pertenecientes al Estado por falta de “otro dueño”; ya que en este caso es claro que son las comunidades indígenas y étnicas sus dueños, por reconocimiento constitucional desde 1987. Y que en este caso particular además, ya están bajo el procedimiento establecido por la Ley 445 para su debida titulación.

39. Por lo que al carecer estas tierras de asiento registral, éste debe ser creado para ellas a favor de las comunidades que tradicionalmente las han ocupado, y no es jurídicamente viable crear un Primer Asiento a nombre del Estado; y luego que este las trasfiera a las comunidades indígenas, como lo propusieron los funcionarios públicos; porque los derechos de propiedad sobre las tierras tradicionalmente utilizadas por las comunidades étnicas y los pueblo indígena de la Costa Caribe de Nicaragua ya fueron reconocidos constitucionalmente, por lo que su derecho no proviene en general del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino que provienen del reconocimiento Constitucional del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales.

40. Por lo que, los títulos de BOSAWAS debían ser emitidos por medio de una resolución de la CONADETI, como lo manda su reglamento interno, y no solo por la Presidenta; y además el contenido y los términos de los títulos emitidos por CONADETI en el 2005, ya habían sido consensuados con los indígenas y no debían ser alterados. Alteración que denunció el propio Vice-Presidente de CONADETI a la vez que amenazaba con recurrir de inconstitucionalidad por toda la manipulación de la que fueron objeto los títulos.[26] A pesar de lo anterior, en ceremonia celebrada en Musawas, BOSAWAS, el 27 de septiembre de 2006, el Presidente de la República entregó el nuevo título a los líderes del territorio Mayangna Sauni As, haciendo a un lado el titulo consensuado y emitido por la CONADTI.[27]

41. Por lo anterior es evidente que el proceso de demarcación de las tierras indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense ha puesto de manifiesto el contraste, de las diferentes visiones e intereses de los actores en un pacto social que debe existir entre el Estado y los pueblos indígenas y comunidades étnicas para lograr la gobernabilidad y el desarrollo democrático de Nicaragua como nación; pacto social que desde la incorporación de la Mosquitia al territorio nacional requiere ser replanteado; sin haberlo sido hasta hoy por el Estado nicaragüense. Ya que el reconocimiento constitucional de la realidad multiétnica y de la diversidad cultural y lingüística del país, que hace la Constitución Política de Nicaragua, en 1987, tiene su base en las razones históricas, sociales y culturales de la preexistencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. De manifiesto en los claros antecedentes jurídicos que constituyen el Tratado Zeledón-Wyke (Tratado de Managua) de 1860, del mismo Decreto de Reincorporación de la Mosquitia al territorio nacional, emitido el 20 de noviembre de 1894. y del Tratado Harrisson-Altamirano de 1905; en los cuales se hace expresa referencia a la presencia y dominio que sobre la Mosquitia ya tenían los pueblos indígenas y étnicos de la zona, al momento de la incorporación de su territorio al Estado nicaragüense.

42. Por lo que el problema creado por SEPCA con los títulos de las comunidades indígenas de BOSAWAS, refleja la falta de aceptación, por parte del Poder Ejecutivo, de los derechos históricos de estos pueblos, sobre sus tierras comunales tradicionales; y en su lugar, la insistencia estatal de considerarlas como “de dominio público”. Planteamiento que ahora pretende institucionalizar por medio del Decreto No. 01-2007; el que de ser aplicado, constituiría una ilegal confiscación sobre la tierra indígenas, ya que seria el mismo Poder Ejecutivo, como juez y parte, el que determinaría cuales son estos “terrenos de dominio publico” dentro del SINAP, anulando completamente la finalidad y el contenido del proceso de demarcación iniciado por los Rama, Mískitu y Kriol, que recurren el Decreto.

43. Ya que mientras el proceso de demarcación de las tierras indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Wanky (Coco), Indio y Maíz, esta tomando varios años para otorgar los títulos; el Decreto No. 01-2007, en cambio, manda registrar “los terrenos de dominio publico dentro de las Áreas Protegidas que conforman el SINAP” de inmediato. Sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas dentro de las Áreas Protegidas.

El Decreto No. 01-2007 viola la Constitución Política de Nicaragua

44. El Decreto No. 01-2007, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, deroga expresamente el Decreto 14-99, Reglamento del Áreas protegidas de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999. El Decreto No. 01-2007 entra en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, No.8 del 11 de enero del 2007.

45. Los artículos 3 numeral 8, 67, 68 y 69 del Decreto No. 01-2007, son inconstitucionales

por que violan normas establecidas como Principios Fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua (Arto. 5), así como derechos esénciales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras comunales tradicionales y sobre la preservación de sus recursos naturales y medioambiente (Artos. 5, 89 y 180) su derecho a la propiedad comunal sin discriminación alguna (Artos. 5, 99 y 103), la garantía constitucional a que sus bienes no sean objeto de confiscación o expropiación; pero además, sus derechos como ciudadanos nicaragüenses a la consulta y a la participación en las decisiones que tome el Estado y los pueda afectar (Artos. 2, 7, 50); por lo que exigen a los funcionarios públicos el respeto al Estado de Derecho (Artos. 129, 130, 131, 150) de la manera siguiente:

DECRETO No. 01-2007, CAPITULO II

CONCEPTOS

Arto. 3.- Para los efectos de este Reglamento los siguientes conceptos tienen el significado que aquí se le asigne:

8.- COMANEJO DE AREAS PROTEGIDAS.- Es un modelo de administración de áreas protegidas, bajo el cual el MARENA como administrador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, en atención a las directrices de cada área protegida, puede ceder la administración de un área protegida a organismos e instituciones nicaragüenses sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas, cooperativas, comunidades indígenas y étnicas de acuerdo a lo establecido en la legislación que regula la materia, llamados comanejantes…

CAPITULO VII

TENENCIA DE LA TIERRA EN AREA PROTEGIDAS

Arto. 69.- El MARENA podrá ceder la administración de las áreas protegidas en comanejo, basándose para ello en las directrices de administración de cada área protegida y los procedimientos establecidos para ese efecto por Resolución Ministerial. Podrán solicitar el comanejo de un área protegida los organismos e instituciones nicaragüenses sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas, cooperativas, comunidades indígenas y comunitarias.

46. Estos artículos del Decreto No. 01-2007 violan lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de La Ley No. 445,[28] ya que erróneamente los Artos. 3 numeral 8 y 69 del el Decreto No. 01-2007 equiparan los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a los derechos de las asociaciones civiles. Desconociendo así los derechos establecidos en el régimen sui generis de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras comunales tradicionales. Ya que los derechos de propiedad de las comunidades étnicas y de los pueblos indígena de la Costa Caribe de Nicaragua no son los de un simple administrador, ni se limitan a los de cualquier propietario; sino que están inmersos dentro de un esquema político de existencia tradicional comunal de auto gobierno comunitario, donde estos pueblos y comunidades poseen las tierras y recursos naturales de manera colectiva, según sus costumbres y tradiciones.

Régimen sui generis de loas tierras comunales tradicionales

47. Además los derechos establecidos en el régimen sui generis no provienen del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino que provienen del reconocimiento Constitucional, realizado en 1987, del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales. Derechos sui generis que reconoce a los Mískitus, Ramas, Mayagnas (Sumos), Garífunas y Kriol, la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180; con la definición de tierras indígenas que hacen los artículo 11 numerales 3, 4 y 6; 36 de la Ley No. 28; Y que esta regulado por la Ley No. 445 de la manera siguiente:

Arto. 5 Cn.-El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley (énfasis adherido).

Arto. 89 Cn.-…El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Arto. 180 Cn.-…El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal… Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, el artículo 11, numerales 3, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía en su parte pertinente establece:

Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:… Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional…Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valares… Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.

Y el artículo 36 del de la Ley No. 28 define la propiedad comunal de la forma siguiente:

La propiedad comunal la constituye las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica y están sujetas a las siguientes disposiciones:

1.- Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles.

2.- Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado.

La Ley No. 445 por su parte, en el Arto. 2. establece sus objetivos específicos como los siguientes:

1. Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

2. Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de sus autoridades tradicionales.

4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, en el manejo de sus territorios comunales.

5. Establecer las normas y procedimientos para el proceso de demarcación y titulación sobre el derecho de propiedad comunal objeto de esta Ley.

6. Definir el orden institucional que regirá el proceso de titulación de las tierras comunales de cada uno de los diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas objeto de esta Ley.

48. Por lo que el régimen sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales. El concepto de propiedad comunal es definido por el Arto 36 de la Ley No. 28, con la característica especial de que las tierras comunales no pueden ser expropiadas al ser “inajenables” ya que “no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles” lo que las coloca además fuera del comercio, con lo que el Legislador pretendió asegurar el patrimonio de las generaciones futuras. Con el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, los derechos sobre sus tierra y recursos naturales; la Ley No. 445 constituye la herramienta jurídica, para cumplir el compromiso estatal de garantizar efectivamente estos derechos a los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz de Nicaragua, por medio de su demarcación y titulación.

49. Por lo que no diferenciar a una ONG o a una asociación civil, de un pueblo indígena o de una comunidad étnica, y no tomar en cuenta la relación de estos últimos con sus tierras ancestrales, constituye una nociva simplificación, y por ende la anulación, de sus derechos constitucionales. Derechos que van mas aya del de propiedad, sino que engloban además, la posibilidad de mantener o no, su subsidencia colectiva como pueblo.

50. El Artículo 68 del Capitulo sobre la tenencia de la tierra del Decreto 01-2007 textualmente expresa:

CAPITULO VII

TENECIA DE LA TIERRA EN AREA PROTEGIDAS

Arto. 68.- Se prohíbe la titulación de tierras de dominio público dentro de las áreas protegidas, por causa de Reforma Agraria y Títulos Supletorios. Los títulos que se otorguen a favor de particulares dentro de las áreas protegidas con posterioridad al tres de marzo e mil novecientos noventa nueve, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial competente.

51. Mientras el artículo 56 del Reglamento del Áreas Protegidas de Nicaragua, Decreto 14-99, vigente entre el 3 de marzo del 1999 y el 11 de enero del 2007, ahora derogado por el Decreto No. 01-20007, expresamente establecía:

Arto. 59.- Se prohíbe la titulación de tierras dentro de las áreas protegidas, ya sea por causa de Reforma Agraria, Títulos Supletorios o cualquier otra forma de adquisición. Los títulos que se otorguen a favor de particulares dentro de las áreas protegidas del SINAP después de la publicación de este reglamento, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial competente.

En el caso de que las tierras sean de comunidades indígenas se respetará el derecho de propiedad de las mismas.

52. El artículo 59, ahora derogado, clara y expresamente prohíbe el otorgamiento de títulos supletorios a particulares dentro de las áreas protegidas, lo que se mantiene en el Decreto No. 01-2007; sin embargo, este ultimo no reitera el reconocimiento a la propiedad comunal, y lo que es peor aun, la ignora, y además, posteriormente (Arto. 67) establece la necesidad estatal de titular las Áreas Protegidas como “tierras de dominio publico” o tierras del Estado.

53. El Arto. 68 del Decreto No. 01-2007, deja de lado la protección de la tierra comunal al prohibir solamente“la titulación de tierras de dominio publico dentro de las áreas protegidas” por lo que las tierras indígenas quedan desprotegidas; y son además amenazadas por una inminente titulación a favor del Estado, como ya lo trataron de hacer con las áreas núcleos de BOSAWAS. Ya que el Arto. 67 del Decreto No. 01-2007 establece:

Arto. 67.- Todos los terrenos de dominio público que están comprendidos dentro de las áreas protegidas que conforman el SINAP, deben ser inscritas a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble correspondiente.

54. Y cuales son las tierras de dominio publico?, Quién va a determinar eso? El mismo Estado. Y de ser así, este entraría en franca competencia con las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua por las tierras; sobre las cuales la Constitución Política de Nicaragua Artos. 5, 89 y 180, obliga al mismo Estado, a garantizar el derecho de propiedad a los pueblos indígenas que tradicional e históricamente las han ocupado. Constituyéndose la aplicación del Decreto 01-2007 en una expropiación o confiscación de hecho.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

55. Los pueblos indígenas y comunidades étnicas cuentan con la protección del ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos; el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua incorpora expresamente al ordenamiento jurídico nacional, las principales Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y crea el compromiso de mantener los parámetros internacionales de aplicación y observancia de estos derechos. En este contexto, el derecho de propiedad sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas, y el derecho a no ser discriminado por razones de cultura o raza, son principios de Derechos Humanos fundamentales que el Estado de Nicaragua se ha comprometido internacionalmente a respetar. El artículo textualmente dice:

Arto. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

56. El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, Arto. 27 ha sido aplicado expresamente a los Mískitu y otros pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, durante los conflictos con el gobierno Sandinista en la década de los 80,[29] aun antes que fuera expresamente introducido al ordenamiento jurídico nacional, por el Arto. 46 de la Constitución, este artículo literalmente establece:

Arto. 27.- En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

57. De la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Convención Americana”) también introducida a la Constitución por el Arto. 46, ha sido aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión Interamericana”) en lo referente a las tierras indígenas de estos pueblos, claramente estableció que los estados miembros de la OEA deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana se pronunció específicamente a favor de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua durante los enfrentamientos armados entre estas comunidades y pueblos indígenas, y el gobierno Sandinista a principio de los años 80, e instó al Estado para que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura; derechos que posteriormente fueron recogidos por la Constitución Política en 1987. Desde entonces la Comisión Interamericana exigió al gobierno de Nicaragua:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.[30]

58. Mas recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Corte Interamericana” o “La Corte”) emitió, el 31 de agosto del 2001, una sentencia sin precedentes. La Corte Interamericana condena al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni, de la RAAN; al otorgar una concesión sin respetar los derechos tradicionales comunales sobre las tierras que tradicionalmente han utilizado.

59. La Corte considera que cuando el Arto. 21 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” también “protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”.[31] Ya que los indígenas poseen la tierra de manera colectiva, de forma que la pertenencia no se centra en el individuo sino en la comunidad, la estrecha relación que tienen los indígenas con sus tierras constituye “la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión o producción; sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.[32] Para la Corte Interamericana basta la posesión de estos pueblos, que histórica y tradicionalmente han ocupado sus tierras comunales, para que éstas obtengan el reconocimiento oficial del Estado y, por consiguiente, la titulación de sus tierras. Por lo que consideró la falta de aprobación de una ley, que asegurara estos derechos, una violación por omisión, a los Derechos Humanos de esta comunidad indígena.

60. La Corte Interamericana al condenar al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad de Awas Tingni “considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua”… refiriéndose a los Arto. 5, 89, 180 Y 4 y 9 de la Ley 28, al Arto. 31 de la Ley de Reforma a la Reforma Agraria[33] y del Decreto No. 16-96 del 23 de agosto de 1996, creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Sin embargo, la Corte Interamericana en su sentencia también encuentra que a pesar de ese reconocimiento constitucional y legal, en Nicaragua no existía un procedimiento especifico para demarcar y titular “las tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo a sus características particulares”.[34] Por lo que la Corte también “considera que es necesario hacer efectivos los derechos de la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana”.[35] Por lo que, basándose en el Arto.2 de la Convención, sentencia al Estado de Nicaragua a tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no solo para la comunidad mayangna de Awas Tingni, sino para todas las comunidades de la costa Caribe. La falta de una ley, procedimiento de demarcación y titulación, o cualquier otra forma de protección a la tierra comunal tradicional, es una omisión estatal que debía ser superada, considera la Corte. Y es debido a esta Sentencia que el Estado de Nicaragua se ve en la necesidad de aprobar la Ley 445.

61. Así mismo, el 23 de junio del 2005 la Corte Interamericana, en el caso Yatama Vs. Nicaragua, nuevamente condenó al Estado nicaragüense por la violación del derecho a la garantía y protección judicial, así como los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley reconocidos en la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.

62. El politólogo Miguel González refiriéndose a los casos de Awas Tingni y Yatama ante la Corte Interamericana expresa:

Ambas sentencias han expuesto las arbitrariedades, injusticia y el uso discreto de la legislación con que los gobiernos y las elites políticas nicaragüenses se han conducido y se siguen conduciendo en relación con su trato a las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe. El derecho internacional y la defensa de nuestro régimen de autonomía parecieran ser los recursos más valiosos con que contamos los costeños para hacer escuchar nuestras voces, y denunciar las violaciones sistemáticas a nuestros derechos. [36]

63. En ambos casos la Corte Interamericana continua actualmente supervisando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de ambas sentencias, y solamente dará por concluidos estos casos, una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas. Dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos de las mismas sentencias.

64. Por lo que ha sido el derecho internacional por medio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA desde la década de los años 80, el que ha venido dando respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, ante un sistema judicial nacional que en estos casos ha resultado ineficaz.

65. Por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia en este caso debe analizar con sumo detenimiento el régimen sui generis establecido por la Constitución Política de Nicaragua que derogan tácitamente el artículo 614 del Código Civil que establece que pertenecen al Estado las tierras que no están registradas a nombre de otro dueño, tierras conocidas como baldías o ejidales, pero tomando en cuenta que en la Costa Caribe de Nicaragua y en las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aunque las tierras no estén registradas a nombres de estos pueblos o comunidades, ya la Constitución les reconoció sus derechos de propiedad por usufructo ancestral e histórico, y solamente deben demarcarlas para ser tituladas conforme la Ley No. 445. Por lo que debido a la mayor jerarquía de las normas constitucionales frente a las normas del Código Civil, debido a su posterioridad en el tiempo y debido la particularidad de las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe; el Estado no tiene asidero legal para entrar en competencia con estas comunidades por la propiedad de las tierras que tradicionalmente han ocupado. Y registrar como “de dominio publico”[37]las que se encuentren en Áreas Protegidas, sin que se haya realizado el proceso de demarcación, como pretende el Arto. 67 del Decreto 01-2007. Ya que tal acción constituiría una confiscación de hecho en contra de las tierras de estos pueblos y comunidades.

Las consecuencias de que UNESCO declare Reserva de la Biosfera Río San Juan – Nicaragua

66. La Organización de Naciones Unidas para La Educación, La Ciencia y La Cultura (UNESCO) ha otorgado la categoría de Reserva de la Biosfera, a la Reserva de la Biosfera San Juan –Nicaragua, conocida nacionalmente como Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua; y comprendida por las áreas protegidas, ubicadas sobre la totalidad del territorio Rama, como son: la Reserva Natural Cero Silva, la Reserva Natural Punta Gorda, El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, y la Reserva Biologica Indio-Maíz. Y al ser el tercer eje principal de acción de la UNESCO, a través de su programa el Hombre y la Biosfera (MAB) específicamente:

“Establecer los vínculos entre la diversidad cultural y la diversidad biológica… fundando la base de conocimiento cultural fomentando el uso sostenible… el conocimiento indígena como base para una gobernanza equitativa… y los sitios sagrados naturales, los paisajes culturales y el patrimonio intangible en la gestión de ecosistemas…”

67. Podemos concluir que el aspecto cultural y humano es fundamental para la UNESCO y sus programas, por lo que la relación entre los pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como los usos tradicionales de la biodiversidad en la Reserva, es clave para desarrollarlos; por lo que toda exclusión y mas aun la expropiación o confiscación de hecho al pueblo indígena Rama y a las comunidades Kriol de Río Maíz, resulta totalmente incompatible con los objetivos de la UNESCO y a los que el Estado de Nicaragua se ha comprometido realizar en ese contexto.

68. Sin embargo, el Decreto 01-2007 pretende “la titulación de tierras de dominio publico dentro de las áreas protegidas” lo que tendría como consecuencia la expropiación o confiscación de hecho a la propiedad tradicional de los Rama y Mískitu, y de las comunidades Kriol de Monkey Point, Río Maíz y de la Cuenca de Laguna de Perlas, por medio de las Áreas Protegidas; acción que constituye, no solo una violación a la primera obligación constitucional del Poder Ejecutivo, de cumplir y hacer cumplir tales leyes; sino que entraña violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos a los pueblos indígena y comunidades étnicas, al uso, goce y disfrute, de su propiedad comunal tradicional; de la misma forma que fueron perpetradas en el caso Awas Tingni Vs. Nicaragua por el Estado, y por ende condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otras normas constitucionales violadas

69. Además las violaciones de los derechos indígenas sobre tierras y recursos naturales, el Decreto 01-2007, constituyen en sí una grave trasgresión a la obligación del Presidente de la Republica, en su calidad de funcionario público, a ser diligente en protección de los intereses de los ciudadanos sin discriminación alguna; y de esta forma otorgar garantías particulares, a aquellas minorías étnicas que por sus propias características así lo requieran; para evitar así que estos sean discriminados por el mismo Estado. Y de omitir su obligación de garantizar tales derechos, conllevaría también responsabilidad pecuniaria sobre su propio patrimonio. La Constitución consagra estos principios en los artículos 129, 130 y 131, 150 que en su parte pertinente establecen:

“subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución…Ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confiere la Constitución y las leyes…Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones…Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo…

70. La primera función del Señor Presidente de la Republica es cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que crear e implementar un instrumento como el Decreto 10-2007, que tendría el efecto de un decreto confiscatorio, sobre gran parte de las tierras indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Wanki (Coco), Indio y Maíz, es violatorio de este principio.

El Derecho a la Consulta

71. Además, los artículos 2, 5, 7 y 50 de la Constitución Política de Nicaragua establecen la participación de los ciudadanos, sin discriminación alguna, en los asuntos públicos y en la gestión estatal, cuando establecen:

“La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación….el pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país…Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa….Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal…”[38]

72. De los anteriores artículos se deriva el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el deber del Poder Ejecutivo de consultar a estos pueblos y comunidades sobre las normas estatales que pretenden titular sus tierras como “de dominio publico”. Derecho que también está implícito en su derecho a la cultura, a la lengua a los recursos naturales y a la forma de tenencia colectiva de sus tierras comunales tradicionales, reconocidas por la Constitución y en la Ley No. 28 y No. 445, que establece la obligación de consultar a los pueblos indígena y comunidades étnicas sobre asuntos relacionados Áreas Protegidas en sus tierras y recursos naturales.[39] Específicamente la Ley de Participación Ciudadana también desarrolla estos preceptos constitucionales en el proceso de formación de las leyes, y específicamente imponiendo la obligación de consultar a los segmentos sociales, o grupos a los que una Ley o un Decreto va a afectar directamente; Como es el caso del caso del Decreto 01-2007 que afecta directamente las tierras de los pueblos indígenas de la Costa Caribe y de las cunecas de los ríos Bocay, Wanki (Coco), Indio y Maíz.

Interposición del Recurso de Inconstitucionalidad

73. Con base en todo lo antes expuesto, y en virtud de los artículo 45, 182, 183, 187 y 190 de la Constitución Política de Nicaragua y de la Ley No. 49, Ley de Amparo; respetuosamente los Recurrentes, ciudadanos y Autoridades Territoriales del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) y de las Diez Comunidades Indígenas & Afro-descendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, piden que admitáis este recurso en contra del Presidente de la Republica de Nicaragua, Comandante de la Revolución Popular Sandinista, José Daniel Ortega Saavedra, actual responsable del órgano (la Presidencia de la Republica) que emitió, sancionó, promulgó y mandó publicar, y ahora debe hacer cumplir a sus subalternos, el Decreto No. 01-2007, objeto del presente Recurso.

74. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo este Recurso se interpone en tiempo por no haber transcurrido los 60 días que señala la Ley de Amparo desde la fecha en que entró en vigencia el Decreto No. 01-2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 8 del 11 de enero del 2007.

Solicitud de que se Declare Inconstitucional el DECRETO No. 01-2007

75. En virtud de todo lo antes expuesto sobre la violación a los derechos constitucionales de los Recurrentes y para mantener y reestablecer la supremacía de la Constitución Política de Nicaragua, quebrantada por el Decreto No. 01-20007, específicamente por las violaciones constitucionales señaladas, en virtud de lo preceptuado en los artículos 3 numeral 8, 67, 68 y 69 del Decreto No. 01-2007; por medio del presente Recurso de Inconstitucionalidad solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que Declare Inconstitucional estas normas del Decreto No. 01-2007.

Notificaciones

76. Señalo para notificaciones las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en Managua.
Anexos

77. Acompaño al presente Recurso:

1.- Copia de la Certificación a favor de las autoridades del Gobierno del Territorio Rama y Kriol (GTR);

2.- Copia de la Certificación a favor de las autoridades territoriales de Laguna de Perlas;

3.- Copia de dos poderes especiales a favor de la Dra. Maria Luisa Acosta;

4.- Copia del Decreto No. 01-2007;

5.- Mapa del Territorio Rama con las Áreas protegidas señaladas;

6.- Mapa de la Reserva de Wawashan sobre el territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas;

7.-Textos (4) de este libelo, el original para la Corte, uno para el recurrido, otro para la Procuraduría General de Justicia, y uno para que me sea devuelto debidamente razonado.

Managua, veintiséis de febrero del dos mil siete.

Dra. María Luisa Acosta

Cedula Identidad Ciudadana No. 081-071059-0002V

[1]Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”.

El presente documento utiliza los conceptos de Afrodescenciente, Afrocaribeño, Creole o Kriol, y Étnico, indistintamente, el Arto. 3. de la Ley 445, define al las Comunidad Étnica de la Costa Caribe de Nicaragua, de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.

[2] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003.

[3] Ley 445. Ato 3. Para los efectos de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones: Territorio

Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades

indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y

tradiciones.

[4] Central American and Caribbean Research Council (CACRC), “Diagnostico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”. Informe Final. Marzo 1998. Bluefields y Bilwi, Nicaragua. Etnomapa. Pág. 293-297.

[5] El grupo de los ramas disminuyó en el siglo XVIII. Todavía en 1774 R. Hodgson nos habla de una gran tribu de indios rama, “a large tribe of Rama Indians”, una de cuyas ramificaciones se había separado de las otras, aunque conservando las mismas costumbres y lengua. Habrían ocupado las márgenes del río Indio hasta las cercanías del lago de Nicaragua. En 1841, sin embargo, entre la ribera norte del río San Juan y la rivera Sur del río Escondido, en una distancia de un poco más de cien kilómetros, solo quedaban 500 indios rama en Punta Gorda y 80 en Rama Key…Dos ideas, por otra parte, se desprenden del conjunto de lo hasta aquí señalado. Por una parte, la semejanza, en muchos aspectos entre la vida material de los rama y las otras poblaciones aborígenes que reflejan una adaptación particular al ambiente geográfico en que les toca vivir. Por otro lado, rasgos también constatados entre los otros grupos humanos, la extraordinaria permanencia de sus tradiciones de vida. Si ha habido cambios, “la continuidad” ha sido mas fuerte…sitios de los asentamientos, tamaño de estos y distancias entre unos y otros, señalados para 1974, datan de por lo menos tres siglos.

Romero, G. Las Sociedades del Atlántico de Nicaragua en los Siglos XVII y XVIII, Fondo de Promoción Cultural BANIC, 1995. pág. 270, 272.

[6] Colette, G. y otros. “La Lengua Rama Sobrevive. Revista del Caribe Nicaragüense” En WANI, No. 4 junio-septiembre 1986. Colette, G., Kauffman, M. “Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama”. En El Pueblo Rama: luchando por tierra y cultura. Ed. González, M. y otros. Managua, URACCAN 2006.

[7] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[8] Decreto Ejecutivo No. 42-91 “Declaración de áreas protegidas en varios cerros macizos montañosos del País” Arto.1- Declara como áreas protegidas de interés Nacional los siguientes accidentes orográficos; en el Departamento de Chontales; los cerros de Wawashan, Cerro Silva (incluyendo a Punta Gorda) Yolaina y Chiripa con sus bosques aledaños, en la Regio Autónoma Atlántico Sur. Y el Decreto de Creación de Reservas Forestales, Decreto 38-92, del 26 de junio de 1992, Creación de Reservas Forestales. Decreto No.14-99, Publicada en La Gaceta No. 42 y 43 del 2 y 3 de Marzo de 1999.

[9] Considerando V, Decreto 38-92 Creación de la Reservas Forestales.

[10] Suscrita por Nicaragua el 2 de febrero de 1971, ratificada por la Asamblea Nacional por medio del Decreto No. 21-96 del 24 de septiembre de 1996, publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 206, del 31 de octubre de 1996.

[11] Estado del Ambiente en Nicaragua 2003 II Informe GEO. Gobierno de Nicaragua Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 2004. Pág. 39.

[12] Decreto de Creación de Reservas Forestales, Decreto 38-92, Arto. 6.- Las comunidades étnicas asentadas históricamente junto a las lagunas, litorales, o en las riveras de los ríos que penetran en las Reservas, podrán continuar con sus prácticas de subsistencia tradicional y aprovechamiento con fines domésticos de los recursos vivientes de flora y fauna que tradicionalmente han extraído de las áreas declaradas como Reservas Forestales.

[13] Según la Plataforma Electoral Preliminar RAAS del Consejo Supremo Electoral-Dirección General de Cartografía y Estadísticas, entregado a los partidos políticos durante la selecciones de la Costa Caribe del 2006, en el Área de la Circunscripción 15 Zona de Kukra Rivers (excluyendo al Bluff), las juntas receptoras de votos de: Caserío Los Cocos, Cooperativa Santa Eliza, Musilayna, Krisimbila, Kukra Rivers, San Mariano-San Nicolás, Comarca Nuevo San Antonio, Bahía de Monkey Point, Isla Rama Kay, Torsuani-Dokuno, Polo de Desarrollo (Daniel Guido), Río Maíz, Comarca Masayon (Punta Gorda) comarca el Coco- Punta Gorda; existen unas 4,417 personas inscritas en el Padrón Electoral para votar.

[14] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) http://inec.gob.ni

[15] El Decreto No. 2878, QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN FERROCARRIL INTEROCEÁNICO A FAVOR DE LA EMPRESA CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA (“CINN”) Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 91 del 16 de Mayo del 2001.

[16] Decreto A.N. No. 2879, QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN FERROCARRIL INTEROCEÁNICO EN FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTE GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (SIT/GLOBAL) aprobado el 28 de Marzo del 2001, publicado en La Gaceta No. 91 del 16 de Mayo del 2001.

[17] http://www.thephenixgroup.com/old/articles/Spanish/Golder Wins Nicaraguan Corridor Project – SP.doc

Giant Group Holdng Limited of Hong Kong & China y Petromex Fox de Méjico son dos de las empresas interesadas en invertir en la construcción de un oleoducto entre el Cribe y el Pacifico de Nicaragua. Richard Wojcik declaró “Llevamos 5 años de estar trabajando en la fase de preconstrucción del proyecto y en ese tiempo hemos trabajado en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y con el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), en los estándares adecuados y términos de referencia para la evaluación del impacto al medio ambiente”. Guerrero N., Ricardo. Empujan proyecto de Oleoducto. La Prensa. Negocios y Economía. 11-1-07.

[18] La carretera es considerada como parte de la estrategia de caminos rurales de conformidad con el Plan Nacional de Transporte (PNT) preparado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) in el año 2000.

Para mayor información ver: CABAL (2006a) Evaluación Ambiental y Social Regional de la Carretera Nueva Guinea-Bluefields. Informe Final.

[19]3.3 Conclusiones sobre la viabilidad

La viabilidad ambiental de la carretera no puede ser asegurada si no se toman, con suficiente antelación, medidas para ponerle fin o por lo menos reducir la intensidad del actual proceso de expansión de la frontera agrícola y ocupación del territorio.

La viabilidad social del proyecto únicamente podrá lograrse con un mínimo de conflicto, a través de la demarcación y el saneamiento del territorio demandada por el pueblo indígena Rama y las comunidades étnicas.

Los impactos potenciales directos de la carretera sobre el humedal sólo se consideran aceptables si el cruce de los ríos y el paso a través del suampo de Lara se hacen de manera tal que se asegure el mantenimiento integral de los flujos hídricos actuales y el movimiento de la fauna.

Misión Ramsar de Asesoramiento No 57 Informe Final, Bahía de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua (2005) www.ramsar.org/ram/ram_rpt_57s.htm – 143k – 2. Análisis de la situación actual.

[20] Ver supra nota 8.

[21] Ley 445. Arto. 46.- El procedimiento de delimitación y reconocimiento legal de las tierras comunales se iniciará con la presentación de la solicitud escrita, que deberá contener:…Un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades, el cual deberá contener: a) Los antecedentes históricos de la comunidad o comunidades solicitantes; b) Las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la comunidad o comunidades solicitantes; c) Las formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del área solicitada; d) El nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de otras entidades o personas que ocupen tierras colindantes con las áreas solicitadas; e) Los eventuales conflictos que tenga la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o con terceros.

[22] “Los pueblos indígenas y sus autoridades rechazan de forma determinante los conceptos de “co-manejo” y “co-dominio” de la propiedad indígena y sus recursos, que el Estado de Nicaragua ha intentado introducir en los títulos de propiedad comunal, pues dichos conceptos violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los participantes a la reunión de Bluefields exigen al estado de Nicaragua desistir en su pretensión de controvertir el marco legal que garantiza los derechos de propiedad de los pueblos indígenas”

DECLARACIÓN GENERAL DE FORO DEMARACION Y TITULACION DE LA PROPIEAD COMUNAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LAS REGIONES AUTONOMAS, ANÁLISIS DE LA LEY 445: AVANCES Y DESAFIOS DEL PROCESO, organizado por la Universidad URACCAN, Bluefields 29 y 30 de noviembre del 2005.

[23] La lista de comunidades y territorios en proceso de demarcación fueron tomadas de la presentación de la Lic. Lourdes Aguilar Gibbs, Presidenta de CONADETI, en el Foro de Consulta y Dialogo, denominado “Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal y la Aplicación de la Ley 445” realizado en Bluefields el 26 de Septiembre del 2006.

[24] La ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley. La derogación de la ley puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación expresa será total o parcial, según lo manifieste la ley derogatoria. La tácita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versan sobre la misma materia.

Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua. De la derogación de la ley XXXIV, XXXV, XXXVI.

[25] Reformas de los Artos. 19 y 139 del Reglamento del Registro Publico. Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.187, del 5 de septiembre de 1945.

[26] López. Fermin. “Estado confiscó tierras a indígenas” El Nuevo Diario. 2 de octubre 2006. http://www.elnuevodiario.com.ni/2006/10/02/nacionales/30353

[27] “El presidente Enrique Bolaños informó que todavía están pendientes otros cuatro territorios, los cuales ya recibieron sus títulos de propiedad, pero no han sido registrados por procedimientos legales. “Esas comunidades no han podido ser registradas, hay procesos legales que han estorbado. Estos (Mayangna Sauni As) se han dedicado a trabajar más diligentemente”, indico Bolaños.” Garth M. José y Loaisiga L. Ludwin “Titulan tierras a los Mayangnas. Benefician a 16 mil personas”. La Prensa. 28 de septiembre del 2006. http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2006/septiembre/28/noticias/nacionales/146625.shtml

[28] Ley 445. Artículo 26.- Para declarar áreas protegidas en propiedades comunales, el Estado deberá acordar con los representantes legales de la comunidad indígena la emisión del decreto legislativo correspondiente para emitir tal declaración. En el caso de que las comunidades se opongan al procedimiento, éste deberá realizarse de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la presente Ley.

Artículo 27.- La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las de comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.

Artículo 28.- El Plan de Manejo de las áreas protegidas en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades

[29] Informe sobre los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II/.62 doc. 10 rev. 3, 20 noviembre 1983.

[30] Ídem Págs. 78-79.

[31]Párrafo 48 de la Sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

[32] Ídem párrafo 148.

[33] Arto. 31.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Mískitas, Sumos y Rama puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

[34] Awas Tingni Vs. Nicaragua, párrafo 164.

[35] Ídem párrafo 138.

[36] M. González, D. Figueroa. “La Victoria Yatama” La Prensa, Página de Opinión. 25 de julio 2005.

[37] El nuevo enfoque o conjunto de principios para orientar las relaciones del Estado y la Sociedad Nacional nicaragüense con los pueblos indígenas del país, también como en el caso de los demás países de Hispanoamérica, son de reciente aparición. En el caso de Nicaragua, el surgimiento y la definición de estos lineamientos se encuentran ligados a un conjunto de hechos históricos de reciente ocurrencia, casi todos relacionados con las comunidades indígenas y criollas o creole de la Costa Atlántica…los dos ordenamientos que contienen las reglas básicas de este nuevo modelo de relación, se hallan en la Constitución Política de Nicaragua adoptada en el año 1987, con las reformas que le fueron introducidas en 1995, y en la llamada Ley de Autonomía de Septiembre del mismo año de 1987. También aparecen algunas de tales normas en varios Convenios internacionales ratificados por Nicaragua y en diferentes leyes nacionales que han introducido diversas y dispersas disposiciones sobre el tema…Podría compendiarse el contenido de los nuevos lineamientos de política indígena en los siguientes temas de interés básico:

…El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a mantener los elementos de su cultura tradicional como factores importantes de su identidad como agrupaciones humanas y de sus posibilidades de aporte al enriquecimiento de la sociedad nacional nicaragüense.

El derechos de los pueblos indígenas y comunidades criollas a conservar, desarrollar y hacer uso de sus formas tradicionales de organización, de autoridad y de gobierno interno y a participar a través de ellas, o de otras nuevas que puedan crear al efecto, en la vida regional y nacional.

El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a que se les reconozca, según sus modelos de tenencia y uso tradicionales, el dominio de las tierras que han ocupado de tiempo atrás y que constituyen elemento esencial de su vida económica y social actual y garantía de su mantenimiento y desarrollo futuros.

El derecho a tener acceso a sus recursos naturales de sus territorios tradicionales, a fin de proveer a la satisfacción de sus requerimientos…

Roldán. R., Derechos sobre las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Informe Final (contrato de Trabajo OPA-062-96). Proyecto de Tecnología Agropecuaria y Ordenamiento de la Propiedad Agraria. Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), mayo 1996, pág. 41-42.

[38] Normas similares a la establecida en el Art.50 Cn. sobre la participación ciudadana se encuentran contenidas en los Art. 25 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; Art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, todos instrumentos formales de derechos humanos ratificados por Nicaragua y constituidos como parte integrante de la Constitución Política por medio del Art.46 Cn.

[39] Ver supra nota 28.

Recurso de Amparo en contra del MARENA

RECURSO DE AMPARO

Honorable Sala Civil del Tribunal de Apelaciones del Atlántico Sur (Bluefields)

1. Los Recurrentes, los Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente, y Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria, del Gobierno del Territorial Rama y Kriol[1] (GTR) conformado por las Autoridades Comunales de: Rama Cay, Zompopera, Punta Aguila/Cane Creek, Wirin Cay, Sumu Kat (El Coco), Río Indio y las comunidades Afrodecendientes de Monkey Point y Río Maíz (Corn River).

2. Los Recurrentes, los Señores: Sebastián Mcrea Ruiz, y Pearl Marie Watson Presida, demuestran su calidad de Presidente y de Primera Secretaria del Gobierno del Territorial Rama y Kriol (GTR), por medio de Certificación expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS del Sr. Glenford Abraham Elick, con fecha 7 de febrero del 2007 de acuerdo a las funciones que le otorga la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,[2] en el Capitulo II, Arto. 08.

3. Ambos Sebastián Mcrea Ruiz, y Pearl Marie Watson Presida, comparecen por medio de su apoderada legal especial Dra. María Luisa Acosta Castellón, quien es mayor de edad, soltera, abogada y del domicilio de Managua, quien acredita su calidad con Poder Especial otorgado por los Recurrentes.

4. La compareciente expone lo siguiente:

El territorio Rama

5. El territorio Rama se encuentra ubicado en el Sureste de Nicaragua, y comprende la línea costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra al Norte y la cuenca del Río Indio al Sur. Además abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe y algunos cayos pequeños.

6. Política y administrativamente el territorio esta dentro de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en partes de los Municipios de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo; con cede en la ciudad de Bluefields, y constituido de conformidad con las normas de la Ley No. 445.[3]

Los Recurrentes

7. Sebastián Mcrea Ruiz, Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casado, de la etnia Rama, maestro y del domicilio de Rama Cay, identificado con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-250256-0004U, interpone este recurso en su calidad personal y también como representante legal del GTR. Y de ser ilegalmente desalojado el Pueblo Rama de la Reserva Biológica Indio-Maíz, ubicada en el territorio Rama, él personalmente seria perjudicado, así como también el pueblo indígena al que pertenece y representa.

8. Pearl Marie Watson Presida, Primera Secretaria del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), mayor de edad, casada, de la etnia Kriol, licenciada en enfermería y del domicilio de la Comunidad Étnica de Monkey Point, identificada con Cedula de Identidad Ciudadana No.601-230744-0000J, interpone este recurso en su calidad personal y en la calidad antes señalada. Ya que al ser ilegalmente desalojadas la comunidad Kriol de la Reserva Biológica Indio-Maíz, ubicada en el territorio Rama, ella personalmente es también perjudicada, así como las comunidades étnicas a las que pertenece y representa.

9. Sebastián Mcrea Ruiz, es autoridad territorial del pueblo indígena Rama, uno de los pueblos indígenas originarios de Nicaragua, descendientes de las tribus Chibchas, hablan inglés Kriol y algunos preservan su lengua Rama;[4] son el pueblo que históricamente ha ocupado el Sureste de Nicaragua, aunque su asentamiento principal lo constituye el cayo de Rama Cay, ubicado en la bahía de Bluefields a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefields.

10. El pueblo indígena Rama, históricamente se ha situado en una extensa área al Sur de Bluefields, por lo que historiadores reconocidos comentan su tradicional presencia en área el de su territorio que corresponde a la Reserva Biológica Indio-Maíz y aun más al Sur:

El grupo de los rama disminuyó en el siglo XVIII. Todavía en 1774 R. Hodgson nos habla de una gran tribu de indios rama, “a large tribe of Rama Indians”, una de cuyas ramificaciones se había separado de las otras, aunque conservando las mismas costumbres y lengua. Habrían ocupado las márgenes del río Indio hasta las cercanías del lago de Nicaragua. En 1841, sin embargo, entre la ribera norte del río San Juan y la rivera Sur del río Escondido, en una distancia de un poco más de cien kilómetros, solo quedaban 500 indios rama en Punta Gorda y 80 en Rama Key…Dos ideas, por otra parte, se desprenden del conjunto de lo hasta aquí señalado. Por una parte, la semejanza, en muchos aspectos entre la vida material de los rama y las otras poblaciones aborígenes que reflejan una adaptación particular al ambiente geográfico en que les toca vivir. Por otro lado, rasgos también constatados entre los otros grupos humanos, la extraordinaria permanencia de sus tradiciones de vida. Si ha habido cambios, “la continuidad” ha sido mas fuerte…sitios de los asentamientos, tamaño de estos y distancias entre unos y otros, señalados para 1974, datan de por lo menos tres siglos. [5]

11. Pearl Marie Watson Presida, es además autoridad tradicional de una de las comunidades étnicas o afrodescendientes que conforman el territorio Rama; la comunidad de Monkey Point formada por krioles, que hablan Kriol e indígenas Rama; que habitan el área de la península de Monkey Point a 47 kilómetros al Sur de la ciudad de Bluefields, y las cuencas del Río Maíz (Corn River) a 75 kilómetros al Sur de Bluefields, ejerciendo una ocupación tradicional sobre estas tierras;[6] los kriol de Monkey Point y Río Maíz llegaron del área y se establecieron junto a los habitantes históricos de la zona, el pueblo indígena Rama (“Los Rama”) con los que desde entonces han convivido formado una comunidad multiétnica dentro del territorio Rama.

12. Ya que los miembros del pueblo indígena Rama y las comunidades étnicas a la que los Recurrentes representan, así como los Recurrentes mismos, viven de la agricultura, cultivan maíz, arroz, frijoles, coco, fruta de pan, banano, plátano, pijibaye, etc., para el autoconsumo. Cazan, lo que realizan con arpón, lanza o flechas, venados, armadillo y jabalí o chancho de monte en los bosques. Pescan en el río, en los cayos y el mar: sábalo, mojarra, guapote, moga pinta, etc. Cortan la madera solamente para el autoconsumo, en la construcción de viviendas, y pipantes, su principal medio de transporte. La economía del pueblo indígena Rama y de las comunidades étnicas es de subsistencia y depende exclusivamente de la tierra comunal y del bosque, al que el MARENA, a unos restringe entrar, y a otros pretende desalojar.

13. El pueblo indígena Rama, junto con las comunidades étnicas o afrodescendientes de Monkey Point y Río Maíz, han elegido sus autoridades comunales y territoriales, y comenzado a realizar el Diagnostico de sus tierras comunales tradicionales.[7] El Diagnostico es un presupuesto necesario para impulsar el proceso de titulación de su territorio, de conformidad con lo establecido por la Ley No. 445. Y para ello estos pueblos y comunidades tienen que recorrer prácticamente todo su territorio tradicional.

14. Tanto el pueblo indígena Rama, como la comunidad étnica de Monkey Point y Río Maíz, son comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y se encuentran ubicadas en el Municipio en Bluefields, RAAS, y en el Departamento de Río San Juan; tales comunidades, y sus autoridades tradicionales, son reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua en los artículos 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 la por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua[8] (en adelante “ la Ley No. 28” o “El Estatuto de Autonomía”) y son reguladas por la Ley No. 445. Por lo que el Señor Mcrea y la Señora Watson están certificadas, por el Registro de Autoridades Comunales y Territoriales del Consejo Regional de la RAAS, de conformidad con el Capitulo II, Articulo 7 de la Ley 445, como Autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR).

Funcionarios contra quienes se interpone el Recurso

15. El presente Recurso se interpone en contra de los siguientes funcionarios, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo:

1. La Señora Amanda Lorío, mayor de edad, casada y del domicilio de Managua, quien en su calidad de Ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), es rectora de la normativa, directora y administradora de las Áreas Protegidas; así como Presidenta de la Comisión Nacional de la Reserva de Biosfera Río San Juan-Nicaragua (del Sureste de Nicaragua), es superior jerárquica de los otros funcionarios del MARENA recurridos y además esta directamente vinculada a las orientaciones del MARENA al Ejercito de Nicaragua con respecto a las restricciones de acceso y desalojo de la Reserva.

2. Dr. Iván Ortega Gasteazoro, Director General de Áreas Protegidas del MARENA; quien en tal calidad Administra el Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en coordinación con las Secretarias de la Reservas.

3. Ing. José Luis Galeano, Director de la Secretaria Ejecutiva de la Reservas de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (SERBSEN) en cuya competencia esta dirigir, organizar y administrar la Reserva de conformidad con las políticas del MARENA.

Acto Impugnado

16. La ilegal prohibición del MARENA, en contra de que los miembros del pueblo indígena Rama y Kriol, que evita que estos puedan acceder, permanecer y realizar libremente las actividades de subsistencia dentro de su territorio tradicional, sobre el que el Estado decretó sin consultar y sin tomar en cuanta a los Rama, la Reserva Biológica Indio-Maíz, acto que culmina con la actual amenaza de un inminente desalojo por parte del Ejercito de Nicaragua, orientado por MARENA en contra de los indígenas Rama y de los Kriol que viven dentro de la Reserva en territorio Rama.

Antecedentes del Acto Impugnado

17. En diciembre del 2005 miembros de un grupo de trabajo del GTR, la Universidad URACCAN y la Comisión Nacional de Demarcación Titulación (CONADETI) llegaron a San Juan de Nicaragua, e informaron a las autoridades del MARENA sobre el trabajo que pretendían realizar: tomar los puntos de geo-referenciación y aplicar encuestas de un censo, a los miembros del pueblo Rama que habita la Reserva; esto como información necesaria para el Diagnostico de la demarcación y titulación del territorio Rama; y aunque estas autoridades aparentemente no presentaron objeción alguna; sin embargo, el grupo de trabajo del GTR-URACCAN-CONADETI fue posteriormente detenido en un puesto militar del Ejercito de Nicaragua en la Reserva, e informados de que MARENA no permitía acceso alguno, sin excepción. E incluso estos militares mandaron disparar para detenerlos, intimidándolos de tal forma que tuvieron que salir inmediatamente de la Reserva.

18. Pero el anterior no es un incidente aislado, ya que los miembros de la comunidad Rama de Río Indio han venido manifestando, durante todo el año 2006 y lo que va del 2007, que están siendo restringidos para entrar en la Reserva y realizar sus actividades de subsistencia: como obtener el bastimento, pescar y la cazar, o simplemente navegar los ríos, actividades que tradicionalmente han realizado en estas sus tierras tradicionales comunales sobre las cuales el Estado creo unilateralmente la Reserva. El Sr. Hilario McCrea, miembro del Gobierno Comunal Rama de Río Indio ha llegado personalmente en varias ocasiones a Bluefields, y se reunió con funcionarios del SERBSEN, Dr. Ivan Ortega Gasteazoro e Ing. Mauricio Molina, y delante de ellos informó que ni siquiera a mujeres y niños, que necesitan pasar por los retenes militares de la Reserva para ir al hospital por asuntos de emergencia, les han sido permitido pasar; y también narró que el Ejercito los ha amenazado con armas de guerra para intimidarlos e impedirles el paso.[9]

19. En julio del 2006 las autoridades del GTR se reunieron en la oficina del GTR en Bluefields con el Dr. Ivan Ortega Gasteazoro, entonces Director de SERBSEN, y le entregaron un censo de 48 familias Rama de la Reserva Biológica con los nombres de lo mismos, que el exigía para levantar las restricciones; sin embargo, las restricciones no cesaron. El 23 de enero del 2007 el GTR envió a la Secretaria de SERBSEN un censo preliminar de la totalidad de los miembros mayores de 16 años del territorio Rama. Esto tampoco ha evitado que las restricciones continúen, y lo que es peor aun, desde entonces los Rama en la Reserva están escuchando que van a ser desalojados por el MARENA.

20. Reuniones en el Comité de Trabajo Regional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERENA) del Gobierno Regional de la RAAS (GRAAS), durante todo el 2006 y lo que va del 2007, y en la misma reunión de diciembre del 2006 de Comisión Nacional de la Reserva de Biosfera Río San Juan-Nicaragua, y cartas, así como todo tipo de comunicaciones telefónicas, faxes, electrónicas, etc., se han realizado a lo largo de un año; sin obtener que el MARENA pare la hostilidad con que son tratados los Rama y Kriol en la Reserva. Por lo que adjuntamos Cartas de fecha 8 de marzo, 11 de mayo, y 14 de julio, del 2006 dirigidas por el GTR al Dr. Iván Ortega Gastezoro, entonces Director Ejecutivo (SERBSEN); Cartas de fecha 23 de enero y 8 de febrero del 2007 dirigida a la delegada del MARENA-RAAS para que fuera entregada al Señor José Luis Galeano actual Director Ejecutivo (SERBSEN) solicitando permiso para continuar con los trabajos de Diagnostico en la parte del territorio Rama que coincide con la Reserva Biológica Indio-Maíz; cartas de fecha 23 de enero del 2007 a la Sra. Amanda Lorío, Ministra del MARENA.

21. La Reserva Biológica Indio-Maíz fue creada en 1990 con el nombre de Gran Reserva Biológica Indio Maíz.[10] En 1999 cambian de categoría y conforman la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, integrada por siete áreas protegidas. Este decreto deroga al 527, y del antiguo territorio de la Gran Reserva Biológica Indio Maíz se conforman tres áreas protegidas: Refugio de Vida Silvestre Río San Juan que corresponde a la parte Sur y Sureste del territorio, la Reserva Natural Punta Gorda ubicada en la zona Norte del territorio y la Reserva Biológica Indio Maíz como tal.[11]

22. En julio del 2003 el programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de Naciones Unidas para La Educación, La Ciencia y La Cultura (UNESCO) certifica la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua; y el 15 de septiembre del mismo año, con la categoría internacional de Reserva de la Biosfera Río San Juan – Nicaragua, integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de 440 Reservas de Biosfera en 97 países.

23. Por medio del Decreto presidencial del 8 del 2005, se crea el Comité del Hombre y la Biosfera (en adelante “el Comité MAB”). Con la finalidad de ser el enlace entre Nicaragua y la UNESCO, para entre otras cosas promover, difundir y aplicar los conceptos, principios y filosofías del programa sobre el Hombre y la Biosfera.

24. La creación de la Reserva Biológica, su conformación como parte de la Reserva de la Biosfera, así como el reconocimiento de la UNESCO, ha pesar que se realizó en tierras comunales tradicionales del pueblo indígena Rama y las comunidades kriol, se hizo sin que ellos participaran.

25. Los Rama, han protegido las Reservas contra la invasión dirigida por aun por funcionarios del Estado de Nicaragua; la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en la Sentencia No. 123 de la 1:30 p.m. del 13 de junio del 2000, amparó al líder comunal indígena Rama, Francisco Walter Rocha (Danto), en contra de las ilegales invasiones a este territorio instigadas y facilitadas por el entonces Delegado del Instituto de Reforma Agraria (INRA) en Bluefields; el Honorable Tribunal en este caso mandó suspender el acto reclamado.

26. El MARENA, junto con el Ejército de Nicaragua, y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, ha desalojado a precaristas de la Reserva Indio-Maíz en varias ocasiones; el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) los apoyó el año pasado con el desalojo de un grupo de “Rama falsos” que habían sido ilegalmente certificados, como comuneros indígenas, sin serlo, en julio del 2005 por el entonces Presidente del Consejo Regional de la RAAS; los Rama presentaron un Recurso de Amparo en contra del Presidente del Consejo Regional y lo difundieron ampliamente por los medios de comunicación social locales, nacionales e internacionales. La presión realizada contribuyó a que la nueva Presidenta del Consejo Regional, por resolución del Consejo, a fines del 2006, anulara la Certificación.

27. Sin embargo, el MARENA con sus acciones de supuesta protección de la Reserva, no hace distinción entre los precaristas y colonos invasores, y los Rama y Kriol, que tradicionalmente han ocupado y habitado estas sus tierras comunales, y que por su cultura y cosmovisión, preservaron su tierra comunal tradicional, que hoy es la Reserva. Y en cambio, los restringe en el uso y goce de la misma, y ahora hasta pretende desalojarlos, por medio del Ejecito de Nicaragua.

28. Pero no diferenciar a los precaristas mestizos, del pueblo indígena Rama y Kriol, al no tomar en cuenta el régimen sui generis que los protege; constituye la anulación, de los derechos constitucionales de estos pueblos y comunidades. Derechos que van mas aya del derecho de propiedad, ya que engloban además, la posibilidad de mantener o no, su subsidencia colectiva como pueblo.

La ilegal exclusión de los indígena en la administración de la

Reserva Biológica Indio-Maíz

29. Tener control sobre su territorio tradicional comunal es de vital importancia para la sobre vivencia del pueblo indígena Rama y Kriol, en cuyo territorio tradicional se encuentra superpuesta la Reserva Biológica Indio-Maíz. Como lo reconoce el artículo 27 de la Ley 445, cuando establece expresamente el manejo conjunto entre el MARENA y estos pueblos y comunidades, sobre las áreas protegidas en territorios indígenas[12] y étnicos, como en este caso.[13]

30. Debido a su carácter especial, la Ley 445 modifica la potestad del MARENA de administrar estas áreas protegidas unilateralmente. Por lo que la elaboración del Plan de Manejo debe partir de este principio, y asegurar la participación activa indígena y étnica, preservando en este sus usos tradicionales, como lo establece el artículo 28 de la Ley 445.[14]

31.- Sin embargo, la propuesta de Plan de Manejo Reserva Biológica Indio Maíz Período 2005 – 2010 del MARENA ni siquiera menciona la Ley 445.

32.- Por lo que el manejo conjunto de la Reserva Biológica Indio-Maíz entre el MARENA y los pueblos indígenas y comunidades kriol, es un derecho derivado de la autonomía indígena, establecida en la Constitución que comprende los derechos de propiedad y administración sobre las tierras y recursos naturales; y por ende su derecho al goce y uso; así como a realizar sus procesos de demarcación, por medio del procedimiento establecido por la Ley 445; la que a su vez solamente demarca y titula y territorios indígenas, sin establecer un derecho nuevo sobre las mismas; ya que la titulación esta basada en el reconocimiento constitucional de la propiedad tradicional de estos pueblos establecida en los artículos 5, 89 y 180; por lo que el derecho a demarcar los territorios tradicionales de estos pueblos y comunidades no debe ser obstaculizado, so pena de que el Estado viole los Derechos Humanos fundamentales de estos pueblos y comunidades.

33. El derecho de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe nicaragüense es diferente de las competencias de regulación y control de los recursos naturales entre el MARENA y las Regiones Autónomas; ya que los pueblos indígenas y comunidades étnicas son dueños de los recursos, y además son entidades con personería jurídica propia, diferente de las regiones autónomas[15] o de cualquier otro ente publico o privado con competencia administrativa, como lo establece en su articulo 23 la Ley 445.[16]

UNESCO y la Reserva de la Biosfera

34. Una de los ejes principales de acción de UNESCO a través de su programa el Hombre y la Biosfera (MAB) propone “una agenda de investigación interdisciplinaria y de formación de capacidades buscando mejorar la relación global de las personas con su medio ambiente” usando a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB) “como vehiculo para compartir conocimientos, investigación y vigilancia, educación y formación y una toma de decisiones participativa”. Procurando combinar el conocimiento científico con la gobernanza para, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales necesarias para un medio ambiente sostenible.

El tercer eje de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO es específicamente:

“Establecer los vínculos entre la diversidad cultural y la diversidad biológica… fundando la base de conocimiento cultural fomentando el uso sostenible… el conocimiento indígena como base para una gobernanza equitativa… y los sitios sagrados naturales, los paisajes culturales y el patrimonio intangible en la gestión de ecosistemas…”

35. De lo anterior podemos concluir, que el aspecto cultural humano es fundamental para la UNESCO y sus programas, por lo que la relación entre los pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como los usos tradicionales de la biodiversidad en la Reserva, es clave para desarrollarlos; por lo que toda exclusión de estos pueblos y comunidades de la Reserva Biológica Indio-Maíz, parte de la Reserva de la Biosfera San Juan -Nicaragua resulta totalmente incompatible con los objetivos de la UNESCO y por ende con los compromisos que con esta entidad adquirió el Estado de Nicaragua.

Presupuestos legales para el manejo de la Reserva

36. La legislación nacional ordena que para que el pueblo indígena Rama y las comunidades Kriol, puedan ejercer sus derechos de propiedad sobre sus tierras comunales tradicionales deberán formar parte de todos y cada uno de los órganos que administran la Reserva tales como:

1.- El Comité del Hombre y la Biosfera (Decreto presidencial del 8 del 2005);

2.- La Comisión Reserva de Biosfera Río San Juan Nicaragua (Del Sureste de Nicaragua Arto. 5 Decreto 66 – 99);

3.- La Comisión Interinstitucional para la Conservación, Protección y Vigilancia de las Reservas de la Biosfera Bosawás y Sureste de Nicaragua (Decreto presidencial 71 – 2000)

4.- El Comité de coordinación operativa para la franja norte de la Reserva de Biosfera Río San Juan Nicaragua (organizada por SERENA).

37. El manejo conjunto de la Reserva Biológica Indio-Maíz, entre el MARENA, el pueblo indígena Rama y las comunidades Kriol que conforman el territorio Rama, es un mandato legal del que el Estado no se puede abstraer; sin violar los derechos fundamentales de estos pueblos y comunidades, establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y en las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos de los mismos.

38. Por lo que bajo ningún punto la exclusión física de los pueblos indígenas, de las comunidades étnicas y de la RAAS de la Reserva Biológica Indio-Maíz, o la exclusión en la gestión de la Reserva de la Biosfera Río San Juan – Nicaragua, es justificable ante la Constitución, la legislación nacional y el espíritu y la letra de la declaración de la UNESCO. Al contrario, todas estas exclusiones y prohibiciones por parte del MARENA, al negarse a cumplir con lo que establece la Constitución, la Ley No. 28 y la Ley No. 445; constituyen no solo una violación a la primera obligación del poder ejecutivo, de cumplir y hacer cumplir las leyes; si no que entraña violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en contra de los pueblos indígena y comunidades étnicas al uso, goce y disfrute de su propiedad comunal tradicional; de la misma forma que lo hizo el mismo MARENA en el caso Awas Tingni Vs. Nicaragua, que llevó al Estado nicaragüense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Disposiciones constitucionales violadas por los funcionarios del MARENA

38. El MARENA, por medio del Ejército de Nicaragua, ha evitado el libre desplazamiento y la libertad de fijar y mantener la residencia y hasta ha puesto en peligro la integridad física, de los indígenas Rama y Kriol en la Reserva, en violación de los derechos individuales y colectivos de los mismos. A este respecto los Artos. 36, 33 y 31, de la Constitución Política de Nicaragua, en su parte pertinente expresan:

Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo de un procedimiento legal… Los Nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional… Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física…

39. La ilegal exclusión de los miembros de los pueblos indígenas Rama y Kriol por parte del MARENA en la Reserva, viola los preceptos de los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua que en su parte pertinente textualmente expresan:

Arto. 5 Cn.-…El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley.

Arto. 89 Cn.-…El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Arto. 180 Cn.-…El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal… Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

40. A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, el artículo 11, numerales 3, 4 del Estatuto de Autonomía en su parte pertinente establece:

Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:… Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional…Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valares… Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.

41. El artículo 36 de la Ley No. 28 define la propiedad comunal de la forma siguiente:

La propiedad comunal la constituye las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica y están sujetas a las siguientes disposiciones:

1.- Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles.

2.- Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado.

42. Y la Ley No. 445 por su parte, en el Arto. 2. establece sus objetivos específicos como los siguientes:

1.Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

2.Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de sus autoridades tradicionales.

4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, en el manejo de sus territorios comunales.

5. Establecer las normas y procedimientos para el proceso de demarcación y titulación sobre el derecho de propiedad comunal objeto de esta Ley.

6. Definir el orden institucional que regirá el proceso de titulación de las tierras comunales de cada uno de los diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas objeto de esta Ley.

43. Por lotbertad de mismo MARENA sos que con esta entidad odia de la Reserba que estos derechos del régimen sui generis de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas no provienen del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino que provienen del reconocimiento Constitucional, realizado en 1987, del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales. Derechos que reconoce a los Mískitu, Rama, Mayagna (Sumu), Garífunas y Creoles (kriol) la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180; con la definición de tierras indígenas que hacen los artículos 11 numerales 3, 4 y 6, y de la Ley No. 28; Y para cumplir el compromiso estatal de garantizar efectivamente estos derechos a los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz de Nicaragua, por medio de la administración de sus recursos naturales, demarcación y titulación, regulados por la Ley No. 445.

44. Además los pueblos indígenas y comunidades étnicas cuentan con la protección del ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos; el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua incorpora expresamente al ordenamiento jurídico nacional, con rango constitucional, las principales Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y crea el compromiso de mantener los parámetros internacionales de aplicación y observancia de estos derechos. En este contexto, el derecho de propiedad sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas y el derecho a no ser discriminados, por razones de cultura o raza, son principios de Derechos Humanos fundamentales que el Estado de Nicaragua se ha comprometido internacionalmente a respetar. El artículo textualmente dice:

Arto. 46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

45. El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, Arto. 27 ha sido aplicado expresamente a los Mískitu y otros pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, durante los conflictos con el gobierno Sandinista en la década de los 80,[17] aun antes que fuera expresamente introducido al ordenamiento jurídico nacional, por el Arto. 46 de la Constitución, este artículo literalmente establece:

Arto. 27.- En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

46. De la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Convención Americana”) también introducida a la Constitución por el Arto. 46, ha sido aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión Interamericana”) en lo referente a las tierras indígenas de estos pueblos, claramente estableció que los estados miembros de la OEA deben respetar y garantizar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana se pronunció específicamente a favor de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua durante los enfrentamientos armados entre estas comunidades y pueblos indígenas y el gobierno Sandinista a principio de los años 80, e instó al Estado para que a estos pueblos se les reconocieran los derechos ancestrales sobre sus tierras y sus derechos a su lengua y cultura; que fueron recogidos por la Constitución Política que entró en vigencia en 1987. Desde ese entonces la Comisión Interamericana exigió al gobierno de Nicaragua:

…una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.[18]

47. Mas recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Corte Interamericana”) emitió, el 31 de agosto del 2001, una sentencia sin precedentes. La Corte Interamericana condena al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni, de la RAAN; al otorgar una concesión sin respetar los derechos tradicionales comunales sobre las tierras que tradicionalmente han utilizado.

48. La Corte en la Sentencia considera que cuando el Arto. 21 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” también “protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”.[19] Ya que los indígenas poseen la tierra de manera colectiva, de forma que la pertenencia no se centra en el individuo sino en la comunidad, la estrecha relación que tienen los indígenas con sus tierras constituye “la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión o producción; sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.[20] Para la Corte Interamericana basta la posesión de estos pueblos, que histórica y tradicionalmente han ocupado sus tierras comunales; para que éstos obtengan el reconocimiento oficial del Estado y, por consiguiente, la titulación de sus tierras. Por lo que consideró la falta de aprobación de una ley, que asegurara estos derechos, una violación por omisión, a los Derechos Humanos de esta comunidad indígena.

49. La Corte Interamericana al condenar a al Estado por transgredir los derechos de propiedad de la Comunidad de Awas Tingni “considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua”… refiriéndose a los Arto. 5, 89, 180 y 11 numerales 3, 4 y 6; y 36 de la Ley 28, al Arto. 31 de la Ley de Reforma a la Reforma Agraria[21] y del Decreto No. 16-96 del 23 de agosto de 1996, creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Sin embargo, la Corte Interamericana en su sentencia también encuentra que a pesar de ese reconocimiento constitucional y legal, en Nicaragua no existía un procedimiento especifico para demarcar y titular “las tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo a sus características particulares”.[22] Por lo que la Corte también “considera que es necesario hacer efectivos los derechos de la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana”.[23] Por lo que, basándose en el Arto.2 de la Convención, sentencia al Estado de Nicaragua a tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no solo para la comunidad mayangna de Awas Tingni, sino para todas las comunidades de la Costa Caribe. La falta de una ley, procedimiento de demarcación y titulación, o cualquier otra forma de protección a la tierra comunal tradicional, es una omisión estatal que debía ser superada, considera la Corte. Y es debido a esta Sentencia que el Estado de Nicaragua se ve en la necesidad de aprobar la Ley 445.

50. Así mismo, el 23 de junio del 2005 la Corte Interamericana, en el caso Yatama Vs. Nicaragua, nuevamente condenó al Estado nicaragüense por la violación del derecho a la garantía y protección judicial, así como los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley reconocidos en la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.

51. El politólogo Miguel González refiriéndose a los casos de Awas Tingni y Yatama ante la Corte Interamericana expresa:

Ambas sentencias han expuesto las arbitrariedades, injusticia y el uso discreto

de la legislación con que los gobiernos y las elites políticas nicaragüenses se han conducido y se siguen conduciendo en relación con su trato a las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe. El derecho internacional y la defensa de nuestro régimen de autonomía parecieran ser los recursos más valiosos con que contamos los costeños para hacer escuchar nuestras voces, y denunciar las violaciones sistemáticas a nuestros derechos. [24]

52. En ambos casos la Corte Interamericana continua supervisando el cumplimiento, por parte del Estado nicaragüense, de ambas sentencias, y solamente dará por concluidos estos casos una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas. Y dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos de las mismas sentencias.

53. Por lo que ha sido el derecho internacional por medio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA desde la década de los años 80, el que ha venido dando respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, ante un sistema judicial nacional que en estos casos ha resultado ineficaz.

54. Por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia en este caso debe analizar con sumo

detenimiento el régimen sui generis establecido por la Constitución Política de Nicaragua, ya que el Estado no tiene asidero legal para excluir de la administración, evitar que realicen el proceso de demarcación, y mucho menos, de expulsar a los Rama y Kriol de sus tierras.[25]Bajo el argumento que son Áreas Protegidas.

Normas constitucionales violadas

55. La Constitución Política de Nicaragua consagra los principios que deben gobernar las acciones de los funcionarios públicos del MARENA en los artículos 44, 129, 130 y 131, que en su parte pertinente establecen:

“subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución…Ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confiere la Constitución y las leyes…Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones…Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo…

56. Por lo que con las acciones y omisiones antes descritas los funcionarios del MARENA violaron además el Derecho de Petición de los Recurrentes, establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua, ya que a pesar de las reuniones y cartas, en las que participaron y enviaron, por el periodo de un año, las autoridades del GTR al MARENA, esta ultimo no ha dado”una pronta resolución o respuesta” al pueblo Rama y Kriol de la Reserva, el Arto 52 establece:

Arto. 52 Cn.- los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer criticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o a cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.

Agotamiento de la Vía Administrativa

57. Los Recurrentes por el periodo de un año, han estado dialogando con el MARENA,

específicamente, solicitándole a sus funcionarios retirar las ilegales restricciones contra el pueblo indígena Rama y las comunidades Kriol en la Reserva. A pesar de eso, ahora sobreviene el inminente e ilegal desalojo con el que actualmente los están amenazando, desalojo que “es uno de esos actos que ningún funcionario público puede realizar legalmente”. Por lo que en estos casos la ley no exige vía administrativa que agotar.

Interposición del Recurso de Amparo

58. Con base en todo lo antes expuesto, y en virtud de los artículos 45 y 188 de la Constitución Política de Nicaragua y en la Ley No. 49, Ley de Amparo, respetuosamente los Recurrentes piden que admitáis este recurso en contra de la Señora Amanda Lorío, en su calidad de Ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), del Señlora ua y ddel MARENA do Dr. Iván Ortega Gasteazoro, Director General de Áreas Protegidas del MARENA; y del Ing. José Luis Galeano, Director de la Secretaria Ejecutiva de la Reservas de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (SERBSEN).

59. De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo, este Recurso se interpone en tiempo por no haber transcurrido los 30 días que señala la Ley de Amparo desde que los Recurrentes tuvieron la noticia del inminente desalojo del que los quiere hacer objeto el MARENA.

Solicitud a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

60. En virtud de todo lo anterior, y ante la amenaza inminente que significa para los miembros del pueblo indígena Rama y Kriol del territorio Rama, sobre el cual el Estado creo la Reserva de la Biológica Indio-Maíz; y cuyas consecuencias serían irreparables para ellos. Los Recurrentes respetuosamente solicitan a la Honorable Corte Suprema de Justicia:

1.- Amparar a los miembros del pueblo indígena Rama y de la comunidades Kriol del territorio Rama, en la Reserva Biológica Indio-Maíz, para evitar que sean desalojados por disposición del MARENA.

2.- Ordenar al MARENA acatar las normas que contienen lostbertad de mismo MARENA sos que con esta entidad odia de la Reserba derechos del régimen sui generis de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que provienen del reconocimiento Constitucional, del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras tradicionales, en sus artículos 5, 89 y 180; la definición de tierras indígenas que hacen los artículos 11 numerales 3, 4 y 36, de la Ley No. 28; así como garantizar efectivamente estos derechos al pueblo indígena Rama y a las comunidades Kriol de las cuencas de los ríos Indio y Maíz, regulados por la Ley No. 445.

Lo anterior, retirando las restricciones al pueblo indígena Rama y Kriol de permanecer, moverse y realizar libremente las actividades de subsistencia; así como abstenerse de obstaculizar el proceso de demarcación y titulación de sus tierras comunales tradicionales, sobre las que el Estado decretó la Reserva.

3.- Cualquier otro remedio que la Honorable Corte Suprema determine pertinente y justo.
Solicitud de Suspensión del Acto Reclamado

61. Consideramos, Honorable Sala, que mandar al Ejercito de Nicaragua desalojar a los miembros del pueblo indígena Rama y Kriol de sus tierras comunales tradicionales, en la Reserva Biológica Indio-Maíz “es un acto de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente” de conformidad con lo establecido por el Arto. 32 de Ley de Amparo vigente.

62. Además, la falta de competencia del MARENA es evidente para realizar el inminente desalojo, tomando en cuenta que la Constitución (Artos. 5, 89 y 180) y las Leyes No. 28 y No. 445, que establecen claramente el régimen sui generis de las tierras indígenas en el ordenamiento jurídico de Nicaragua, y por ende el derecho de propiedad de estos pueblos comunidades sobre las mismas.

63. De conformidad con el Arto. 31 de la Ley de Amparo el peligro de sufrir daños graves e irreparables causado por un desalojo, en contra del pueblo indígena Rama y Kriol de sus tierras comunales tradicionales, es inminente; por lo que respetuosamente los Recurrentes solicitan a la Honorable Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, Decretar de oficio la suspensión del Acto Reclamado: Ordenando al MARENA suspender las orientaciones al Ejercito de Nicaragua de realizar el desalojo en contra del pueblo indígena Rama y Kriol en la Reserva Biológica Indio-Maíz.

Notificaciones

64. Señalamos para notificaciones en Bluefields la oficina del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR), contiguo a la heladería “Los Pipitos”, frente a la oficina del Consejo Electoral Regional en la calle Averdeen de la Ciudad de Bluefields. Y en Managua en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Anexos

65. Acompaño al presente Recurso:

1.- Copia de la Certificación expedida por el Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo de la RAAS a favor de las autoridades del Gobierno del Territorio Rama y Kriol (GTR);

2.- Copia del Poder Especial expedido por el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) a favor de la Dra. Maria Luisa Acosta;

3.- Mapa del Territorio Rama con la Reserva Biológica Indio-Maíz señalada;

4.- Cartas de fecha 8 de marzo, 11 de mayo, y 14 de julio, del 2006 dirigidas por el GTR al Dr. Iván Ortega Gastezoro, entonces Director Ejecutivo (SERBSEN); cartas de fecha 23 de enero y 8 de febrero del 2007 dirigida a la delegada del MARENA-RAAS para que fuera entregada al Señor José Luis Galeano actual Director Ejecutivo (SERBSEN); cartas de fecha 23 de enero del 2007 a la Sra. Amanda Lorío, Ministra del MARENA.

5.- Articulo del Nuevo Diario titulado “Ramas aclaran que defienden territorio” 8 de marzo del 2006.

6.-Textos (6) original de este libelo para la Corte, tres copias para los recurridos, otra copia para la Procuraduría General de Justicia, y una para que me sea devuelto debidamente razonado

Bluefields, veintiuno de febrero del año dos mil siete.

Dra. María Luisa Acosta

Cedula Identidad Ciudadana No. 081-071059-0002V

[1] Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”.

Sobre las comunidades étnicas, Creole o Kriol, de la Costa Caribe de Nicaragua, el Arto. 3. de la Ley 445 las define de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.

[2] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003.

[3] Ley 445. Ato 3. Para los efectos de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones: Territorio

Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades

indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y

tradiciones.

[4] Colette, G. y otros. La Lengua Rama Sobrevive. Revista del Caribe Nicaragüense WANI, No. 4 junio-septiembre 1986. Colette, G., Kauffman, M. Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama. En El Pueblo Rama: luchando por tierra y cultura. Ed. González, M. y Otros. Managua, URACCAN 2006.

[5] Romero, G. Las Sociedades del Atlántico de Nicaragua en los Siglos XVII y XVIII, Fondo de Promoción Cultural BANIC. 1995. Pág. 270-272.

[6] …Los Creoles [kriol] o “Criollos” son el grupo étnico más numeroso de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Ellos totalizan alrededor de 36,000 individuos; la gran mayoría de los cuales están establecidos en la RAAS donde representan más de un tercio de la población. Aunque los Creoles tienen algunos establecimientos rurales, en su mayoría viven en áreas urbanas, especialmente en Bluefields.

Banco Mundial, Documento del Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico (CBA) (en adelante “el Documento del CBA”), Reporte No. 16535-NI, junio 1997.

[7] Ley 445. Arto. 46. El procedimiento de delimitación y reconocimiento legal de las tierras comunales se iniciará con la presentación de la solicitud escrita, que deberá contener:…Un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades, el cual deberá contener: a) Los antecedentes históricos de la comunidad o comunidades solicitantes; b) Las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la comunidad o comunidades solicitantes; c) Las formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del área solicitada; d) El nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de otras entidades o personas que ocupen tierras colindantes con las áreas solicitadas; e) Los eventuales conflictos que tenga la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o con terceros.

[8] Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

[9] La ultima vez que se quejó el Sr. Hilario McCrea fue durante la reunión del Comité de Trabajo Regional de SERENA del 23 de enero del 2006, frente también a funcionarios de una Misión del Banco Mundial que asistían a la reunión.

[10] Mediante el decreto Nº 527, Creación de las áreas Naturales Protegidas del Sureste de Nicaragua del 17 de Abril de 1990, publicado en La Gaceta Nº 78 del 23 de Abril de1990del Gobierno de Nicaragua.

[11] Decreto 66 – 99, constituyó además la Secretaría Ejecutiva de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua (SERBSEN-MARENA);por medio del Decreto presidencial 71 – 2000, se creo la Comisión Interinstitucional para la Conservación, Protección y Vigilancia de las Reservas de la Biosfera Bosawás y Sureste de Nicaragua”.

[12] Ley 445en su artículo 3 define, tierra y propiedad comunal de la forma siguiente;

Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Propiedad Comunal: Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras, agua, bosques y otros recursos naturales contenidos en ellas, que han pertenecido tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenezcan a una o más comunidades indígenas o étnicas.

[13] Ley 445, Arto. 27.-La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.

[14] Ley 445, Arto. 28.- El Plan de Manejo de las áreas protegidas en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades.

[15]Arto. 8. Las Regiones Autónomas establecidas por el presente Estatuto son Personas Jurídicas de Derecho Público que siguen en lo que corresponde, las políticas, planes y orientaciones nacionales. Tienen a través de sus órganos administrativos las siguientes atribuciones generales:… 4.- Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico.

[16] Ley 445, Arto. 23.-De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política, el Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y étnicas sin más trámite, asimismo reconoce el derecho constitucional de éstas para darse sus propias formas de gobierno interno.

[17]Informe sobre los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II/.62 doc. 10 rev. 3, 20 noviembre 1983.

[18] Ídem Págs. 78-79.

[19] Párrafo 48 de la Sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena mayangna (Sumu) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

[20] Ídem párrafo 148.

[21] Arto. 31.- El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Mískitas, Sumos y Rama puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

[22] Awas Tingni Vs. Nicaragua, párrafo 164.

[23] Ídem párrafo 138.

[24]“La Victoria Yatama” M. González., D. Figueroa. La Prensa, Página de Opinión. 25 de julio 2005.

[25] El nuevo enfoque o conjunto de principios para orientar las relaciones del Estado y la Sociedad Nacional nicaragüense con los pueblos indígenas del país, también como en el caso de los demás países de Hispanoamérica, son de reciente aparición. En el caso de Nicaragua, el surgimiento y la definición de estos lineamientos se encuentran ligados a un conjunto de hechos históricos de reciente ocurrencia, casi todos relacionados con las comunidades indígenas y criollas o creole de la Costa Atlántica…los dos ordenamientos que contienen las reglas básicas de este nuevo modelo de relación, se hallan en la Constitución Política de Nicaragua adoptada en el año 1987, con las reformas que le fueron introducidas en 1995, y en la llamada Ley de Autonomía de Septiembre del mismo año de 1987. También aparecen algunas de tales normas en varios Convenios internacionales ratificados por Nicaragua y en diferentes leyes nacionales que han introducido diversas y dispersas disposiciones sobre el tema…Podría compendiarse el contenido de los nuevos lineamientos de política indígena en los siguientes temas de interés básico:

…El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a mantener los elementos de su cultura tradicional como factores importantes de su identidad como agrupaciones humanas y de sus posibilidades de aporte al enriquecimiento de la sociedad nacional nicaragüense.

El derechos de los pueblos indígenas y comunidades criollas a conservar, desarrollar y hacer uso de sus formas tradicionales de organización, de autoridad y de gobierno interno y a participar a través de ellas, o de otras nuevas que puedan crear al efecto, en la vida regional y nacional.

El derecho de los pueblos indígenas y comunidades criollas a que se les reconozca, según sus modelos de tenencia y uso tradicionales, el dominio de las tierras que han ocupado de tiempo atrás y que constituyen elemento esencial de su vida económica y social actual y garantía de su mantenimiento y desarrollo futuros.

El derecho a tener acceso a sus recursos naturales de sus territorios tradicionales, a fin de proveer a la satisfacción de sus requerimientos…

Roldán. R., Derechos sobre las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Informe Final (contrato de Trabajo OPA-062-96). Proyecto de Tecnología Agropecuaria y Ordenamiento de la Propiedad Agraria. Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), mayo 1996, pág. 41-42.

Demanda de Punta de Aguila

SEÑORA JUEZA CIVIL DEL DISTRITO DE BLUEFIELDS

Yo, María Luisa Acosta, mayor de edad, casada, abogada y de domicilio de la ciudad de Bluefields, en calidad de apoderada legal de las comunidades de Monkey Point y Rama, de conformidad con Poder General Judicial otorgado el veintidós de febrero del año dos mil uno, bajo los oficios notariales del Lic. Carlos Lenin Cabezas Elizondo (el cual adjunto), por sus autoridades tradicionales elegidas de conformidad con las costumbres y tradiciones comunales, un derecho de rango constitucional establecido en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, y de conformidad con la Ley 261 que modificó la Ley 40 o Ley de Municipios en sus artículos 67 a 69, por medio de la cual el Sr. Alcalde de Bluefields certifica a las autoridades tradicionales comunales de Monkey Point y Rama Cay como los representantes de las comunidades mencionadas y asentadas en el territorio Rama, los Sres:

PEDRO MCREA, de la etnia Rama, pescador y agricultor, casado, Primer Vocal de la de la Junta Directiva de la Comunidad de Monkey Point, y del domicilio de Punta de Aguila/Cane Creek ;

BERNICIA DUNCAN, de la etnia criolla, soltera, Sindica de la Comunidad de Monkey Point, del domicilio de Monkey Point;

PEARL MARIE WATSON PRESIDA, de la etnia criolla, soltera, Coordinadora de la Junta Directiva de la Comunidad de Monkey Point, y del domicilio de Monkey Point;

CARLOS JOHN OMIER, de la etnia Rama, Profesor de primaria, casado, Presidente de la Junta Directiva de la Comunidad de Rama Cay del domicilio de Rama Cay; y

ABELARDO MCREA JOHN, de la etnia Rama, pescador y agricultor, casado, Vice-Presidente de la Junta Directiva de la Comunidad de Rama Cay del domicilio de Rama Cay; todos mayores de edad. A Ud., con el debido respeto comparezco y expongo:

L O S D E M A N D A N T E S

La Comunidad Indígena Rama, (“la Comunidad Rama”, “el Pueblo Indígena Rama” o “Los Rama”) es uno de los 3 pueblos indígenas originarios de Nicaragua junto con los Miskitos y los Mayagnas (Sumo), sus integrantes actualmente ocupan las áreas Rama Cay/Western Hill, La Zompopera y del Coco (Kukra River), Dokuno-Torswani, Wiring Cay, Monkey Point, Punta Aguila/Cane Creek, Punta Gorda, en el Municipio de Bluefields en la Región Autónoma Atlántico Sur, y en el Río Maíz y Río Indio en el Departamento de Río San Juan. Los Rama cuentan con 11 títulos reales expedidos por la Comisión Tituladora de la Mosquitia sobre parte de su territorio, y el resto lo han poseído tradicional e históricamente.

La Comunidad Étnica, Creol o Criolla de Monkey Point esta formada por creoles o criollos, de habla creol o ingles criollo, habita el área de Monkey Point, a 29 millas al sur de Bluefields, desde hace mas de 100 años llegaron y se establecieron junto a los habitantes históricos del área, el Pueblos Indígena Rama con los que desde entonces han convivido y conformando en esa área una comunidad multiétnica. Las Tierras del área de Monkey Point han sido tradicional e históricamente ocupadas conjuntamente por la comunidad étnica de Monkey Point y por el Pueblo Indígena Rama. Y aunque el asentamiento principal del Pueblo Indígena Rama esta ubicado en Rama Cay, en esta área se encuentra el asentimientos de Punta de Aguila/Cane Creek situada a unos 55 Km. al sur de Bluefields la que convive con la comunidad Creol de Monkey Point.

El Sr. Pedro McRea, personalmente y sumándola de sus antecesores, en su calidad de miembro de la Comunidad Rama de Punta Aguila/Cane Creek, de manera quieta, continua, pacifica, ininterrumpida, y de buena fe, ha poseído las 80 Has. por más de 30 años y especialmente durante el año inmediatamente anterior a la iniciación de las perturbaciones, por lo que conserva su estado posesorio sobre el que ahora invoca protección judicial, ya que estuvo en posesión de las mismas por décadas y específicamente entre el período comprendido entre la segunda semana de febrero del año 2000 y la segunda semana febrero del año 2001 cuando comenzó la perturbación. La comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek es una de las últimas comunidades que aún conserva viva la lengua Rama, lengua que pertenece a la familia Chibcha relacionada con las lenguas indígenas que se hablan al oriente de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. (Colette G. Craig, lingüista de la Universidad de Oregon, EEUU. WANI No.6, Managua, Nicaragua,1987).

Los miembros de estas comunidades necesitan grandes extensiones de terreno ya que viven de la agricultura itinerante, cultivan maíz, arroz, frijoles, coco, fruta de pan, banano, plátano, pijibaye, etc., para el autoconsumo. Cazan, venados, armadillo y jabalí o chancho de monte en los bosque. Pescan en el río sábalo, mojarra, guapote, moga pinta, y también pescan en los cayos y el mar. Cortan la madera solamente para su propio uso, y la utilizan en la construcción de viviendas y pipantes, su principal medio de transporte. La economía de estas comunidades es de subsistencia y depende exclusivamente de la tierra comunal y del bosque. La relación que estos pueblos indígenas tienen con la tierra va mas allá de la relación económica occidental, ellos poseen la tierra de manera colectiva y su relación con esta contiene también elementos de tipo espiritual, cultural y religioso, que pertenecen a una cosmovisión propia. El indígena no pretende dominar a la naturaleza sino que convive con ella como parte integrante y armónica de la misma. Por lo que para los pueblos indígenas y étnicos la perdida de su territorio constituye la perdida de la identidad, la cultura y de la posibilidad de mantener su propia sobrevivencia como pueblo.

A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Sentencia del 31 de Agosto de 2001 en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, donde la Corte reconoce el derecho de la Comunidad de Awas Tingni sobre sus tierras comunales tradicionales, a pesar de no tener título sobre las mismas, en párrafo 149 expresa:

“ (…) Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre la forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.(…) Para las comunidades indígenas la relación con latiera no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Para los demandantes, el Sr. Pedro McRea y las autoridades tradicionales de la comunidad de Monkey Point y del Pueblo Rama, el territorio Rama es uno solo e indivisible y la perturbación tendiente a la usurpación de estas 80 Has. en litigio afecta no solo su unidad territorial como base de su subsistencia, a nivel individual; sino que también afecta su reafirmación cultural, tradicional e histórica, base fundamental se su cosmovisión y de sobrevivencia como pueblo.

A este respecto la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en la sentencia No. 123 de la 1:30 p.m. del 13 de junio del 2000 sobre el Recurso de Amparo presentado por el miembro del la comunidad de Rama Cay, Francisco Walter Rocha en contra del Delegado del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) en la RAAS Gilberto Rodríguez en un caso de invasiones de colonos en el territorio Rama, establece:

“(…) Constituyen tales preceptos (Art. 5,89 y 180 Cn.) toda una garantía constitucional que tiene como origen la existencia de un mecanismo por medio del cual se mantenga y garantice la tenencia y dominio de las comunidades sobre sus tierras para el uso, goce y disfrute de las mismas. La característica principal de la propiedad comunal y que la diferencia de las formas convencionales de propiedad, es que las tierras pertenecen en común y colectivamente a las comunidades indígenas, las que tienen como origen de su tenencia y dominio el use, goce y disfrute de sus antepasados. Esta forma o sistema de propiedad comunal origina la idea de propiedad indivisible y trae como consecuencia el hecho innegable de lo que le pase a uno le pasa a todos y cada uno de ellos…

Los Demandantes en su calidad de miembros y de comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua cuentan además con el justo titulo que le otorga el régimen especial de tierras indígenas contemplado en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y en el Arto. 36 de la Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.

EL D E M A N D A D O

El Sr.Peter Tsokos, es mayor de edad, soltero, comerciante de tierras, y residente en los Estados Unidos de América. El Sr. Tsokos comercia bienes raíces tales como islas y propiedades junto al mar que desde Miami, Florida, Estados Unidos, ofrece por medio del internet en las direcciones: http://www.tropica.islands.com y www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html , con precios entre US $75.000.00 a US $ 500.000.00 cada una.

LOS H E C H O S

Las Comunidades Etnica de Monkey Point e Indígena Rama de Cane Creek/Punta de Aguila han compartido un mismo espacio territorial en el área de Monkey Point por siglos, sin embargo antes de la llegada de los criollos de Monkey Point el Pueblos Rama ya poseían este territorio. Por lo que el Sr. Pedro McRea junto con los miembros de ambas comunidades, han estado personalmente y agregando la posesión de sus antecesores y ancestros, en posesión quieta, continua, pacifica, ininterrumpida, publica, de buena fe por más de 30 años ; y desde 1987 con el justo titulo le otorga el régimen sui generis o especial de tierras indígenas creado por la Constitución en sus Artos 5, 89 y 180 y por el Arto 36 del Estatuto de Autonomía. Por lo que estando dentro del año en que se iniciaron las acciones de perturbación y despojo de la tierra comunal por parte del Sr. Tsokos, iniciamos estas acciones para que la posesión nos sea protegida.

El Sr. Tsokos comenzó a mediados de marzo del 2001 a colocar mojones, cortar el bosque, construir un mueye y una casa y a pretender usurpar lote de 80 Has. que según él linda al NORTE: con el resto del lote del Señor Herman Emanuel Presida y área ocupada por el Señor Charles Presida; SUR: Terreno nacional; ESTE: Mar Caribe, y OESTE: Sucesión de Isaac Rambler y resto del lote del Señor Herman Emanuel Presida. Todo lo que se encuentra en una playa llamada “Long Beach”dentro del territorio Rama, en la Comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek cerca de Monkey Point y dentro de la Reserva Forestal Cerro Silva y que forma parte del proyecto de conservación del Corredor Biológico del Atlántico impulsado por el Banco Mundial.

Antes y durante de la construcción de la casa el Sr. Tsokos envió al Sr.Chary Presida, miembro de la comunidad de Monkey Point, a negar que fuera el Sr. Tsokos el dueño y promotor de todas estas acciones y a decir que era el mismo Chary Presida el que estaba adelantando esos trabajos; además de manera subrepticia mantuvo oculta la madera cortada y escondida en el bosque para que los comunitarios no la vieran; y posteriormente la construcción la realizó en tiempo record auxiliándose de mas de 20 hombres traídos de Bluefields y armados de hachas, machetes, rifles 22, rifles 3030 y AK-47, ante los ojos impávidos de la indefensa comunidad indígena Rama de Punta de Aguila/Cane Creek.

Y al terminar los trabajos de construcción de la casa el Sr. Tsokos ha dejado varios hombres armados posesionados de las 2 casas que construyó, y quienes de manera desafiante recorren las 80 Has. armados dentro de la tierra comunal de la Comunidad de Punta de Aguila/Cane Creek.

Además el Sr. Tsokos ahora está ofreciendo en venta las tierras comunales del Pueblo Rama, específicamente el área de ”Long Beach” vía internet de 1 lote de 25 acres de tierra frente a la playa en US $125,000.00; 1 lote de 20 acres en US $75.000.00; 1 lote de 40 acres por US $95.000.00; y 4 lotes de 25 acres de tierra en US $ 80.000.00 cada uno. De los que pretende obtener un total de US $ 615.00.00 (“Long Beach Beach Front Lots Caribbean Nicaragua” tomado de http://www.tropical-slands.com/Long_beach.htm del cual adjunto copia).
EL D E R E C H O

Es de la naturaleza de los Interdictos Posesorios, como los aquí invocados, atender a cosas urgentes evitando que las partes se hagan justicia por si mismas y que estos hechos exploten en violencia o para prevenir un daño futuro de difícil o imposible reparación. Estas acciones por medio de esta demanda sumaria interdictal tienen por finalidad especifica evitar la perturbación y eldespojo, o sea proteger EL HECHO PURO Y SIMPLE DE LA POSESION, CON EL CUERPO Y EL ANIMO en 80 Has. del área las Comunidades étnica de Monkey Point e indígena Rama de Cane Creek/Punta de Aguila, donde el Sr. Pedro McRea y sumando lade sus antecesores en su calidad de miembro de estas comunidades, ha poseído de manera quieta, continua, ininterrumpida, pacifica, publica y de buena fe y con justo título por tiempo muy superior a un año y específicanmente en el año inmediatamente anterior alinicio de las perturbacionesy eldespojopor parte del Sr.Tsokos. Ya que la posesión de estas tierras han estado históricamente y tradicionalmente bajo las Comunidades de Monkey Point y Rama. Baso esta Demanda el los Artos. 265 Pr. 1650-1683 Pr. 1715-1719, 1732, 1733, 1734, 1745, 1783, 1777, 1778, 1786, 1800, 1811 C.; Artos. 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua y en el Arto 36 del Estatuto de Autonomía, creadores del régimen especial de tierras indígenas. Este régimen especial o sui generis constituye el reconocimiento estatal de la existencia de pueblos indígenas y comunidades étnicas en la Costa Atlántica de Nicaragua y del derecho que tienen a la elección de sus autoridades, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, y de sus derechos al uso, goce y disfrute de sus tierras comunales ancestrales. Las que poseen de manera colectiva. Este régimen establece además que las tierras comunales son las que tradicional e históricamente mente han utilizado estas comunidades y son “inagenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son inprescriptibles”.

J U R I S D I C C I O N Y C O M P E T E N C I A

Los Interdictos como la Querella de Amparo y Restitución se tramitan como Procesos Sumarios cuando, como en este caso, son de mayor cuantía (1651 Pr. B.J. 159 de 1966) por lo que el Juez Competente es el Juez Civil del Distrito. Y al estar ubicada la propiedad que el Demandado está perturbando y pretende usurpar en la Municipalidad de Bluefields, el Juez Competente es la Sra. Jueza Civil del Distrito de Bluefields.

LAS P R U E B A S

En su momento señalare las pruebas necesarias apara probar todo lo aquí aseverado, por medio de testimonios, documentos, peritos, inspección judicial o por cualquier otro medio de prueba pertinente. Por ahora presento y pido que se tengan como pruebas todas las documentales anexas al presente libelo.

EL P E T I T O R I O

El presente caso constituye un verdadero intento de despojo permanente de la posesión tradicional e histórica de las comunidades étnica de Monkey Point e indígena Rama, ya que estas aun conservan el estado posesorio porque la perturbación y el despojo es menor a un año, por lo que para obtener la restitución plena de la posesión debo iniciar las acciones que en derecho corresponde. En esta virtud vengo a demandar, como en efecto demando, al Señor Peter Tsokos, con las acciones de INTERDICTO DE QUERELLA DE RESTITUCIÓN Y DE AMPARO. De RESTITUCION en el área de las casa y del mueye que ha construido el Demandado y en las que ha apostado hombres armados y de AMPARO sobre el área restante a las 80 Has. que son objeto de perturbación de la propiedad, ya que estas no han sido cercadas. Y para que su autoridad por medio de sentencia definitiva, declare con lugar los interdictos y ordene inmediatamente se proteja la posesión que esta siendo perturbada y despojada a las comunidades étnicas de Monkey Point e indígenas y Rama, ordenando al Demandado retirar los mojones que ha instalado, las cabañas y el mueye que han construido y retirar a los hombres armados que han colocado dentro de las casa en nuestras tierras comunales. Se condene al demandado en costas, daños y perjuicios causados a las demandantes.

SOLICITUD DE MEDIDAS DE GARANTÍA INMEDIATAS

Debido a la urgencia de este caso de manera inmediata pido las siguientes seguridades o medidas cautelares contra el Demandado para evitar daños irreparables a las Comunidades, de conformidad con el Arto. 1654 in fine Pr. que establece: “El que intente Querella de Amparo … Si pidiere seguridades contra el daño que fundadamente teme, especificará las medidas o garantías que solicite contra el perturbador, y el juez las acordará sin ningún trámite y aún sin notificar al querellado, si la urgencia a sí lo exigiere”. Por lo que Pido:

1.- Que ordene al Sr. Peter Tsokos abstenerse de seguir ofreciendo en venta los lotes en de la propiedad en disputa, de manera directa o indirecta, a potenciales compradores y especialmente por medio de anuncios en periódicos, revistas, en los sitios de internet, www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html y http://www.tropica.islands.com , o en cualquier otro medio, dentro y fuera del país. Ya que esas ofertas van dirigidas a personas que no conocen la situación legal especial de esas tierras comunales y pueden ser presas fáciles de lo que consideramos sería una estafa para ellos; esto hasta que se dilucide la posesión legal de las mismas por medio de una sentencia firme en el presente juicio. De no tomarse esta medida cautelar, la venta de esta propiedad causará daños irreparables para esos terceros compradores inocentes; para las comunidades indígenas directamente afectadas y para nuestro país que posteriormente va a enfrentar los reclamos de los extranjeros y de las comunidades indígenas ante el ya sobrecargado de trabajo Poder Judicial de Nicaragua. Además para evitar la publicidad negativa que deja al país que un especulador de tierras venda la tierra indígena a extranjeros inocentes que luego no podrán entrar en posesión de la misma sin que las autoridades competentes tomen medidas para evitarlo y de esta forma ahuyentar a la inversión extranjera seria. Ya que de vender estas tierras actualmente en litigio, nuevamente el Sr. Tsokos se llevaría el dinero al extranjero, como lo hizo con la venta de los Cayos Perlas, y nuevamente dejaría el problema a los compradores, a los indígenas, y al Estado. Ya que en sus anuncios está ofreciendo como tierras privadas playas que en este país están fuera del comercio y que además constituyen tierra indígena (“inajenables” de conformidad con el Numeral1 del Art. 36 del Estatuto de Autonomía) esencial para la subsistencia de estos pueblos. Y además sujetas a las restricciones propias de las áreas protegidas por estar dentro de la Reserva Forestal de Cerro Silva.

2.- Libre constancia de que las 80 Has. registradas bajo el Número 50097 Asiento 1º,. Folio 139 Tomo 281 Libro de Propiedades, Sección de Derechos Reales, Columna de Inscripciones del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Bluefields situadas en Long Beach y anunciadas en el internet por el Sr. Peter Tsokos en las direcciones siguientes: www.oceanfrontproperties.con/property/nicaragua/tsokossaledoc.html y
http://www.tropica.islands.com , están en litigio por medio de la Querella de Amparo y de Restitución presentada por las comunidades Étnica de Monkey Point e Indígena Rama ante este Juzgado .

LOS A N E X O S

1.- Mapa del Territorio Rama elaborado por el pueblo Rama conjuntamente con el proyecto Carribean and Central American and Carribean Research Council (CACRC) contratado por el INRA con fondos del Banco Mundial para realizar un el Diagnostico General sobre la Tenencia de Tierra en las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua, realizado en 1998;

2.- El documento “Long Beach Beach Front Lots Caribbean Nicaragua” tomado del internet en http://www.tropical-slands.com/Long_beach.htm el día 27 de enero del 2002;

3.- La Publicación de La Prensa Literaria del 30 de junio del 2001 “Los Indios Rama de la Costa Caribe Nicaragüense” por Bernard y Judi Nietchmann;

4.-Executive Sumary of the Diagnostic Study on Rama Indian Community Landas by Jarry Muller;

5.- Fragmento del Area No.7 del documento elaborado por Four Directions Geograhic Consulting “Defending Rama Indian Community Lands”;

6.- Fotocopia del Poder, y original del mismo, para que este me sea devuelto una vez razonado.

7.- También anexo copias del libelo y de los anexos para el demandado de conformidad con lo establecido por el Art.125 LOPJ.

N O T I F I C A C I O N E S

Señalo para notificar al demandado, Sr. Peter Tsokos, por medio de su apoderado general Lic. Peter Martínez Fox, cuya oficina está situada del Restaurante Chinanica 75 Varas al Norte, en el Barrio Central de esta ciudad de Bluefields.

Señalo para notificaciones de los Demandantes a la Dra. María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) ubicada en la Casa 21-C del Asentamiento José Martí, del Bo. Santa Rosa de la ciudad de Bluefields.

Bluefields treinta de enero del año dos mil dos.

Dra. María Luisa Acosta